CE - Sentencia 11001032600020230019100 de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

Recurrentes: María Acevedo y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728) Recurrentes: MARÍA ACEVEDO Y OTROS Asunto: Causal 5ª artículo 250 CPACA – nulidad originada en la sentencia

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso de reparación directa No. 05001-33-33-007-2014-00425-01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante providencia de seis (6) de diciembre de dos mil veinti dós (2022) , el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó parcialmente la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad de Medellín , que reconoció los perjuicios morales solicitados por los demandantes mediante acción de reparación directa dirigida contra la Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Jorge Iván Acevedo. El Tribunal redujo en un 66.66%

perjuicios morales solicitados por los demandantes mediante acción de reparación directa dirigida contra la Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Jorge Iván Acevedo. El Tribunal redujo en un 66.66% el monto a reconocer, por considerar q ue en la estructuración del daño incidieron también la Policía Nacional y la Rama Judicial, quienes no fueron demandadas. Los recurrentes alegan que en dicha sentencia se materializó la causal de revisiónRadicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

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contenida en el numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, por cuanto se desconoció el principio de congruencia, se profirió una decisión sin motivación y se vulneró su derecho al debido proceso.

II. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa (radicado No. 05001-33-33-007-2014-00425-01)

1.1. El doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013) , los señores Jorge Iván Acevedo, María Acevedo, Beatriz Elena Acevedo y Lina Paola Carmona Acevedo , esta última actuando en nombre propio y en representación de su hijo Kevin Alexis Muñoz Cardona , formularon demanda de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación solicitando que se declarara a dicha entidad administrativamente responsable de la privación de la libertad de la que fue objeto

Muñoz Cardona , formularon demanda de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación solicitando que se declarara a dicha entidad administrativamente responsable de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Jorge Iván Acevedo, la cual calificaron como injusta1.

Según indicaron en la demanda, el diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010) el señor Acevedo se encontraba en una tienda tomando un refresco cuando miembros de la Policía Nacional lo capturaron ⎯junto con otras dos (2) personas que se encontraban en ese mismo lugar⎯, alegando flagrancia y la presunta participación en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes , en concurso con porte ilegal de armas y municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas2.

1 Folio 1 del PDF “34_MemorialWeb_Respuesta-11ExpedienteDigitali” del índice 30 de SAMAI. 2 Aunque en la demanda no se reseñan los hechos específicos en los que se produjo la captura, según consta en la sentencia objeto de revisión y en las providencias del proceso penal que fueron aportadas al expediente de reparación directa allegado digitalmente a esta causa, la Policía Nacional adujo que contaba con información de inteligencia que indicaba que se cometería un ataque con explosivos contra un CAI cercano y que el delito se estaría organizando en la tienda donde se encontraba Jorge Iván Acevedo. A la entrada del local la Policía encontró abandonada una bolsa que contenía los referidos artefactos, por lo que, alegando flagrancia, efectuó la captura de los 3

encontraba Jorge Iván Acevedo. A la entrada del local la Policía encontró abandonada una bolsa que contenía los referidos artefactos, por lo que, alegando flagrancia, efectuó la captura de los 3 sujetos que allí permanecían. En el curso del proceso penal uno de ellos aceptó cargos, en tanto el otro resultó ser quien atendía la tienda.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

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Señalaron que e l once (11) de noviembre de dos mil diez (2010) se adelantó la audiencia de legalización de captura e imposición de medida de aseguramiento , donde se ordenó su detención intramural en la cárcel de Bellavista. Con escrito de acusación del veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010) se inició la fase de juicio oral.

Indicaron que, posteriormente, en audiencia de veintisiete (27) de octubre de dos mil onc e (2011) el Juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado de Medellín anunció sentido de fallo absolutorio, razón por la que, desde esa fecha, recuperó su libertad luego de once (11) meses y diecisiete (17) días.

En este contexto, la parte actora solicitó que la Fiscalía General de la Nación fuera condenada a pagar los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Jorge Iván Acevedo3.

1.2. Mediante sentencia de dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad de Medellín desestimó la excepción de

la que fue objeto el señor Jorge Iván Acevedo3.

1.2. Mediante sentencia de dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad de Medellín desestimó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación y, en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda condenando a esa entidad al pago de los perjuicios morales reclamados, de acuerdo con el tiempo que el señor Acevedo estuvo privado de la libertad4, al tiempo que negó los perjuicios materiales por no estar debidamente acreditados.

Inconforme con lo anterior, la Fiscalía General de la Nación formuló recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia.

Al afecto alegó que no podía atribuírsele responsabilidad, debido a que , dada la estructura del sistema penal acusatorio, es el juez el que adopta la medida de aseguramiento y no la Fiscalía, quien solo solicita su imposición cuando considera

3 Folios 1 a del PDF “34_MemorialWeb_Respuesta-11ExpedienteDigitali” del índice 30 de SAMAI. 4 Folios 157 a 176 del PDF citado. La autoridad judicial reconoció la suma equivalente a 80 smlmv en favor de Jo rge Iván Acevedo (víctima directa) y de su madre María Acevedo, respectivamente; 40 smlvm, para cada una de las hermanas de la víctima directa, Lina Paola Carmona Acevedo y

en favor de Jo rge Iván Acevedo (víctima directa) y de su madre María Acevedo, respectivamente; 40 smlvm, para cada una de las hermanas de la víctima directa, Lina Paola Carmona Acevedo y Beatriz Elena Acevedo, y 28 smlmv en favor de Kevin Alexis Muñoz Cardona, en calidad de sobrino.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

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que ello resulta pertinente, por lo que insistió en que hay falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la eventual responsable de la privación de la libertad del señor Jorge Iván Acevedo es la Rama Judicial.

Además, sostuvo que, en este caso, la Fiscalía asumió la investigación por la captura en flagrancia que efectuó la Policía Nacional y solicitó la imposición de la medida de aseguramiento porque , para ese momento , se cumplían los requisitos para el efecto, de manera que no puede alegarse una falla en el servicio derivada de su actuar.

Finalmente, indicó que, en caso de confirmarse la declaratoria de responsabilidad , debía negarse el reconocimien to de perjuicios en favor del sobrino del señor Acevedo, ya que no se probó la relación de afectividad que exige la jurisprudencia para este nivel de parentesco5.

1.3. Mediante sentencia de seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022) , el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de primera instancia en cuanto a la declaratoria de responsabilidad, pero la modificó en lo que respecta al reconocimiento de perjuicios.

El Tribunal indicó que para determinar cuándo hay responsabilidad del Estado por

Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de primera instancia en cuanto a la declaratoria de responsabilidad, pero la modificó en lo que respecta al reconocimiento de perjuicios.

El Tribunal indicó que para determinar cuándo hay responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad debe acudirse a los criterios plasmados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, que establece que el artículo 90 de la Constitución no privilegió ningún régimen de responsabilidad y que, por tanto, debe examinarse si la decisión que restringió la libertad fue proporcional, necesaria y respetuosa de la ley. Asimismo, planteó algunas consideraciones generales sobre los presupuestos de la captura en flagrancia, la estructura del Sistema Penal Acusatorio y las tesis que ha acuñado la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las entidades que deben concurrir al proceso y la forma de imputación del daño.

Frente al caso concreto, el Tribunal empezó por resaltar que el Juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado de Medellín determinó la atipicidad de la conducta

5 Folios 183 a 211 del PDF antes referenciado.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

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del señor Acevedo y que la captura no podía reputarse como flagrancia, en tanto lo que hizo la Policía fue aprehender a todas las personas que se encontraban dentro del local, ante la imposibilidad de establecer a quien pertenecían los explosivos que estaban a la entrada del establecimiento.

Bajo este derrotero, el Tribunal concluyó que el daño padecido por el señor Acevedo

del local, ante la imposibilidad de establecer a quien pertenecían los explosivos que estaban a la entrada del establecimiento.

Bajo este derrotero, el Tribunal concluyó que el daño padecido por el señor Acevedo fue antijurídico, consecuencia de una falla en el servicio imputable a todas l as entidades que intervinieron, pues mientras la Policía efectuó una captura que no correspondía a una situación de flagrancia, la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento sin tener la certeza de a quien pertenecían los explosivos, en tanto el juez de garantías la concedió , sin revisar los elementos mínimos para su procedencia.

Sin embargo, como ni la Policía Nacional ni la Rama Judicial fueron vinculadas como demandadas al proceso, consideró que no podían ser condenadas y que, lo que correspondía, era reducir la indemnización de perjuicios reconocida en primera instancia en un sesenta y seis , punto sesenta y seis por ciento ( 66.66%). Por lo demás, dispuso negar la indemnización reconocida al menor Kevin Alexis Muñoz Cardona ─sobrino del demandante─ , por no haberse probado la relación afectiva con la víctima directa6.

2. El recurso extraordinario de revisión

El veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)7, a través de apoderada judicial, los señores Jorge Iván Acevedo, Beatriz Elena Acevedo, María Acevedo y Lina Paola Carmona Acevedo, formularon recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022), alegando la configuración de la causal prevista

la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022), alegando la configuración de la causal prevista

6 De esa manera, la condena por perjuicios morales fue fijada así: 27 smlmv en favor de Jorge Iván Acevedo y de su madre María Acevedo, respectivamente, y 13 smlmv para cada una de las hermanas de la víctima directa, las señoras Lina Paola Carmona Acevedo y Beatriz Elena Acevedo. Providencia disponible en los folios 419 a 441 del PDF “ 34_MemorialWeb_Respuesta11ExpedienteDigitali” del índice 30 de SAMAI. 7 Índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

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en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Como sustento de su recurso, los recurrentes afirman que el Tribunal adoptó una decisión incongruente, carente de motivación y violatoria de su derecho al debido proceso, en lo que respecta al alcance de la responsabilidad solidaria y el derecho a la reparación integral.

Así, respecto a la incongruencia del fallo, la parte actora sostiene que el Tribunal no podía reducir la condena reconocida en primera instancia , puesto que la responsabilidad de la Rama Judicial y de la Policía Nacional y su vinculación al proceso no fueron asuntos puestos de presente en el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y tampoco fueron debatidos en el trámite de esta causa.

responsabilidad de la Rama Judicial y de la Policía Nacional y su vinculación al proceso no fueron asuntos puestos de presente en el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y tampoco fueron debatidos en el trámite de esta causa.

En ese sentido, como la competencia del Tribunal estaba limitada por los argumentos del recurso de apelación y la entidad apelante reclamó la exoneración total de responsabilidad por considerar que sus actuaciones no resultaban defectuosas ⎯sin que se hubiere referido a una re sponsabilidad parcial frente a otras entidades que no hicieron parte del proceso⎯, y la revisión del reconocimiento de perjuicios dispuesto en favor del sobrino del señor Acevedo , estiman que el ad quem solo tenía competencia para examinar si la Fiscalía era responsable o no de la privación de la libertad y, como concluyó que sí lo era, lo único que podía hacer era confirmar la sentencia sin reducir los perjuicios reconocidos en primera instancia.

De la mano con l o anterior, aseguran que el fall o carece de motivación debido a que el Tribunal disminuyó la condena impuesta e impuso un porcentaje sin explicar las razones que sustentan jurídicamente tales determinaciones ni tampoco los elementos fácticos en los que se apoyan, en particular, cuál fue el cálculo o fundamento que utilizó para dividir la condena a reconocer ⎯como parece haber ocurrido⎯ en partes iguales entre las entidades involucradas . En todo caso, sostienen que la fijación de ese porcentaje resulta irrazonable, pues no podía atribuírsele un treinta y tres punto treinta y tres por ciento ( 33.33%) de laRadicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

atribuírsele un treinta y tres punto treinta y tres por ciento ( 33.33%) de laRadicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

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responsabilidad a la Policía Nacional, en tanto dicha entidad solo privó de la libertad al señor Acevedo por un día ⎯esto es, desde su captura efectiva hasta la legalización de la misma ⎯, de manera que a ella le correspondería asumir, a lo sumo, lo correspondiente al cero punto veintiocho por ciento (0.28%) del tiempo total que duró la privación.

Finalmente, en lo que concierne a la violación al debido proceso, la parte actora sostiene que la decisión acusada desconoció el alcance de la responsabilidad solidaria y la garantía a la reparación integral de los demandantes.

En su criterio, en este caso no cabía aplicar el inciso 4 del artículo 140 del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 8, como al parecer lo hizo el Tribunal, en tanto no fueron demandadas varias entidades; en cambio, lo que correspondía era dar aplicación al artículo 2344 del Código Civil que consagra la responsabilidad solidaria e indivisible entre quienes participan en la producción de un daño9.

En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación , como única demandada, deb ía responder por la reparación integral del perjuicio causado , pues la ley faculta a las víctimas a perseguir el cien por ciento ( 100%) del pago del daño a cargo de la entidad contra la que dirija n su reclamo. En consecuencia, sostienen que en este

víctimas a perseguir el cien por ciento ( 100%) del pago del daño a cargo de la entidad contra la que dirija n su reclamo. En consecuencia, sostienen que en este punto la sentencia del Tribunal fue arbitraria y los privó de la posibilidad de ser indemnizados plenamente.

Por lo demás, indican que la providencia acusada es contraria a la ley porque se abstuvo de condenar en costas y agencias en derecho en segunda instancia, pese a que siempre debe fijarse una suma por ese concepto10.

8 “En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 9 “ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.” 10 PDF denominado “2_DemandaWeb_Demanda-”, disponible a índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

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3. Trámite del recurso y oposición

3.1. Por auto de veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) , el Despacho inadmitió el recurso extraordinario de la referencia 11. Subsanadas las falencias evidenciadas, mediante providencia de veintiuno (21) de mayo de ese

Despacho inadmitió el recurso extraordinario de la referencia 11. Subsanadas las falencias evidenciadas, mediante providencia de veintiuno (21) de mayo de ese mismo año se admitió y se ordenó notificar esa decisión a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado12.

3.2. Dentro del término de traslado, la Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario por considerar que se está utilizando este mecanismo como una tercera instancia para cuestionar la labor probatoria y argumentativa de la decisión del Tribunal, lo que es ajeno a la naturaleza de este recurso13.

3.3. Por auto de nueve (9) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) , el Despacho decretó las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales aportadas con el recurso. Igualmente, se ordenó la remisión integra del expediente de reparación directa No. 05001-33-33-007-2014-00425-01, el cual fue enviado de manera digital por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Medellín14.

3.4. Agotadas las etapas correspondientes, el proceso ingresó al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda15.

11 Índice 4 de SAMAI. 12 Índice 10 de SAMAI. 13 Índice 19 de SAMAI. 14 El auto de pruebas obra a índice 21 de SAMAI. Con el recurso, la parte recurrente aportó copia de la d emanda ordinaria, la contestación, el fallo de primera instancia, el recurso de apelación

13 Índice 19 de SAMAI. 14 El auto de pruebas obra a índice 21 de SAMAI. Con el recurso, la parte recurrente aportó copia de la d emanda ordinaria, la contestación, el fallo de primera instancia, el recurso de apelación presentado y la sentencia objeto de revisión . Finalmente, el expediente digital del proceso de reparación directa (índice 30 de SAMAI), fue puesto en conocimiento de las partes sin que efectuaran manifestación alguna (índices 31 y 32 de SAMAI). 15 Índice 33 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA 16, en concordancia con lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 , modificado por el Acuerdo 434 de 2024 ⎯Reglamento Interno de la Corporación⎯17, esta Subsección es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión de la referencia.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso de reparación directa No. 05001-33-33-007-2014-00425-01 se encuentra incursa en la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que le puso fin al

encuentra incursa en la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que le puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas con el recurso extraordinari o de revisión y la causal señalada por la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.

16 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. (…) D e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. (…)”. 17 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIO NES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…) Sección Tercera: 10. El recurso extraordi nario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.”.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

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3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten

El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo defin ió la Corte Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico 18, siempre que se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley19. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.

Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las

18 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio

adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las

18 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

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partes, ni para reconducir el pro ceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario20.

Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En est e sentido, esta Subsección ha señalado que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable

Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En est e sentido, esta Subsección ha señalado que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”21 (Se resalta).

De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad jurídica.

4. La nulidad orig inada en la sentencia como causal del recurso extraordinario de revisión

4.1. El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal demanda, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la se ntencia y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha

de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la se ntencia y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha

20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00. 21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020, radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).Radicado: 11001-03-26-000-2023-00191-00 (70728)

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configurado una “nulidad originada en la sentencia” , ha sido la jurisprud encia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición22.

Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones “originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación”23.

En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto implica corroborar: i) que el vicio alegado se originó en la sente ncia, es decir, que se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) que la anomalía es de tal magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta24.

se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) que la anomalía es de tal magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta24.

Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia’” 25. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición d