CE - Sentencia 11001032600020240000100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2025

Radicado: 110010326000-2024-00001-00 (70.759)

Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: Gerardo Botero Zuluaga y otro Medio de control: Repetición (Única Instancia – Ley 1437 de 2011)

Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Presunciones de la Ley 678 de 2001 – No se aplican.

Síntesis del caso: Se pretende recuperar el dinero pagado por una condena impuesta a la Rama Judicial dentro de un proceso de reparación directa. Se alega que los demandados, en su calidad de Juez y Auxiliar de la Justicia, específicamente, secuestre, efectuaron un embargo que generó un daño antijurídico.

Conoce la Sala, en única instancia, la repetición de la referencia. La Sala, en virtud del artículo 149 numeral 13 de la Ley 1437 de 2011 1, tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de una repetición contra un servidor público que, a la fecha de la interposición de la demanda, actuaba como magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

demanda, actuaba como magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. trámite relevante en única instancia.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 23 de noviembre de 2016, la Nación – Rama Judicial interpuso el medio de control de repetición 2 contra Gerardo Botero Zuluaga y Marco Fidel Duque Quinceno, con el fin de que se l es declarara patrimonialmente responsables por el pago que tuvo que hacer esa autoridad en virtud de la sentencia condenatoria proferida por el Consejo de Estado el 8 de mayo de

2013.

2. Las pretensiones fueron (se trascribe):

“PRETENSIONES

1 ARTÍCULO 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la dis tribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)

13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil,

Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional. 2 Índice 2 SamaiRadicado: 110010326000-2024-00001-00 (70.759)

Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: Gerardo Botero Zuluaga Medio de control: Repetición (Única Instancia)- Ley 1437 de 2011 ______________________________________________________________________________________________________________ 2 de 15

Primero: Que se declare responsable a los señores Gerardo Botero Zuluaga y Marco Fidel Duque Quiceno de los perjuicios ocasionados a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por la condena administrativa de la que fue obje to por parte del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante fallo de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), y que fuera confirmada por el Honorable Consejo de Estado en sede de segunda instancia el ocho (08) de mayo de dos mil trece (2013), al reconocer y ordenar el pago debidamente indexado y a título de indemnización, de los perjuicios ocasionados a la masa sucesoral del señor Tulio Montoya Vélez, representados por la señora Luz Helena Montoya Villa, como consecuencia del Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia derivado de las actuaciones realizadas durante la vigencia de las medidas cautelares de embargo y secuestro en

Helena Montoya Villa, como consecuencia del Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia derivado de las actuaciones realizadas durante la vigencia de las medidas cautelares de embargo y secuestro en el proceso ejecutivo laboral promovido por Julio Escobar Restrepo en contra de Tulio Montoya Vélez.

Segundo: Que se condene a los señores Gerardo Botero Zuluaga y Marco Fidel Duque Quiceno a cancelar la suma de mil trescientos ochenta y cuatro millones setecientos diecisiete mil doscientos treinta y cuatro pesos ($1.384.717.234,00) a favor de la Naci ón – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, suma que equivale a lo que fue pagado por mi representada a la señora Luz Helena Montoya Villa y a Santuario Medical Center – Carlos Alberto Ríos García –este último beneficiario en calid ad de cesionario de derechos litigiosos –, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia condenatoria proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas y en segunda instancia por

el Honorable Consejo de Estado.

Tercero: Que los dinero s que se paguen a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sean debidamente indexados.

Cuarto: Que se condene a los señores Gerardo Botero Zuluaga y Marco Fidel Duque Quinceno a cancelar los intereses comerciales a favor de la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso. (…)”

3. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:

4. 1) El 3 de octubre de 1994, el Juez 2 Laboral del Circuito de Manizales,

3. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:

4. 1) El 3 de octubre de 1994, el Juez 2 Laboral del Circuito de Manizales, Gerardo Botero Zuluaga, dentro de un proceso ejecutivo laboral promovido por Julio Escobar Restrepo, decret ó una medida de embargo y secuestro sobre la finca “La Cedalia” de propiedad de Tulio Montoya Vélez.

5. 2) El 6 de diciembre de 1994, un juzgado comisionado, esto es, el Juzgado Promiscuo Municipal de Risaralda (Caldas) llevó a cabo la diligencia de secuestro a la que asistió el señor secuestre posesionado: Hugo Muñoz Marín, quien ejerció como secuestre hasta el 6 de febrero de 1995, posteriormente, reemplazado por Emilio Arias Callejas, quien ejerció como secuestre hasta el 8 de marzo de 1995.

6. 3) Finalmente, el secuestre que, desde el 10 de marzo de 1995 hasta que finalizó la medida cautelar, el 4 de abril de 19973, estuvo a cargo de la finca “La Cedalia” fue Marco Fidel Duque Quinceno, hoy demandado. El aludido secuestre recibió materialmente La Finca el 7 de junio de 1995.

3 Porque terminó el proceso ejecutivo por conciliación entre las partes y se ordenó el levantamiento de la medida cautelar.Radicado: 110010326000-2024-00001-00 (70.759)

Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: Gerardo Botero Zuluaga Medio de control: Repetición (Única Instancia)- Ley 1437 de 2011 ______________________________________________________________________________________________________________

Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: Gerardo Botero Zuluaga Medio de control: Repetición (Única Instancia)- Ley 1437 de 2011 ______________________________________________________________________________________________________________ 3 de 15 7. 4) De conformidad con la demanda, una vez terminó la medida cautelar y se solicitó al secuestre la entrega material de los bienes a su propietario, no los entregó. Por esa razón, el 9 de mayo de 1997, el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Manizales comision ó al Juzgado Promiscuo Municipal de Risaralda (Caldas) para que hiciera directamente la entrega. Además, se ordenó iniciar un incidente en contra de Marco Fidel Duque Quinceno por no hacer entrega material de los bienes bajo su custodia y por las presuntas irregularidades presentadas en vigencia de las medidas cautelares.

8. 5) El 22 de agosto de 1997, el Juzgado Promiscuo Municipal de Risaralda – Caldas procedió a la entrega total de los bienes a su propietario. En el acta de diligencia, se dejó constancia que “el inmueble no se encontraba en las mismas condiciones en las que fue secuestrado, toda vez que los cultivos de café habían desaparecido, varios bienes muebles fueron sustraídos, las construcciones estaban abandonadas y había parte del inmueble en tenencia de terceros”.

9. 6) En el marco del trámite incidental contra el secuestre, el Juzgado 2

Laboral del Circuito de Manizales canceló su licencia como auxiliar de la justicia y lo relevó de todas las funciones inherentes a ese cargo.

10. 7) Luz Helena Montoya Villa, en calidad de albacea y heredera de

Laboral del Circuito de Manizales canceló su licencia como auxiliar de la justicia y lo relevó de todas las funciones inherentes a ese cargo.

10. 7) Luz Helena Montoya Villa, en calidad de albacea y heredera de Tulio Montoya, interpuso acción de reparación directa en contra de la Rama Judicial. Mediante Sentencia de 25 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , modificada por la Sentencia de 8 de mayo de 2013, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, se declaró responsable a la Nación – Rama Judicial y se la condenó a pagarle a la demandante $ 924.298.113.

11. 8) En cumplimiento de ese fallo, la Rama Judicial le pagó , en 2016, a la entonces demandante $ 1.384.717.234.

12. Respecto del elemento subjetivo se indicó que Gerardo Botero Zuluaga actuó con culpa grave a la luz de los artículos 63 y 241 del Código Civil porque “faltó a la diligencia y cuidado a que se encontraba obligado en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control del auxiliar de la justicia designado, incumpliendo así lo ordenado en el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil –aplicable para este trámite procesal - para garantizar en caso de mala administración o pérdida de los bienes en c ustodia”. Se explicó que incumplió ese artículo porque “no exigió al secuestre la caución de buen manejo que prevé la ley, no [siguió y vigiló] las actuaciones de éste y [no ordenó] medidas eficaces y oportunas cuando fue informado de que los bienes secuestrados habían sido hurtados”.

de buen manejo que prevé la ley, no [siguió y vigiló] las actuaciones de éste y [no ordenó] medidas eficaces y oportunas cuando fue informado de que los bienes secuestrados habían sido hurtados”.

13. Respecto de Marco Fidel Duque Quinceno se indicó que actuó con dolo a la luz de los artículos 63 y 241 del Código Civil porque “no cumplió de manera debida las obligaciones que contrajo en la diligencia de secuestro, abusó de los dineros que le había sido entregados con ocasión del cargo, no rindió oportunamente las cuentas, no reintegró los bienes queRadicado: 110010326000-2024-00001-00 (70.759)

Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: Gerardo Botero Zuluaga Medio de control: Repetición (Única Instancia)- Ley 1437 de 2011 ______________________________________________________________________________________________________________ 4 de 15 se le confiaron utilizándolos en provecho propio y de terceros, y sin estar legalmente autorizado, retiró y vendió los bienes que tenía bajo su custodia, los cuales se deterioraron, perdieron y dejaron de explotarse”.

14. Precisado lo anterior, citó el artículo 71 de la Ley 270 de 1996 4 y concluyó que , con la actuación de ambos , “se vulneraron normas de derecho sustancial y procesal, en virtud del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de las actuaciones realizadas durante la vigencia de las medidas cautelares de embargo y secuestro”.

Adicionalmente, para sustentar el elemento subjetivo de los dos demandados, trascribió extractos de la sentencia de segunda instancia proferida por esta corporación dentro del proceso de reparación directa en

la vigencia de las medidas cautelares de embargo y secuestro”. Adicionalmente, para sustentar el elemento subjetivo de los dos demandados, trascribió extractos de la sentencia de segunda instancia proferida por esta corporación dentro del proceso de reparación directa en la que se expusieron valoraciones sobre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia5. Se agregó que el fallo condenatorio “cuenta con los suficientes sustentos que permiten concluir que existe responsabilidad” respecto de los demandados.

1.2 Contestación de la demanda

15. Gerardo Botero Zuluaga , a través de apoderado de confianza , contestó la demanda y se opuso a la totalidad de las pretensiones. En primer lugar, sostuvo que no aplicaban las presunciones de la Ley 678 de 2001 porque los hechos habían ocurrido con anterioridad y que, en este caso, la parte demandante tampoco estructuró alguna presunción de la Ley 270 de

1996. Respecto del fondo del asunto, señaló varios aspectos: que el demandado desde el 15 de julio de 1997 fungió como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y, en esa medida, no era quien debía vigilar las funciones del secuestre. Que, adicionalmente, cuando él decreto la medida cautelar sí exigió y constituyó la caución de responsabilidad. Que, en realidad, el perjuicio causado provino de la actuación del secuestre.

4 ARTÍCULO 71 . DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO JUDICIAL . En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la

4 ARTÍCULO 71 . DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO JUDICIAL . En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas:

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable.

2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación.

3. La negativa arbitraria o el incump limiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer. 5 Se resalta el siguiente extracto: “Así las cosas, la Sala considera que en el presente caso se acreditó plenamente el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se tradujo en los siguientes hechos actos y omisiones: a) Las omisiones en que incurrió el Juzgado Segundo Laboral del Circuito al no exigirle al secuestre la caución de buen manejo que prevé la ley, al no haber seguido y vigilado las actuaciones de éste y al no haber ordenado medidas eficaces y oportunas cuando fue informado de que los bienes secuestrados habían sido hurtados de la finca La Cedalia. Actitud que demuestra claramente la falta de diligencia y cuidado en el ejercicio

ordenado medidas eficaces y oportunas cuando fue informado de que los bienes secuestrados habían sido hurtados de la finca La Cedalia. Actitud que demuestra claramente la falta de diligencia y cuidado en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control al auxiliar que se designó. b) La actuación irregular del secuestre que, sin estar legalmente facultado y sin autorización judicial, retiró y vendió los bienes que tenía bajo custodia, contrariando las disposiciones contenidas en el artículo 683 del C.P.C. Debe resaltarse que el agente judicial no ten ía facultad para disponer de los bienes porque el secuestro se produjo para perfeccionar el embargo que se había previamente decretado (…) c) Administración negligente de los bienes entregados en custodia en vigencia de la medida cautelar de secuestro, conforme lo estableció el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, en providencia del 5 de mayo de 1998. Este comportamiento constituyó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, (…), puesto que la venta irregular de los bienes por parte del secuestre y la negligente administración de un bien productivo de renta, configuró el referido daño.”Radicado: 110010326000-2024-00001-00 (70.759)

Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: Gerardo Botero Zuluaga Medio de control: Repetición (Única Instancia)- Ley 1437 de 2011 ______________________________________________________________________________________________________________ 5 de 15

Que, además, dentro del proceso de reparación directa la Rama Judicial no ejerció una defensa adecuada y sólida.

16. Marco Fidel Duque Quinceno, a través de curador ad litem, contestó la demanda y se opuso a la totalidad de pretensiones. Se limitó a exigir

no ejerció una defensa adecuada y sólida.

16. Marco Fidel Duque Quinceno, a través de curador ad litem, contestó la demanda y se opuso a la totalidad de pretensiones. Se limitó a exigir prueba plena de los hechos.

1.3. Trámite relevante en única instancia

17. El asunto lo tramitó inicialmente el Tribunal Administrativo de Caldas.

La audiencia inicial se realizó el 23 de octubre de 2019. Se destaca que , en esa oportunidad, se decretaron como pruebas las aportadas por la parte demandante6. De la parte demandada señor Gerardo Botero se decretó la prueba testimonial 7, un informe bajo juramento que debería rendir el representante de la Rama Judicial y , como pruebas trasladadas , tanto el proceso laboral 950117032 como el proceso de reparación directa 199900950-00. Además, se decretó una prueba de oficio consistente en solicitar unas certificaciones a la Rama Judicial respecto de las vinculaciones de los demandados8.

18. El 21 de enero de 2020 se realizó la audiencia de pruebas. Ahí se corrió traslado de los documentos alle gados y se incorporaron al proceso.

Además, se practicaron los testimonios de Gloria Cecilia Patiño (juez que reemplazó al señor Botero Zuluaga) y Gabriel Ramírez Sánchez (secretario del juzgado) . El demandado Gerardo Botero Zuluag a desistió del otro testimonio. El 20 de noviembre de 2020 se corrió traslado de los documentos faltantes que fueron allegados y, finalmente, el 27 de noviembre de 2020,

6 Visibles a folios 16 a 116. Que corresponden a las siguientes:

testimonio. El 20 de noviembre de 2020 se corrió traslado de los documentos faltantes que fueron allegados y, finalmente, el 27 de noviembre de 2020,

6 Visibles a folios 16 a 116. Que corresponden a las siguientes: Copia autenticada de la sentencia de primera instancia emanada del Tribunal Adm inistrativo de Caldas mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Luz Helena Montoya Villa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Folio 1 a 35). Copia autenticada de la sentencia proferida por el Consejo de Estado mediante la cual se modificó la sentencia de primer grado, y se mantuvo la declaratoria de responsabilidad a la Nación – Rama Judicial (Folio 36 a 76 vto.). Copia autenticada de los formatos SIIF Nación – Beneficiario Cuenta diligenciados por la señora Luz Helena Montoya Villa y del abogado Sebastián Felipe A. Barlobanto (Folio 77 a 78). Copia autenticada de las Resoluciones Nos. 5824 de trece (13) de octubre de 2015, 2830 y 2974 del once (11) y el veintiocho (28) de marzo de 2016 respectivamente, por medio de las cuales se dio cumplimiento a la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas y confirmada por el Honorable Consejo de Estado (Folio 79 a 87 vto.). Tabla en la que se indica la forma en que fueron realizados los pagos con ocasión de la sentencia condenatoria que favoreció los intereses de la señora Luz Helena Montoya Villa (Folio 88). Original de la Constancia No. CPSLTES16 -657 de tres (03) de octubre de 2016, expedida por la D irectora

que favoreció los intereses de la señora Luz Helena Montoya Villa (Folio 88). Original de la Constancia No. CPSLTES16 -657 de tres (03) de octubre de 2016, expedida por la D irectora Administrativa de la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, doctora Marcela Lesmes Rodríguez, en la cual se hacen constar los pagos que fueron efectuados con ocasión del cumplimiento de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas y el Honorable Consejo de Estado (Folio 89 ft. y vto.). Copia autenticada de los Comprobantes de Orden de Pago Presupuestal generados por SIIF Nación (Folio 90 a 93). Copia autenticada del Acta No. 025 del Comité de Defensa Judicial y Conciliación en la ciudad de Bogotá D.C., en la cual se decide sobre la viabilidad de presentar la acción de repetición de la referencia (Folio 94 a 96 vto.). Reporte generado desde el portal web del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud – FOSYGA, en el cual se indica que el demandado Marco Fidel Duque Quiceno figura como persona fallecida (Folio 97). 7 Consistente en llamar a Gloria Cecilia Patiño Gutiérrez, Gabriel Ramírez Sánchez, ambos empleados judiciales del juzgado y a Arcesio Botero Zuluaga. 8 Certificado en el cual la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial , precise si el señor Gerardo Botero Zuluaga se desempeñó como Juez en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales y, de ser así, los extremos temporales de dicha vinculación, con sus respectivas actas de posesión y nombramiento.

de Manizales y, de ser así, los extremos temporales de dicha vinculación, con sus respectivas actas de posesión y nombramiento. Certificado en el cual la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial , precise si el señor Marco Fidel Duque Quiceno se desempeñó como auxiliar de la justicia y, de ser así, los extremos temporales de dicha vinculación.Radicado: 110010326000-2024-00001-00 (70.759)

Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: Gerardo Botero Zuluaga Medio de control: Repetición (Única Instancia)- Ley 1437 de 2011 ______________________________________________________________________________________________________________ 6 de 15 mediante auto, se incorporó esa prueba y se corrió tra slado para los alegatos de conclusión.

19. La parte demandante se refirió a cada uno de los demandados.

Respecto de Gerardo Botero Zuluaga indicó que era su deber vigilar y controlar al secuestre de acuerdo con el artículo 683 del CPC. Además, se le reprochaba no haber exigido la caución de buen manejo. Concluyó que esas omisiones, constituyeron una culpa grave. Respecto de Marco Fidel Duque Quinceno, señaló que incumplió abiertamente sus deberes como auxiliar de la justicia porque no rindió cuentas, retiró y vendió bienes de la finca secuestrada sin autorización judicial, administró de forma negligente los bienes, los utilizó e n provecho propio y de terceros. Concluyó que todo lo anterior, permitía establecer que su actuar estuvo provisto de dolo.

20. La parte demandada Gerardo Botero Zuluaga señaló que las pruebas

los bienes, los utilizó e n provecho propio y de terceros. Concluyó que todo lo anterior, permitía establecer que su actuar estuvo provisto de dolo.

20. La parte demandada Gerardo Botero Zuluaga señaló que las pruebas daban cuenta que la responsabilidad de lo ocurrido en la finca recayó en el secuestre, señor Duque Quinceno. Agregó que la sentencia condenatoria de la Rama Judicial en ningún momento lo mencionó y que, incluso, a partir de julio de 1997, él se desempeñaba como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. Agregó que no se probó el dolo o culpa grave porque él sí exigió y constituyó la caución la cual fue expedida por la compañía de Seguros Atlas en junio de 1995. Afirmó que los testigos indicaron que él actuó con probidad y dentro de la ley. Pidió que se condenar á en costas a la Rama Judicial y que se reconociera su conducta intachable como juez.

21. El otro demandado no presentó alegatos finales y el Ministerio Público no rindió concepto.

22. El 25 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas , tras advertir que uno de los demandados, esto es, el señor Gerardo Botero Zuluaga se desempeñaba como magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral , declaró la falta de competencia , dejó claro que lo actuado conservaba validez y remitió el asunto a esta corporación para que se profiriera el fallo. El 19 de enero de 2024 ingresó el asunto para dictar sentencia.

2. CONSIDERACIONES

actuado conservaba validez y remitió el asunto a esta corporación para que se profiriera el fallo. El 19 de enero de 2024 ingresó el asunto para dictar sentencia.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.2. elemento s objetivos; 2.3. elemento subjetivo; 2.4. Cuantificación de la condena, 2.5 Condena en costas.

2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán

23. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó oportunamente9. En este asunto, el pago se realizó el 7 de abril de 2016 10, después del plazo que tienen las entidades públicas para pagar las

9 El término de caducidad de 2 años, está establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y el numeral 2 literal L) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 10 Anexos de la demanda archivo 008ED_CUADERNOP_05ANEXOSDEMANDA (Fl. 104)Radicado: 110010326000-2024-00001-00 (70.759)

Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: Gerardo Botero Zuluaga Medio de control: Repetición (Única Instancia)- Ley 1437 de 2011 ______________________________________________________________________________________________________________ 7 de 15 sentencias, que corrió hasta el 24 de noviembre de 201411. En consecuencia, los 2 años se deben contar desde el día siguiente al vencimiento del plazo,

______________________________________________________________________________________________________________ 7 de 15 sentencias, que corrió hasta el 24 de noviembre de 201411. En consecuencia, los 2 años se deben contar desde el día siguiente al vencimiento del plazo, esto es, desde 25 de noviembre de 2014 hasta el 25 de noviembre de 2016. Dado que la demanda se interpuso el 23 de noviembre de 2016 , se radicó dentro del término previsto en el artículo 164, numeral 2, literal l del CPACA.

24. Respecto del régimen jurídico aplicable, se establece que se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena. En este caso, por la fecha de los hechos, esto es, entre 1994 a 1997 , no habría lugar a aplicar las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001 . Tampoco habría lugar a aplicar las presunciones previstas en la Ley 270 de 7 de marzo de 199612, porque , de un lado, cuando se decretó la medida cautelar de embargo y secuestro sobre la finca la Cedalia que dio origen a la condena a la Rama Judicial, la Ley 270 no se encontraba vigente y, porque, de otro lado, aunque en la demanda se aludió a su artículo 71, no se explicó , de manera clara, estructurada y expresa , qué presunción se configuró en el caso concreto. Por el contrario, la parte demandante se limitó a citar de manera extensa el aludido artículo. Ello sin perjuicio de que tales presunciones no aplican para los auxiliares de la justicia. En consecuencia, se hará un estudi o de la responsabilidad de los demandados por fuera de las presunciones.

manera extensa el aludido artículo. Ello sin perjuicio de que tales presunciones no aplican para los auxiliares de la justicia. En consecuencia, se hará un estudi o de la responsabilidad de los demandados por fuera de las presunciones.

25. La Sala estudiará los tres elementos objetivos: existencia de condena, pago y calidad de los agentes y, finalmente, centrará su análisis en el elemento subjetivo de la acción de repetición.

2.2. Elementos objetivos

26. La existencia de la conde na. Está demostrada con la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas 13, modificada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el 8 de mayo de 201314 ejecutoriada el 23 de mayo de 2013. En ellas se declaró a la Nación – Rama Judicial patrimonialmente responsable por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ocurrido en vigencia de las medidas cautelares de embargo y secuestro dentro del proceso ejecutivo promovido por Julio Escobar Restrepo en contra de Tulio Montoya Vélez. Se ordenó el pago por concepto de daño emergente de $ 646.612.366 y a título de lucro cesante el pago de $ 277.685.747.

27. Frente al pago. Está demostrado, tanto con la constancia No. CPLTES16657 de 3 de octubre de 2016 expedida por la Directora Administrativa de la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de

11 La sentencia cobró ejecutoria el 23 de mayo de 2013 (18 meses: 24 de noviembre de 2014)

División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de

11 La sentencia cobró ejecutoria el 23 de mayo de 2013 (18 meses: 24 de noviembre de 2014) 12 Artículo 71 (…) Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas:

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable.

2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresa