CE - Sentencia 11001032600020240005000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 110010326000202400050 00 (71117) Demandante: Jaqueline Barrera Orozco y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación

Proceso: Recurso Extraordinario de Revisión

CAUSAL QUINTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Principio de no reformatio in pejus y de congruencia / no se afectaron en el caso concreto por cuanto el ad quem no desconoció lo decidido por el juzgado de primera instancia

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jaqueline Barrera Orozco y otros, contra la sentencia del 14 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que decidió:

PRIMERO: REVOCAR el resolutivo segundo de la sentencia recurrida.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de marzo de 2018 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, por las razones que aquí se indicaron.

TERCERO: SIN CONDENA en costas.

CUARTO: ORDENAR que en firme esta providencia y cumplido lo anterior, se remita el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones de rigor en

indicaron.

TERCERO: SIN CONDENA en costas.

CUARTO: ORDENAR que en firme esta providencia y cumplido lo anterior, se remita el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones de rigor en el software de gestión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la configuración de la causal quinta del recurso extraordinario de revisión, prevista en el artículo 250 del CPACA, respectoRadicación: 110010326000202400050 00 (71117)

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de la sentencia proferida en segunda instancia el 1 4 de febrero de 202 3, por el Tribunal A dministrativo de Huila, en el marco del proceso de reparación directa 2013-00468.

Para el recurrente, la sentencia censurada incurrió en la causal de nulidad originada en el fallo por vulneración al debido proceso y a los principios de congruencia y al de la no reformatio in pejus.

Como sustento de su invocación, se afirmó que en la sentencia de primera instancia se consideró que se había configurado el daño antijurídico , consistente en la privación injusta de la libertad de que fue objeto la demandante , Jaqueline Barrera Orozco, pero que en su causación había concurrido la culpa exclusiva de la víctima, circunstancia que imped ía imputar responsabilidad a la s demandadas Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

Orozco, pero que en su causación había concurrido la culpa exclusiva de la víctima, circunstancia que imped ía imputar responsabilidad a la s demandadas Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

Se alegó que, no obstante haberse formulado el recurso de apelación en contra de aquella por la parte actora, dirigido a enervar la culpa exclusiva de la v íctima y a acreditar la imputación del daño a las accionadas, en la sentencia de segunda instancia el ad quem estimó que el daño antijurídico no se había demostrado, con lo cual, de un lado, desconoció que ese era u n aspecto ya resuelto en la primera instancia y sobre el cual no podría volver y, de otro, dejó de pronunciarse en relación con los puntos en contienda circunscritos a establecer el elemento de la imputación a partir de la desestructuración de la causal ex imente de responsabilidad hal lada por el juez.

II. ANTECEDENTES

1.- Del proceso de reparación directa 2013-00468, en desarrollo del cual se dictó la sentencia objeto de revisión

1.1.- El 13 de agosto de 2013, los señores Jaqueline Barrera Orozco, Yuli Tatiana Ordóñez Barrera, Diego Fernando Ordóñez Barrera, Vitelio Barrera Benavídez, Mariela Orozco de Barrera, Rosalba Barrera Orozco y Luis Fernando Ordóñez Peña presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios causados con

presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad de que fue objeto la primera de los mencionadosRadicación: 110010326000202400050 00 (71117)

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en los períodos comprendidos entre el 31 de enero de 2004 al 3 de febrero siguiente y el 26 de junio de 2007 al 16 de enero de 2008.

Se indicó que, Jaqueline Barrera Orozco estuvo privada injustamente de la libertad por la supuesta comisión de los punibl es de homicidio, e n concurso con lesiones personales agravadas e incendio, al cabo de lo cual el Juzgado Primero Penal de Pitalito, en sentencia de 22 de julio de 2011, la absolvió de los hechos investigados en aplicación del principio “In dubio pro reo”.

1.2.- Surtido el procedimiento legal correspondiente, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Neiva dictó sentencia el 2 3 de marzo de 2018 , mediante la cual declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó las pretensiones de la demanda , por considerar que fue la conducta de la señora Jaqueline Barrera la que dio lugar al inicio de la investigación penal.

1.3.- En contra de la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación

negó las pretensiones de la demanda , por considerar que fue la conducta de la señora Jaqueline Barrera la que dio lugar al inicio de la investigación penal.

1.3.- En contra de la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación para que se accediera a las pretensiones, argumentando que no se habían valorado adecuadamente las pruebas que obraban en el proceso , tales como la sentencia penal absolutoria, en la que se conc luía que la procesada nunca había proferido amenazas en contra de la fallecida.

2.- Sentencia objeto de revisión

2.1.- El recurso de apelación fue resuelto a través de sentencia de 14 de febrero de 2023, en la que el Tribunal Administrativo de l Huila revocó el numeral segundo de la parte resolutiva, en el que se declaraba probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda.

El sustrato argumentativo del fallo estribó en que, de conformidad con lo expuesto por la jurisprudencia del Consejo de Estado, “el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial al Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración”.Radicación: 110010326000202400050 00 (71117)

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Dicho esto, encontró acreditado que la señora Jacqueline Barrera Orozco fue privada de la libertad del 27 de junio de 2007 al 17 de enero 2008, según las actas de captura y la certificación del 5 de noviembre de 2015 , expedida por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pitalito.

Atendiendo al contexto fáctico sentado, advirtió que la privación de la libertad afectó a la antes mencionada por encontrarse en una edad económicamente activa, la restricción de su locomoción, el ejercicio de sus actividades cotidianas y su proyecto de vida , situación que resultaba extensible a sus familiares , quienes d ejaron de recibir el apoyo afectivo de la privada de la libertad, además de las afectaciones al buen nombre debido al escándalo público que se generó por los diferentes medios de difusión.

Precisó que, a pesar de lo anterior, toda persona estaba en el deb er de soportar la privación de su libertad s í se satisfacían los requisitos constitucionales y legales vigentes para la época, premisa que conducía a auscultar si la señora Jacqueline Barrera Orozco estaba en el deber de soportar la carga que le fue impuesta mientras se surtían las etapas propias del proceso penal, para lo cual era necesario analizar la decisión que le impuso la medida de aseguramiento.

Al respecto, observó que el fundamento de la decisión partió de valorar el informe de bomberos sobre la ocurrencia del incendio de una casa de habita ción que, en

la decisión que le impuso la medida de aseguramiento.

Al respecto, observó que el fundamento de la decisión partió de valorar el informe de bomberos sobre la ocurrencia del incendio de una casa de habita ción que, en tiempo anterior, se le había rematado a la imputada, sin evidencia de fallas en el sistema eléctrico o en las redes de suministro de gas nat ural ni la presencia de elementos de ignición o conflagración (velas, veladoras, etc.) y con evidencia de olor a combustible junto con un residuo plástico quemado.

Aunado a lo anotado, señaló que la decisión se basó en la valoración de un nutrido grupo de testimonios, que hicieron referencia a amenazas proferidas contra las personas que actuaron en el remate del predio de la procesada y no le restituyeron el mobiliario que había en su interior, de lo cual coligió la existencia de una idea criminosa que apuntaba a Jacqueline Barrera Orozco como su autora y, por ende, ameritaba la medida de aseguramiento.

Fundado en esos elementos, el Tribunal estimó que la medida de aseguramiento impuesta cumplió con las exigencias legales vigentes para la época de los hechos,Radicación: 110010326000202400050 00 (71117)

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puesto que, según como lo expresa ba el artículo 356 de la Ley 600 del 2000 , la existencia de, al menos, dos indicios graves era causal para proferir decisión en ese sentido, por lo cual la Fiscalía, con las pruebas recolectadas, infirió razonablemente

existencia de, al menos, dos indicios graves era causal para proferir decisión en ese sentido, por lo cual la Fiscalía, con las pruebas recolectadas, infirió razonablemente la posible autoría de la señora Jacqueline de los delitos ya mencionados.

En esa línea, afirmó que la medida de aseguramiento fue razonable, atendiendo los a hechos investigados, porque se trató del incendio de una vivienda con sus moradores al interior que dio lugar al deceso de una de ellas y la lesión de la otra, implicando una con ducta grave del presunto autor de la misma que ameritaba su reclusión en establecimiento carcelario.

En criterio del Tribunal, se reunieron los supuestos fácticos, jurídicos, probatorios y de conveniencia para que se emitiera la medida de privación de la libertad de la señora Jacqueline Barrera Orozco , y de contera no t enía el carácter antijurídico necesario para la configuración del daño y de la responsabilidad , por estar en la obligación jurídica de soportar la restricción a la libertad en razón de su actuar.

En adición sostuvo que:

Así pues, al no estar demostrado el daño antijurídico no hay lugar a analizar la imputabilidad a los órganos de la demandada que fueron citados al proceso y en las mismas condiciones, no puede señalarse que se rompió el nexo causal por culpa exclusiva de la víctima, ya que ello se predica frente a la imputabilidad que en este caso no tiene lugar.

Ahora, no puede la Sala acoger el argumento del recurso que alude a que, por haberse absuelto a la acusada de los cargos, por no existir los indicios graves de responsabilidad que dieran certeza para desvirtuar la presunción de

Ahora, no puede la Sala acoger el argumento del recurso que alude a que, por haberse absuelto a la acusada de los cargos, por no existir los indicios graves de responsabilidad que dieran certeza para desvirtuar la presunción de inocencia, conduce de manera inexorable a la responsabilidad de la demandada, en cuanto lo que se debe valorar en este momento es si la medida de aseguramiento fue injusta y ello no se demostró

3.- Recurso Extraordinario de Revisión

El 19 de marzo de 2024, la parte demandante presentó recurso extraordinario contra la sentencia proferida el 1 4 de febrero de 2023, por el Tribunal Administrativo de Huila, con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A, consistente en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.Radicación: 110010326000202400050 00 (71117)

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En apoyo de su impugnación, adujo que el fallo de segunda instancia había faltado al principio de congruencia y a la no reformatio en pejus , toda vez que no ciñ ó su pronunciamiento a lo que constituyó el objeto de reproche a través del recurso de apelación interpuesto por la parte actora , que en el caso se había centrado en desvirtuar la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima como un asunto atinente a la imputación , sino que lo extendió a aspectos que ya habían sido definidos por el a quo.

desvirtuar la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima como un asunto atinente a la imputación , sino que lo extendió a aspectos que ya habían sido definidos por el a quo.

Acerca de este asunto, expresó que, no obstante, que el juzgado había encontrado demostrado el daño antijurídico con las pruebas obrantes en la causa, el tribunal, sin que ese asunto fuera objeto de censura, adujo que este elemento de la responsabilidad no había sido acreditado , pese a que las demandadas no presentaron reparo frente a esa cuestión.

Advirtió que el tribunal ha debido restringir su análisis a los argumentos de la apelación enfocados en desvirtuar la culpa exclusiva de la víctima, por lo que, al haber abordado el análisis de otros temas que no fueron sometidos a su consideración, vulneró el debido proceso.

Manifestó que tal actuación resultaba lesiva del principio de la no reformatio in pejus que imponía la imposibilidad de agravar la situación del apelante único, puesto que desconoció que en la primera instancia el extremo activo había salido beneficiado con la acreditación del daño antijurídico.

En lo sucesivo, refirió sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que desarrollaban el principio de congruencia y el de la no reformatio in pejus como garantías dirigidas a respetar el debido proceso.

4.- Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión

4.1. Mediante auto del 19 de junio de 2024, se admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jacqueline Barrera Orozco y otros contra la sentencia del 14 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila y se dispuso

revisión interpuesto por Jacqueline Barrera Orozco y otros contra la sentencia del 14 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila y se dispuso correr traslado a la contraparte y al Ministerio Público para que se pronunciaran, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del CPACA.Radicación: 110010326000202400050 00 (71117)

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4.2.- La Fiscalía General de Nación presentó escrito , en el que esgrimió que el recurso de revisión impetrado era infundado , pues, ni el sustento alegado ni los documentos aportados daban lugar a su procedencia. Explicó que lo perseguido por los recurrentes era reabrir el debate respecto de las consideraciones jurídicas expuestas por la sentencia para no encontrar acreditado el daño antijurídico, situación que era inviable a través de este instrumento procesal.

A su turno, la NaciónRama Judicial, en su memorial de oposición, arguyó que la sentencia censurada no vulneró el debido proceso por transgresión a los principios de la no reformatio in pejus y de congruencia, por cuanto, de una parte, no hizo más gravosa la situación para el apelante único, como tampoco el Tribunal excedió sus facultades o competencia, habida cuenta que, lo único que hizo , fue acoger la variación jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Por su parte, el Ministerio Público allegó concepto , en el sentido de advertir que el recurso extraordinario de revisión no estaba llamado a prosperar . Sobre el

variación jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Por su parte, el Ministerio Público allegó concepto , en el sentido de advertir que el recurso extraordinario de revisión no estaba llamado a prosperar . Sobre el particular, luego de referirse a los principios de congruencia y de la no reformatio in pejus desde la perspectiva normativa y jurisprudencial, sostuvo que cualquier estudio de la responsabilidad del Estado comportaba el ejercicio ineludible de verificar la existencia del daño y la imputación, siendo el primero el que correspondía revisarse de entrada, dado que, en caso de no estar acreditado, tornaría inoficioso el análisis del segundo.

Precisado est o, adujo que el hecho de que la sentencia del a quo hubiera encontrado demostrado la existencia del daño , y el recurso se hubiera dirigido a enfatizar su imputación al actuar de la Administración, ello en modo alguno limitaba la actuación del ad quem para pronunciarse sobre los dos elementos de la responsabilidad, porque:

“Contrario a ello, no se concibe un pronunciamiento judicial que aborde el estudio de un caso en el que se discuta la responsabilidad del Estado y omita verificar la ocurrencia de uno y otro de sus elementos y en primera medida del daño, u omita exponer el sustento jurídico que conduce a adoptar una u otra decisión, salvo que, como se refirió anteriormente, el primero de ellos, es decir el daño, no esté demostrado y ello haga por tanto inocuo un análisis adicional”.Radicación: 110010326000202400050 00 (71117)

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4.3.- En decisión de l 2 de diciembre de 2024, se dispuso la apertura del per íodo probatorio, ordenando incorporar al proceso las pruebas aportadas y decretando las solicitadas por los extremos procesales.

II. CONSIDERACIONES Régimen procesal

En atención a que se trata de un recurso extraordinario de revisión interpuesto el 19 de marzo de 2024 , al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 249 y 250 de la Ley 1437 de 2011 , junto con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Igualmente, concierne observar la regulación del Código General del Proceso , en virtud de la integración normativa consagrada por el artículo 306 del primero de los aludidos compendios.

I.- Presupuestos procesales

1.- Jurisdicción y competencia

Con arreglo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 20111, esta Subsección es competente para conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2023, por el Tribunal Administrativo del Huila.

En consonancia con lo prescrito en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, a través del cual se adoptó el Reglamento Interno del Consejo de Estado, le asiste competencia a esta Subsección para decidir la referida impugnación.

2.- Procedencia del recurso extraordinario

de 2019, a través del cual se adoptó el Reglamento Interno del Consejo de Estado, le asiste competencia a esta Subsección para decidir la referida impugnación.

2.- Procedencia del recurso extraordinario

A la luz de lo s dictados del artículo 248 del CPACA, con apego a los cuales “ El recurso extraordinario de revisión procede contra la s sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso

1 Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencia s ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos conocerán las secciones y subsecciones del consejo de estado según la materia.Radicación: 110010326000202400050 00 (71117)

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Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos” se verifica la viabilidad de conocer del presente a sunto, en tanto la providencia objeto de impugnación corresponde a la sentencia proferida en segunda instancia el 14 de febrero de 2023, por el Tribunal Administrativo del Huila, que revocó la declaratoria de la excepción de culpa exclusiva de la víctima y confirmó las demás determinaciones adoptadas en el fallo del 23 de marzo de 2018 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Neiva, en cuanto se negaron las pretensiones de la demanda.

confirmó las demás determinaciones adoptadas en el fallo del 23 de marzo de 2018 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Neiva, en cuanto se negaron las pretensiones de la demanda.

Sobre la finalidad de este mecanismo extraordinario, la doctrina especializada ha considerado que:

“El recurso extraordinario de revisión cumple una trascedente misión y es la de evitar que se mantenga el imperio de una sentencia que no obstante estar ejecutoriada, es decir, haber hecho tránsito a cosa juzgada formal y por ende susceptible de ser cumplida, dado que se llegó a ella existiendo medios irregulares o ilícitos, es posible cercenar sus efectos, obviamente si se interpone dentro del plazo que el legislador estimó prudencial para hacerlo, para, de ser el caso, proferir otra que la sustituya, enmendara los errores cometidos y restablecer el derecho, no obstante hacer tránsito a cosa juzgada formal que ya operó”2.

Cabe indicar que, el propósito del recurso de revisión no estriba en censurar desde una perspectiva sustancial, la sentencia proferida en el marco de un proceso ordinario, al extremo de derivar en una decisión de tercera instancia . A contrario sensu, su raigambre extraordinaria comporta que su procedencia se sujete a la configuración de las causales taxativas enlistadas en el orden jurídico , cuya ocurrencia, por demás, debe ser ajena a la órbita de acción u omisión de la parte que la alega . Tal ha sido la comprensión dispensada por la ju risprudencia, al sostener3:

Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno

que la alega . Tal ha sido la comprensión dispensada por la ju risprudencia, al sostener3:

Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno de los requisitos para su procedencia, el que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

2 LÓPEZ BLNACO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Tirant Lo Blanch Tercera Edición. Bogotá 2024. Pag.816. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 54.722.Radicación: 110010326000202400050 00 (71117)

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3.- Oportunidad de la interposición del recurso

Al tenor de l artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el plazo para acudir a esta jurisdicción en ejercicio del recurso extraordinario de revisión es de un año contado a partir de la ejecutoria de la sentencia cuestionada4.

Según consta en el aplicativo SAMAI, la sentencia proferida el 14 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de l Huila, fue notificada de manera electrónica el 22

a partir de la ejecutoria de la sentencia cuestionada4.

Según consta en el aplicativo SAMAI, la sentencia proferida el 14 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de l Huila, fue notificada de manera electrónica el 22 de marzo de 2023 5, por lo que , de conformidad con el artículo 302 del CGP en consonancia con la constancia expedida por el Tribunal de origen6, cobró ejecutoria el 29 de marzo de 2023 , de suerte que , al haberse interpuesto el recurso extraordinario el 1 9 de marzo de 2024 7, se concluye que su presentación fue oportuna.

4.- Causal de revisión establecida en el numeral 5) del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

La causal quinta del artículo 250 del C.P.A.C.A. consiste en “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

De acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado 8, la configuración de esta causal exige dos elementos: (i) que la nulidad haya sido ori ginada en la sentencia recurrida y sea de tal magnitud que, de no haber existido, se hubiera adoptado una decisión distinta; y (ii) que contra esa decisión no proceda recurso de apelación, es decir, que se trate de fallos de única o de segunda instancia.

4 Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el

siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso (…) (se destaca). 5 Conforme índice 24 del aplicativo SAMAI, en el que se remite el enlace correspondiente al proceso ordinario 2013-00468-01, índice 10. 6 Conforme índice 24 del aplicativo SAMAI, en el que se remite el enlace correspondiente al proceso ordinario 2013-00468-01, índice 11.

7 SAMAI, índice 2. Documento: DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL. 8 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 16. Sentencia del 5 de mayo de 2020. Radicado 11001-03-15-000-2017-02519-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018, Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N°22. Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00.Radicación: 110010326000202400050 00 (71117)

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La aludida causal no permite alegar nulidades procesales que pudieron configurarse durante el trámite del asunto, dado el deber de las partes de ponerlas en conocimiento oportunamente y del juez de advertirlas y sanear el proceso en cada etapa procesal.

Así, el recurso extraordinario de revisión solo permite atacar sentencias contra las cuales no procede recurso alguno y que, por tanto, no pueden ser objeto de control de legalidad en una segunda instancia, adquiriendo fuerza de cosa juzgada. No obstante, esta Corporación ha reconocido que es posible alegar nulidades ocurridas antes del fallo únicamente cuando el demandante demuestre que le fue imposible reclamarlas durante el trámite ordinario9.

Ahora bien, la Ley 1437 de 2011 no establece causales espec íficas de nulidad procesal. Por ello, en aplicación del artículo 208 del C.P.A.C.A., debe acudirse a las causales consagradas en el Código de Procedimiento Civil —hoy Código General del Proceso—. En ese sentido, el artículo 133 del C.G.P. enumera las causa les de nulidad procesal, y esta Corporación ha delimitado cuáles de ellas pueden originarse en la sentencia, de la siguiente manera:

“(…) se deducen como nulidades originadas en la sentencia, de acuerdo con el artículo 133 del Código General del Proceso las siguientes: la del numeral primero: por falta de jurisdicción y competencia; la del numeral segundo: cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un

artículo 133 del Código General del Proceso las siguientes: la del numeral primero: por falta de jurisdicción y competencia; la del numeral segundo: cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia; la del numeral tercero: cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las c