CE - Sentencia 11001032600020240007200 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001032600020240007200 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00072-00 (71342)

Demandante: Yensy Amparo Ojeda Daza

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2024-00072-00 (71342)

Demandante: Yensy Amparo Ojeda Daza Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – son taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 5“ DEL ART˝CULO 250 DEL CPACA – nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso – presupuestos para su configuración.

NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA POR VULNERACIÓN DE L PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – se presenta cuando existe disparidad protuberante entre lo pedido, lo debatido y lo probado. DECLARA INFUNDADO – no se acredita la vulneración del principio de congruencia.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en œnica instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Yensy Amparo Ojeda Daza 2 contra la sentencia proferida el 31 de marzo de

congruencia.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en œnica instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Yensy Amparo Ojeda Daza 2 contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Nariæo, dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado nœm. 52001-33-33-006-2016-00280-01.

I. S˝NTESIS DEL CASO

El 29 de noviembre de 2016, Yensy Amparo Ojeda Daza 3 demandó en reparación directa a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que fuera declarada administrativamente responsable por los perjuicios derivados de la muerte de su compaæero permanente, JosØ Luis Seæa. El 30 de septiem bre de 2020, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto encontró probada la falla en el servicio y declaró la responsabilidad administrativa de la entidad demandada, la cual apeló el fallo. El 31 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariæo revocó la decisión y, en su lugar, negó las sœplicas de la dema nda, al considerar que la muerte ocurrió por la concreción de un riesgo propio del servicio, en el que no se estableció una falla de la demandada.

La parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Nariæo. Afirmó que se materializó la causal

1 Artículos 243, 243A, 249 y 255 del CPACA. Al sub jœdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -27 de mayo de 2024-, las

1 Artículos 243, 243A, 249 y 255 del CPACA. Al sub jœdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -27 de mayo de 2024-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como a las disposiciones del C.G.P, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. 2 En nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad Dana Yulieth Seæa Ojeda y Jhina Yaritza NarvÆez Ojeda. 3 Ibid.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00072-00 (71342)

Demandante: Yensy Amparo Ojeda Daza

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5“ de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPACA), es decir, la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso ”, específicamente, por vulneración al principio de congruencia.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de revisión

La recurrente manifestó que el 20 de enero de 2015, en el corregimiento de Yascual, el patrullero Jorge Luis Seæa, adscrito al Grupo de Reacción del Distrito Especia l de Policía de Tœquerres (Nariæo), fue asesinado por miembros de un grupo armado al margen de la ley, en el marco del denominado “plan pistola”.

Indicó que el 29 de noviembre de 2016, en su condición de compaæ era permanente

margen de la ley, en el marco del denominado “plan pistola”.

Indicó que el 29 de noviembre de 2016, en su condición de compaæ era permanente de la víctima y en representación de sus hijas menores de edad, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que fuera declarada administrativamente responsable por los daæos ocasionados con la muerte de Jorge Luis Seæa.

Refirió que el 30 de septiembre de 2020, el Juzgado Sexto Administrativo Or al del Circuito de Pasto declaró la responsabilidad administrativa por falla del se rvicio, al considerar que el cuerpo policivo no cumplió con los protocolos de seguridad establecidos para operaciones en zonas rurales.

Anotó que el 15 de octubre de 2020, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional apeló la decisión, argumentando que el daæo era atribuible al hech o de un tercero y no a una acción u omisión suya, que no se demostró el incumplimiento de los protocolos de seguridad, y que la entidad reconoció a favor de las víctima s la indemnización y pensión de sobrevivientes por el daæo causado, de manera q ue no procedía una nueva indemnización por los mismos hechos.

Afirmó que el 31 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariæo revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las sœplicas de la dem anda, al estimar que el daæo obedeció a un riesgo propio del servicio y que n o se acreditó la falla o incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de la entidad demandada.

estimar que el daæo obedeció a un riesgo propio del servicio y que n o se acreditó la falla o incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de la entidad demandada.

2. El recurso extraordinario de revisión

El 27 de mayo de 2024, Yensy Amparo Ojeda Daza, en nombre p ropio y en representación de sus hijas menores de edad Dana Yulieth Seæa Ojeda y Jhina Yaritza NarvÆez Ojeda, formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariæo.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00072-00 (71342)

Demandante: Yensy Amparo Ojeda Daza

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Invocó la causal 5“ del artículo 250 del CPACA, es decir, la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación” 4.

En sustento, afirmó que la sentencia recurrida vulneró el principio de congrue ncia, porque el Tribunal adoptó la decisión con fundamento en argumentos que no fueron planteados en el recurso de apelación. En particular, consideró que el ad quem oficiosamente planteó la falta de pruebas para acreditar los protocolos de seguridad y su incumplimiento, con lo cual afectó el derecho fundamental al deb ido proceso de la parte actora, quien no tuvo la oportunidad de controvertir dicho argumento.

En ese sentido, precisó que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, si bien interpuso formalmente el recurso de apelación, no expuso razones de fond o

de la parte actora, quien no tuvo la oportunidad de controvertir dicho argumento.

En ese sentido, precisó que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, si bien interpuso formalmente el recurso de apelación, no expuso razones de fond o que justificaran sus inconformidades, limitÆndose a reiterar los argumentos esgrimidos al contestar la demanda y alegar de conclusión, los cuales habían sido analizados y decididos en la sentencia de primera instancia.

En consecuencia, solicitó “declarar la nulidad ” de la sentencia recurrida y, en su lugar, desestimar la apelación y confirmar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2020 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El 10 de julio de 2024 5 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó notificar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Ministerio Pœblico y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, el Ministerio Pœblico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala abordarÆ los siguientes aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) anÆlisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 6 del CPACA, en

(4) anÆlisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 6 del CPACA, en concordancia con el artículo 13 7 del Acuerdo 080 de 2019 8, modificado por el

4 ˝ndice 2 de SAMAI. 5 ˝ndice 4 de SAMAI. 6 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerÆn las secciones y subsecciones del Consejo de Estado segœn la materia. […]”. 7 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las seccione s. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribu irÆn entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de traba jo, así: […] Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revi sión contra las sentencias [...] proferidas por los tribunales ad ministrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00072-00 (71342)

Demandante: Yensy Amparo Ojeda Daza

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artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024 9, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Nariæo.

Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Nariæo.

1.2. De acuerdo con el artículo 24810 del CPACA, en el caso bajo estudio el recurso extraordinario de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión de una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariæo que se encuentra ejecutoriada.

1.3. De conformidad con el artículo 251 11 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión se formuló dentro del tØrmino legal, toda vez que: (i) el 30 de mayo de 2023 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 3.11.) y (ii) el 27 de mayo de 2024 la recurrente interpuso el recurso extraordinario de revisión, es decir, dentro del aæo siguiente a la ejecutoria del fallo.

1.4. Yensy Amparo Ojeda Daza se encuentra legitimada en la causa para interponer el recurso extraordinario de revisión, en nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad Dana Yulieth Seæa Ojeda y Jhina Yaritza NarvÆe z Ojeda, pues en esta misma calidad fungió como parte actora en la demanda de reparación directa resuelta el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nari æo (hecho probado 3.2.).

2. Problema jurídico

De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión, corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida en el numeral 5” del artículo 250 del CPACA, es decir, si existe nulidad originada en

De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión, corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida en el numeral 5” del artículo 250 del CPACA, es decir, si existe nulidad originada en la sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Nariæo, por vulneración al principio de congruencia.

3. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se en cuentran acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:

3.1. El 20 de enero de 2015, el patrullero Jorge Luis Seæa, adscrito al Grup o de Reacción del Distrito Especial de Policía de Tœquerres (Nariæo), fue asesinado po r

9 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 10 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”. 11 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrÆ interponerse dentro del aæo siguiente a la

ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el tØrmino para formul ar el recurso extraordinario de revisión es de un aæo, contado a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, los recurrentes contaban con un 1 aæo, una vez en firme la providencia objeto de censura.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00072-00 (71342)

Demandante: Yensy Amparo Ojeda Daza

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“subversivos” de la región en el corregimiento de Yascual, en actos especiales de servicio12.

3.2. El 29 de noviembre de 2016, Yensy Amparo Ojeda Daza, en nombre propio y en representación sus hijas menores de edad Dana Yulieth Seæa Ojed a y Jhina Yaritza NarvÆez Ojeda, en ejercicio del medio de control de reparación directa presentó la demanda radicada con el nœm. 52001-33-33-006-2016-00280-01, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se le declarara administrativamente responsable por los daæos ocasionados con la muerte de s u compaæero permanente 13 Jorge Luis Seæa 14, en su sentir, atribuible a una falla de la entidad policial que no asignó personal suficiente para materializar la orden de servicio en la que resultó abatido por insurgentes el mencionado patrullero policial, como consecuencia del “plan pistola”.

la entidad policial que no asignó personal suficiente para materializar la orden de servicio en la que resultó abatido por insurgentes el mencionado patrullero policial, como consecuencia del “plan pistola”.

3.3. El 22 de junio de 2017, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó la demanda de reparación directa, propuso las excepciones de “hecho de un tercero” y “ausencia de responsabilidad” e indicó como razones de defensa “riesgos inherentes a la actividad militar” . Argumentó, entre otras consideraciones, que no se probó la falla del servicio ni el nexo causalidad entre el daæ o y una acción u omisión del Estado. Asimismo, indicó que la actividad policial era peligrosa, por naturaleza15.

3.4. El 7 de noviembre de 2018, la demandante se opuso a las excep ciones presentadas por la entidad demandada16.

3.5. El 11 de diciembre de 2018, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuit o de Pasto, en la audiencia inicial, indicó que el objeto del litigio era determina r si la parte demandada era patrimonialmente responsable por los perjuicios caus ados a la demandante, con ocasión de la muerte de Jorge Luis Seæa, y res olver sobre las excepciones propuestas y las que se encontraran probadas de oficio17.

3.6. El 11 de diciembre de 2019, la parte demandada presentó alegatos de conclusión. Expuso, entre otras consideraciones, que la actividad policial era altamente peligrosa, por lo que la muerte en servicio, sin acreditar la falla en e l servicio, no generaba responsabilidad18.

conclusión. Expuso, entre otras consideraciones, que la actividad policial era altamente peligrosa, por lo que la muerte en servicio, sin acreditar la falla en e l servicio, no generaba responsabilidad18.

12 Conforme al registro civil de defunción, el informe pericial de necropsia y los informes oficiales rendidos por la Policía Nacional. ˝ndice 19 de SAMAI, documento con cert ificado nœm. 42022AFF18C07E871D080E3605C8C1CFCC5F7CF8D27D6CA7688656B86914D39F. PÆg s. 42 a 81. 13 Conforme a la sentencia de 22 de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Pasto que declaró la unión marital de hecho entre Yen sy Amparo Ojeda Daza y Jorge Luis Seæa. ˝ndice 19 de SAMAI, documento con certificado nœm. 42022AFF18C07E871 D080E3605C8C1CFCC5F7CF8D27D6CA7 688656B86914D39F. PÆgs. 116 a 123. 14 Demanda consignada en el índice 19 de SAMAI, docume nto con certificado nœm. 42022AFF18C07E871D080E3605C8C1CFCC5F7CF8D27D6CA7 688656B86914D39F. PÆg s. 2 a 35. 15 Contestación de la demanda presentada por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. ˝ndice 19 de SAMAI, documento con certificado nœm.

15 Contestación de la demanda presentada por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. ˝ndice 19 de SAMAI, documento con certificado nœm. 42022AFF18C07E871D080E3605C8C1CFCC5F7CF8D27D6CA7688656B86914D39F. PÆg s. 149 a 159. 16 Escrito presentado por el extremo activo durante el traslado de las excepciones formuladas en la contestación de la demanda. ˝ndice 19 de SAMAI, documento con certif icado nœm. 42022AFF18C07E871D080E3605C8C1CFCC5F7CF8D27D6CA7 688656B86914D39F. PÆg s. 190 y 191. 17 Audiencia inicial. ˝ndice 19 de SAMAI, documento con certificado nœm. 42022AFF18C07E871D080E3605C8C1CFCC5F7CF8D27D6CA7 688656B86914D39F. PÆg s. 200 y 201. 18 Alegatos de conclusión presentados por la parte demandada. ˝ndice 19 de SAMAI, documento con certificado nœm. 42022AFF18C07E871D080E3605C8C1CFCC5F7CF8D27D6CA7 688656B86914D39F. PÆgs. 266 a 272.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00072-00 (71342)

Demandante: Yensy Amparo Ojeda Daza

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3.7. El 30 de septiembre de 2020, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto declaró no probadas las excepciones formuladas por la parte demandada

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3.7. El 30 de septiembre de 2020, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto declaró no probadas las excepciones formuladas por la parte demandada y declaró su responsabilidad administrativa por falla del servicio, configurada en el incumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para operaciones en zonas rurales19.

3.8. El 15 de octubre de 2020, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional apeló la decisión. Indicó como “razones de la defensa por los cuales no se debe condenar a mi defendida”, el “hecho de un tercero”, la “ausencia de responsabilidad” y “los riesgos inherentes a la actividad policial” y explicó que no se acreditó la falla del servicio ni el nexo causal entre el daæo y la acción u omisión del Estado 20.

3.9. El 11 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Nariæo admitió el recurso de apelación y, conforme a lo dispuesto por el artículo 24721 del CPACA, modificado por el Art. 67 de la Ley 2080 de 2021, en atención a que no fue necesario decretar pruebas en segunda instancia, las partes contaron con la oportunidad d e pronunciarse hasta la ejecutoria del auto admisorio 22. Sin embargo, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

3.10. El 31 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariæo revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demand a, porque consideró que el daæo tuvo lugar bajo la concreción de un riesgo propio d el servicio,

de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demand a, porque consideró que el daæo tuvo lugar bajo la concreción de un riesgo propio d el servicio, frente al que no se acreditó falla alguna. Así, argumentó que no se probó la falla del servicio, toda vez que no se aportaron pruebas suficientes que demostraran el incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de la entidad demandada. En este sentido, refirió no acreditado el nexo causal entre el daæo y u na posible actuación fallida de la administración. Frente a la actividad probatoria coligió que les correspondía a las partes, y no al juez, asumir la carga de acreditar los supue stos de hecho de las normas cuyas consecuencias jurídicas solicitaban que fueran aplicadas23.

3.11. El 30 de mayo de 2023 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariæo 24.

19 Sentencia de primera instancia. ˝ndice 19 de SAMAI, docum ento con certificado nœm. 9D60A959A33E55E393CEE667378996F1A8F9604DF634E4FDD1D2ADF09DBECCBD. 20 Recurso de apelación. ˝ndice 19 de SAMAI, documento con certificado nœm. E648E12E76E2EF887AF7C120556F3B0A 4DCFCBB700E0072BA76E8661EBA26EEF. 21 “Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sente ncias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […].

21 “Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sente ncias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […].

4. Desde la notificación del auto que concede la apelaci ón y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrÆn pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demÆs intervinientes.

5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizarÆ la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederÆ un tØrmino de diez (10) días. En caso contrario, no habrÆ lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasarÆ el expediente al despach o para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”. 22 Auto que admite el recurso de apelación. ˝ndice 19 de SAMAI, documento con certificado nœm.

42022AFF18C07E87 1D080E3605C8C1CF CC5F7CF8D27D6CA7 688656B86914D39F. 23 Sentencia de segunda instancia. ˝ndice 19 de SAMAI, documento con certificado nœm. E1CB4A5DB2613C6A 619FEBA826AE6256 4666CA03DCEFF3D1 B8478F8DD4885508 24 ˝ndice 2 de SAMAI. PÆg. 73.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00072-00 (71342)

Demandante: Yensy Amparo Ojeda Daza

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Demandante: Yensy Amparo Ojeda Daza

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4. AnÆlisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria

La Sala anticipa que declararÆ infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por Yensy Amparo Ojeda Daza 25 contra la sentencia dictada el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariæo, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, al no enco ntrar acreditada la vulneración del principio de congruencia, por las razones que pasan a exponerse:

4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen trÆnsito a cosa juzgad a. Por tal motivo, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.

Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene com o finalidad corregir errores in judicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hech os nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido d e justicia que de ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hech os nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido d e justicia que de ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa juzgada, su carÆcter es no solo extraordinario, sino tambiØn restrictivo, ya que solo procede en los eventos y por las causales expresamente seæaladas en la ley, sin posibilidad de invocar otras distintas.

Esta taxatividad resulta justificada, pues la revisión extraordinaria es un mecanismo excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizan do que su utilización responda œnicamente a los supuestos contemplados por la norma y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “ las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”26.

De igual modo, la revisión extraordinaria no estÆ concebida como un mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial que ya ha sido resuelto conforme a derecho.

4.2. En la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA dispone la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo

4.2. En la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA dispone la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo

25 En nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad Dana Yulieth Seæa Ojeda y Jhina Yaritza NarvÆez Ojeda. 26 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00072-00 (71342)

Demandante: Yensy Amparo Ojeda Daza

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Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.

A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del CPACA y, en lo que ataæe a providencias que impongan al tesoro pœblico o a fondos de naturaleza pœblica la obligación de cubrir sumas periódicas de dine ro o pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carÆcter restrictivo y formalista de este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invoca da y una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su con figuración. Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derech o de

Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derech o de contradicción y restringir el anÆlisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el debate probatorio o jurídico en tØrminos amplios, sino un mecanismo e xcepcional y limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.

4.3. En el presente caso, la recurrente fundamenta su solicitud de revisión extraordinaria en la causal prevista en el numeral 5” del artículo 250 del CPACA, la cual establece como motivo de revisión la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación.

Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia; (ii) que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el recurso de apelación27; y (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión judicial, es decir, que se haya materializado en el momento en que se profirió la providencia y no en una etapa previa del proceso. AdemÆs, la irregularida d debe ser de tal gravedad que configure un defecto insubsanable en la actu ación, de manera que, de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido sustancialmente distinta28.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

manera que, de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido sustancialmente distinta28.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado29 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las que tienen origen en la sentencia, pues mientras las primeras se estructuran en los supuestos taxativos del artículo 133 del Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), las segundas, al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse restrictivamente bajo unos presupuestos fÆcticos específicos que la jurisprudencia

27 En la jurisprudencia de la Corporación no existe unanimidad respecto a estos dos primeros elementos, pues mientras que un sector acepta la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra autos que pongan fin al proceso, la postura mayoritaria se inclina por mantener la procedencia del recurso exclusivamente respecto de sentencias, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del CPACA. Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de marzo de 2025, 11001-03-26-000-2022-00121-00 (68506). 28 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala

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