CE - Sentencia 11001032600020240008000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 11001032600020240008000 (71.418) Demandante: Darly Alexander Andrade Cañón Demandado: Nación – Presidencia de la República y otros Medio de control: Nulidad (art.137 del CPACA) Asunto: Sentencia de única instancia

TEMAS: SIMPLE NULIDAD – decreto reglamentario que desarrolla el contrato de prestación de servicios / POTESTAD REGLAMENTARIA – No se excede cuando se ejerce en el marco que dispone la norma objeto de reglamentación / INTERPRETACIÓN NORMATIVA – Alcance del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 a partir de un análisis sistemático y finalista – no restringe la celebración de contratos de prestación de servicios con personas jurídicas

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad qu e invalide lo actuado, la Sala procede a decidir las pretensiones de nulidad promovidas contra unos apartes del artículo 81 del Decreto 1510 de 2013 y art. 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El 6 de junio de 20241, Darly Alexander Andrade Cañón (en adelante, el actor o el demandante), presentó demanda contra la Nación - Departamento

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El 6 de junio de 20241, Darly Alexander Andrade Cañón (en adelante, el actor o el demandante), presentó demanda contra la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin de que se declare la nulidad de la expresión «o jurídica» incluida en el art. 81 del Decreto 1510 de 2013, y a su vez en el art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente

(se resalta el aparte demandado):

“DECRETO 1510 DE 2013

(julio 17) Diario Oficial No. 48.854 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

(…)

DECRETA: (…) Artículo 81. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.

1 Índice 2 SAMAI.Radicación: 1001032600020240008000 (71.418)

Demandante: Darly Alexander Andrade Cañón

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Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la per sona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la

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Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la per sona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad est atal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos”.

“DECRETO 1082 DE 2015

(mayo 26) Diario Oficial No. 49.523 “por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

(…)

DECRETA: (…) Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto

determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o expe riencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de ap oyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos”.

2. Como causal de nulidad adujo la «infracción de las normas en que deberían fundarse». Sostuvo que la expresión acusada, al permitir que las entidades estatales celebren contratos de prestación de servicios con personas jurídicas, excedió la potestad reglamentaria y vulneró de forma directa el mandato del núm. 3 del art. 32 de la Ley 80 de 1993, que dispone que dichos contratos «sólo podrán celebrarse con personas naturales». Como esa extralimitación se originó en el Decreto 1510 de 2013, y fue reiterada en el Decreto compilatorio 1082 de 2015, ambos actos adolecen del mismo vicio de nulidad.

celebrarse con personas naturales». Como esa extralimitación se originó en el Decreto 1510 de 2013, y fue reiterada en el Decreto compilatorio 1082 de 2015, ambos actos adolecen del mismo vicio de nulidad.

3. Afirmó que el legislador fue excluyente respecto de las personas jurídicas, lo que se corrobora en la sentencia C -132 de 1997 de la Corte Constitucional que declaró inexequible el Decreto-Ley 165 de 1997 y restableció la vi gencia del texto original y restrictivo de la Ley 80 de 1993. Al ser un asunto de puro derecho, la contravención normativa se evidencia del cotejo de tales disposiciones.

Medida cautelar2

2 Índice 2 SAMAI.Radicación: 1001032600020240008000 (71.418)

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4. El actor pidió la suspensión provisional de la expresión acusada. Mediante auto del 2 de septiembre de 2024 se negó la solicitud 3, que fue confirmada en providencia del 19 de mayo de 20254.

Contestación de la demanda.

5. El DNP se opuso a lo pretendido en la demanda 5. Sostuvo que una lectura sistemática e histórica de la normativa contractual –incluidos los estatutos anteriores a la Ley 80 de 1993 y lo dispuesto en sus arts. 6 y 13 – permite concluir que las personas jurídicas siempre han tenido capacidad para celebrar contratos de prestación de servicios con el Estado.

anteriores a la Ley 80 de 1993 y lo dispuesto en sus arts. 6 y 13 – permite concluir que las personas jurídicas siempre han tenido capacidad para celebrar contratos de prestación de servicios con el Estado.

6. Adujo que la restricción del art. 32.3 de la Ley 80 de 1993 es una exigencia especial que aplica sólo a la contratación con personas naturales para evitar la creación de "nóminas paralelas", pero no constituye una prohibición ge neral para contratar personas jurídicas. Se remitió a pronunciamientos de la jurisprudencia 6 y a la Ley 190 de 1995, que ratifican dicha posibilidad.

7. El DAPRE pidió negar la pretensión del actor7. Señaló que la demanda hace una lectura aislada del precepto legal, el cual no consagra una prohibición absoluta sino una condición que no excluye a las personas jurídicas. Afirmó que el Gobierno nacional no excedió su potestad reglamentaria, pues sólo desarrolló el mandato legal; invocó providencias del Consejo de Estado respecto a la posibilidad de celebrar estos contratos con personas jurídicas.

8. Propuso la excepción previa de "indebida representación de la Nación" , en tanto los arts. 115 de la Constitución Política y 159 del CPACA prevén que la defensa de los actos del Gobierno corresponde al ministerio o al departamento administrativo que suscribió el acto –en este caso el DNP –; la intervención del DAPRE se limita a los actos firmados exclusivamente por el Presidente de la República o por el director de dicho departamento8.

Trámite procesal

9. Mediante auto del 10 de junio de 20259, se prescindió de la audiencia inicial

DAPRE se limita a los actos firmados exclusivamente por el Presidente de la República o por el director de dicho departamento8.

Trámite procesal

9. Mediante auto del 10 de junio de 20259, se prescindió de la audiencia inicial para dictar sentencia anticipada, se fijó el litigio e incorporó las pruebas documentales10; luego, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

3 Índice 29 SAMAI. Dicha decisión señaló que del cotejo preliminar entre las normas demandadas no se halló una contradicción que justificara la suspensión solicitada. Indicó que el contrato de prestación de servicios es el género, mientras que los contratos de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y artísticos son especies, respecto de las cuales no se previó una prohibición general para su celebración con personas jurídicas. 4 Índice 77 SAMAI. Tal providencia indicó que de un análisis histórico y s istemático de la Ley 80 de 1993 no se desprende una prohibición para contratar con personas jurídicas, sino un condicionamiento específico para hacerlo con personas naturales, y que la posibilidad encuentra asidero en otras disposiciones del mismo estatuto y en la jurisprudencia de esta Corporación. 5 Índice 31 SAMAI. Presentada el 4 de septiembre de 2024. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007, Rad. 24.715, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 7 Índice 55 SAMAI. Presentada el 3 de diciembre de 2024.

24.715, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 7 Índice 55 SAMAI. Presentada el 3 de diciembre de 2024. 8 Índice 65 SAMAI. Mediante auto del 25 de marzo de 2025, se resolvió estarse a lo dispuesto en la providencia del 15 de octubre de 2024 (Índice 46 SAMAI) que había negado un recurso de repos ición contra el auto admisorio fundado en los mismos argumentos (Índice 24 SAMAI). Se precisó que el análisis sobre la legitimación en la causa por pasiva es un asunto de mérito que debe ser dirimido en la sentencia. 9 Índice 82 SAMAI. 10 En auto del 5 de marzo de 2025 el despacho ponente requirió al DAPRE para que allegara los antecedentes de los decretos en cuestión (índice 59 SAMAI). El DAPRE manifestó que no contaba con la totalidad de los documentos y que el DNP era el responsable de entregarlos (ib.). Adjuntó copia de los dos decretos. Respecto del Decreto 1510 entregó: a) memoriaRadicación: 1001032600020240008000 (71.418)

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10. En esta oportunidad, la actora11 reiteró los cargos de la demanda y refutó los argumentos de la defensa. Indicó que las entidades interpretan erradamente el art. 32.3 de la Ley 80 de 1993, pues la condición allí prevista –la imposibilidad de contar con personal de planta – aplica al tipo contractual general, sin que habilite la contratación de personas jurídicas. Resaltó que bajo el principio de legalidad, la

32.3 de la Ley 80 de 1993, pues la condición allí prevista –la imposibilidad de contar con personal de planta – aplica al tipo contractual general, sin que habilite la contratación de personas jurídicas. Resaltó que bajo el principio de legalidad, la norma es taxativa al disponer que dichos contratos «sólo podrán celebrarse con personas naturales». Objetó la jurisprudencia citada por las demandadas, pues la sentencia del año 2007 se basó en una norma derogada por la Ley 1150 de 2007, así que no estaba vigente al expedirse las normas acusadas.

11. El DNP y el DAPRE 12 ratificaron los argumentos de sus contestaciones. El Ministerio Público13, pidió negar las pretensiones. Señaló que el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993 no establece una prohibición general, sino un condicionamiento especial para la contratación con personas naturales; sostuvo que no hay exceso en la potestad reglamentaria, pues los decretos se limitaron a desarrollar la ley en armonía con la capacidad contractual de las personas jurídicas.

II. CONSIDERACIONES

Jurisdicción y competencia.

12. De conformidad con el art. 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, esta jurisdicción conoce, entre otros asuntos, de las controversias originadas en actos sujetos al derecho administrativo.

En el sub-lite se controvierten actos administrativos proferidos por el Gobierno nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria, lo que constata que la litis atañe a esta jurisdicción.

13. Por su parte, el art. 149.1 del CPACA, modificado por el art. 24 de Ley 2080

nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria, lo que constata que la litis atañe a esta jurisdicción.

13. Por su parte, el art. 149.1 del CPACA, modificado por el art. 24 de Ley 2080 de 2 021, prevé que el Consejo de Estado conocerá en única instancia de las demandas de nulidad formuladas contra actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional 14. Dado que el presente asunto versa sobre la nulidad de una expresión contenida en los decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015, actos de carácter general expedidos por el Gobierno nacional, esta Corporación es competente para conocer, en única instancia, la demanda instaurada. A su vez corresponde a la Sala dirimir el asunto, de con formidad con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la sala plena de esta Corporación15.

justificativa, y b) respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto. En relación con el Decreto 1082 aportó: a) remisión del DNP a la secretaría jur ídica de presidencia, b) formato de control de trámite de presidencia, c) solicitud de la secretaria jurídica de presidencia al Ministerio del Interior de certificación de vigencia decretos de su sector, d) respuesta del Ministerio del Interior, e) índice del proyecto de decreto, f) certificaciones del jefe jurídico del DNP sobre vigencias y trámite realizado. Mediante auto del 6 de mayo de 2025 el Despacho advirtió que no se allegó la totalidad de antecedentes y requirió al DNP para el efecto (Índice 70 SA MAI). El DNP respondió el 14 de mayo siguiente, remitiendo memoria justificativa del

mayo de 2025 el Despacho advirtió que no se allegó la totalidad de antecedentes y requirió al DNP para el efecto (Índice 70 SA MAI). El DNP respondió el 14 de mayo siguiente, remitiendo memoria justificativa del Decreto 1510 de 2013 y los antecedentes administrativos que obraban en la entidad, los que coinciden en su totalidad con los remitidos anteriormente (ib.). 11 Índice 94 SAMAI. 12 Índices 95 y 96 SAMAI. 13 Índice 97 SAMAI. 14 O por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden. Siempre y cuando no se trate de actos de certificación o de registro, pues en dicho caso, la competencia recaerá en los tribunales administrativos, de conformidad con la citada disposición. 15 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. (…) Sección Tercera: 1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos qu e versen sobre asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros (…)”Radicación: 1001032600020240008000 (71.418)

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14. Vale precisar que el Decreto 1510 de 2013 fue objeto de compilación a través del Decreto 1082 de 2015 –Decreto Único Reglamentario Sectorial– que se encargó de agrup ar y racionalizar las normas que rigen el sector administrativo de planeación nacional. Este instrumento, en el art. 3.1.1., derogó las disposiciones

de agrup ar y racionalizar las normas que rigen el sector administrativo de planeación nacional. Este instrumento, en el art. 3.1.1., derogó las disposiciones objeto de compilación16, lo “que supone la inexistencia actual del Decreto 1510 de 2013”17. A pesar de tal derogatoria, ello no impide un pronunciamiento judicial sobre la validez de aquella disposición, en tanto el mismo no está condicionado a su vigencia, sino que se remonta a la verificación de sus elementos de origen en contraste con el ordenamiento jurídi co en un examen de legalidad objetiva, como lo ha reiterado esta Corporación18.

Problema jurídico

15. El centro del debate se sitúa en determinar si el contrato de prestación de servicios puede ser suscrito con personas jurídicas. Previo a este análisis, procede definir si la representación judicial de la Nación no le corresponde al DAPRE, quien así lo alegó.

16. Esta Subsección 19 ha precisado la distinción entre la capacidad para comparecer al proceso y la figura de la representación. La primera concierne a la aptitud para fungir como parte del proceso; la segunda, a la facultad que la ley reconoce para que una persona actúe por o tra –en su nombre y representación – de modo que los efectos de los actos del mandatario recaen sobre el sujeto representado.

17. El inciso primero del art. 159 de la Ley 1437 de 2011 dispone que las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones p úblicas y los demás sujetos que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, pueden obrar como demandantes, demandados o intervinientes, a través de sus

entidades públicas, los particulares que cumplen funciones p úblicas y los demás sujetos que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, pueden obrar como demandantes, demandados o intervinientes, a través de sus representantes. A su vez, el art. 80 de la Ley 153 de 1887 dispone que la Nación, los departamentos y los municipios, son personas jurídicas. Comoquiera que la demanda se instauró en contra de la Nación, se trata de un sujeto que tiene capacidad procesal y está llamada a comparecer al proceso para defender la legalidad de un acto administrativo proferido por una autoridad de ese nivel.

18. En punto a su representación en el sub-lite, el art. 115 de la Constitución Política determina que el primer mandatario puede actuar en la calidad de jefe de Estado, jefe de Gobierno o suprema autoridad administrativa. La primera categoría trata sobre aquellas atribuciones relativas a la soberanía y unidad nacional; actúa como jefe de gobierno al ejercer las actividades que corresponden a la fijación de las políticas de dirección del país, para lo cual aplica el programa gubernamental y

16 “ARTÍCULO 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el art. 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Administrativo de Planeación Nacional que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos: (…)”. Sin excluir las normas del Decreto 1510 de 2013. 17 Esta Subsección ya se había referido a tal derogatoria. Ver sentencia del 11 de abril de 2019, Rad. 11001Decreto 1510 de 2013. 17 Esta Subsección ya se había referido a tal derogatoria. Ver sentencia del 11 de abril de 2019, Rad. 1100103-26-000-2014-00135-00 (52055) M.P. María Adriana Marín. 18 Ibidem. Entre otras, de forma más reciente, ver sentencia del 26 de septiembre de 2025, Rad. 11001032600020220013400 (68.563) C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 19 Entre otras, ver recientemente la sentencia del 26 de septiembre de 2025, radicación 11001032600020220013400 (68.563) C.P. José Roberto Sáchica Méndez.Radicación: 1001032600020240008000 (71.418)

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promulga las normas bajo su competencia; mientras que ejerce co mo suprema autoridad administrativa en lo relativo a la gestión y normal funcionamiento de la administración. Así, en lo que atañe al ejercicio de la potestad reglamentaria, el primer mandatario actúa bajo la doble condición de jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.

19. El art. 159 del CPACA establece que, para efectos judiciales, las entidades públicas son representadas por “ la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho ”. De modo que, cuando se trata de un ac to proferido por el Gobierno nacional, “la persona de mayor jerarquía que lo suscribe es, sin duda alguna, el Presidente de la República”20, sin perjuicio de que concurran también el ministro, o director de departamento administrativo, puesto que su

proferido por el Gobierno nacional, “la persona de mayor jerarquía que lo suscribe es, sin duda alguna, el Presidente de la República”20, sin perjuicio de que concurran también el ministro, o director de departamento administrativo, puesto que su participación en la expedición del acto es imperiosa a efectos de que tenga valor, por lo que su vinculación es mandatoria21. Lo anterior, tiene base constitucional en el art. 115 superior, que dispone que el “Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos”.

20. Así que, en las demandas que se promuevan contra actos administrativos expedidos por el Gobierno Nacional, fungen como representantes de la Nación el Presidente de la República y los ministros del ramo o los directores de departamentos administrativos que suscribieron el acto enjuiciado22.

21. Los artículos 1 y 3 del Decreto 672 de 2017 prevén que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repú blica –bajo la denominación “Presidencia de la República ”– debe asistir al primer mandatario en su calidad de jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. En específico, le corresponde “[a]sesorar al Presidente de la Repúbli ca en el estudio de la constitucionalidad, legalidad y conveniencia de los distintos proyectos de ley, decretos y actos administrativos de competencia del primer mandatario”.

22. Aquel departamento está integrado por varias dependencias, entre ellas, la secretaría jurídica, quien tiene a su cargo “[r]epresentar judicial y extrajudicialmente a la Presidencia de la República en los procesos en que sea parte por delegación

22. Aquel departamento está integrado por varias dependencias, entre ellas, la secretaría jurídica, quien tiene a su cargo “[r]epresentar judicial y extrajudicialmente a la Presidencia de la República en los procesos en que sea parte por delegación del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ...” –núm. 8 y 12 del art. 27 del Decreto 672 de 2017–. Igualmente, mediante el Decreto 245 de 2019, el primer mandatario delegó en el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República “ la facultad de notificarse, representar y conferir poderes en nombre del Pres idente de la Rep ública, en todas las actuaciones prejudiciales, las conciliaciones extrajudiciales y los procesos judiciales que le sean

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 21 de julio de 2021, radicación 11001-03-24-000-2016-00019-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. 21 Conforme al art. 115 de la Carta Política, para que los actos del presidente de la Re pública tengan fuerza y valor es necesario que sean suscritos también por el ministro o director del departamento pertinente, excepto en los eventos de nombramientos y remoción de funcionarios en los aludidos cargos o respecto de los actos dictados por aqu el como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. Tal exigencia que enlaza las voluntades del primer mandatario con el ministro o director correspondiente deviene de la expresa determinación del referido artículo, que indica que “[e]l Gobierno Nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos”.

voluntades del primer mandatario con el ministro o director correspondiente deviene de la expresa determinación del referido artículo, que indica que “[e]l Gobierno Nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos”. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 9 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-24-000-2020-00378-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.Radicación: 1001032600020240008000 (71.418)

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notificados, en los que se constituya en parte y en general en todas las actuaciones que se surtan ante la Rama Judici al y ante la Jurisdicci ón Especial para la Paz – JEP”.

23. Por consiguiente, en este proceso se ha cumplido con la debida representación de la Nación, pues la vinculación procesal del DAPRE y del DNP garantiza la debida conformación del contradictorio, en tanto el Presidente de la República y el Director del Departamento Administrativo de Planeación suscribieron los actos enjuiciados, con la precisión de que la representación de aquél está atribuida al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.

Contrato de prestación de servicios

24. Para el desenvolvimiento de la censura, la Sala inicia por señalar que la tipología asociada al contrato de prestación de servicios no es asunto exclusivo o propio de la contratación estatal.

25. El antecedente remoto de este contrato se sitúa en el derecho romano, a través de la denominada locatio conductio (arrendamiento), figura en la que tenían

propio de la contratación estatal.

25. El antecedente remoto de este contrato se sitúa en el derecho romano, a través de la denominada locatio conductio (arrendamiento), figura en la que tenían cabida relaciones jurídicas de diversa índole 23 como lo fue el arrendamiento de servicios o locatio conductio operarum, y el arrendamiento de obra o locatio conductio operis . A pesar de la identidad que cada una de estas expresiones negociales fue adquiriendo con el tiempo, su proyección en los ordenamientos jurídicos de tradición romano - germánica conservó sus principales rasgos, incluidos en el Código Civil Colombiano, art. 197324.

26. Bajo la esfera asociada a los servicios sobresale la diversidad de actividades que este negocio jurídico puede abarcar, incluida la categoría de servicios inmateriales, en los que predomina la inteligencia sobre la obra de mano (art. 2063 y ss. del C.C.); otras disposiciones prevén que cuando se incluye el desarrollo periódico de las prestaciones, el servicio adopta la moldura de los contratos de suministro25 –por mencionar solo algunos referentes legales–.

27. El Estado ha acudido a aquel tipo de prestación en variados frentes 26. De manera que este negocio jurídico se presenta como herramienta apta para el funcionamiento de las entidades estatales y como fórmula de apoyo a la gestión

23 Más allá de las distinciones entre la tesis unitaria y la tesis tripartita de la locatio condcutio, lo cierto es que en los textos romanistas se conocen tres modalidades de este negocio jurídico: a) locatio condcutio rei: en la

23 Más allá de las distinciones entre la tesis unitaria y la tesis tripartita de la locatio condcutio, lo cierto es que en los textos romanistas se conocen tres modalidades de este negocio jurídico: a) locatio condcutio rei: en la que el locator entrega una cosa al conductor para su uso y disfrute, con la obligación de restituirla al vencimiento del contrato; b) locatio condcutio operarum conforme al cual se entregaba el servicio del propio locator y el conductor pagaba por ellos; c) locatio condcutio opoeris, en la que el locator entrega una cosa al conductor para que éste realiza algo con ella, y lo debido, era el resultado de tal labor. En este sentido ver GUZMAN BRITO, Derecho Privado Romano p. 154 y ss. KASER, Derecho Romano, p. 197 y ss. Tomado de SERVERIN FUSTER, Gonzalo Francisco, “Los contratos de servicio”, Universidad Autónoma de Madrid, 2014. En: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/660666/severin_fuster_gonzalo_francisco.pdf?sequence=1 24 “ARTÍCULO 1973. <DEFINICION DE ARRENDAMIENTO>. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”. 25 ARTÍCULO 968. <CONTRATO DE SUMINISTRO DEFINICIÓN>. El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprest ación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”.

parte se obliga, a cambio de una contraprest ación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”. 26 En las normas de contratación estatal se han previsto otros instrumentos negociales que, con fundamento en la noción de prestación de servicios, desarrollan este género negocial. V. gr. servicios postales, servicios de transporte marítimos, servicios de salud, como se observa en las leyes especiales para estos casos, entre otros en el Decreto Ley 019 de 2012.Radicación: 1001032600020240008000 (71.418)

Demandante: Darly Alexander Andrade Cañón

Demandado: Nación – DAP