CE - Sentencia 11001032600020240010900 de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)

Recurrentes: Franceneth Bermúdez Salcedo y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701) Recurrentes: FRANCENETH BERMÚDEZ SALCEDO Y OTROS Asunto: Causal 1ª del artículo 250 del CPACA ─Documento

Recobrado─

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión formulado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso de reparación directa No. 76001-33-33-004-2014-00458-01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora presentó demanda de reparación directa contra el municipio de Santiago de Cali1 y las Empresas Municipales de Cali (EMCALI E.I.C.E. – E.S.P.), solicitando el pago de los perjuicios derivados de las lesiones sufridas por la señora Franceneth Bermúdez Salcedo al caer en una alcantarilla . El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cali accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda

solicitando el pago de los perjuicios derivados de las lesiones sufridas por la señora Franceneth Bermúdez Salcedo al caer en una alcantarilla . El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cali accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y reconoció una indemnización de perjui cios, decisión que fue confirmada el diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Los recurrentes alegan que en dicha sentencia se materializó la causal de revisión prevista en el numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es,“[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el

1 La Ley 1933 de 2018 categorizó al Municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)

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recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria ”, como consecuencia de la aparición de un nuevo dictamen pericial que demuestra que la pérdida de la capacidad laboral que sufrió la señora Bermúdez Salcedo fue mayor a la que se consideró en el fallo acusado.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa No. 76001-3333-004-2014-00458-01.

1.1. El diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014), los señores Franceneth

1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa No. 76001-3333-004-2014-00458-01.

1.1. El diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014), los señores Franceneth Bermúdez Salcedo , Rodolfo Riaño Jiménez, Karen Riaño Bermúdez , Fabiola Salcedo de Bermúdez y Carlos Héctor Bermúdez Salcedo, a través de apoderad o judicial, formularon demanda de reparación directa en contra del municipio de Santiago de Cali y las Empresas Municipales de Cali (EMCALI E.I.C.E. – E.S.P.), solicitando qu e fueran declaradas administrativamente responsables por las lesiones que sufrió la primera de ellas al caer en una alcantarilla2.

Como sustento de su demanda, indicaron que el seis (6) de abril de dos mil catorce (2014) la señora Franceneth Bermúdez Salcedo se desplazaba sobre la carrera 1° con calle 62 de la ciudad de Cali cuando pisó una rejilla de alcantarillado que se encontraba en mal estado, lo que ocasionó que cayera en su interior y quedara atascada su pierna derecha; una vez recibida la atención m édica correspondiente, le fueron diagnosticados trauma craneal y esguince de tobillo grado II.

Según adujo la parte actora , el acci dente generó secuelas permanentes en la capacidad de movilidad de la señora Bermúdez Salcedo, las cuales han afectado sustancialmente su calidad de vida y le han impedido desarrollar con normalidad su actividad laboral3.

1.2. El seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017) , el Juzgado Cuarto

sustancialmente su calidad de vida y le han impedido desarrollar con normalidad su actividad laboral3.

1.2. El seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017) , el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cali declaró la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Santiago de Cali, al considerar que el encargado del mantenimiento del alcantarillado de esa ciudad es EMCALI E.I.C.E. – E.S.P., y

2 Folio 126 del PDF denominado “ 001Contrato 104 DE 2020 ”, ubicado en la carpeta “ Cuaderno Principal” del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Cali, expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00. 3 Demanda disponible a folios 110 a 126 del archivo antes citado.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)

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condenó a e sa empresa al pago de la indemnización correspondiente por los perjuicios morales y patrimoniales causados a la afectada; además, condenó a las llamadas en garantía (La Previsora S.A . Compañía de Seguros y Allianz Seguros S.A.), a reembolsar a EMCALI E.I.C.E. – E.S.P la suma impuesta, hasta el límite del valor asegurado4.

Como sustento de su decisión, el juzgado consideró que estaba demostrado tanto el daño como la responsabilidad de EMCALI en su producción, al ser la encargada del mantenimiento de las redes de alcantarillado de la ciudad y estar probado el mal

Como sustento de su decisión, el juzgado consideró que estaba demostrado tanto el daño como la responsabilidad de EMCALI en su producción, al ser la encargada del mantenimiento de las redes de alcantarillado de la ciudad y estar probado el mal estado de la alcantarilla ubicada en la carrera 1° con calle 62.

Para la liquidación de perjuicios, el a quo tomó como fundamento la calificación efectuada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca en julio de dos mil dieciséis (2016), que obraba como prueba en el proceso, en la que se certificó que la señora Bermúdez Salcedo presentaba una pérdida de capacidad laboral del 18.37%. En consecuencia, reconoció los perjuicios de conformidad con esa estimación y de acuerdo con los baremos fijados en la sentencia de unificación de veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), expediente 311725.

1.3. Inconformes con esta decisión, tanto la parte actora como la empresa demandada y las llamadas en garantía presentaron recursos de apelación.

Así, la parte actora cuestionó el monto reconocido por indemnización de perjuicios, bajo el argumento de que la señora Bermúdez Salcedo no había podido recuperarse totalmente y seguía recibiendo incapacidades médicas, lo cual le habría impedido retomar sus actividades productivas. Por consiguiente , solicitó al Tribunal que ordenara la práctica de una nueva prueba para establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la víctima directa , el cual habría variado desde que fue calificada en julio de dos mil dieciséis (2016)6.

ordenara la práctica de una nueva prueba para establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la víctima directa , el cual habría variado desde que fue calificada en julio de dos mil dieciséis (2016)6.

4 Esta última decisión se fundó en la existencia de un contrato de seguro válido y vigente al momento de los hechos (folios 1 a 19 del PDF “39_DemandaWeb_Anexos_SENTENCIASAUTENTICAS” del índice 2 de SAMAI). 5 Específicamente se reconocieron los siguientes valores: i) por perjuicios materiales, la suma de $37.230.858; ii) por perjuicios morales, 20 smlmv para la victima directa, su cónyuge, su hija y su madre y 10 smlmv para su hermano; y iii) por concepto de daño a la salud, 20 smlmv para la señora Bermúdez Salcedo . Sentencia disponible en los folios 1 a 19 del PDF “39_DemandaWeb_Anexos_SENTENCIASAUTENTICAS” del índice 2 de SAMAI. 6 Folios 528 a 532 del PDF denominado “001Contrato 104 DE 2020” ubicado en la carpeta “Cuaderno Principal” del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Cali, expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)

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Por su parte, EMCALI E.I.C.E. – E.S.P. sostuvo que estaba acreditad a la culpa exclusiva de la víctima, dado que la señora Bermúdez Salcedo s e desplazaba en

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Por su parte, EMCALI E.I.C.E. – E.S.P. sostuvo que estaba acreditad a la culpa exclusiva de la víctima, dado que la señora Bermúdez Salcedo s e desplazaba en horas de la noche sobre una vía vehicular , no peatonal , poco iluminada y con presencia arbórea, sin que la existencia de irregularidades en el sistema de alcantarillado pudiera ser, por s í sola, fundamento de la declaratoria de responsabilidad7.

En el mismo sentido, la llamada en garantía La Previsora S.A . Compañía de Seguros también alegó la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, así como el hecho de que el dictamen de pérdida de capacidad laboral no consignó que las lesiones fueran definitivas ; además, puso de presente la circunstancia de que, en todo caso, su obligación solo asciende al monto asegurado después del pago de los deducibles8. En similares términos, Allianz Seguros S.A. fundó su oposición a la prosperidad de las pretensiones en la culpa exclusiva de la víctima, en la ausencia de prueba entre el daño y la supuesta omisión de EMCALI E.I.C.E. – E.S.P. y en los límites del contrato de seguro y coaseguro9.

1.4. Mediante sentencia de diecinueve (19) de julio dos mil veintitrés (2023) el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó en su integridad la decisión de primera instancia.

Luego de advertir demostrado el daño y su producción como consecuencia del mal estado de la alcantarilla situada en la ca lle 62 con carrera primera de la ciudad de

primera instancia.

Luego de advertir demostrado el daño y su producción como consecuencia del mal estado de la alcantarilla situada en la ca lle 62 con carrera primera de la ciudad de Cali, el Tribunal precisó que no se había probado el actuar imprudente de la víctima directa, quien simplemente transitaba por las calles de la ciudad.

Además, resaltó que en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez aportado al proceso se consignó que la incapacidad determinada para la señora Bermúdez Salcedo era permanente parcial, concepto que, de acuerdo con el Decreto 1507 de 2017, corresponde a una disminución de carácter definitivo.

Sin embargo, el Tribunal precisó que si bien el porcentaje determinado por la Junta podía aumentar o disminuir “por circunstancias colaterales como nuevos

7 Folios 488 a 506 del PDF antes referenciado. 8 Folios 18 a 27 del PDF denominado “008Contrato 104 DE 2020”, carpeta “no asociado a cuaderno” del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Cali , expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00. 9 Folios 507 a 527 del PDF denominado “001Contrato 104 DE 2020” ubicado en la carpeta “Cuaderno Principal” del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Cali, expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)

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tratamientos, o empeoramiento de las condici ones derivadas de la misma enfermedad”, ello no resulta ba predecible para el juzgad or, razón por la que la liquidación efectuada en primera instancia , sustentada en una prueba válidamente aportada al expediente y sujeta a contradicción entre las partes , debía ser confirmada.

Por lo demás, precisó que las condenas por perjuicios morales y por daño a la salud determinadas en primera instancia respondieron a los parámetros fijados en la sentencia de unificación profe rida por el Consejo de Estado sobre la materia, sin que se evidenci aran circunstancias que amerit aran reconocer un monto mayor , y que la decisión respecto de las llamadas en garantía adoptada por el a quo fue respetuosa de los términos pactados en los contratos de seguros10.

2. El recurso extraordinario de revisión

El diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024), a través de apoderado judicial, los señores Franceneth Bermúdez Salcedo, Rodolfo Riaño Jiménez, Karen Riaño Bermúdez, Fabiola Salcedo de Bermúdez y Carlos Héctor Bermúdez Salcedo formularon recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el diecinueve (19) de j ulio de dos mil veintitrés (2023), alegando la configuración de la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA, esto es, “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podid o

veintitrés (2023), alegando la configuración de la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA, esto es, “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podid o proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”11.

La parte actora refirió que en el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia solicitó que se efectuara una nueva calificación de invalidez a la señora Bermúdez Salcedo y que, posteriormente, aportó como “ prueba sobreviniente” un dictamen que, en cumplimiento de una orden de tutela, expidió Colpensiones en diciembre de dos mil diecisiete ( 2017), en el que se aumentó considerablemente el porcentaje de pérdida de capacidad laboral inicialmente fijado. Pese a ello, el Tribunal decidió confirmar la sentencia de primera instancia, desconociendo el derecho a la reparación integral reconocido en la jurisprudencia

10 PDF denominado “001SETENCIACONFIRMADA” ubicado en la carpeta “Cuaderno Principal” del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Cali , expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00. 11 Índice 2 SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)

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del Consejo de Estado , así como el principio de vinculatoriedad de las decisiones judiciales expedidas por las Altas Cortes y el precedente jurisprudencial12.

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del Consejo de Estado , así como el principio de vinculatoriedad de las decisiones judiciales expedidas por las Altas Cortes y el precedente jurisprudencial12.

Para los recurrentes, ese dictamen c onstituye una “prueba sobreviviente” sobre la condición de la señora Bermúdez Salcedo ⎯pues fue expedido mucho tiempo después de iniciado el trámite ordinario⎯, y resulta decisivo para obtener una decisión más favorable en el proceso de responsabilidad ; además, afirmaron que su “aparición” constitu yó una fuerza mayor o caso fortuito , comoquiera que su práctica obedeció a la orden dictada por un juez de tutela en una fecha en la que ya no era posible aportarlo al plenario.

3. Trámite del recurso y oposición

3.1. Por auto de veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) se admitió el recurso y se dispuso su notificación al Distrito Especial de Santiago de Cali, a las Empresas Municipales de Cali (EMCALI E.I.C.E. - E.S.P.) y al Ministerio Público13.

3.2. Durante el término de traslado se presentaron las siguientes intervenciones:

3.2.1. El Distrito Especial de Santiago de Cali se opuso a la prosperidad de esta herramienta, bajo la consideración de que la prueba alegada no tiene el carácter de recobrada, pues ella sí fue solicitada en el marco del proceso de reparación solo que no fue integrada a la litis por decisión del Tribunal. Además, reprochó que la parte actora no haya impugnado el auto que admitió

carácter de recobrada, pues ella sí fue solicitada en el marco del proceso de reparación solo que no fue integrada a la litis por decisión del Tribunal. Además, reprochó que la parte actora no haya impugnado el auto que admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el que nada se dijo sobre la práctica de la prueba solicitada , y que luego haya intentado incorporarla al plenario en los alegatos de conclusión presentados ante el ad quem14.

3.2.2. Mediante Concepto No. 128 de 2024, el Ministerio Público solicitó que se declare infundado el recurso de revisión de la referencia, ya que la prueba en la que éste se sustenta no tiene el carácter de recobrad a pues su incorporación fue solicitada en el marco del proceso ordinario. En ese sentido, afirmó que lo que pretenden los recurrentes es reabrir el periodo probatorio ,

12 Índice 2 de SAMAI, PDF denominado “_DemandaWeb_Demanda_RECURSOEXTRAORDINARI”. 13 Índice 6 de SAMAI. 14 Índice 18 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)

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en aras de obtener una indemnización mayor a la que fue reconocida por los jueces naturales, lo que escapa al ámbito de esta herramienta judicial15.

3.3. Por auto de doce (12) de marzo de do s mil veinticinco (2025), el Despacho decretó las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales aportadas con el recurso. Igualmente, ordenó la remisión íntegra del expediente de reparación

decretó las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales aportadas con el recurso. Igualmente, ordenó la remisión íntegra del expediente de reparación directa No. 76001-33-33-004-2014-00458-01, el cual fue enviado de manera digital por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cali16.

3.4. Agotadas las etapas correspondientes, el proceso ingresó al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda17.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA 18, en concordancia con lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024 ─Reglamento Interno de la Corporación─19, esta Subsección es competente para resolver el presente recurso extraordinario de revisión.

15 Índice 16 de SAMAI. 16 El auto de pruebas obra a índice 21 de SAMAI. Con el recurso, la parte recurrente aportó copia de los siguientes documentos: i) comunicado emitido por las Altas Cortes el 8 de marzo de 2022; ii) Circular No. 4 de 29 de febrero de 2024 de la ANDJE; iii) sentencias de primera y segunda instancia del trámite ordinario, así como copia del recurso de apelació n y de los alegatos de conclusión presentados en segunda instancia ; iv) acción de tutela N o. 76001-31-05-0015-2017-00530-00 promovida por la parte recurrente en contra de Colpensiones; v) formulario de calificación de pérdida

presentados en segunda instancia ; iv) acción de tutela N o. 76001-31-05-0015-2017-00530-00 promovida por la parte recurrente en contra de Colpensiones; v) formulario de calificación de pérdida de capacidad laboral de la señora Bermúdez Salcedo, elaborado por Colpensiones el 7 de diciembre de 2017; y vi) sentencia de 4 de mayo de 2011 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 76001-23-25-000-1996-02231-01 (19355). El expediente digital del proceso de reparación directa (índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Cali ), fue puesto en conocimiento de las partes sin que efectuaran manifestación alguna (índices 28 y 29 de SAMAI). 17 Índice 30 de SAMAI. 18 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. // De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. (…)”. 19 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIO NES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…) Sección Tercera: 10. El recurso extraordi nario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta

Sección Tercera: 10. El recurso extraordi nario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.”.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)

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2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida el diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso de reparación directa No. 76001-3333-004-2014-00458-01, se encuentra incursa en la causal de revisión contenida en el numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Admini strativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es , “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y con la causal señalada por la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.

3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte

del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordin ario de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídic o20, siempre que se configure alguna de las causales

20 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y

prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)

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taxativamente previstas en la ley21. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las sentenc ias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.

Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia cuya revisión se prec isa, de forma que no puede entenderse como una instancia adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario22.

Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señala do que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente

“[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”23.

De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad jurídica.

4. La causal de revisión contenida en el numeral 1° del artículo 25 0 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo

El numeral 1° del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión la de “[h]aberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no

21 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación 11001 -03-15-0002012-00231-00. 22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,

radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020, radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)

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pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Sobre el alcance de esta causal el Consejo de Estado ha establecido que su procedencia está supeditada a que se logre acreditar24:

a. Que se trata de una prueba documental, lo que, de suyo, excluye otros medios de prueba, “ comoquiera que por tratarse de un recurso extraordinario la interpretación debe hacerse con un criterio restrictivo”25.

b. Que el documento existía al momento de proferirse la sentencia, solo que no se aportó al proceso porque se encontraba extraviada o refundida. Lo anterior, bajo el entendido de que “[e]l verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera”26, de manera que “no resultan admisibles aquellos documentos fechados posteriormente”27.

c. Que la prueba no haya sido aportada al trámite del proceso ordinario por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, lo cual debe ser debidamente acreditado por el interesado. Respecto a los dos primeros eventos, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que “no basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera

debidamente acreditado por el interesado. Respecto a los dos primeros eventos, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que “no basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014, radicación 27001-23-31-000-2002-00927-01 (34504); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2019, radicación 73001 -33-33-004-2013-00105-01 (54488); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de agosto de 2019, radicación 080 0133-31-010-2007-00210-01 (49965); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de octubre de 2020, radicación 68679-33-31-001-2009-00117-01 (57131); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, r adicación 68679 -33-31-0012009-00117-01, (57131); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicación 68001 -33-31-002-2007-00142-01 (51419); Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de dic iembre de 2021, radicación 11001 -03-26-000-201800082-00 (61674); Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 18 de junio de 2025, radicación 11001-03-15-2022-02799-00. 25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2012, radicación 11001-03-26-000-2005-00025-00 (30095). En el mismo sentido consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2022, radicación 11001 -03-26000-2019-00087-00 (64087). 26 Consejo de Estado, Sala Especial