CE - Sentencia 11001032600020240013400 de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)

Recurrentes: Eugenia Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., primero (1) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicación: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)

Recurrentes: Eugenia Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad.

La Sala es competente para proferir esta providencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”1.

SÍNTESIS2

Con fundamento en la causal primera del artículo 250 del CPACA, correspondiente a la prueba recobrada, se formula recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa , con ocasión de la muerte del señor Elkin Darío Hurtado Graciano ocurrida en 1998 por miembros de un grupo al margen de la ley. La Sala declara infundado el recurso porque no se configura la causal invocada.

I. ANTECEDENTES

por miembros de un grupo al margen de la ley. La Sala declara infundado el recurso porque no se configura la causal invocada.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda del proceso de reparación directa

1. Los señores Eugenia Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci formularon demanda el 23 de septiembre de 2019 en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional. En ella solicitaron la indemnización de los perjuicios generados por el homicidio del señor Elkin Darío Hurtado Graciano ocurrido el 25 de marzo de

1998. Luis Arnulfo Tuberquia, alias “Memín”, quien actuaba como comandante de

1 Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia (…). 2Temas: Recurso extraordinario de revisión / prueba recobrada / Se declara infundado el recurso porque no se configuran la causal invocada.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)

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las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC - Bloque Noroccidente de Antioquia, admitió haber cometido el crimen.

B. Sentencias del proceso de reparación directa

2. El proceso de reparación directa fue tramitado bajo el radicado 05001-33-33-0302019-00421-00. En primera instancia su conocimiento correspondió al Juzgado

B. Sentencias del proceso de reparación directa

2. El proceso de reparación directa fue tramitado bajo el radicado 05001-33-33-0302019-00421-00. En primera instancia su conocimiento correspondió al Juzgado Treinta Administrativo Oral del Circuito Medellín, el cual , en sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022, declaró probada la excepción de caducidad.

3. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad confirmó la anterior decisión en providencia del 19 de septiembre de 2023, con fundamento en

las siguientes consideraciones:

3.1. Preliminarmente, advirtió que al caso concreto no le resultaba aplicable la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado, según la cual sí opera la caducidad para casos de delitos de lesa humanidad. Lo anterior, porque los hechos y la demanda fueron presentados con anterioridad a tal providencia.

3.2. Además, señaló que el caso concreto sí estaba sometido al término de caducidad, habida cuenta que no se demostró que la muerte del señor Elkin Darío Hurtado Graciano correspondiera a un crimen de lesa humanidad, puesto que no se acreditaron los elementos exigidos por el Estatuto de Roma (ataque generalizado o sistemático contra población civil); por ende, computó el término desde el 25 de marzo de 1998, porque en tal fecha los demandantes conocieron del homicidio del señor Hurtado Graciano y que fue cometido por miembros de las AUC.

3.3. Agregó que no era procedente computar el término desde 2017, fecha en que según la demanda se conoció al responsable directo del homicidio, habida cuenta

AUC.

3.3. Agregó que no era procedente computar el término desde 2017, fecha en que según la demanda se conoció al responsable directo del homicidio, habida cuenta que desde 1998 era posible imputar la responsabilidad estatal por omisión de protección.

3.4. Precisó que según la demanda de reparación directa los demandantes se vieron obligados a desplazarse en el año 2000; pero, que en el año 2012 se radicó ante el Departamento de Prosperidad Social solicitud de ayuda humanitaria. Por lo que, si se tomaba la fecha de radicación de la solicitud como parámetro del término de caducidad, lo cierto es que el plazo para demandar expiró en 2014.

3.5. Finalmente, el Tribunal concluyó que:

Así las cosas, considerando que la muerte del señor Elkin Darío Hurtado Graciano y posterior desplazamiento de su grupo familiar no se probó que constituya un crimen de lesa humanidad, resulta evidente que la caducidad de la acción debe ser calculada de acuerdo con lo estipulado en el literal "i" del artículo 164 del CPACA, tal como lo determinó el Juez Treinta Administrativa(sic) del Circuito de Medellín en la sentenciaRadicado: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)

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apelada, y aún si se hubiera probado, de conformidad con la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.3

C. Recurso extraordinario de revisión

4. Mediante escrito radicado el 20 de septiembre de 2024 4, la señora Eugenia

del 29 de enero de 2020.3

C. Recurso extraordinario de revisión

4. Mediante escrito radicado el 20 de septiembre de 2024 4, la señora Eugenia Chanci Giraldo y Juan Camilo Hurtado Chanci, en adelante “los recurrentes” , interpusieron recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal primera del artículo 250 del CPACA 5 consistente en haber recobrado documentos con los que se hubiera proferido una decisión diferente. Para el efecto, aportaron

los siguientes documentos:

4.1. Oficio No. 15 de 26 de marzo de 1998 6, suscrito por Rosa Esther Londoño Inspectora Municipal del Municipio de Peque (Antioquia) . En el documento se informa que se practicó el levantamiento del cadáver de Elkin Darío Hurtado Graciano, quien falleció de forma violenta el 25 de marzo de 1998 en la vereda Santa Águeda, Municipio de Peque (Antioquia).

4.2. Comunicación de la Agencia Presidencial para la Acción Social, fechada el 1 de julio de 2010 7, en respuesta a un derecho de petición presentado por la señora Chanci Giraldo. En ella se informó que, tras verificar el Registro Único de Población Desplazada – RUPD, se constató su inclusión desde el 7 de julio de 2008.

4.3. Derecho de petición presentado por la señora Chanci Giraldo el 17 de agosto de 2010 8 ante la Fiscalía Seccional de Dabeiba (Antioquia) en el que solicitó certificación sobre la investigación relacionada con el homicidio de su esposo, Elkin Darío Hurtado Graciano.

de 2010 8 ante la Fiscalía Seccional de Dabeiba (Antioquia) en el que solicitó certificación sobre la investigación relacionada con el homicidio de su esposo, Elkin Darío Hurtado Graciano.

4.4. Oficio No. 0472 de 9 de mayo de 20119, suscrito por el Personero Municipal de Dabeiba (Antioquia), y dirigido a la señora Chanci Giraldo. En el documento se informa que, conforme a la investigación adelantada por la Fiscalía 50 Seccional ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Dabeiba, no ha sido posible establecer que el homicidio de Elkin Darío Hurtado Graciano obedeció a móviles políticos o ideológicos, ni identificar al autor.

4.5. Constancia expedida por la Fiscal 158 Especializada – Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos – DECVDH el 18 de septiembre de 201910, en la cual informó que en tal despacho cursaba investigación con radicado

3 Índice 2 Samai. 9_DemandaWeb_Otros_29SentenciaSdaInstan(.pdf) NroActua 2. Folio 30. 4 Índice 2 Samai. 1_DemandaWeb_Demanda_RECURSODEREVISION1(.pdf) NroActua 2 5 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 6 Índice 2 Samai. 5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2. 7 Índice 2 Samai. 5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2. 8 Índice 2 Samai. 5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2. 9 Índice 2 Samai. 5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2. 10 Índice 2 Samai. 5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)

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197975 por la muerte de Elkin Darío Hurtado Graciano “(…) la cual se encuentra en etapa de instrucción y verificación de información, del esclarecimiento de los hechos (…)”.

4.6. Constancia expedida por la Fiscal 158 Especializada DECVDH el 6 de agosto de 2024 en la cual menciona que “a la fecha” la investigación penal por el homicidio en persona protegida del señor Hurtado Graciano estaba en etapa de instrucción, y que se adelan taba de forma conjunta con otros doscientos veinte (220) hechos

de 2024 en la cual menciona que “a la fecha” la investigación penal por el homicidio en persona protegida del señor Hurtado Graciano estaba en etapa de instrucción, y que se adelan taba de forma conjunta con otros doscientos veinte (220) hechos múltiples11 cometidos por el Bloque Noroccidente Antioqueño de las AUC bajo el mando de alias “Memín”.

5. Los recurrentes argumentan que no les fue posible aportar oportunamente los documentos debido a que “desde 2019, ya iniciado el proceso de reparación directa”, realizaron gestiones reiteradas en diferentes fiscalías sin obtener respuesta útil hasta septie mbre de 2019, cuando la Fiscal 158 Especializada – Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos – DECVDH señaló que la investigación penal se encontraba en etapa de instrucción. En atención a la congestión del despacho y a la acumulación de procesos contra Luis Arnulfo Tuberquia, alias “Memín”, fue imposible que se profiriera sentencia condenatoria, pero sí se expidió certificación que acredita que la muerte del señor Elkin Darío Hurtado Graciano fue un homicidio en persona protegida, que, al haber sido cometido de manera sistemática y generalizada , configura un crimen de lesa humanidad.

6. La parte recurrente sostiene que los documentos “recobrados” demuestran que “solo hasta el 27 de septiembre de 2017 se le dio certeza a la señora Eugenia del inicio del proceso ante la Fiscalía sobre el caso del asesinato de su esposo”. Y , finalmente, reiteran que los documentos demuestran que el hecho dañoso constituye un delito de lesa humanidad, lo que excluye la aplicación del término de caducidad.

finalmente, reiteran que los documentos demuestran que el hecho dañoso constituye un delito de lesa humanidad, lo que excluye la aplicación del término de caducidad.

7. En el mismo sentido, los recurrentes citan diversas providencias del Consejo de Estado12 con el propósito de sustentar la tesis de que, tratándose de hechos que podrían constituir delitos de lesa humanidad, no resulta aplicable la figura de la caducidad de la acción judicial. Estas decisiones fueron invocadas como precedentes relevantes, en t anto reconocen la imprescriptibilidad de las acciones relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos, y respaldan el acceso efectivo a la administración de justicia en contextos que, a su juicio, son similares.

11 Los hechos múltiples a los que hace alusión corresponden a “ homicidio persona protegida, desaparición forzada, deportación, expulsión, traslado población, desplazamiento forzado, amenaza, tortura, secuestro, lesiones personales, actos terrorismo, hurto agravado, daño bienes, incendio, invasión tierras, desplazamiento forzado, despojo bienes urbanos” Folio 15 , í ndice 2 Samai. 5_DemandaWeb_MedidaCautelar_003AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 2. (...) 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1º de febrero de 2024, expediente 1100103-15-000-2023-04795-00, CP Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2018 , expediente 05001-23-33-000-2017-00164-01 (58814) CP Ramiro Pazos Guerrero, y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, expediente 54001-23-31-000-2010-00353-02 (57471), CP Jaime Enrique Rodríguez Navas.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)

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D. Oposición al recurso extraordinario de revisión

8. La Policía Nacional solicita que se declare infundado el recurso. Como argumentos expone que: (i) no se explicó con claridad ni precisión por qué no se presentaron los documentos en el momento procesal oportuno ; la jurisprudencia exige una carga argumentativa y probatoria estricta para demostrar una imposibilidad real y objetiva, lo cual no se evidenció en el presente caso, y (ii) el recurso extraordinario de revisión no constituye una vía para reabrir el debate judicial ni para corregir errores de estrategia procesal ; en este caso se pretende controvertir hechos y decisiones ya juzgadas, sin que se co nfigure alguna de las causales taxativas previstas en la ley13.

9. El Ejército Nacional también solicita que se desestime el recurso porque: (i) los documentos presentados como recobrados no cumplen con los requisitos legales de la causal primera de revisión del artículo 250 del CPACA ; no se acreditó que dichos documentos estuvieran extraviados ni que su ausencia se debiera a fuerza

documentos presentados como recobrados no cumplen con los requisitos legales de la causal primera de revisión del artículo 250 del CPACA ; no se acreditó que dichos documentos estuvieran extraviados ni que su ausencia se debiera a fuerza mayor, caso fortuito o a la conducta de la parte contraria; (ii) los documentos no tienen carácter decisivo, pues no habrían cambiado la decisión final sobre la caducidad, y (iii) el recurso de revisión no puede utilizarse para corregir errores de valoración probatoria ni para reabrir el debate judicial14.

E. Concepto del Ministerio Público

10. El Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, porque los documentos presentados no cumplen los requisitos legales para ser considerados pruebas recobradas. Los recurrentes no demostraron fuerza mayor, caso fortuito ni el carácter decisivo de los documentos, lo que lleva a concluir que el recurso no puede prosperar y que procede la condena en costas15.

II. CONSIDERACIONES

F. Aspectos procesales

11. La sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, y la demanda fue presentada dentro del término de un (1) año previsto en el artículo 251 del CPACA 16. En efecto, la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de 2023 17, y el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 20 de septiembre de 202418.

13 Índice 24 Samai. 14 Índice 25 Samai. 15 Índice 23 Samai.

extraordinario de revisión se interpuso el 20 de septiembre de 202418.

13 Índice 24 Samai. 14 Índice 25 Samai. 15 Índice 23 Samai. 16 ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. (…) 17 Índice 9 Samai del tribunal. La notificación de la sentencia se realizó el 21 de septiembre de 2023 y de conformidad con el artículo 302 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso (en adelante CGP), la sentencia quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de 2023. 18 Índice 2 Samai. 1_DemandaWeb_Demanda_RECURSODEREVISION1(.pdf) NroActua 2.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)

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G. Sentido de la decisión

12. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión porque no se acreditan los presupuestos normativos exigidos para la configuración de la causal primera de revisión invocada: no se demostró que los documentos aportados fueran pruebas recobradas, ni la imposibilidad de aportarlos durante el trámite del proceso de reparación directa, así como tampoco que alterarían el sentido de la decisión.

H. No se acredita la causal primera de revisión prevista en el artículo 250 de l

CPACA.

13. El numeral primero del artículo 250 del CPACA expone como causal de revisión

H. No se acredita la causal primera de revisión prevista en el artículo 250 de l

CPACA.

13. El numeral primero del artículo 250 del CPACA expone como causal de revisión el “haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”. Y sobre esta causal de revisión esta Subsección ha precisado los requisitos que deben cumplirse para su configuración, así:

1. Que se trate de pruebas documentales: Este requisito se incorporó con la Ley 446 de 1998, porque se estableció que la prosperidad de la causal se condiciona a la recuperación de documentos. (…) ii) Que se trate de prueba encontrada o recobrada: La jurisprudencia ha entendido que se trata de un documento preexistente al momento de proferir la sentencia pero que el demandante solo lo obtuvo después de vencido el término de ejecutoria , es decir, para considerar que una prueba es recobrada es necesario tener como referente temporal la sentencia atacada respecto a la cual la prueba debe preexistir, pero el demandante sólo la obtuvo con posterioridad. (…) Como consecuencia, la utilización del término “recobrar” contiene una intención clara, esto es, asegurar que el recurso de revisión no se utilice como mecanismo para subsanar errores cometidos durante la etapa probatoria y evitar que el nuevo proceso de revisión se convierta en una nueva instancia en la que se reabra el debate probatorio.

En desarrollo de lo anterior le corresponde al demandante en revisión acreditar que el documento que sustenta la causal fue recobrado después

probatoria y evitar que el nuevo proceso de revisión se convierta en una nueva instancia en la que se reabra el debate probatorio. En desarrollo de lo anterior le corresponde al demandante en revisión acreditar que el documento que sustenta la causal fue recobrado después de proferida la sentencia impugnada y que no lo pudo aportar por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte, por tanto, se excluyen la culpa, la negligencia o la desidia como justificaciones de procedencia del recurso. Contrario sensu, la prueba que se encontraba en poder del demandante en revisión antes de proferirse la sentencia no cumple con el requisito de ser recobrada pues se limita a que sea recuperada después de proferida la sentencia. iii) El recurrente no la pudo aportar por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte: (…) De lo expuesto se concluye que es carga del demandante acreditar la configuración de alguno de los supuestos pues no existe presunción legal de su acaecimiento ni podría el juez interpretar en su favor la ocurrencia de los mismos, en el escrito del recurso debe obrar justificación clara y convincente de que le fue imposible aportar los documentos en el momento indicado, únicamente por la ocurrencia de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)

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En conclusión, como la ocurrencia de los supuestos anteriores es la única manera de desvirtuar la existencia de culpa o negligencia de la parte actora durante la etapa probatoria –fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte

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En conclusión, como la ocurrencia de los supuestos anteriores es la única manera de desvirtuar la existencia de culpa o negligencia de la parte actora durante la etapa probatoria –fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria-, le corresponde ac reditarlos so pena de que no prospere el recurso de revisión, de lo contrario debe aplicarse el principio nemo propriam turpitudinem allegans potest, esto es, nadie puede alegar su propia culpa o torpeza. iv) Que los documentos sean decisivos para proferir una decisión diferente a la que es objeto de revisión: La prueba recobrada, además, debe poseer la fuerza suficiente para cambiar la convicción del juez, de lo contrario los documentos que aclaren o complementen lo que se intentó probar en el proceso no cumplen la característica para poner en marcha el recurso de revisión, pues se trataría de una extensión del ejercicio probatorio desarrollado en el proceso. En conclusión, sólo si se configuran todos los supuestos analizados puede prosperar el recurso extraordinario de revisión y es posible dictar otra sentencia de fondo; por el contrario, si no se acreditan tales condiciones no es posible infirmar la sentenci a ejecutoriada y habrá que mantener incólumes los principios de inmutabilidad y cosa juzgada (…)19 (negrilla fuera de texto)

14. Precisado lo anterior, la Sala considera que las pruebas allegadas con el recurso extraordinario no cumplen los requisitos para ser tenidas como pruebas recobradas en los términos expuestos.

15. En primer lugar, se advierte que, salvo la constancia expedida por la Fiscal 158

Especializada DECVDH el 6 de agosto de 2024, las pruebas fueron expedidas con

en los términos expuestos.

15. En primer lugar, se advierte que, salvo la constancia expedida por la Fiscal 158

Especializada DECVDH el 6 de agosto de 2024, las pruebas fueron expedidas con anterioridad a la providencia revisada. En efecto, la sentencia objeto de revisión fue proferida el 19 de septiembre de 2023, y las demás pruebas (oficio del 26 de marzo de 1998, comunicación de Acción Social del 1 de julio de 2010, derecho de petición presentado por la recurrente el 17 de agosto de 2010, oficio del 9 de mayo de 2011 suscrito por el Personero Municipal de Dabeiba -Antioquia) son anteriores a la mencionada fecha, por lo que cumplen con el requisito de preexistencia.

16. No obstante, el hecho que una prueba sea preexistente no implica per se que sea catalogada como recobrada en los términos de la causal primera de revisión analizada. Para que una prueba sea considerada como recobrada debe acreditarse que fue recuperada con posterioridad a la sentencia, y que no pudo ser aportada al proceso inicial por fuerza mayor, caso fortuito o intervención de la parte contraria.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado:

Es viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo "recobrar" implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, es indispensable para la prosperidad del recurso, entre otros requisitos, [al] invocarse esta causal, que el recurrente hubiere estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la

perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, es indispensable para la prosperidad del recurso, entre otros requisitos, [al] invocarse esta causal, que el recurrente hubiere estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la

19 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección B, sentencia de 18 de noviembre de 2021, expediente. 44001-33-33-001-2013-00212-01, CP Fredy Ibarra Martínez.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)

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prueba respectiva por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria20.

17. El artículo 250 del CPACA prevé que la imposibilidad de aportar los documentos debe obedecer a fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria ; el artículo 64 del Código Civil, modificado por el artículo 1° de la ley 95 de 1890, define la “fuerza mayor o caso fortuito” como “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

18. En este caso, l a parte recurrente no explicó en qué consistió la imposibilidad absoluta de allegar los documentos que adjuntan al recurso de revisión. Los recurrentes sólo manifestaron que “desde 2019 ya iniciado el proceso de reparación directa” fue que indagaron acerca de la fiscalía a cargo del proceso penal adelantado por la muerte de Elkin Darío Hurtado Graciano, solo obteniendo

recurrentes sólo manifestaron que “desde 2019 ya iniciado el proceso de reparación directa” fue que indagaron acerca de la fiscalía a cargo del proceso penal adelantado por la muerte de Elkin Darío Hurtado Graciano, solo obteniendo respuesta hasta el 18 de septiembre de 2019. El referido argumento no demuestra la dificultad en aportar la prueba al proceso, sino , todo lo contrario , porque la demanda de reparación directa se presentó el 23 de septiembre de 2019.

19. Adicionalmente, los recurrentes no justificaron por qué no pudieron aportar al proceso de reparación directa las demás pruebas, que en su mayoría fueron obtenidas directamente por la recurrente mediante derecho de petición. Sobre el particular, se reitera que la procedencia del recurso extraordinario de revisión es excepcional en la medida que busca afectar el principio de cosa juzgada, sin que pueda servir para remediar deficiencias probatorias de las partes.

20. Por otro lado, la Sala considera que las pruebas aportadas no tendrían la entidad suficiente para modificar el sentido de la decisión revisada. Las pruebas fueron aportadas con el propósito de acreditar que el homicidio del señor Elkin Darío Hurtado Gracia no se enmarcó en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, lo que excluiría la aplicación del término de caducidad; sin embargo, las pruebas, en gran parte, se limitan a constatar el estado de la investigación penal. Adicionalmente, lo cierto es que la sentencia objeto de revisión señaló que, si se tuviera por demostrado que el hecho fue un delito de lesa humanidad, de igual manera estaría caducado el medio de control21.

investigación penal. Adicionalmente, lo cierto es que la sentencia objeto de revisión señaló que, si se tuviera por demostrado que el hecho fue un delito de lesa humanidad, de igual manera estaría caducado el medio de control21.

21. Finalmente, respecto a las sentencias citadas por los recurrentes, se advierte que no resultan aplicables al presente caso, toda vez que corresponden a decisiones adoptadas en procesos ordinarios, en los que se valoraron aspectos sustanciales del fondo del asunto, particularmente sobre la caducidad del medio de control.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2012, expediente 32086 CP Mauricio Fajardo Gómez. 21 Así las cosas, considerando que la muerte del señor Elkin Darío Hurtado Graciano y posterior desplazamiento de su grupo familiar no se probó que constituya un crimen de lesa humanidad, resulta evidente que la caducidad de la acción debe ser calculada de ac uerdo con lo estipulado en el literal "i" del artículo 164 del CPACA, tal como lo determinó el Juez Treinta Administrativa del Circuito de Medellín en la sentencia apelada, y aún si se hubiera probado, de conformidad con la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Folio 30.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00134-00 (71870)

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22. En este caso, el recurso extraordinario de revisión no tiene como finalidad reabrir el debate ya resuelto sobre la caducidad, sino establecer si se configura la primera causal prevista en el artículo 250 del CPACA. En esa línea, los recurrentes intentan

22. En este caso, el recurso extraordinario de revisión no tiene como finalidad reabrir el debate ya resuelto sobre la caducidad, sino establecer si se configura la primera causal prevista en el artículo 250 del CPACA. En esa línea, los recurrentes intentan demostrar, mediante las providencias citadas, que una eventual decisión favorable sería posible. No obstante, este tipo de argumentación resulta irrelevante dentro del marco del recurso extraordinario de revisión.

I. Costas

24. Teniendo en cuenta que el recurso presentado no prosperó, la parte recurrente debe ser condenada en costas en virtud del artículo 255 del CPACA22 las cuales se liquidarán de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2023 por el Tribunal

Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad.

SEGUNDO: Condénese en cos