CE - Sentencia 11001032600020240013900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001032600020240013900 (71945) Demandante: Marcos Fortunato Mora Paz y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación

Proceso: Recurso Extraordinario de Revisión

CAUSAL QUINTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Principio de congruencia / No se afectó en el caso concreto por cuanto el ad quem ajustó su decisión al precedente jurisprudencial aplicable / Falta de motivación de la sentencia – no se configuró.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Marcos Fortunato Mora Paz y otros, contra la sentencia del 28 de julio de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión, que dispuso:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 4 de mayo de 2018, por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto, la cual quedará así:

“PRIMERO. - DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, FALTA DE OBJETO PARA

DEMANDAR E INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR AUSENCIA DE

“PRIMERO. - DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, FALTA DE OBJETO PARA DEMANDAR E INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR AUSENCIA DE HECHO O ACTUACIÓN DAÑOSA propuestas por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la de FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA, propuesta por la Nación – Fiscalía General de la Nación.

SEGUNDO.- DECLARAR extracontractualmente responsable a la NACIÓNRAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por la privación injusta de la que fue objeto el señor MARCOS FORTUNATO VENANCIO MORA PAZ de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar en partes iguales, las siguientes sumas y conceptos:Radicación: 11001032600020240013900 (71945)

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Perjuicios morales

Demandante Calidad acreditada Monto a reconocer Marcos Fortunato Venancio Mora Paz Víctima directa 17,98 smlmv Nubia Zoraida Eraso Enríquez Compañera 8,99 smlmv

acreditada Monto a reconocer Marcos Fortunato Venancio Mora Paz Víctima directa 17,98 smlmv Nubia Zoraida Eraso Enríquez Compañera 8,99 smlmv Justo Nemesio Mora Narváez Padre 8,99 smlmv Ángela María Mora Eraso Hija 8,99 smlmv

Perjuicio material – lucro cesante: En favor del señor Marcos Fortunato Venancio Mora Paz, la suma de $4.202.490,60.

CUARTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO.- Sin lugar a condenar en costas.

SEXTO.- Disponer que este fallo se cumpla dentro de los términos y formas establecidos en el artículo 192 de C.P.A.C.A.

SÉPTIMO.- En firme esta sentencia, por secretaría COMUNÍQUESE al obligado, haciéndole entrega de copia íntegra de la misma, para su ejecución y cumplimiento. Igualmente expídanse copias auténticas de este fallo con las constancias respectivas a la parte demandante para que adelante las gestiones que considere pertinentes. Cumplido lo anterior, archívese el expediente, dejando las constancias respectivas.

SEGUNDO: Abstenerse de imponer condena en costas en esta instancia a la Fiscalía General de la Nación.

TERCERO: Condenar en costas a la Rama Judicial en un 100%. La liquidación se efectuará por el juzgado de la primera instancia, según lo establecido en los arts. 365 y 366 del C.G.P.

I. SÍNTESIS DEL CASO

efectuará por el juzgado de la primera instancia, según lo establecido en los arts. 365 y 366 del C.G.P.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la configuración de la causal quinta del recurso extraordinario de revisión, prevista en el artículo 250 del CPACA, respecto de la sentencia emitida en segunda instancia el 28 de julio de 2023, por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión, en el marco del proceso de reparación directa 2015-00245.

Como sustento de su invocación, se afirmó que en la sentencia de primera instancia se declaró la responsabilidad de las accionadas por la privación injusta de la libertad de que fue objeto Marcos Fortunato Mora Paz y las condenó al pago de perjuicios materiales para el afectado directo y morales en cuantía a equivalente a 100 SMLMV, en favor de la víctima directa, 70 SMLM V en favor de su compañera permanente, su hija y su padre y 50 SMLMV en favor de cada uno de los hermanos,Radicación: 11001032600020240013900 (71945)

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sentencia que, luego de ser apelada por las demandadas, fue modificada por el fallo de segunda instancia dictad o por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión.

Se alegó que , no obstante, los recursos de apelación formulados en contra de aquella por la s demandadas no recurrieron de manera puntual el monto de los

Segunda de Decisión.

Se alegó que , no obstante, los recursos de apelación formulados en contra de aquella por la s demandadas no recurrieron de manera puntual el monto de los perjuicios morales reconocidos a la parte demandante, el ad quem de manera oficiosa rebajó los valores dispuestos para la víctima, su compañera permanente, su hija y su padre y los denegó en favor de los hermanos de aquella.

Para el recurrente, la decisión del tribunal incurrió en la causal de nulidad originada en sentencia, por la vulneración de l debido proceso configurada tras la inobservancia del principio de congruencia, habida consideración de que excedió el límite de la competencia funcional delimitado por los argumentos de la impugnación. Aunó que la sentencia fue adoleció de falta de motivación por no haberse dictado conforme a la regla jurisprudencial vigente al tiempo de presentación de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1.- Del proceso de reparación directa 2015-00245, en desarrollo del cual se dictó la sentencia objeto de revisión

1.1.- El 18 de septiembre de 2015, los señores M arcos Fortunato Mora Paz, en calidad de víctima, quien actuó en su propio nombre y en representación de su hija menor Ángela María Mora Eraso; Nubia Zoraida Eraso Enríquez , compañera permanente de la víctima, Justo Nemesio Mora Narváez, padre y Rosa Berthalina, Jesús del Carmen, Franca Lidia, Raúl Candido, Flor Cecilia e Ingrid Carina Mora Paz, hermanos del afectado , presentaron demanda, en ejercicio del medio de

Jesús del Carmen, Franca Lidia, Raúl Candido, Flor Cecilia e Ingrid Carina Mora Paz, hermanos del afectado , presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad de que fue objeto el primero de los mencionados, en el período comprendido entre el 27 de febrero de 2013 y 14 de junio siguiente.

Se indicó que Marcos Fortunato Mora Paz , estuvo privad o injustamente de la libertad por la supuesta comisión de l delito de fabricación, tráfico, porte o tenenciaRadicación: 11001032600020240013900 (71945)

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de armas de fuego, accesorios, partes o municiones , proceso que culminó con la decisión dictada el 22 de julio de 2013 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto, providencia en la que decretó la preclusión de la investigación en tanto no logró desvirtuarse la presunción de inocencia, toda vez que para el Juez de conocimiento no existían elementos materiales probatorios que le permit ieran establecer sin duda alguna que el arma de fuego incautada el día de los hechos fuera portada por el señor Mora Paz.

1.2.- Surtido el procedimiento legal correspondiente, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto dictó sentencia el 4 de mayo de

fuera portada por el señor Mora Paz.

1.2.- Surtido el procedimiento legal correspondiente, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto dictó sentencia el 4 de mayo de 2018, mediante la cual declaró la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de M arcos Fortunato Mora Paz, bajo la comprensión de que , cuando el proceso penal terminaba por aplicación del principio de in dubio pro reo, como en el presente caso, aunque para la detención se hubieren cumplido las exigencias legales, se entendía que comportaba una carga desproporcionada e inequitativa que una persona no estaba en el deber de soportar.

Como consecuencia, las condenó a pagar al afectado directo perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, consistente en los honorarios de abogado que ejerció la defensa técnica en el proceso penal y en el lucro cesante.

Así mismo, ordenó reconocer perjuicios morales en cuantía equivalente a 100 SMLMV, en favor de la víctima directa, 70 SML MV en favor de su compañera permanente, su hija y su padre y 50 SMLMV para cada uno de los hermanos.

1.3.- En contra de la anterior decisión, la s demandadas , Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, interpusieron recurso de apelación.

La primera de ellas argumentó que la actuación desplegada por el ente instructor se adelantó con apego a las obligaciones y funciones constitucional y legalmente establecidas para la época de los hechos, cumpliendo a cabalidad los requisitos exigidos para la solicitu d y posterior imposición de la medida de aseguramiento.

adelantó con apego a las obligaciones y funciones constitucional y legalmente establecidas para la época de los hechos, cumpliendo a cabalidad los requisitos exigidos para la solicitu d y posterior imposición de la medida de aseguramiento. Sumó que esta determinación , se basó en los elementos materiales probatorios recolectados hasta aquella etapa procesal, sin que se advirtiera la existencia d e errores o arbitrariedades durante la actu ación penal, pues se concedió la oportunidad para el ejercicio de los recursos, que no fueron usados por la defensa.Radicación: 11001032600020240013900 (71945)

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Añadió que discrepaba de la condena por concepto de daño emergente por no reposar los recibos de pago exigidos por la postura unificada del Consejo de Estado.

La Rama Judicial por su parte censuró el fallo por estimar que contravenía lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia C -037 de 1996, en la que se estableció que la privación de la libertad solo dev enía injusta cuando hubiere sido consecuencia de una decisión o actuación arbitraria, injustificada e irrazonable violatoria de los procedimientos establecidos por el legislador, siendo en aquellos casos en los que se verificaba la antijuridicidad del daño.

Expuso que, en el caso c oncreto, se constató que la actuación de los jueces se ajustó a los lineamientos legales y constitucionales relativos al tipo de conducta punible bajo investigación, ordenando la medida de aseguramiento de detención

Expuso que, en el caso c oncreto, se constató que la actuación de los jueces se ajustó a los lineamientos legales y constitucionales relativos al tipo de conducta punible bajo investigación, ordenando la medida de aseguramiento de detención preventiva con base en los elementos probatorios aportados por la Fiscalía, a partir de los cuales podía inferirse razonablemente para ese momento, que el imputado podía ser autor del delito imputado. Así, al ser legítima y legal la actuación de la accionada, no le era dado predicar la causación de un daño antijurídico.

De acuerdo con lo relatado, solicitó revocar la sentencia impugnada, o bien, de mantenerse la condena, indicó que su imposición en partes iguales entre esta entidad y la Fiscalía, resulta ba desproporcionada, al ser esta última la encargada del acopio de los elementos materiales probatorios que debían aportarse ante la judicatura, y por tal razón, debería asumir la condena en una mayor proporción.

2.- Sentencia objeto de revisión

2.1.- El recurso de apelación fue resuelto a través de sentencia de 28 de julio de 2023, en la que el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión revocó parcialmente la condena impuesta, para, en lugar negar el daño emergente ordenado, modificar la base de liquidación del lucro cesante, rebajar el monto de los perjuicios morales reconocidos a la víctima, su hija, compañera permanente y padre y negarlos en relación con los hermanos.

El sustrato argumentativo del fallo, en cuanto al fondo del asu nto, estribó en que,

perjuicios morales reconocidos a la víctima, su hija, compañera permanente y padre y negarlos en relación con los hermanos.

El sustrato argumentativo del fallo, en cuanto al fondo del asu nto, estribó en que, ante las circunstancias particulares del caso sometido a examen, resultaba plausible su resolución con base en los elementos propios de un régimen objetivo deRadicación: 11001032600020240013900 (71945)

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responsabilidad, desde el cual, sin perjuicio de ampararse en los cánones normativos que r egían la materia al momento de imponer la medida de aseguramiento, no podía pasarse por alto que la hipótesis fáctica con cuya base se limitó la libertad del demandante, no pudo ser demostrada y en cambio se recabó material probatorio que p uso en duda su participación en la comisión del ilícito, situación que permitía corroborar el carácter antijurídico de la privación a la que fue sometido el señor Marcos Fortunato Venancio Mora Paz, quien no se encontraba en el deber de soportar tal restricción.

Fundado en esos elementos, el Tribunal confirmó la declaratoria de responsabilidad de ambas demandadas y modificó lo concerniente a la liquidación de los perjuicios ordenados.

En ese sentido, frente al daño emergente consideró que existía duda de si el pago de los honorarios en favor del profesional del derecho que atendió la defensa en el proceso penal fue realizado por el afectado directo, situación que impedía acceder a su reembolso.

de los honorarios en favor del profesional del derecho que atendió la defensa en el proceso penal fue realizado por el afectado directo, situación que impedía acceder a su reembolso.

En cuanto al lucro cesante, estimó que , en relación con los ingresos obtenidos por el señor Mora Paz, al no encontrarse prueba sobre su valor concreto, se dar ía aplicación a la presunción de devengar, al menos, un salario mínimo vigente, en concordancia con lo concluido en primera instancia. Sin embargo, previno que los valores adicionados por el a quo en relación con el factor prestacional y el tiempo adicional de 8,75 meses para la consecución de trabajo no se tendrían en cuenta , en la medida en que no se solicitó así en la demanda, al tiempo que, tampoco se demostraron.

Finalmente, en lo concerniente a los perjuicios morales estimó que debía darse aplicación al precedente de unificación jurisprudencial recogido en la sentencia del 29 de noviembre de 202 1, dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente 46681.

En ese sentido, señaló que el tiempo en que estuvo privado de la libertad el señor Mora Paz correspondió a 3 meses y 18 días, cuestión que, acudiendo a la tabla de equivalencias de la jurisprudencia en cuestión, conducía a reconocer 17,98 SMLV para la víctima y 8,99 smlv para la compañera permanente, el padre y la hija.Radicación: 11001032600020240013900 (71945)

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De acuerdo con esa misma línea, precisó que no procedía el pago de perjuicios morales en favor de los hermanos.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión

El 27 de septiembre de 2024, la parte demandante presentó recurso extraordinario contra la sentencia del 28 de julio de 2023, emanada del Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión, con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A, consistente en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

En apoyo de su impugnación, adujo que el fallo de segunda instancia había faltado al principio de congruencia, toda vez que el ad quem excedió el límite de la apelación presentada en su contra por las demandadas. En ese sentido, explicó que en ninguno de los escritos de l recurso se elevó reparo en contra de los perjuicios morales reconocidos por el a quo, pese a lo cual el tribunal abordó oficiosamente su estudio y al cabo procedió a rebajar su monto en unos casos y a negarlos en otros.

A su juicio, el Tribunal no ciñó su pronunciamiento a lo s puntos que integraron el objeto de reproche a través del recurso de a pelación y, por el contrario, lo excedió al abarcar un aspecto que no había sido sometido a su consideración.

Reprochó la aplicación retroactiva de la sentencia de unificación del 29 de

objeto de reproche a través del recurso de a pelación y, por el contrario, lo excedió al abarcar un aspecto que no había sido sometido a su consideración.

Reprochó la aplicación retroactiva de la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 , en la que la segunda instancia cimentó la reducción de los perjuicios morales y su exclusión en el caso de los hermanos de la víctima, en razón a que, conforme a la misma jurisprudencia del Consejo de Estado la garantía de los derechos individuales en el marco de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales lleva ban a afirmar , por regla general , que todo cambio de jurisprudencia que altera ra de manera sustantiva el contenido y alcance de las competencias estatales, de los derechos de las personas o los mecanismos de protección de los mismos, necesariamente debía ser adoptado e interpretado con efecto prospectivo o a futuro.

Con base en esta premisa, indicó que la sentencia adolecía de falta de motivación al desconocer la postura vigente al momento de expedir el fallo de primera instancia.Radicación: 11001032600020240013900 (71945)

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Adicionalmente, refirió que, por estos mismos hechos había instaurado una acción de tutela que fue resuelta en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 2 de mayo de 2024, en la cual se consideró que el mecanismo legal procedente para debatir el asunto era el recurso extraordinario de

de tutela que fue resuelta en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 2 de mayo de 2024, en la cual se consideró que el mecanismo legal procedente para debatir el asunto era el recurso extraordinario de revisión, por recaer en una nulidad originada en la sentencia de segunda instancia.

4.- Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión

4.1. Mediante auto del 9 de diciembre de 2024, se admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Marcos Fortunato Mora Paz y otros contra la sentencia del 28 de julio de 2023 , procedente del Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión y se dispuso correr traslado a la contraparte y al Ministerio Público para que se pronunciaran, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del CPACA.

4.2.- La Nación – Rama Judicial presentó escrito, en el que esgrimió que el recurso de revisión impetrado era infundado , en razón a que correspondía a los hoy recurrentes haber aportado en debida oportunidad los documentos demostrativo s de los perjuicios a reclamar, no siendo dable que por parte de las instancias se infirieran tales probanzas y menos se accediera a declarar la nulidad. En este orden de ideas, estimó impróspera la causal invocada.

Por su parte, el Ministerio Público allegó concepto , en el sentido de advertir que el recurso extraordinario de revisión no estaba llamado a prosperar . Sobre el particular, manifestó que la sentencia no transgredió el principio de congruencia externa o interna, atendiendo a que el Tribunal se pronunció sobre las pretensiones

recurso extraordinario de revisión no estaba llamado a prosperar . Sobre el particular, manifestó que la sentencia no transgredió el principio de congruencia externa o interna, atendiendo a que el Tribunal se pronunció sobre las pretensiones de la demanda, los medios de defensa, los cargos de la apelación, a partir de los cuales, luego de verificar la liquidación de los perjuicios y , en consideración a los lineamientos jurisprudenciales actualmente vigentes , decidió revocar parcialmente la condena para ajustarla a las directrices de la sentencia de unificación alusiva a los topes d el quantum, reglas que estaban llamadas a irradiar la controversia con efectos retrospectivos.Radicación: 11001032600020240013900 (71945)

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4.3.- En decisión del 5 de agosto de 2025, se abrió el período probatorio, ordenando incorporar al proceso las pruebas aportadas y decretando las solicitadas por los extremos procesales.

II. CONSIDERACIONES Régimen procesal

En atención a que se trata de un recurso extraordinario de revisión interpuesto el 27 de septiembre de 2024, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 249 y 250 de la Ley 1437 de 2011 , junto con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Igualmente, concierne observar la regulación del Código General del Proceso , en virtud de la integración normativa consagrada por el artículo 306 del primero de los aludidos compendios.

modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Igualmente, concierne observar la regulación del Código General del Proceso , en virtud de la integración normativa consagrada por el artículo 306 del primero de los aludidos compendios.

I.- Presupuestos procesales

1.- Jurisdicción y competencia

Con arreglo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 20111, esta Subsección es competente para conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia del 28 de julio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión

En consonancia con lo prescrito en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, a través del cual se adoptó el Reglamento Interno del Consejo de Estado, le asiste competencia a esta Subsección para decidir la referida impugnación.

2.- Procedencia del recurso extraordinario

A la luz de lo s dictados del artículo 248 del CPACA, con apego a los cuales “ El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso

1 Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos conocerán las secciones y subsecciones del consejo de estado según la materia.Radicación: 11001032600020240013900 (71945)

Demandante: Marcos Fortunato Mora Paz y otros

administrativos conocerán las secciones y subsecciones del consejo de estado según la materia.Radicación: 11001032600020240013900 (71945)

Demandante: Marcos Fortunato Mora Paz y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

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Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos” se verifica la viabilidad de conocer del presente asunto, en tanto la providencia objeto de impugnación corresponde a la sentencia expedida en segunda instancia el 28 de julio de 2023, por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión , que revocó parcialmente la sentencia dictada el 23 de marzo de 2018 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto, en lo relativo al reconocimiento de perjuicios.

Sobre la finalidad de este mecanismo extraordinario, la doctrina especializada ha considerado que:

“El recurso extraordinario de revisión cumple una trasce ndente misión y es la de evitar que se mantenga el imperio de una sentencia que no obstante estar ejecutoriada, es decir, haber hecho tránsito a cosa juzgada formal y por ende susceptible de ser cumplida, dado que se llegó a ella existiendo medios irregulares o ilícitos, es posible cercenar sus efectos, obviamente si se interpone dentro del plazo que e l legislador estimó prudencial para hacerlo, para, de ser el caso, proferir otra que la sustituya, enmendara los errores cometidos y restablecer el derecho, no obstante hacer tránsito a cosa juzgada formal que ya operó”2.

el caso, proferir otra que la sustituya, enmendara los errores cometidos y restablecer el derecho, no obstante hacer tránsito a cosa juzgada formal que ya operó”2.

Cabe indicar que, el propósito del recurso de revisión no estriba en censurar desde una perspectiva sustancial, la sentencia promulgada en el marco de un proceso ordinario, al extremo de derivar en una decisión de tercera instancia . A contrario sensu, su raigambre extraordinaria comporta que su procedencia se sujete a la configuración de las causales taxativas enlistadas en el orden jurídico , cuya ocurrencia, por demás, debe ser ajena a la órbita de acción u omisión de la parte que la alega . Tal ha sido la comprensión dispensada por la jurisprudencia , al sostener3:

Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno de los requisitos para su procedencia, el que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Tirant Lo Blanch Tercera Edición. Bogotá 2024. Pag.816. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercer a, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 54.722.Radicación: 11001032600020240013900 (71945)

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercer a, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 54.722.Radicación: 11001032600020240013900 (71945)

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3.- Oportunidad de la interposición del recurso

Al tenor de l artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el plazo para acudir a esta jurisdicción en ejercicio del recurso extraordinario de revisión es de un año contado a partir de la ejecutoria de la sentencia cuestionada4.

Según consta en el aplicativo SAMAI, la sentencia impugnada se notificó por correo electrónico a las partes el 29 de septiembre de 2023 , por lo que, con arreglo a l artículo 302 del CGP, en consonancia con lo previsto en el artículo 203 y el numeral 2) del artículo 205 del CPACA , quedó ejecutoriada el 6 de octubre siguiente. Por consiguiente, el término para formular el recurso extraordinario de revisión se extendió hasta el 6 de octubre de 2024, de suerte que, al haberse interpuesto el 27 de septiembre de 20245, se concluye que su radicación fue oportuna.

4.- Causal de revisión establecida en el numeral 5) del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

La causal quinta del artículo 250 del C.P.A.C.A. consiste en “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

1437 de 2011

La causal quinta del artículo 250 del C.P.A.C.A. consiste en “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

De acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado 6, la configuración de esta causal exige dos elementos: (i) que la nulidad haya sido originada en la sentencia recurrida y sea de tal magnitud que, de no haber existido, se hubiera adoptado una decisión distinta; y (ii) que contra esa decisión no proceda recurso de apelación, es decir, que se trate de fallos de única o de segunda instancia.

La aludida causal no permite alegar nulidades procesales que pudieron configurarse durante el trámite del asunto, dado el deber de las partes de ponerlas en

4 Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos contemplados en