CE - Sentencia 11001032600020240014500 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001032600020240014500 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 11001-03-26-000-2024-00145-00 (72039)

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – nulidad originada en la sentencia – interpretación restrictiva de la causal – congruencia de la sentencia

Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario con fundamento en la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia . Según el actor, el juez de instancia no resolvió el contenido de su contestación de la demanda y el llamamiento en garantía.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 8 de agosto de 2024 , proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante – 1.4. Sentencia de segunda instancia – 1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante

1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante – 1.4. Sentencia de segunda instancia – 1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 24 de septiembre de 2014 , el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) presentó una demanda de controversias contractuales1 en contra del Consorcio R.S.V. con el fin de que se hicieran las siguientes

declaraciones (se trascribe):

“PRIMERA Se declare que el contrato de obra No 2033183 de 2003, regido por el derecho privado, celebrado entre Fonade y el Consorcio R.S.V. conformado por Iluminaciones e Ingeniería Ltda. y Julio Augusto Losada Vargas se encuentra liquidado de común acuerdo. SEGUNDA Se declare que una vez liquidado el contrato No 2033183 de 2003, la obra entregada ‘Estación de Policía de Curillo’ presentó deficiencias constructivas consistentes en: Levantamiento de piso, humedades, filtraciones de la tubería hidráulica, deficiencias en la cubierta, deterioro prematuro de la pintura, falta de pendientes en el patio trasero para el buen manejo de las aguas (…)”

2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así:

1 Páginas 1 -17 del cuaderno “ 004ED_EXPEDIENTE_PRUEBASDELRECURSO_co” del expediente digital, disponible para consulta en Samai.Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00145-00 (72039)

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: Fonade Referencia: Recurso extraordinario de revisión Decisión: Declara infundado el recurso

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: Fonade Referencia: Recurso extraordinario de revisión Decisión: Declara infundado el recurso

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3. El 5 de diciembre de 2003 , Fonade suscribió un contrato de obra con el Consorcio RSV. El objeto contractual consistió en la construcción de la Estación de Policía del municipio de Curillo, Caquetá. La obra fue entregada el 22 de octubre de 2004 y el contrato liquidado el 12 de diciembre de 2005.

4. Para garantizar la estabilidad de la obra el contratista adquirió la póliza de cumplimiento correspondiente, expedida por la Compañía de Seguros del Estado S.A., con vigencia hasta el 22 de octubre de 2009.

5. El 27 de febrero de 2006, Fonade le solicitó al contratista la reparación de las deficiencias en la obra . El 30 de abril de 2006 este contestó que así lo haría. El 3 de agosto de 2006 la entidad avisó a la aseguradora sobre los errores constructivos, quien le respondió que requeriría al tomador para que presentara los descargos.

6. Por las deficiencias constructivas en la estación, “Fonade debió contratar y trasladar” a dos ingenieros para “que valoraran la situación en el terreno”.

Los ingenieros presentaron un informe en el que describieron los errores constructivos y destacaron que la estación no estaba habilitada por falta de conexión de los servicios públicos y filtraciones de agua. Por lo anterior, concluyó la demanda, la Policía no había podido utilizar el inmueble desde el momento de su entrega en octubre de 2004.

7. Posteriormente, presentó denuncia del pleito contra Seguros del Estado

concluyó la demanda, la Policía no había podido utilizar el inmueble desde el momento de su entrega en octubre de 2004.

7. Posteriormente, presentó denuncia del pleito contra Seguros del Estado

S.A.2

1.2. Posición de la parte demandada

8. El Consorcio contestó la demanda 3. Afirmó que estuvo dispuesto a atender los requerimientos de la entidad contratante , como podía verificarse en la correspondencia. Sin embargo, por la situación de orden público en el municipio de Curillo, no había podido desplazarse al sitio de la obra.

9. Propuso las excepciones de caducidad de la acción y las que denominó “cumplimiento del contrato” y “culpa de la demandante”. Sobre las últimas dos refirió que constaba la entrega del inmueble a satisfacción del demandante y que si hubo un deterioro del bien fue porque la entidad no lo ocupó oportunamente.

10. Seguros del Estado S.A. contestó la demanda 4 y se opuso a las pretensiones porque, en su concepto, había operado la caducidad de la acción.

2 Páginas 187 -189 del documento “01CuadernoPrincipal1” del expediente digital remitido por el Juzgado 4 Administrativo de Florencia ( Documento “031_MemorialWeb_01RespuestaRequerimientoJ04AdmFla” del expediente digital). 3 Páginas 123 -135 del documento “ 01CuadernoPrincipal2” del expediente digital remitido por el Juzgado 4 Administrativo de Florencia ( Documento “031_MemorialWeb_01RespuestaRequerimientoJ04AdmFla” del expediente digital).

3 Páginas 123 -135 del documento “ 01CuadernoPrincipal2” del expediente digital remitido por el Juzgado 4 Administrativo de Florencia ( Documento “031_MemorialWeb_01RespuestaRequerimientoJ04AdmFla” del expediente digital). 4 Páginas 18-26 del documento “004ED_EXPEDIENTE_PRUEBASDELRECURSO_co” del expediente digital.Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00145-00 (72039)

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11. En relación con la denuncia del pleito indicó que “cualquier afectación a la póliza” debía probarse en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Además, precisó que el límite del valor asegurado era de

$54.626.795.

1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante

12. El Juzgado 4 Administrativo de Florencia, mediante Sentencia de 30 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda 5. Indicó que la parte actora suscribió el acta de liquidación del contrato sin dejar “ningún tipo de anotación de la cual se pu [diera] inferir que se reservaba el derecho a efectuar futuras reclamaciones ”. Así, por tratarse de un “ negocio jurídico liberatorio”, al no dejar ninguna salvedad, se entendía que las partes se declaraban “a paz y salvo”.

13. Fonade presentó recurso de apelación6 en contra de la anterior decisión.

Cuestionó la interpretación que hizo la primera instancia del litigio, pues no

declaraban “a paz y salvo”.

13. Fonade presentó recurso de apelación6 en contra de la anterior decisión.

Cuestionó la interpretación que hizo la primera instancia del litigio, pues no se versaba sobre la liquid ación del contrato sino de la responsabilidad por la calidad y estabilidad de una obra.

1.4. Sentencia de segunda instancia

14. El Tribunal Administrativo de Caquetá profirió la Sentencia de 8 de agosto de 2024 7, mediante la cual revocó el fallo de primera instancia. Según el tribunal, en el proceso se demostró que en la obra contratada aparecieron defectos constructivos que comprometían su estabilidad, como consecuencia de “vicios en los materiales y en la construcción a cargo del contratista”.

15. Respecto de la aseguradora, indicó que al proceso se aportó la póliza de cumplimiento emitida por Seguros del Estado, con vigencia entre el 12 de diciembre de 2003 y el 11 de diciembre de 2008, y un “límite de valor asegurado para la estabilidad de la obra de $43.415.749 ”. El término de prescripción ordinario, de dos años, iniciaba a contarse desde el momento en que el asegurado “tuvo o debió tener conocimiento de la ocurrencia del siniestro”. Dado que el informe de visita técnica a la estación de policía se hizo el 4 de septiembre de 2006, fue entonces “ cuando [la parte demandante] conoció el estado” del inmueble.

16. Fonade presentó la reclamación ante la aseguradora el 3 de agosto de

2007. En consecuencia, resultaba procedente hac er “efectiva la garantía” y ordenar “el pago de manera indexada de la condena impuesta en esta

16. Fonade presentó la reclamación ante la aseguradora el 3 de agosto de

2007. En consecuencia, resultaba procedente hac er “efectiva la garantía” y ordenar “el pago de manera indexada de la condena impuesta en esta sentencia a favor del Fonade, conforme a los límites previstos en la póliza anteriormente referida”.

5 Páginas 65-82 del documento “004ED_EXPEDIENTE_PRUEBASDELRECURSO_co” del expediente digital. 6 Documento “11ApelacionSentencia” del expediente digital remitido por el Juzgado 4 Administrativo de Florencia ( Documento “031_MemorialWeb_01RespuestaRequerimientoJ04AdmFla” del expediente digital). 7 Páginas 84 -114 del documento “004ED_EXPEDIENTE_PRUEBASDELRECURSO_co” del expediente digital.Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00145-00 (72039)

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4 de 8 1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante

17. El 11 de octubre de 2024 , Seguros del Estado S.A. presentó recurso extraordinario de revisión 8 contra la sentencia de segunda instancia, con fundamento en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, que trata sobre la nulidad originada en la sentencia.

18. La parte recurrente manifestó que la sentencia de segunda instancia “no tuvo en cuenta los argumentos planteados ” por ella y que carecía de una “argumentación en lo que t [enía] que ver con el contrato de seguros ”. Lo

18. La parte recurrente manifestó que la sentencia de segunda instancia “no tuvo en cuenta los argumentos planteados ” por ella y que carecía de una “argumentación en lo que t [enía] que ver con el contrato de seguros ”. Lo anterior, afirmó, configuraba “ la violación del principio de congruencia de la sentencia por incorrecta aplicación del principio de iura novit curia”.

19. Refirió que, si bien no pretendía “ adicionar argumentos a los ya manifestados en la etapa procesal idónea”, resultaba pertinente reiterarlos porque “ el fallador de segunda instancia ignoró completamente ” el planteamiento relativo a la caducidad de la acción que hizo en la contestación de la demanda. Sostuvo que la reclamación que Fonade le presentó, el 3 de agosto de 2006, no interrumpió la prescripción porque no cumplió con lo previsto en el artículo 1077 del Código de Comercio. Por ello, al momento de ejercer la acción se había superado el término previsto en el artículo 1081 de la misma codificación.

20. Indicó que la sentencia “ desconoció el principio de congruencia externa”, lo que afectó su derecho de defensa como aseguradora. Sostuvo que no cuestionaba el contenido de la decisión en lo relativo a los daños de la obra y a las obligaciones post contractuales del contratista. Sin embargo, afirmó, el tribunal no realizó el análisis que correspondía sobre el contrato de seguros, pues se limitó a indicar que el siniestro ocurrió dentro del plazo de vigencia del seguro, confundiéndolo con el término que tenía “Fonade para declarar el incumplimiento”. Por tanto, le fueron vulnerados “los derechos a la legítima defensa y debido proceso (…) con ocasión a la materialización

vigencia del seguro, confundiéndolo con el término que tenía “Fonade para declarar el incumplimiento”. Por tanto, le fueron vulnerados “los derechos a la legítima defensa y debido proceso (…) con ocasión a la materialización de una nulidad procesal en el fallo de segunda instancia”.

21. Fonade se opuso a la prosperidad de la petición. Afirmó que lo solicitado “desdibuja[ba] la naturaleza del recurso extraordinario de revisión ” porque pretendía que una sentencia ejecutoriada se analizara “ bajo argumentos nuevos, no planteados en las dos instancias”.

22. Refirió que la caducidad de la acción fue estudiada y resuelta en el curso del proceso de controversias contractuales. Que , “de la revisión del expediente y de la sentencia sobre la cual se pide la revisión se constata que se pronunció sobre todos los temas planteados por las partes”. Por tanto, solicitó que se desestimara lo pretendido por la parte demandante,

23. Mediante Auto de 1 de septiembre de 2025 , el despacho sustanciador decretó, como prueba documental, el expediente del medio de control de controversias contractuales identificado con el radicado No. 18001-33-31002-2009-00315-00/01/02 y ordenó al Juzgado 4 Administrativo de Florencia

8 Documento “006ED_EXPEDIENTE_RECURSODEREVISIONRAD” del expediente digital.Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00145-00 (72039)

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5 de 8 enviar en medio digital este proceso9. El 17 de octubre de 2024, el juzgado allegó lo solicitado10, de lo que se corrió traslado a las partes11.

24. El Ministerio Público emitió concepto12 en el que solicitó que se declarara infundado el recurso extraordinario de revisión. Afirmó que el tribunal sí se pronunció sobre la prescripción de la acción en materia de seguros. Que este recurso extraordinario no era para “debatir el razonamiento del juez o revisar un error cometido en la aplicación de las normas o los juicios de valor que hayan dado sustancia a la decisión recurrida ”. Para estos supuestos, el ordenamiento preveía otras posibilidades como “la acción de tutela, el error jurisdiccional o el recurso de unificación de jurisprudencia”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán – 2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión – 2.3. Análisis de la causal invocada – 2.4. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

25. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto porque el recurso se interpuso dentro de la oportunidad 13 prevista en el artículo 251 del CPACA.

Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 8 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Caquetá, porque no se acreditaron los elementos de la causal invocada.

Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 8 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Caquetá, porque no se acreditaron los elementos de la causal invocada.

2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión

26. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que sirve para exceptuar la fuerza de la cosa juzgada, porque permite controvertir fallos ejecutoriados 14, a partir de las causales expresamente establecidas por el legislador15 o por el constituyente.

27. Este recurso extraordinario no es una oportunidad procesal para reabrir un debate propio de las instancias 16, ni para suplir las deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica, precisa y razonada.

Tampoco sirve como un instrumento procesal para cuestionar la actividad

9 Documento “026Autoquedecret_72039PruebasRER” del expediente digital. 10 Documento “031_MemorialWeb_01RespuestaRequerimientoJ04AdmFla” del expediente digital. 11 Documento “035Soporte comunicación FIJACION EN LISTA de” del expediente digital. 12 Documento “023Memorial_NGB_23Concepto” del expediente digital. 13 La sentencia recurrida quedó ejecutoriada el 21 de agosto de 2024 y el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 11 de octubre de 2024, es decir, dentro del término de un año del artículo 251 del CPACA. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de

revisión se interpuso el 11 de octubre de 2024, es decir, dentro del término de un año del artículo 251 del CPACA. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014, radicado 34016. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de abril de 2015, radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01 (26239). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, radicado 05001-23-31-000-2002-01074-01(0372-12).Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00145-00 (72039)

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6 de 8 interpretativa del juez 17, ni para corregir los errores por l a inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del derecho.

2.3. Análisis de la causal invocada

28. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de

valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del derecho.

2.3. Análisis de la causal invocada

28. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación” . La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restric tivo, porque no toda irregularidad procesal es insaneable. En principio, no es posible invocar como fundamento del recurso una irregularidad ocurrida con anterioridad a la expedición de la sentencia, salvo que la nulidad no hubiera podido advertirse durante el curso del proceso. En ese caso, el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para evitar que se convierta en una tercera instancia y las partes puedan subsanar sus omisiones18.

29. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta causal en diferentes sentidos, porque el CPACA no definió su alcance. Por esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140 del CPC (hoy 133 del CGP) e interpretó el artículo 29 constitucional 19 para dotarla de contenido, así (se trascribe)

“Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta indispensable que se funde en la ocurrencia de: i) un supuesto configurativo de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia; ii) las hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del derecho fundamental al debido proceso, tales como:

de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia; ii) las hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del derecho fundamental al debido proceso, tales como: - Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido proceso. - Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada al proceso. - Proferir una sentencia sin motivarla. - Dictar un fallo inhibitorio injustificado. - Faltar al principio de congruencia. - Vulnerar el principio de la ‘non reformatio in pejus’. Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado determinó que igualmente podrían existir otros supuestos en que la configuración de la causal de nulidad originada en sentencia por violación a la garantía constitucional al debido proceso habría de tener cabida y que no necesariamente se agotan de manera exhaustiva en los eventos señalados”20.

17 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, radicado 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, radicado 2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, radicado 45187. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de junio de 2021, radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de junio de 2021, radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, radicado 50428. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, Sentencia de 7 de octubre de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-07530-00 (REV). También, ver Sala Quince Especial de Decisión, Sentencia de 22 de noviembre de 2023, Radicado 11001-03-15-000-202304579-00, Sala 21 Especial de Decisión, Sentencia de 31 de enero de 2024, radicado 11001-03-15-0002020-04417-00. En particular, se destacan las providencias relacionadas con el principio de congruencia, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de a bril de 2015, radicado 2013-0035800(REV), Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de febrero de 2016, radicado 2015-02342-Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00145-00 (72039)

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30. No obstante, esta Subsección ha diferido y se ha apartado de la interpretación anterior porque entiende que los supuestos de nulidad de las sentencias no pueden crearse jurisprudencialmente, pues se requiere de una norma legal o constitucional que los determine. En criterio de esta Sala,

interpretación anterior porque entiende que los supuestos de nulidad de las sentencias no pueden crearse jurisprudencialmente, pues se requiere de una norma legal o constitucional que los determine. En criterio de esta Sala, las nulidades no son enunciativas sino taxativas (se trascribe):

“Que las causales del recurso de revisión son taxativas y de interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no pueden ser interpretadas de manera analógica o extensiva. Por ello, en el entender de esta Sala, la causal 5 del artículo 250 del CPACA que se refiere a la “nulidad originada en la sentencia” debe, también, ser interpretada de manera restrictiva. En ese sentido, solamente podrá declararse fundado el recurso extraordinario de revisión cuando se origine en la Sentencia alguna de las causales de nulidad previstas en la legislación. La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el recurso extraordinario de revisión tiene causales taxativas, por lo que, interpretar el artículo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de revisión las convertiría en causales enunciativas, y, de esa manera, cualquier violación del debido proceso constituiría una causal para considerar procedente el recurso extraordinario de revisión cuando así lo considere el juez de la revisión. De otra parte, resulta relevante recordar que las causales de nulidad procesal son de origen legal. El legislador, en ejercicio de la libertad de configuración que le otorgó la Constitución, ha decidido cuáles irregularidades procesales merecen un reproche tal que deben dar lugar a la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva a que otras irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor entidad por el legislador,

merecen un reproche tal que deben dar lugar a la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva a que otras irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor entidad por el legislador, queden sin sanción de nulidad. Lo anterior en una lógica expres sio unius est exclusio alterius. En lo que concierne al punto recién advertido, la Corte Constitucional en las Sentencia C -491 de 1995 y C -217 de 1996, manifestó que la nulidad consagrada en el artículo 29 constitucional no eliminaba la taxatividad de las nulidades procesales, toda vez que fue adicionada constitucionalmente. Como ya se dijo, no toda violación del debido procesal genera nulidad, porque será el legislador de manera principal o el constituyente de forma excepcional, quienes definan previamente cuales son las irregularidades que producen la nulidad de los actos procesales”21.

31. De conformidad con la referida interpretación restrictiva de la causal, esta no puede entenderse configurada si, como en este caso, el recurrente no señaló el supuesto de nulidad que se configuró en la sentencia controvertida. El recurso mencionó la violación por parte del tribunal del principio de congruencia, pero no determinó la causal legal o constitucional de nulidad en la que supuestamente incurrió la deci sión. La inconformidad del actor está relacionada con la caducidad de la acción y el pronunciamiento sobre el contrato de seguros, aspectos que fueron oportunamente resueltos en el trámite del proceso 22, aun cuando fuera de forma desfavorable a sus intereses.

00(REV), Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 20 de marzo de 2018, radicado 2013-01303oportunamente resueltos en el trámite del proceso 22, aun cuando fuera de forma desfavorable a sus intereses.

00(REV), Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 20 de marzo de 2018, radicado 2013-0130300(3318-13). 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de agosto de 2022, radicado 63001-33-31-002-2007-00351-01 (47097). 22 La caducidad de la acción fue estudiada en el trámite del proceso, tras el rechazo inicial de la demanda. El tribunal conoció del recurso de apelación contra dicho auto y lo revocó (páginas 22-37 del documento “01Cua dernoPrincipal2” del expediente digital remitido por el Juzgado 4 Administrativo de Florencia). Por su parte, lo relativo al contrato de seguro fue expresamente abordado por el tribunal en la sentencia de segunda instancia (páginas 84 -114 del documento “004ED_EXPEDIENTE_PRUEBASDELRECURSO_co” del expediente digital).Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00145-00 (72039)

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32. Esta Subsección ha aplicado la interpretación anterior en casos similares23 en los que se planteó la violación del principio de congruencia como un supuesto de nulidad de la sentencia y ha declarado infundados los recursos extraordinarios de revisión por no constituir una verdadera causal de nulidad legal y/o constitucional de los fallos.

como un supuesto de nulidad de la sentencia y ha declarado infundados los recursos extraordinarios de revisión por no constituir una verdadera causal de nulidad legal y/o constitucional de los fallos.

33. Como lo ha sostenido reiteradamente esta Sala, el recurso de revisión no es una tercera instancia en la que se pueda auscultar el razonamiento que adoptó el juez para fallar desde una perspectiva jurídica y/o fáctica. Por las razones expuestas declarará infundado el recurso de revisión.

2.4 Costas

34. El artículo 188 del CPACA establece la condena en costas y el artículo 255 del mismo código, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, dispone de manera especial que “si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.

35. Con base en lo anterior, se condenará en costas a la parte recurrente por cuanto el recurso extraordinario de revisión se declarará infundado. Las costas se liquidarán en los términos de los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 8 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, dentro del proceso de controversias contractuales.

SEGUNDA: CONDENAR en costas a la parte demandante.

la Sentencia de 8 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, dentro del proceso de controversias contractuales.

SEGUNDA: CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Con aclaración de voto Magistrado Magistrado

Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de enero de 2023, radicado 53332 y Sentencia de 23 de noviembre de 2022, radicado 66289.

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