CE - Sentencia 11001032600020250002800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541) Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA FFIE Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

Temas: JURISDICCIÓN – El contencioso -administrativo la ostenta para resolver el recurso extraordinario de anulación formulado contra el laudo que decidió un litigio en el que haya intervenido una entidad pública, categoría en la que se inscriben los patrimonios autónomos constituidos con recursos del Estado. / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN – Es de carácter excepcional y restrictivo, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso. / LAUDO EN CONCIENCIA – La causal de anulación se configura, entre otros eventos, cuando el panel arbitral se separó del material probatorio o dejó de lado, de manera protuberante y evidente, el marco jurídico sobre el cual tenía que fallar.

1. La Sala resuelve el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el Consorcio Sedes Educativas y por sus tres sociedades integrantes 1 -en adelante, CSE, el consorcio o la parte recurrentecontra el laudo arbitral del 9 de diciembre de 20242, proferido por un tribunal arbitral constituido para dirimir las controversias surgidas

Sedes Educativas y por sus tres sociedades integrantes 1 -en adelante, CSE, el consorcio o la parte recurrentecontra el laudo arbitral del 9 de diciembre de 20242, proferido por un tribunal arbitral constituido para dirimir las controversias surgidas con ocasión del contrato marco de interventoría 1380 -48-2016 del 15 de julio de 2016, suscrito con el Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa3 -en lo sucesivo, el patrimonio autónomo, el PA FFIE o el opositor-. El extremo recurrente solicitó la anulación parcial del laudo, en lo atinente a la decisión de no imponer condena en costas diferentes a las agencias en derecho a su contraparte, quien resultó vencida en ese proceso.

ANTECEDENTES

La demanda arbitral y el trámite relevante ante el tribunal

2. A partir de las piezas del expediente remitido a esta Corporación por parte del secretario del tribunal arbitral, la Sala destaca las siguientes actuaciones relevantes:

1 Al trámite arbitral concurrieron, como sujetos demandados: (i) Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A. (INGETEC), (ii) Ingetec Gerencia & Supervisión S.A. (INGETEC G&S S.A.), (iii) PAYC S.A.S. y (iv) el Consorcio Sedes Educativas, integrado por l as tres sociedades mencionadas. El recurso extraordinario de anulación fue formulado, a su vez, en nombre de los cuatro intervinientes enunciados. 2 Archivo “004ED_LaudoPAFFIEvsCSEpdf(.pdf) NroActua 2” visible en el índice 002 de la plataforma Samai.

formulado, a su vez, en nombre de los cuatro intervinientes enunciados. 2 Archivo “004ED_LaudoPAFFIEvsCSEpdf(.pdf) NroActua 2” visible en el índice 002 de la plataforma Samai. 3 Cuyo vocero y administrador es el Consorcio FFIE Alianza BBVA, a su vez representado por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541) Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA FFIE Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

2

3. En demanda arbitral 4 presentada el 22 de septiembre de 2022 (reformada el 8 de mayo de 2023 5), el PA FFIE pretendió, esencialmente, que se declarara que CSE incumplió el Contrato Marco de Interventoría Número 1380 -48-2016, así como las actas de servicio derivadas del mismo, cuya finalidad consistió en realizar la vigilancia de una serie de acuerdos para la ejecución de varios proyectos requeridos por el patrimonio autónomo convocante en desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Pidió condenar al consorcio al pago de los perjuicios ocasionados por dicha circunstancia.

4. Con auto no. 1 proferido en audiencia del 2 de febrero de 2023 6, el tribunal arbitral se declaró legalmente instalado y dispuso, entre otros aspectos, que se utilizarían medios electrónicos en todas las actuaciones, “ inclusive para la presentación y

se declaró legalmente instalado y dispuso, entre otros aspectos, que se utilizarían medios electrónicos en todas las actuaciones, “ inclusive para la presentación y trámite de los diversos escritos y sus ane xos”, para lo cual indicó que se tendrían en cuenta las direcciones electrónicas registradas de las partes y sus apoderados. Además, se dejaron establecidos los buzones del secretario (fps@pabonabogados.com y ferpabon@hotmail.com) y del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (radicaciondocumentoscac@ccb.org.co), y se previó que: “ De todos los correos electrónicos remitidos, las partes y la secretaría deberán acusar recibo”.

5. Previa admisión de la demanda y su reforma, el tribu nal convocó a las partes a la audiencia de conciliación, la cual tuvo lugar el 14 de julio de 2023 y resultó fallida.

En la misma diligencia, se fijaron los valores correspondientes a los honorarios y gastos de funcionamiento del tribunal por la suma de $5.080’000.000, y se dispuso que la misma debería “ ser entregada por las partes demandante y demandada en proporción de 50 % cada una de ellas”7.

6. Según informe del presidente del tribunal, rendido en el acta no. 9 del 16 de agosto de 2023, se dejó constancia de que: “La parte demandante entregó, en oportunidad, la totalidad del monto correspondiente a los gastos y honorarios del Tribunal, señalado en auto de 14 de julio pasado”8. Posteriormente, en el acta no. 10 del 8 de septiembre siguiente, se consignó que: “ El 8 de agosto de 2023, la parte

señalado en auto de 14 de julio pasado”8. Posteriormente, en el acta no. 10 del 8 de septiembre siguiente, se consignó que: “ El 8 de agosto de 2023, la parte demandante presentó memorial en el que solicitó que se expida la certificación relativa al pago de los gastos y honorarios del Tribunal a la que se refiere el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012”9.

7. Tras lo anterior, se surtió la etapa probatoria del proceso y se citó a las partes para la audiencia de alegaciones finales, con ocasión de lo cual, igualmente, se entregaron los escritos correspondientes. En cuanto a las costas, la demandante únicamente señaló que la convocada estaba llamada a asumirlas, sin mencionar lo atinente a los honorarios de los árbitros, mientras que CSE no se pronunció sobre este tópico en su memorial.

4 Archivo “001_Demanda_PA_FFIE Sedes_Educativas VF.pdf” contenido en el expediente digital del trámite arbitral, cuyos enlaces obran en el archivo “002ED_Radicacionrecursodea(.pdf) NroActua 2” (en lo sucesivo, “el expediente del trámite arbitral”), visible en el índice 002 de la plataforma Samai. 5 Archivo “054_Reforma demanda Sedes[TR).pdf” ibid. 6 Archivo “045_Instalacion_20220202” ibid. 7 Archivo “061_Acta 8 (14 jul 2023)” ibid. 8 Archivo “062_Acta 9 (16 ago 2023)” ibid. 9 Archivo “067_Acta 10 (8 sep 2023)” ibid.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541)

8 Archivo “062_Acta 9 (16 ago 2023)” ibid. 9 Archivo “067_Acta 10 (8 sep 2023)” ibid.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541) Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA FFIE Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

3

El laudo que se solicita anular

8. El 9 de diciembre de 2024, el tribunal profirió el r espectivo laudo10, en el que, en síntesis, se denegaron las pretensiones de la demanda encaminadas a declarar el incumplimiento de CSE y a condenarlo al pago de los perjuicios alegados.

9. En el acápite “VI. LAS COSTAS” de la parte motiva de la decisión, señaló que: “si bien habría lugar a imponer condena en costas a favor de la demandada en la medida en que un grupo importante de las pretensiones de la demanda reformada no alcanzan prosperidad, no hay constancia en el expediente de que el CSE ha ya incurrido en costas y por tanto dicho concepto no resulta comprobable, en los términos del artículo 365, núm. 8 del Código General del Proceso ”. Lo anterior no se vio reflejado expresamente en la parte resolutiva del laudo.

10. Sin perjuicio de lo anterior, se condenó al PA FFIE a pagar a su contraparte el valor de $300’000.000 por concepto de agencias en derecho.

11. CSE presentó solicitud de aclaración y complementación en cuanto a la ausencia

10. Sin perjuicio de lo anterior, se condenó al PA FFIE a pagar a su contraparte el valor de $300’000.000 por concepto de agencias en derecho.

11. CSE presentó solicitud de aclaración y complementación en cuanto a la ausencia de condena en costas, pedimentos que fueron desestimados mediante auto del 19 de diciembre de 2024 (acta no. 34) 11. Sobre ello, el tribunal sostuvo que: (i) lo impetrado no versó sobre ninguna frase o concepto del laudo que ofrezca verdadero motivo de duda; y (ii) no se refirió a ningún punto que, de conformidad con la ley, debiese ser objeto de pronunciamiento y que se haya omitido resolver en la providencia, comoquiera que en el laudo se señaló que: “ En ese orden de cosas

(sic), no se impondrá́ condena en costas en contra del PAFFIE”.

El recurso de anulación

12. CSE y las sociedades que lo integran presentaron recurso extraordinario de anulación12 contra el referido laudo, en el que formularon las siguientes peticiones

(se transcribe de forma literal, con sus propios énfasis y posibles errores):

“VI. PETICIÓN

Atendiendo los argumentos expuestos, de manera respetuosa, solicito al H. Consejo de Estado que adopte las siguientes determinaciones:

PRIMERO. Declare la nulidad parcial del Laudo Arbitral proferido el 9 de diciembre de 2024 en lo atinente a la decisión de no imponer condena en costas al PA-FFIE, la cual fue adoptada en las páginas 212 a 213 (Acápite “VI. LAS COSTAS”) y reflejada en la parte resolutiva en la que únicamente impuso

al PA-FFIE, la cual fue adoptada en las páginas 212 a 213 (Acápite “VI. LAS COSTAS”) y reflejada en la parte resolutiva en la que únicamente impuso condena por agencias en derecho.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterio r declaración, solicito que se modifique el Laudo Arbitral en el sentido de adicionar la parte resolutiva con la condena en costas al Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA-FFIE, la cual corresponde a los honor arios y

10 Archivo “116_Laudo PAFFIE vs CSE” ibid. 11 Archivo “117_Acta 34 (19 dic 2024)” ibid. 12 Archivo “005ED_RecursodeAnulacionpd(.pdf) NroActua 2” visible en el índice 002 de Samai. No se observa que el recurrente haya solicitado la suspensión de la ejecución del laudo.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541) Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA FFIE Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

4

gastos del Tribunal Arbitral pagados por la Convocada con ocasión del proceso arbitral No. 138812.

TERCERO. En caso que el H. Consejo de Estado así lo considere, en subsidio de la petición contenida en el numeral segundo anterior, ordene la devol ución del expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá a efectos de que el CSE pueda convocar un nuevo Tribunal de

de la petición contenida en el numeral segundo anterior, ordene la devol ución del expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá a efectos de que el CSE pueda convocar un nuevo Tribunal de Arbitraje de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.”

13. Como fundamento de lo anterior, se recapituló que el consorcio no pagó el 50% de los honorarios y gastos que le correspondían para surtir el trámite arbitral, razón por la cual el PA FFIE consignó dicha fracción el 8 de agosto de 2023 e informó al tribunal. Con ello, solicitó que se expidiera la certificación prevista en el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 13, la cual, según la aquí libelista, nunca se emitió. Relató que, ese mismo día, CSE le solicitó a la convocante los datos para efectuar el reembolso, a lo que el apoderado del patrimonio autónomo respondió a vuelta de correo electrónico, detallando la cuenta bancaria para tal efecto.

14. La recurrente expuso que, al día siguiente, reembolsó al PA FFIE el 50% de los honorarios y gastos que aquél había pagado, a través de una transferencia por la suma de $ 2.079’033.804, e informó de ello vía correo electrónico a la convocante y al tribunal. Enfatizó que, frente a esta primera comunicación, recibió respuesta por parte del apoderado del patrimonio autónomo, lo que “ constituye demostración inequívoca que (sic) el mencionado correo (…) fue efectivamente enviado por el suscrito y recibido por sus destinatarios -entre ellos el Tribunal -”. Continuó

parte del apoderado del patrimonio autónomo, lo que “ constituye demostración inequívoca que (sic) el mencionado correo (…) fue efectivamente enviado por el suscrito y recibido por sus destinatarios -entre ellos el Tribunal -”. Continuó señalando que posteriormente realizó un giro adicional a la convocante por la suma de $241’650.501,63 por el mismo concepto.

15. Mencionó que, mediante el acta no. 10 del 8 de septiembre de 2023, se dejó consignado que la parte demandante había entregado en f orma oportuna el valor total de los honorarios y expensas. Según sostuvo, esta circunstancia demuestra que el tribunal efectivamente recibió el correo electrónico por el cual el PA FFIE informó acerca de dicha consignación. Finalizó reiterando que el laudo solo se refirió a las costas en la parte motiva y que, frente a ello, únicamente señaló que no había constancia en el expediente de que CSE hubiese incurrido en ellas, lo que impedía emitir dicha condena en contra del PA FFIE.

16. Como fundamentos de derecho , invocó la causal de anulación número 7 contemplada en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, “por haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho”, la cual enfiló desde dos frentes:

(i) omisión del análisis probatorio; y (ii) ausencia de fundamento jurídico.

17. En cuanto al primer reproche, enrostró que, en el laudo, se ignoraron las pruebas que acreditaban las costas en las que incurrió el CSE. Al respecto, trajo a colación los siguientes correos electrónicos: (i) del 28 de julio de 2023, remitido por el PA

que acreditaban las costas en las que incurrió el CSE. Al respecto, trajo a colación los siguientes correos electrónicos: (i) del 28 de julio de 2023, remitido por el PA

13 Inciso 2°: “Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella podrá hacerlo por esta dentro de los cinco (5) días siguientes. Si no se produjere el reembolso, la acreedora podrá demandar su pago por la vía ejecutiva ante la justicia ordinaria. Para tal efecto le bastará presentar la correspondiente certificación expedida por el presidente del tribunal con la firma del secretario. En la ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la de pago. La certificación solamente podrá ser expedida cuando haya cobrado firmeza la providencia mediante la cual el tribunal se declare competente” (subrayado añadido).Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541) Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA FFIE Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

5

FFIE, mediante el cual informó al tribunal del pago correspondiente al 50% de los honorarios que le correspondían; (ii) del 8 de agosto de 2023, también enviado por el apoderado del patrimonio autónomo, con el que dio cuenta de la consignación de la mitad restante que no había sido pagada por CSE; (iii) del 8 de agosto de 2023, en respuesta al último mensaje mencionado, por el cual el consorcio solicitó los documentos y datos necesarios para realizar el reembolso de lo pagado por el PA

la mitad restante que no había sido pagada por CSE; (iii) del 8 de agosto de 2023, en respuesta al último mensaje mencionado, por el cual el consorcio solicitó los documentos y datos necesarios para realizar el reembolso de lo pagado por el PA FFIE; (iv) la réplica, en la misma fecha, que recibió de este último con la información pedida; (v) del 10 de agosto de 2023, en el que la convocada informó a su contraparte y al tribunal de la transferencia por $2.079.033.804 para el reembolso de la proporción asumida; y (vi) del 17 de agosto de 2023, en el que la demandante acusó recibo de esta última comunicación y pidió que se realizaran algunas aclaraciones.

18. Aludió, igualmente, al anexo contenido en los correos del 10 y 17 de agosto de 2023, consistente en el soporte de la transferencia electrónica realizada, con el cual sostuvo que se demostró que CSE reembolsó al PA FFIE el monto mencionado por concepto de honorarios y gastos del tribunal y, por ende, de las costas en que incurrió en el proceso. Destacó que todas las anteriores comunicaciones cruzadas fueron enviadas con copia a la dirección fps@pabonabogados.com, esto es, a la del secretario del tribunal según lo previsto en el acta de instalación, con lo que concluyó que fueron radicadas en d ebida forma ante el panel y constituyen documentos procesalmente válidos. Añadió que el comprobante también fue recibido por Ingetec S.A. (una de las sociedades integrantes del consorcio) y por el propio apoderado de la convocada.

19. Argumentó que la carga de la parte se limita al envío de los correos electrónicos a

S.A. (una de las sociedades integrantes del consorcio) y por el propio apoderado de la convocada.

19. Argumentó que la carga de la parte se limita al envío de los correos electrónicos a la dirección dispuesta por el secretario, y que no es viable objetar que los señalados mensajes no se encuentran en el expediente para dejar de otorgarles valor probatorio. Razonó que, si el tribunal recibió las constancias de pago remitidas por el PA FFIE, ello también debió haber ocurrido respecto de los comprobantes de reembolso enviadas por CSE. Con lo anterior, recriminó al tribunal por no haber realizado ningún análisis de las piezas previamente mencionadas, lo que, a su juicio, configuró la causal de anulación por haberse emitido en conciencia, cuando debió ser en derecho, dado que no tuvo en cuenta el material probatorio allegado al plenario.

20. Frente al segundo cargo, indicó que la causal sé ptima de anulación también se configura por ausencia de fundamento jurídico, comoquiera que el tribunal se sustrajo de aplicar el marco normativo que debía tener en cuenta para determinar la condena en costas, con lo cual su decisión no fue proferida en de recho, sino en conciencia. Culpó al panel de pasar por alto los preceptos contenidos en los artículos 361 y 365 -numeral 8del Código General del Proceso (CGP), conforme a los cuales la parte vencida debe asumir dicho rubro, y en la medida de su comprobación. Añadió que se inaplicó el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, en cuanto a la regulación del pago de los honorarios de la parte que omite consignarlos,

comprobación. Añadió que se inaplicó el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, en cuanto a la regulación del pago de los honorarios de la parte que omite consignarlos, frente a lo cual reiteró que la certificación pedida por el PA FFIE sobre este asunto nunca fue expe dida, lo que, según la recurrente, solo se explica en la medida en que el tribunal tenía conocimiento acerca del reembolso efectuado por CSE.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541) Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA FFIE Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

6

Concluyó que la decisión obvió el régimen jurídico sustantivo a partir del cual debía resolver la cuestión debatida.

21. El secretario del tribunal corrió traslado del recurso al PA FFIE y al Ministerio Público. El primero se opuso indicando, en general, que la decisión del tribunal se fundamentó en el hecho de que en el expediente no obra constancia alguna de que CSE hubiese incurrido en costas, y que el recurso de anulación no es la oportunidad para incorporarlas al expediente14; y el segundo emitió concepto apuntando que no se configuró la causal invocada, porque el secretario dejó constancia del pago total de los gastos del trámite arbitral efectuado por el demandante, sin que obre en el expediente algún pronunciamiento del recurrente tendiente a precisar esa manifestación15.

El trámite ante el Consejo de Estado

de los gastos del trámite arbitral efectuado por el demandante, sin que obre en el expediente algún pronunciamiento del recurrente tendiente a precisar esa manifestación15.

El trámite ante el Consejo de Estado

22. Con providencia del 4 de abril de 2025 16, se admiti ó el recurso extraordinario de anulación.

23. El expediente ingresó al Despacho para fallo el 21 de abril de 202517.

CONSIDERACIONES

24. Comoquiera que no se advierte causal de nulidad que invalide lo actuado, y con el fin de abordar la cuestión debatida, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la jurisdicción y competencia de la Corporación para conocer del proceso; (ii) la constatación del pacto arbitral y de la legitimación en la causa de las partes procesales; (iii) la oportunidad en la presentación del recurso y el cumplimiento del traslado previo por parte del secretario; (iv) la definición del objeto del recurso y de los problemas jurídicos por resolver; (v) el análisis de la causal de anulación que se invoca; (vi) la solución al caso concreto, en función de los dos cargos formulados;

(vii) la enunciación de las conclusiones; y (viii) la condena en costas en el presente trámite.

Jurisdicción y competencia

25. El contencioso -administrativo ostenta jurisdicción para conocer del asunto, con fundamento en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el numeral 7 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), pues en el presente caso se busca la nulidad del laudo arbitral por el cual se definió un conflicto relativo a un

7 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), pues en el presente caso se busca la nulidad del laudo arbitral por el cual se definió un conflicto relativo a un contrato celebrado por una entidad pública.

26. El negocio del cual surgió el litigio es el “ contrato marco de interventoría No. 138048-2016”18, suscrito entre (i) el Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA FFIE (convocante) y (ii) el Consorcio Sedes

14 Archivo “006ED_TrasladoRecursodeAnu(.pdf) NroActua 2” visible en el índice 002 de Samai. 15 Archivo “003ED_2022138812Conceptonu(.pdf) NroActua 2” ibid. 16 Índice 004 de Samai. 17 Índice 011 de Samai. 18 Archivo “C-0104 Contrato Marco de Interventoría No. 1380 -48-2016” contenido en los anexos de la reforma de la demanda (fichero “054_Reforma demanda Sedes[TR]” del expediente del trámite arbitral).Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541) Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA FFIE Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

7

Educativas (convocado). El mencionado patrimonio autónomo fue constituido mediante contrato de fiducia mercantil 1380 de 2015 19, en el cual son partes (i) el

7

Educativas (convocado). El mencionado patrimonio autónomo fue constituido mediante contrato de fiducia mercantil 1380 de 2015 19, en el cual son partes (i) el Ministerio de Educación Nacional, como fideicomitente; y (ii) el Consorcio FFIE Alianza BBVA (constituido por Alianza Fiduciaria S.A. y BBVA Asset Management SAS).

27. El patrimonio autónomo menc ionado fue conformado con aquellos recursos provenientes del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, creado mediante el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, norma que, en lo pertinente, señaló

lo siguiente:

“Créase el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, básica y media, sin personería jurídica, como una cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional. (…) El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa será administrado por una Junta cuya estru ctura y funcionamiento será definida por el Gobierno nacional. Los recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, básica y media provendrán de las siguientes fuentes: a) Los recursos provenientes del recaudo establecido en el artículo 11 de la Ley 21 de 1982, destinados al Ministerio de Educación Nacional. b) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional y estén contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano Plazo. c) Los rendimientos financieros derivados de la inversión de sus recursos. Así mismo, los proyectos de infraestructura educativa que se desarrollen a

en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano Plazo. c) Los rendimientos financieros derivados de la inversión de sus recursos. Así mismo, los proyectos de infraestructura educativa que se desarrollen a través del Fondo, podrán contar con recursos provenientes de: d) El Sistema General de Regalías destinados a la infraestructura educativa, en los casos en que el OCAD designe al Ministerio de Educación Nacional como ejecutor de los mismos. e) Los recursos de cooperación internacional o cooperación de privados que este gestione o se gestionen a su favor. f) Aportes de los departamentos, distritos y municipios [y de esquemas asociativos territoriales, con la Ley 1955 de 2019]. g) Participación del sector privado mediante proyectos de Asociaciones PúblicoPrivadas. h) Excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones en Educación de las entidades territoriales certificadas en las vigencias anteriores (…)”

28. La anterior previsió n fue concretada en las obligaciones contraídas en el contrato 1380 de 2015, consistentes, respectivamente, en “Transferir a la Fiduciaria a título de fiducia mercantil, los recursos del Fondo de Infraestructura Educativa”, a cargo del Ministerio (cláusula tercera) y, correlativamente, recaudar dichos rubros en el patrimonio autónomo, a cargo del consorcio fiduciario (cláusula segunda).

Asimismo, con la modificación introducida a dicha disposición mediante el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, se ratifica ron las señaladas partidas de procedencia de tales dineros. Como se observa, los recursos con los que se integró el Fondo son de origen estatal, circunstancia que dota de carácter público a esta masa de

184 de la Ley 1955 de 2019, se ratifica ron las señaladas partidas de procedencia de tales dineros. Como se observa, los recursos con los que se integró el Fondo son de origen estatal, circunstancia que dota de carácter público a esta masa de bienes, por tratarse del centro de imputación de dere chos y obligaciones del respectivo acuerdo de voluntades (en este caso, el contrato marco de interventoría).

19 Archivo “C-0107 Contrato de Fiducia 1380 de 2015 suscrito entre el MEN y el Consorcio FFIE Alianza BBVA” ibid.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00028-00 (72.541) Recurrentes: Consorcio Sedes Educativas y otras Opositor: Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – PA FFIE Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

8

29. Aunado lo anterior, los decretos reglamentarios 1525 de 2015 y 1433 de 2020 regularon la Junta Administradora de que trata la norma previamente transcrita, para señalar que la misma: (i) está compuesta, entre otros, por el Ministro de Educación Nacional (esto es, el servidor público de mayor jerarquía en la entidad); (ii) cumple, diversas funciones, de las que se destaca la de: “Priorizar y definir los proyectos de infraestructura educativa que serán financiados o cofinanciados con recursos del FFIE” y, específicamente, (iii) la de “Fijar las reglas para la administración de los recursos de los patrimonios autónomos a cargo de las socie dades fiduciarias”

infraestructura educativa que serán financiados o cofinanciados con recursos del FFIE” y, específicamente, (iii) la de “Fijar las reglas para la administración de los recursos de los patrimonios autónomos a cargo de las socie dades fiduciarias” (cuando ellos se constituyan). La especial dirección y manejo de los recursos en cuestión ratifica el carácter público que ostenta el Fondo, lo que se traduce en el conocimiento que debe asumir esta jurisdicción para la solución de los litigios en los que se vea involucrado.

30. La anterior postura ha sido adoptada por otros despachos de esta Corporación, al avocar el conocimiento de procesos en los que interviene el PA FFIE 20, con fundamento -a su vezen lo considerado por la Sala Plena de esta Sección Tercera,

así:

“En esa medida, el inciso tercero del artículo 46 del estatuto arbitral debe interpretarse en sentido amplio, entendiendo que, entre los recursos de anulación contra laudos arbitrales que le corresponde conocer a la Sección Tercera del Consejo de Estado no solo se encuentran aquellos en los que haya intervenido una entidad pública con personería jurídica o un particular, igualmente dotado de ella, que desempeñe funciones administrativas, sino también todo órgano o dependencia del Estado que, no gozando de tal estatuto de persona, sea el centro de imputación de derechos y obligaciones y en razón de ello intervenga en un proceso en el que estos se discutan , sin perjuicio de que en sede judicial o arbitral, t