CE - Sentencia 11001032600020250004400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)

Demandante: WILLIAM DARÍO PINZÓN BARRERA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA Y JAIRO CASTELLANOS VERDUGO

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Las causales de revisión son taxativas y de interpretación restrictiva / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN – CPACA - Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación / Principio de congruencia.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores William Darío Pinzón Barrera, actuando a nombre propio y en representación de su hijo Juan Camilo Pinzón Burgos; Adriana Sofía Pinzón Burgos, María Catalina Pinzón Saavedra e Irma Lucía Saavedra Díaz, contra la sentencia proferida el 26 de agosto de 2024 por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso de reparación directa con radicado 15001 -33-33-012-207-00045-01, a través de la cual se modificó parcialmente el fallo de primera instancia que accedió a algunas de las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

a través de la cual se modificó parcialmente el fallo de primera instancia que accedió a algunas de las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte recurrente aseguró que la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en la causal quinta de revisión prevista en el artículo 250 del CPACA por “falta de congruencia y motivación insuficiente, el desconocimiento del principio iura novit curia, la vulneración del debido proceso y de la justicia material, un error manifiesto en la interpretación del derecho aplicable y, además, la ausencia de recursos ordinarios disponibles para controvertir el fallo, lo que hace procedente este recurso extraordinario”.Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)

Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros

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II. ANTECEDENTES

El proceso de reparación directa1

1. El 21 de marzo de 2017, el señor William Darío Pinzón Barrera, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos María Catalina Pinzón Saavedra y Juan Camilo Pinzón Burgos; Adriana Sofía Pinzón Burgos e Irma Lucía Saavedra Díaz presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el municipio de Tunja y el señor Jairo Castellanos Verdugo con el fin de que se les declarara “ administrativa, civil y solidariamente responsables (…) por las graves lesiones sufridas en el rostro del señor William Darío Pinzón Barrera, en hechos ocurridos el día 21 de julio de 2015”.

2. Como sustento de las pretensiones indicó que a las 7:00 p.m. del 21 de julio

Darío Pinzón Barrera, en hechos ocurridos el día 21 de julio de 2015”.

2. Como sustento de las pretensiones indicó que a las 7:00 p.m. del 21 de julio de 2015, el señor William Darío Pinzón Barrera en compañía de unos amigos contrataron los servicios del establecimiento “El Camerino CV” para jugar un partido de fútbol. Al celebrar uno de los goles, el demandante golpeó ligeramente el marco de la cancha, la cual no estaba correctamente asegurada, por lo que se vino al piso y el tubo de hierro impactó en el rostro al señor Pinzón Barrera, causándole graves heridas.

3. Uno de sus compañeros intentó prestarle los primeros auxilios, pero fue imposible su atención, dado que el establecimiento no contaba con botiquín, camilla ni elemento alguno para ello. Por lo tanto, llamaron a una ambulancia, la cual, nunca llegó. En consecuencia, trasladaron al lesionado en el carro personal al centro médico más cercano. Finalmente, en el Hospital San Rafael de Tunja se determinó que el señor Pinzón Barrera sufrió de trauma facial lo que le causó incapacidad laboral por varios meses.

4. En el marco de la audiencia inicial, la juez de primera instancia se pronunció sobre la excepción previa que planteó el municipio de Tunja correspondiente a la de “falta de jurisdicción”. A su parecer, el daño ocurrió en el marco de un contrato comercial que celebró la víctima y el dueño de las canchas sintéticas, de manera que el incumplimiento se debía analizar ante la jurisdicción civil ordinaria, pues las lesiones no fueron causadas en virtud de una actividad de naturaleza pública ni

comercial que celebró la víctima y el dueño de las canchas sintéticas, de manera que el incumplimiento se debía analizar ante la jurisdicción civil ordinaria, pues las lesiones no fueron causadas en virtud de una actividad de naturaleza pública ni bajo la vigilancia de la entidad territorial.

1 Los antecedentes del proceso de reparación directa se encuentran en formato digital, en la plataforma SAMAI - 14Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)

Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros

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5. La juez indicó que en el presente asunto había lugar a aplicar la figura de l fuero de atracción, toda vez que las pretensiones también se dirigieron a obtener la declaración de responsabilidad del municipio de Tunja por faltar a los deberes de vigilancia, control y seguimiento del establecimiento de comercio “El Camerino CV”, donde funcionaban unas canchas sintéticas de fútbol, lo que ocasionó el accidente en el que el señor Pinzón Barrera sufrió graves lesiones . Precisó que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las demandas de responsabilidad extracontractual cuando se vincula una entidad pública. Esa decisión fue objeto de recurso de reposición y, una vez las partes intervinieron, la juez la confirmó.

6. En la etapa de la fijación de litigio se indicó que “al despacho le corresponde establecer si le asiste o no algún tipo de responsabilidad al municipio de Tunja y al señor Jairo Castellanos Verdugo por los hechos ocurridos el 21 de julio de 2015 en el establecimiento de comercio denominado “CAMERINO CV” don de resultó

establecer si le asiste o no algún tipo de responsabilidad al municipio de Tunja y al señor Jairo Castellanos Verdugo por los hechos ocurridos el 21 de julio de 2015 en el establecimiento de comercio denominado “CAMERINO CV” don de resultó gravemente afectado en su integridad física el demandante William Darío Pinzón Barrera. En caso afirmativo, establecer si se estructuró una eximente de responsabilidad.” Las partes estuvieron de acuerdo.

7. Una vez se surtió el trámite de primera instancia, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja profirió sentencia el 18 de diciembre de 2019 mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para arribar a dicha conclusi ón, el juez ad quem indicó que, de cara a la responsabilidad del municipio de Tunja, tenía la obligación y deber de realizar la respectiva visita para establecer el acatamiento de las normas de uso de suelo, derechos de autor, intensidad auditiva y otras más, pero no la de vigilar la actividad que se desempeñaba en el local. En ese sentido, manifestó que “la actuación de la administración no fue determinante en la producción del daño antijurídico con lo cual se rompe el nexo de causalidad, elemento que tiene la identidad suficiente para liberar de responsabilidad a quien en principio se le imputaron los hechos”.

8. Frente a la responsabilidad del señor Jairo Castellanos Verdugo, manifestó que en los términos que se indicó en la audiencia inicial, esta jurisdicción era la competente para pronunciarse y resolverla en aplicación del fuero de atracción, porque se presentó demanda tanto contra una entidad estatal como en contra del particular. Destacó que en este caso se debía establecer la responsabilidad de

competente para pronunciarse y resolverla en aplicación del fuero de atracción, porque se presentó demanda tanto contra una entidad estatal como en contra del particular. Destacó que en este caso se debía establecer la responsabilidad de carácter extracontractual por el hecho de las cosas y que en el proceso se acreditó que el establecimiento “El Camerino CV” es de propiedad del demandado, por lo que las porterías y todos los elementos que lo componían, estaban bajo su guarda “por ello frente a los daños generados por aquellas cosas, el llamado a responderRadicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)

Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros

4 o reparar dicho daño, obligación que se desprende de la presunción de responsabilidad”. Al analizar la forma en que ocurrieron los hechos, señaló que se probó que el señor William Darío Pinzón Barrera también contribuyó con el daño, porque al celebrar el gol se sujetó del pórtico, lo que incidió en que éste se cayera, adicional a la ineficiencia del sistema de seguridad y estabilización de la portería, propiciaron la caída, de éste de manera, concluyó que se verificó la “concurrencia de culpas”.

9. Contra la anterior decisión, la parte actora y el señor Jairo Castellanos Verdugo presentaron recurso de apelación.

10. La parte actora señaló que el municipio de Tunja también era responsable del daño que se le causó al señor William Darío Pinzón Barrera porque no ejecutó sus labores de vigilancia y control sobre el establecimiento de comercio “Camerino CV” desde que abrió al público y, a pesar de que debió ejercer como primera

del daño que se le causó al señor William Darío Pinzón Barrera porque no ejecutó sus labores de vigilancia y control sobre el establecimiento de comercio “Camerino CV” desde que abrió al público y, a pesar de que debió ejercer como primera autoridad de policía exigiéndole al propietario tomar las medidas para que redujera el riesgo de un accidente pero no lo hizo, todo lo cual llevó a que se produjera la caída de la por tería, con el agravante de que no contó con los elementos necesarios para atender la emergencia, tales como, botiquín, camilla, paramédicos. También solicitó desestimar la teoría de la concurrencia de culpas, porque la obligación del empresario era de tipo objetivo, de manera que éste debió reducir cualquier tipo de peligro que podía causar su establecimiento de comercio lo que suponía que la cancha debía estar correctamente anclada y asegurada, lo que no ocurrió en el presente asunto.

11. Por su parte, el señor Castellanos Verdugo indicó que el presente asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria y que se trató de un tema de responsabilidad civil contractual, pero, erradamente, al proceso se le aplicaron las normas de la responsabilidad civil extracontractual. Señaló que se probó la culpa exclusiva de la víctima quien le dio mal uso a los bienes que contrató para ejercer la actividad deportiva, adicional a q ue no se acreditó la supuesta deficiencia en los arcos de las canchas.

12. El recurso de apelación se resolvió mediante providencia del 26 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión

No. 2 en la que revocó el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a

12. El recurso de apelación se resolvió mediante providencia del 26 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión

No. 2 en la que revocó el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a algunas de las pretensiones de la demanda.

13. Para arribar a esa decisión, el Tribunal manifestó que se acreditó que el establecimiento de comercio “El Camerino CV” era un espacio de propiedadRadicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)

Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros

5 privada, en particular, del señor Jairo Castellanos Verdugo, por lo que no estaba bajo la administración del municipio de Tunja, ni tampoco sujeto a la prestación de un servicio público de tipo recreativo o cultural que hiciera responsable a la entidad territorial de los daños ocasionados en sus instalaciones. Adicionalmente, destacó que los entes municipales y distritales ejercen el control y vigilancia de los establecimientos comerciales, pero no respecto de las normas de seguridad de los elementos para e l desarrollo de su objeto social, por lo que, de haberse causado un daño, sería responsabilidad únicamente del respectivo propietario.

14. Sobre la responsabilidad del particular demandado, indicó que esta jurisdicción sí estaba facultada para estudiar la imputación que se le realizó, porque la parte actora demandó no sólo al municipio de Tunja por falla en la prestación del servicio, en razón a la supuesta omisión de sus deberes de vigilancia y control como autoridad de p olicía, sino que también solicitó declarar responsable al señor Jairo Castellanos Verdugo al ser el propietario del

prestación del servicio, en razón a la supuesta omisión de sus deberes de vigilancia y control como autoridad de p olicía, sino que también solicitó declarar responsable al señor Jairo Castellanos Verdugo al ser el propietario del establecimiento de comercio en el que ocurrió el daño, como quiera que “era su obligación mantener debidamente empotrado o anclado el arco de las canchas sintéticas y de conservar en perfecto estado las instalaciones en las que prestaba sus servicios”. Añadió que, en la audiencia inicial, en la etapa de excepciones, se resolvió la denominada como “ falta de jurisdicción” declarándola no probada, en aplicación del fuero de atracción; de manera que, pese a que se determinó que el municipio de Tunja carecía de legitimación en la causa por pasiva material, era procedente asumir el análisis de la responsabilidad civil del seño r Castellanos Verdugo.

15. Manifestó que se acreditó que el señor William Darío Pinzón Barrera celebró un contrato verbal de servicio de carácter comercial con el señor Jairo Castellanos Verdugo, y que el daño se causó en el marco de la responsabilidad de carácter contractual, entre dos particulares. Dado que, durante todo el debate judicial se planteó una responsabilidad de tipo extrac ontractual, en virtud del principio de congruencia, “no hará pronunciamiento alguno frente a la responsabilidad civil contractual que pudo haberse generado entre el demandante WILLIAM DARIO PINZÓN BARRERA y aquel por el posible incumplimiento de las obligaciones del contrato verbal de servicios de carácter c omercial por el uso de la cancha de futbol, generadora del daño alegado, al ser un planteamiento ajeno

WILLIAM DARIO PINZÓN BARRERA y aquel por el posible incumplimiento de las obligaciones del contrato verbal de servicios de carácter c omercial por el uso de la cancha de futbol, generadora del daño alegado, al ser un planteamiento ajeno a la litis en esta instancia”, por lo que revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda formuladas en contra del particular.Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)

Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros

6 El recurso extraordinario de revisión

16. El 26 de marzo de 2025, el señor William Darío Pinzón Barrera, actuando a nombre propio y en representación de su hijo Juan Camilo Pinzón Burgos; Adriana Sofía Pinzón Burgos, María Catalina Pinzón Saavedra e Irma Lucía Saavedra Díaz, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el

26 de agosto de 2024 por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso de reparación directa con radicado 15001 -33-33-012-20700045-01. En su recurso se indicó que se configuró la nulidad de la sentencia en virtud de lo siguiente:

1. Falta de congruencia y motivación insuficiente: La demanda de reparación directa presentada el 27 de marzo de 2017 (sic) no se limitó exclusivamente a la responsabilidad extracontractual, sino que también incluyó la responsabilidad contractual derivada del contrato verbal de prestación de servicios celebrado entre WILLIAM DARÍO PINZÓN BARRERA y el señor JAIRO CASTELLANOS VERDUGO, propietario del

exclusivamente a la responsabilidad extracontractual, sino que también incluyó la responsabilidad contractual derivada del contrato verbal de prestación de servicios celebrado entre WILLIAM DARÍO PINZÓN BARRERA y el señor JAIRO CASTELLANOS VERDUGO, propietario del establecimiento "El Camerino CV". La omisión del Tribunal al desconocer este aspecto fundamental del caso vulnera el principio de congruencia de las sentencias, lo que constituye un vicio grave en la fundamentación del fallo.

2. Desconocimiento del principio iura novit curia: El Tribunal tenía la obligación de calificar correctamente los hechos y aplicar el derecho vigente, independientemente de cómo hubiesen sido formuladas las pretensiones por las partes. La decisión de restring ir su análisis exclusivamente a la responsabilidad extracontractual, omitiendo el estudio de la responsabilidad contractual claramente presente en los hechos, constituye un desconocimiento grave de este principio y una motivación errónea del fallo.

3. Vulneración del debido proceso y de la justicia material: La decisión del Tribunal, al excluir la responsabilidad contractual del demandado y negar el análisis de la relación jurídica existente entre las partes, privó al demandante de la posibilidad de obt ener una reparación integral por los perjuicios sufridos el 21 de julio de 2015, cuando una de las porterías de la cancha sintética cayó sobre su cuerpo, causándole lesiones graves.

Esta omisión resulta en una afectación sustancial al debido proceso y a la garantía de justicia material.

4. Error manifiesto en la interpretación del derecho aplicable: La sentencia recurrida incurre en una indebida aplicación de la normativa procesal y sustantiva, ya que el contrato verbal de servicios no puede ser ignorado en el análisis de la responsabilidad del demandado. La errónea

sentencia recurrida incurre en una indebida aplicación de la normativa procesal y sustantiva, ya que el contrato verbal de servicios no puede ser ignorado en el análisis de la responsabilidad del demandado. La errónea valoración de este aspecto demuestra que la decisión estuvo fundamentada en una motivación defectuosa y en un razonamiento jurídico incorrecto.

5. Falta de recursos ordinarios disponibles como prerrequisito para la interposición del recurso extraordinario de revisión (…).

17. Señaló que el señor Pinzón Barrera había presentado directamente una acción de tutela contra el referido fallo como quiera que en el escrito de la demanda no se había privilegiado ningún tipo de responsabilidad -contractual/extracontractual-. La Sección Segunda declaró la improcedencia de la tutela porque consideró que los argumentos que presentó el accionante encuadraban con los requisitos de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión, específicamente, en el numeral quinto.Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)

Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros

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18. Manifestó que se configuró la causal número 5 del artículo 250 del CPACA dado que los vicios previamente señalados viciaron de nulidad la decisión, lo que imponía el deber de ser subsanado por esta Corporación a través de este recurso.

Trámite impartido e intervenciones

19. Mediante auto de l 3 de junio de 2025 se admitió el recurso extraordinario de revisión. Se ordenó notificar la decisión al municipio de Tunja, al señor Jaime Castellanos Verdugo y al Ministerio Público . Las notificaciones se efectuaron en

19. Mediante auto de l 3 de junio de 2025 se admitió el recurso extraordinario de revisión. Se ordenó notificar la decisión al municipio de Tunja, al señor Jaime Castellanos Verdugo y al Ministerio Público . Las notificaciones se efectuaron en debida forma ( SAMAI 4 y 8). El señor Jaime Castellanos Verdugo no contestó la demanda y el Ministerio Público tampoco intervino en el proceso.

20. En el término de traslado, el municipio de Tunja señaló que no había razón para declarar la nulidad de la sentencia del 26 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá porque no se incurrió en incongruencia alguna y la motivación para arribar a la decisión de denegar las pretensiones fue acertada, adicional a que no desconoció el principio de Iura Novit Curia . Agregó que se acreditó que las lesiones del señor Pinzón Barrera fueron generadas en el marco de un contrato de naturaleza privada que celebró con el dueño de las canchas de fútbol “Camerino CV”, establecimiento de comercio que probó cumplir con la normatividad para su funcionamiento en relación con el uso de suelos, licencia de construcción y matricula mercantil, todo lo cual se escapa de la responsabilidad del municipio de Tunja. Finalmente, destacó que no se probó que el Municipio hubiera omitido dar cumplimiento a sus obligaciones de inspección, control y vigilancia ni ninguna de las normas que erradamente citó la parte actora en su demanda (SAMAI

15).

21. Se prescindió del período probatorio por cuanto no existían solicitudes probatorias dirigidas a demostrar o desvirtuar la causal de revisión invocada.

ninguna de las normas que erradamente citó la parte actora en su demanda (SAMAI 15).

21. Se prescindió del período probatorio por cuanto no existían solicitudes probatorias dirigidas a demostrar o desvirtuar la causal de revisión invocada.

Además, se verificó que el expediente del proceso ordinario -necesario para decidir el asuntopodía ser consultado en la plataforma SAMAI.

CONSIDERACIONES

Competencia

22. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 26 de agosto de 2024 proferida por el TribunalRadicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)

Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros

8 Administrativo de Boyacá en atención a lo dispuesto en el 249 del CPACA 2, en concordancia con la distribución de negocios al interior del Consejo de Estado establecida en el artículo 13 del Acuerdo No. 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 20243.

Caducidad

23. De acuerdo con el inciso primero del artículo 251 del CPACA, el término para interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta es de un año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia cuestionada. En el presente caso, la demanda radicada el 26 de marzo de 2025 resulta oportuna, toda vez que la sentencia que se acusa fue proferida el 26 de agosto de 2024.

Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial

24. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso

toda vez que la sentencia que se acusa fue proferida el 26 de agosto de 2024.

Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial

24. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de revisión se encuentran enl istadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

25. Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por resultar contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión, ajustada a la ley.

26. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales taxativamente establecidas por el legislador. Por consiguiente, no puede ser

2 Artículo 249. Competencia. «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativo». 3 Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativo». 3 Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. «Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)

Sección Tercera: (…)

10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección».Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)

Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros

9 empleado como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o interpretativo.

27. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado4.

Alcance de la causal quinta de revisión

28. La causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA ha sido objeto de múltiples pronunciamientos al interior de esta Corporación, en la medida en que su redacción no permite conocer cuáles situaciones dan lugar a la nulidad de la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia se ha ocupado de establecer los supuestos que pueden configurar esa causal y le ha encomendado al juez la función de establecer su alcance.

la nulidad de la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia se ha ocupado de establecer los supuestos que pueden configurar esa causal y le ha encomendado al juez la función de establecer su alcance.

29. Se ha sostenido que la providencia es nula por las causales de nulidad procesal establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Al respecto, la jurisprudencia contencioso administrativa ha identificado ciertos vicios5 que afectan la validez, los cuales fueron sintetizados en la sentencia de 31 de mayo de 2011 6,

como pasa a exponerse:

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción o competencia7, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta 8, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión9 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o

4 Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia

suspensión9 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o

4 Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de 8 de mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro. 5 Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, rad. 2000-00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-200800294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 7 «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-080». 8 «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093». 9 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-00170».Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)

Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros

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REV-1998-00170».Radicación número: 11001-03-26-000-2025-00044-00 (72602)

Actor: William Darío Pinzón Barrera y otros

10 adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación10.

30. Se ha aceptado, además, que la violación del derecho al debido proceso estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política 11 genera la nulidad de la sentencia, conforme al razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte Constitucional12 y en los específicos casos que ha identificado esta Corporación.

31. Por vía jurisprudencial, se han reconocido los siguientes supuestos transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio; ii) ausencia de motivación; iii) transgresión del principio de la non reformatio in pejus; iv) condena contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de votos requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra, ultra o infra petita.

32. En cualqu