CE - Sentencia 11001032600020250010600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)

Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI

Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.

Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

Tema: Laudo en conciencia – El juez del recurso extraordinario de anulación no está facultado para revivir el debate jurídico ni probatorio surtido en sede arbitral.

1. La Sala resuelve el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura -en adelante, ANI, la Agencia o la parte recurrentecontra el laudo arbitral del 12 de mayo de 2025, proferido por un tribunal de arbitraje constituido para dirimir las controversias surgidas con ocasión del contrato de concesión no. 445 del 2 de agosto de 1994, suscrito con la sociedad Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. -en lo sucesivo, la sociedad, la contratista, CSMP o la opositora-. En lo que concierne a este trámite judicial, dicha providencia declaró la ruptura del equilibrio económico del señalado negocio, y condenó a la entidad pública a realizar una serie de desembolsos para efectos de su restablecimiento.

2. El laudo arbitral fue controvertido en sede de anulación bajo la causal 7 del artículo

la ruptura del equilibrio económico del señalado negocio, y condenó a la entidad pública a realizar una serie de desembolsos para efectos de su restablecimiento.

2. El laudo arbitral fue controvertido en sede de anulación bajo la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Se indicó que no se dictó en derecho, a juicio de la recurrente, al haberse dado una indebida aplicación al régimen del equilibrio económico del contrato estatal, y porque se habría omitido la valoración de pruebas que indicarían que dicha ecuación no se vio afectada -contrario a lo alegado por la contratista en su demanda -, en atención a la situación financiera favorable de la concesionaria en los años en que ocurrieron los eventos que fundaron el libelo.

ANTECEDENTES

La demanda arbitral y el trámite relevante ante el tribunal

3. A partir de las piezas del expediente remitido a esta Corporación por parte de la secretaria del tribunal arbitral, la Sala destaca las siguientes actuaciones:

4. El 2 de agosto de 1994, el Instituto Nacional de Vías y la sociedad Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. celebraron el contrato de concesión no. 4451, en el que se pactó como objeto: “Ejecutar por el sistema de concesión regulado por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 “los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación de construcción, la operación y el mantenimiento de los sectores Río Palomino1 Archivo “001. Contrato de Concesión 445 de 1994” contenido en el expediente digital OneDrive del trámite surtido ante el tribunal, cuyo enlace obra en el archivo “002ED_RadicacionRecursodeA” (en lo sucesivo, “el

1 Archivo “001. Contrato de Concesión 445 de 1994” contenido en el expediente digital OneDrive del trámite surtido ante el tribunal, cuyo enlace obra en el archivo “002ED_RadicacionRecursodeA” (en lo sucesivo, “el expediente arbitral”), visible en el índice 002 de la plataforma Samai (carpeta “06_ APORTADAS_CON_LA_REFORMA_DE_LA_DEMANDA_INICIAL_20240402” en “PRUEBAS”).Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)

Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI

Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.

Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

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Riohacha y Riohacha - Paraguachón y el mantenimiento y la operación del sector Santa Marta - Rio Palomino, ruta 90 en los Departamentos del Magdalena y La Guajira”. En el negocio inicial, se previó como valor la suma de $28.443’698.593 y se estipuló que su pago, así como el de los costos relacionados en la propuesta, se realizaría mediante la cesión de los derechos de recaudo de peaje de cinco casetas ubicadas en d ichos tramos viales, conforme a las tarifas establecidas en el clausulado. Igualmente, se pactó como obligación del concesionario “la financiación total del proyecto”.

5. Mediante otrosí no. 10 del 25 de marzo de 20092, se modificó, entre otros aspectos, el plazo del negocio, que se amplió hasta el 27 de julio de 2030. Asimismo, se varió el modelo financiero del contrato, en el sentido de pactar una forma de remuneración

el plazo del negocio, que se amplió hasta el 27 de julio de 2030. Asimismo, se varió el modelo financiero del contrato, en el sentido de pactar una forma de remuneración basada en el concepto de ingreso real, que se definió como “ el valor presente (a diciembre de 2008) en términos reales de los ingresos percibidos provenientes de dos fuentes, a saber: i) los ingresos derivados de los aportes y/o pagos estatales (en pesos constantes de junio de 1994) y, ii) los ingresos percibidos de los usuarios por concepto de peajes (en pesos constantes de junio de 1994). El valor presente de estos ingresos, (sic) se evaluará con base en una tasa de descuento del 9,13% efectiva anual en términos reales, de acuerdo con la Resolución 2080 del 31 de julio de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ”, y se fijó en la suma de $83.672’094.023.

6. En el modificatorio, igualmente, se establecieron los parámetros para verificar la obtención de dicho monto, a partir de la comparación con el ingreso generado

(calculado mensualmente con base en los recaudos por peajes y los pagos estatales), con lo cual se acordó que: “ Cuando el valor acumulado del Ingreso Generado, en un determinado período mensual de ejecución del Contrato, sea igual o superior al Ingreso Real, esto será causal de terminación del Contrato ”, a fin de que la contratante tomase posesión del proyecto.

7. En demanda arbitral 3 presentada el 29 de marzo de 2023 (reformada el 2 de abril de 2024), CSMP pretendió, entre otros aspectos, que se declarara que el contrato

que la contratante tomase posesión del proyecto.

7. En demanda arbitral 3 presentada el 29 de marzo de 2023 (reformada el 2 de abril de 2024), CSMP pretendió, entre otros aspectos, que se declarara que el contrato de concesión 445 de 1994 sufrió una ruptura en su equilibrio económico derivada de las siguientes circunstancias extraordinarias e imprevisibles, que generaron una reducción en el recaudo de peajes: (i) el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, que ocurrió el 19 de agosto de 2015; (ii) la emergencia sanitaria acaecida a raíz de la pandemia por COVID -19, en v irtud de la cual el Gobierno nacional decretó una exención en el pago de peajes desde el 26 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020, y que también provocó una disminución en el tráfico de automotores desde el 25 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020; y (iii) la elusión en el pag o de dos casetas instaladas en el proyecto vial contratado. Pidió, en lo relevante para el asunto que interesa a la Sala, declarar que la concesionaria no debía soportar los efectos de las mencionadas eventualidades y que la ANI se encontraba obligada a restablecer dicha ecuación contractual, así como condenarla al pago de los rubros dejados de percibir por esas circunstancias.

2 Archivo “037. Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión” ibid. Para ese momento, la entidad concesionaria era el Instituto Nacional de Concesiones –INCO, a quien se le cedió la posición contractual del INVIAS mediante otrosí del 31 de mayo de 2004.

el Instituto Nacional de Concesiones –INCO, a quien se le cedió la posición contractual del INVIAS mediante otrosí del 31 de mayo de 2004. 3 Archivo “001_Demanda aribtral” (sic) del expediente arbitral.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)

Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI

Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.

Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

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8. La ANI contestó el libelo inicial 4 y formuló demanda de reconvención 5, la que, a su turno, fue contestada por CSMP 6. Las partes posteriormente reformaron sus respectivas demandas7, que fueron objeto de sendas contestaciones8.

9. En su respuesta a la reforma de la demanda primigenia, la ANI formuló diversas excepciones frente a cada grupo de pretensiones. Sin embargo, de manera común a los tres eventos mencionados, propuso, entre otras (y para lo que interesa a la presente causa), las que denominó como: “ Ausencia de acreditación por parte del CSMP alrededor de haber ejecutado el contrato en desmedro de su propio patrimonio”, “Indebida interpretación del demandante alrededor de esquema actual de remuneración del Contrato de concesión 445 de 1994 ya que, con ocasión de la celebración del otrosí No, 10 de 1994 (sic), se abandonó el Ingreso Mínimo Garantizado para pasar a uno de Ingreso Real ” y, en lo pertinente, que los respectivos riesgos se encuentran asignados al concesionario.

El laudo que se solicita anular

Garantizado para pasar a uno de Ingreso Real ” y, en lo pertinente, que los respectivos riesgos se encuentran asignados al concesionario.

El laudo que se solicita anular

10. El 12 de mayo de 2025, el tribunal profirió el respectivo laudo 9, en el que, para lo que atañe a este proceso, se accedió a las pretensiones de la concesionaria tendientes a declarar la ruptura del equilibrio económico del contrato 445 de 1994, a raíz de: (i) el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela que ocurrió el 19 de agosto de 2015, (ii) la emergencia sanitaria acaecida a raíz de la pandemia COVID19 y (iii) la elusión en el pago de las casetas de peaje Alto Pino y Paraguachón.

Dichas determinaciones se adoptaron en los siguientes puntos 10 (se trascribe de forma literal, con posibles errores):

“Quinto. Declarar que el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela generó una disminución imprevisible y extraordinaria de los ingresos por concepto de peaje pactados a favor de la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. que rompió el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994, conforme a las modificaciones pactadas en el Otrosí n.º 10 del 25 de marzo de 2009.

Sexto. Como consecuencia de lo anterior, declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI está obligada a restablecer el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994, según el mismo fue modificado por el Otrosí n.º 10 del 25 de marzo de 2009.

Infraestructura – ANI está obligada a restablecer el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994, según el mismo fue modificado por el Otrosí n.º 10 del 25 de marzo de 2009.

Séptimo. Como consecuencia, condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a pagar a la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. la suma de $ 17 904 520 945 correspondiente a los ingresos por concepto de peaje que dejó de recibir por causa del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, conforme a la liquidación que obra en la parte considerativa. (…) Decimonoveno. Declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI incumplió su obligación legal y contractual de compensar e indemnizar los daños y perjuicios sufridos por la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. a causa del COVID 19, por concepto de:

4 Archivo “025_Contestacion_demanda_ANI_20230926” ibid. 5 Archivo “027_Demanda_de_Reconvencion_20230926” ibid. 6 Archivo “049_Contestacion_demanda_reconvencion_20231227” ibid. 7 Archivos “080_Reforma_de_la_demanda_inicial_20240402” y “082_Reforma_de_la_demanda_de _reconvencion_20240402” ibid. 8 Archivos “112_Contestacion_demanda_inicial_reformada_20240528” y “114_Contestacion_ demanda_reconvencion_reformada_20240528” ibid. 9 Archivo “330_Laudo_CSMP_vs_ANI_20250512” ibid. 10 Aunque no fueron objeto de solicitud de anulación, se citan los numerales 19, 20, 21 y 29 con el fin de otorgar

9 Archivo “330_Laudo_CSMP_vs_ANI_20250512” ibid. 10 Aunque no fueron objeto de solicitud de anulación, se citan los numerales 19, 20, 21 y 29 con el fin de otorgar contexto a las decisiones adoptadas.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)

Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI

Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.

Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

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• Los ingresos que dejaron de generarse por la exención en el pago de peajes dispuesta por el Gobierno nacional desde el 26 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020.

• Los ingresos por peajes que dejaron de generarse por el menor volumen de vehículos que transitó desde el 25 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020 a causa de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y las autoridades del orden territorial referidas al aislamiento preventivo obligatorio.

Vigésimo. Declarar que el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994 se vio alterado por los ingresos por peajes que dejaron de generarse por el menor volumen de vehículos que transitó con posterioridad al 31 de agosto de 2020 por causa del COVID 19 (pretensión primera subsidiaria de la décima novena, número 19.3).

Vigésimo primero. Como consecuencia de la decisión anterior, declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI está obligada a restablecer el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994, conforme se solicita en la pretensión prim era subsidiaria de la décima novena, número 19.3.

Nacional de Infraestructura – ANI está obligada a restablecer el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994, conforme se solicita en la pretensión prim era subsidiaria de la décima novena, número 19.3.

Vigésimo segundo. Declarar que las compensaciones e indemnizaciones de los daños y perjuicios causados por el COVID 19 a que se refieren la pretensión décima novena (números 19.1 y 19.2) y la pretensión primera subsidiaria de la décima novena (número 19.3) se deben efectuar mediante el pago de recursos económicos a favor de la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A.

Vigésimo tercero. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y conforme a la pretensión vigésima primera, condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a pagar a la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. la suma de $ 22 837 872 675 por concepto de indemnización por la totalidad de daños y perjuicios que esta última sufrió por causa del COVID 19, conforme a la liquidación que obra en la parte motiva y según se solicita en la pretensión décima novena, números 19.1 y 19.2.

Vigésimo cuarto. Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión primera subsidiaria de la décima novena, número 19.3, condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a pagar a la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A. la suma de $ 22 846 724 952 para restablecer el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994, alterado por la ocurrencia de la pandemia del COVID 19, en los términos

$ 22 846 724 952 para restablecer el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994, alterado por la ocurrencia de la pandemia del COVID 19, en los términos de la pretensión subsidiaria de la vigésima primera. (…) Vigésimo noveno. Declarar que, como consecuencia de lo anterior, el comportamiento del riesgo de elusión del pago de peaje en las casetas Alto Pino y Paraguachón del Proyecto alteró el equilibrio económico del Contrato de Concesión n.º 445 de 1994 por causas no imputables a la Concesión Santa Marta Paraguachón S. A ., por lo que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI está obligada a restablecerlo.

Trigésimo. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a pagar a la Concesión Santa Marta Paraguachón S.

A. la suma de $ 7 073 433 171 correspondiente a los ingresos que ha dejado de percibir por la elusión del pago de peaje en las casetas Alto Pino y Paraguachón, en los términos de la pretensión vigésima séptima”.

11. En sustento de la condena relacionada con el cierre de la frontera, el tribunal analizó el esquema de remuneración pactado con base en el modelo de “ingreso real”, y tomó en consideración que éste se fijó, en parte, en función de los recaudos por peajes, que -a su vezdependían del tráfico y el número de vehículos que pagaran la respectiva tarifa. Se valoró que las partes no previeron una disminución de la circulación de vehículos a raíz de esa restricción, de forma que calificó dicha orden

peajes, que -a su vezdependían del tráfico y el número de vehículos que pagaran la respectiva tarifa. Se valoró que las partes no previeron una disminución de la circulación de vehículos a raíz de esa restricción, de forma que calificó dicha orden como un evento extraordinario e imprevisible. Con base en los registros vehiculares y el dictamen pericial financiero aportados por CSMP, se analizó la relación entre el tránsito real y el proyectado, así como los ingresos percibidos desde septiembre de 2015 en adelante, de lo que evidenció la reducción acaecida en el Peaje Paraguachón, para concluir que: “ Los ingresos reales de la referida Estación de Peaje entre agosto de 2015 y diciembre de 2019 fueron inferiores a aquellos que seRadicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)

Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI

Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.

Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

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proyectaron en el Otrosí n.º 10 ”. Así, estableció que ello repercutió en los ingresos de la concesionaria, fenómeno que ésta no debía soportar, de forma que la ANI estaba obligada a restablecer el equilibrio económico del contrato por dicha circunstancia.

12. En cuanto al impacto generado por el brote del virus COVID -19, el tribunal tuvo en cuenta dos aspectos. Por un lado, estableció que la ANI estaba obligada a pagar las sumas detalladas en el denominado “Acuerdo COVID-2”, por el cual se pactó el

12. En cuanto al impacto generado por el brote del virus COVID -19, el tribunal tuvo en cuenta dos aspectos. Por un lado, estableció que la ANI estaba obligada a pagar las sumas detalladas en el denominado “Acuerdo COVID-2”, por el cual se pactó el desembolso de los peajes no recaudados con ocasión del Decreto Legislativo 482 de 2020 hasta el 31 de mayo de ese año, así como los ingresos que dejaron de generarse por el menor volumen de vehículos entre el 25 de marzo y el 31 de agosto de 2020 por restricciones a l a movilidad durante la pandemia. Por otro, tuvo en cuenta lo concluido en los diferentes peritajes practicados en el proceso, en los que se concluyó que hubo una disminución en el flujo de vehículos con posterioridad al 31 de agosto de 2020, lo cual se atribuyó al surgimiento de la emergencia sanitaria.

En el dictamen allegado por CSMP, se estableció que el esquema de remuneración se orientó a la obtención de un ingreso esperado o real, lo cual es independiente de la situación financiera de la contratista, y se señaló que, a diciembre de 2023, existió una diferencia entre el ingreso real acumulado y el ingreso real esperado, de forma que, a junio de 2030, no se alcanzará el ingreso real esperado, con base en lo cual el panel arbitral dedujo la afectación a la ecuación financiera del contrato.

13. Frente al fenómeno de elusión del pago de peaje presentado en las casetas Alto Pino y Paraguachón, estableció que se trató de hecho o circunstancia extraordinaria e irresistible para CSMP, y que fue un riesgo que ésta no asumió (como tampoco la

Pino y Paraguachón, estableció que se trató de hecho o circunstancia extraordinaria e irresistible para CSMP, y que fue un riesgo que ésta no asumió (como tampoco la reducción de los ingresos por esa causa). Indicó que ese suceso alteró el equilibrio económico del contrato, por lo que la ANI estaba obligada a restablecerlo con base en la suma detallada en el dictamen pericial aportado por la contratista.

14. La ANI presentó solicitudes de aclaración y complementación del laudo, mientras que CSMP pidió su aclaración y corrección 11. Estos pedimentos fueron denegados mediante auto del 26 de mayo de 202512.

El recurso de anulación

15. La ANI presentó recurso extraordinario de anulación13 contra el referido laudo, en el que solicitó la celebración de una audiencia pública y la suspensión de los efectos jurídicos del laudo arbitral. Además, impetró lo siguiente (se transcribe de forma literal, con sus propios énfasis y posibles errores):

“PETICIONES PRINCIPALES

De acuerdo con la fundamentación fáctica y jurídica anteriormente expuesta, me permito formular al H. Consejo de Estado, las siguientes solicitudes:

PRIMERA.- DECLÁRASE fundado el presente recurso extraordinario de anulación parcial en contra del laudo arbitral de fecha 12 de mayo de 2025, como consecuencia de

11 En su orden, archivos “335_Memorial_ANI_solicitudes_laudo_20250519” y “337_Memorial_CSMP _solicitudes_laudo_20250519” ibid. 12 Archivo “339_Acta_40_Resuelve_solicitudes_laudo_20250526” ibid.

11 En su orden, archivos “335_Memorial_ANI_solicitudes_laudo_20250519” y “337_Memorial_CSMP _solicitudes_laudo_20250519” ibid. 12 Archivo “339_Acta_40_Resuelve_solicitudes_laudo_20250526” ibid. 13 Archivo “006ED_Recursoextraordinari” visible en el índice 002 de Samai.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)

Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI

Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.

Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

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la materialización de la causal 7 de anulación, es decir, por haberse fallado en conciencia o equidad debiendo ser en derecho.

SEGUNDA.- DECLÁRASE la anulación de los numerales 5, 6, 7, 23, 24 y 30 de la parte resolutiva del Laudo Arbitral calendado 12 de mayo de 2025, proferido dentro de la controversia iniciada por la Concesión Santa Marta Paraguachón en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura, con número de radicación 141971”.

16. Como fundamentos de derecho, invocó la causal de anulación número 7 contemplada en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, “por haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho”. En sustento de este reproche, enrostró que, en el laudo, se ignoraron las pruebas que acreditaban que CSMP, antes que haber sufrido pérdidas, obtuvo utilidades y gozó de una situación económica favorable, lo que impedía cualquier reconocimiento económic o a título

enrostró que, en el laudo, se ignoraron las pruebas que acreditaban que CSMP, antes que haber sufrido pérdidas, obtuvo utilidades y gozó de una situación económica favorable, lo que impedía cualquier reconocimiento económic o a título de restablecimiento de la ecuación contractual. En ese sentido, cuestionó la aplicación que se dio al instituto del equilibrio económico del contrato, pues, en su sentir, se dejaron de lado las normas positivas que lo regulan y el alcance que le ha otorgado la jurisprudencia de esta Corporación. Los argumentos concretos a este respecto se desarrollarán más adelante, al momento de resolver de fondo cada uno de los cargos de anulación que se derivan del escrito.

Traslado del recurso y manifestaciones

17. La secretaria del tribunal corrió traslado del recurso de anulación formulado por la ANI a la concesionaria y al Ministerio Público14.

18. CSMP se opuso15 indicando, en general, que el recurso tiene por propósito atacar el fondo de la decisión adoptada, así como la valoración probatoria, ejercicio improcedente con dicho medio de impugnación, y objetó la celebración de la audiencia pública deprecada por la ANI. Para el efecto, recapituló las razones por las cuales el tribunal resolvió las controversias con base en la ley y en las pruebas, lo que descartaría que se haya proferido el laudo en conciencia o en equidad. En concreto, señaló que: (i) el recurrente no sustentó el cargo en contra del ordinal vigésimo tercero, que en todo caso fue soportado jurídica y probatoriamente; (ii) las decisiones basadas en el desequilibrio económico por causa del COVID -19 con

vigésimo tercero, que en todo caso fue soportado jurídica y probatoriamente; (ii) las decisiones basadas en el desequilibrio económico por causa del COVID -19 con posterioridad al 31 de agosto de 2020, en el cierre de la frontera con Venezuela y la elusión en el pago de peaje estuvieron debidamente sustentadas, de forma que (iii) el recurso de anulación de la ANI está fundado en una divergencia de criterio jurídico y probatorio con el tribunal, por lo que el mismo es improcedente. Sin perjuicio de lo anterior, detalló las razones por las que los yerros atribuidos no son ciertos, reseñando lo declarado en la sustentación del dictamen de la concesionaria y trayendo a colación sus estados financieros. Estos argumentos de defensa serán abordados al momento de resolver cada uno de los cargos de anulación enfilados por la libelista.

19. Por su parte, el agente del Ministerio Público solicitó declarar fundado el recurso, al considerar que el laudo no fue proferido en derecho, al momento de resolver la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato con fundamento en la teoría de la imprevisión. La concesionaria se pronunció frente a este último

14 Archivo “007ED_Trasladoderecursodea” del expediente Samai. 15 Archivo “005ED_Oposicionrecursodean” ibid.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)

Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI

Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.

Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

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Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI

Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.

Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

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escrito16, en el sentido de oponerse a la “coadyuvancia” formulada, cuyos argumentos, igualmente, serán analizados al momento de resolver sobre los cargos de anulación formulados.

El trámite ante el Consejo de Estado

20. Con providencia del 1.° de octubre de 2025 17, se admitió el recurso extraordinario de anulación, se suspendieron los efectos del laudo y se denegó la solicitud de convocatoria a la audiencia pública deprecada por la ANI.

CONSIDERACIONES

21. Comoquiera que no se advierte causal de nulidad que invalide lo actuado, y con el fin de abordar la cuestión debatida, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la jurisdicción y competencia de la Corporación para conocer del proceso; (ii) la constatación del pacto arbitral y de la legitimación en la causa de las partes procesales; (iii) la oportunidad en la presentación del recurso y el cumplimiento del traslado previo por parte de la secretaria del tribunal; (iv) la definición del objeto del recurso y de los problemas jurídicos por resolver; (v) el análisis de la causal de anulación que se invoca; (vi) la solución al caso concreto, en función de los dos cargos formulados; (vii) la enunciación de las conclusiones; y (viii) la condena en costas en el presente trámite.

Jurisdicción y competencia

cargos formulados; (vii) la enunciación de las conclusiones; y (viii) la condena en costas en el presente trámite.

Jurisdicción y competencia

22. El contencioso -administrativo ostenta jurisdicción para conocer del asunto, con fundamento en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el numeral 7 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), pues en el presente caso se busca la nuli dad del laudo arbitral por el cual se definió un conflicto relativo a un contrato celebrado por una entidad pública. El negocio del cual surgió el litigio es el contrato de concesión 445 de 1994, suscrito entre (i) la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI (demandada en sede arbitral) y (ii) la sociedad Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. (demandante en aquel foro).

23. Lo anterior se ve complementado por el criterio general contenido en el artículo 104 del CPACA, conforme al cual: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujeto s al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas”.

24. Finalmente, esta Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de anulación en única instancia, de conformidad con el numeral

16 Archivo “004ED_Oposicioncoadyuvanci” del expediente Samai. 17 Índice 004 de Samai.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)

16 Archivo “004ED_Oposicioncoadyuvanci” del expediente Samai. 17 Índice 004 de Samai.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00106-00 (73308)

Recurrente: Agencia Nacional de Infraestructura –ANI

Opositora: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.

Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

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7 del artículo 149 del CPACA 18, el mentado inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el artículo 13 del reglamento de la Corporación19.

Pacto arbitral y legitimaciones

25. El contrato de concesión 445 de 1994 contempló en el parágrafo de la cláusula cuadragésima segunda el pacto arbitral que habilitó el conocimiento del asunto por parte del tribunal que sesionó en la Cámara de Comercio de Bogotá.

26. A su vez, la ANI se encuentra legitimada para recurrir, por haber sido la parte convocada en el trámite arbitral. La concesionaria lo está en calidad de opositora, por haber sido la demandante principal, y demandada en reconvención, en esa sede.

Oportunidad y traslado del recurso

27. El auto que resolvió las solicitudes de aclaración y adición contra el laudo impugnado fue notificado el 27 de mayo de 2025 20. Los 30 días hábiles siguientes a dicha fecha culminaron el 11 de julio siguiente, y el recurso fue radicado ese día21, por lo que fue presentado de forma oportuna.

28. Asimismo, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, la secretaria del

a dicha fecha culminaron el 11 de julio siguiente, y el recurso fue radicado ese día21, por lo que fue presentado de forma oportuna.

28. Asim