CE - Sentencia 11001032700020230005500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad Radicación 11001-03-27-000-2023-00055-00 (28380) Demandante VM LEGAL S.A.S. Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Conceptos DIAN 1739 del 16 de julio de 2019 y 873 del 7 de julio de 2022. Impuesto sobre las ventas. Exclusión de IVA. Servicios relacionados con la seguridad social. Arrendamientos de IPS SENTENCIA ANTICIPADA La Sala decide la demanda de nulidad presentada por VM Legal S.A.S., en contra de los conceptos nros. 1739 del 16 de julio de 2019 y 873 del 7 de julio de 2022, proferidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN). ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El concepto DIAN nro. 1739 del 16 de julio de 2019, absolvió una consulta referida a la aplicación de las exclusiones de IVA previstas en el artículo 476 del Estatuto Tributario (numerales 2 y 3) respecto de los servicios vinculados con el sistema de seguridad social; en los siguientes términos: “(…) Así, resulta claro que la exclusión de IVA que trata los numerales 2 y 3 del artículo 476 no depende de la entidad que presta el servicio, sino del criterio obj etivo de que el servicio

seguridad social; en los siguientes términos: “(…) Así, resulta claro que la exclusión de IVA que trata los numerales 2 y 3 del artículo 476 no depende de la entidad que presta el servicio, sino del criterio obj etivo de que el servicio prestado pertenezca a aquellos vinculados con la seguridad social, de acuerdo con Ley 100 de 1993. En consecuencia, no todos los servicios prestados por las entidades administradoras del sistema de seguridad social se encuentran excluidos de IVA. Por lo tanto, para determinar el carácter de excluido o no del servicio prestado por una entidad administradora del sistema de seguridad social deberá acudirse a la Ley 100 de 1993 y valorar si el mismo es uno de los vinculados con la seguridad social. La Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de seguridad social integral en su artículo 4 estableció: “ARTÍCULO 4o. DEL SERVICIO PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya dire cción, coordinación y control está a cargo del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la presente ley. Este servicio público es esencial en lo relacionado con el Sistema General de Seg uridad Social en Salud. Con respecto al Sistema General de Pensiones es esencial sólo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones”. Sin embargo, el precitado compendio normativo no especificó los servicios vinculados con la seguridad social, por lo que el artículo 1 del Decreto 841 de 1998 -compilado en el artículo 1.3.1.13.13 del Decreto 1625 de 2016se encargó de enlistar los "Servicios vinculados con la seguridad social exceptuados del impuesto sobre las ventas” así:

1.3.1.13.13 del Decreto 1625 de 2016se encargó de enlistar los "Servicios vinculados con la seguridad social exceptuados del impuesto sobre las ventas” así: “Artículo 1.3.1.13.13. De conformidad con lo previsto en los numerales 3 y 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario, están exceptuados del impuesto sobre las ventas los siguientes servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993:Radicado: 11001-03-27-000-2023-00055-00 (28380)

Demandante: VM Legal S.A.S.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

A. Los servicios que presten o contraten las entidades administradoras del régimen subsidiado y las entidades promotoras de salud, cuando los mismos tengan por objeto directo efectuar:

1. Las prestaciones propias del Plan Obligatorio de Salud a las personas afiliadas al sistema de seguridad social en salud tanto del régimen contributivo como del subsidiado.

2. Las prestaciones propias de los planes complementarios de salud suscritos por los afiliados al

Sistema General de Salud.

3. Las prestaciones propias de los planes complementarios de salud de que tratan los incisos segundo y tercero del artículo 236 de la Ley 100 de 1993.

4. La atención en salud derivada o requerida en eventos de accidentes de trabajo y en fermedad profesional.

5. La prevención y promoción a que hace referencia el artículo 222 de la Ley 100 de 1993 que sea financiada con el porcentaje fijado por el Consejo de Seguridad Social en Salud;

profesional.

5. La prevención y promoción a que hace referencia el artículo 222 de la Ley 100 de 1993 que sea financiada con el porcentaje fijado por el Consejo de Seguridad Social en Salud;

B. Los servicios prestados por las entidades autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para ejecutar las acciones colectivas e individuales del Plan de Atención Básica en Salud, a que se refiere el artículo 165 de la Ley 100 de 1993, definido por el Ministerio de Salud y Protección Social en los términos de dicha ley, y en desarrollo de los contratos de prestación de servicios celebrados por las entidades estatales encargadas de la ejecución de dicho plan;

C. Los servicios prestados por las instituciones prestadoras de salud y las empresas so ciales del Estado a la población pobre y vulnerable, que temporalmente participa en el Sistema de Seguridad Social en Salud como población vinculada de conformidad con el artículo 157 de la Ley 100 de 1993;

D. Los servicios prestados por las administrador as dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad y de prima media con prestación definida;

E. Los servicios prestados por las administradoras del régimen de riesgos profesionales que tengan por objeto directo cumplir las obligaciones que le corresponden de acuerdo con dicho régimen;

F. Los servicios de seguros y reaseguros que prestan las compañías de seguros para invalidez y sobrevivientes contemplados dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, riesgos profesionales y demás prestaciones del Sistema General de Seguridad Social;

G. Los servicios prestados por entidades de salud para atender accidentes de tránsito y eventos catastróficos (...)” Por consiguiente, los servicios descritos en la norma anterior son los que deben ser

profesionales y demás prestaciones del Sistema General de Seguridad Social;

G. Los servicios prestados por entidades de salud para atender accidentes de tránsito y eventos catastróficos (...)” Por consiguiente, los servicios descritos en la norma anterior son los que deben ser considerados como excluidos en virtud a los numerales 3 y 8, hoy entiéndase 2 y 3 del artículo 476 del ET.

De manera que, deberá cada entidad que preste servicios relacionados con la seguridad social evaluar, conforme la normatividad descrita, los servicios que en cada caso específico son objeto de exclusión en cuestión. De otro lado, vale la pena destacar que, de acuerdo a lo expresado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-1040 de 2008, C-824 de 2004 entre otras), la exoneración tributaria en favor de las unidades de pago por capitación (UPC) implica que los servicios que contraten las entidades administradoras del sistema de seguridad social en salud cuando tengan por objeto directo efectuar las prestaciones propias del Plan Obligatorio de SaludPOSestán excluidos del IVA. Lo anterior coincide con lo expuesto los numerales 2 y 3 del artículo 476 del Estatuto Tributario en concordancia con el artículo 1.3.1.13.13. del Decreto 1625 de 2016. Ahora, en respuesta a sus inquietu des, se precisa respecto a la emisión de certificación, que este requisito no es exigido en ninguna parte de la normativa tributaria vigente, puesto que la aplicación de la exclusión debe estar sustentada en la Ley, ya que es la calidad del servicio la que evidencia que se trata de un servicio excluido de IVA por estar vinculado a la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993, el cual debe tratarse de una de las

que evidencia que se trata de un servicio excluido de IVA por estar vinculado a la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993, el cual debe tratarse de una de las prestaciones propias del Plan Obligatorio de Salud (POS). Debe precisarse que, las exclusiones de IVA de los numerales 2 y 3, hacen referencia a los servicios vinculados a la seguridad social que prestan las entidades administradoras del sistema cuando tengan por objeto directo efectuar las prestaciones propias del POS. Así las cosas, este despacho ha explicado a lo largo de su doctrina que: “(...) para que opere la exclusión de IVA respecto de los servicios vinculados con la seguridad social, es necesario que estos se encuentren previstos en los numerales 3 y 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario o en el artículo 1 del Decreto 841 de 1998 donde se establecen los servicios vinculados con laRadicado: 11001-03-27-000-2023-00055-00 (28380)

Demandante: VM Legal S.A.S.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co seguridad social de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Aceptar que cualquier servicio por el hecho de ser contratado por una entidad de seguridad social se considere vinculado y por ende excluido del IVA, conduciría a reconocer el beneficio a todos los servicios que contratara la entidad, aspecto que no está reconocido en la ley y que por tanto desbordaría el propósito de la norma. Por lo expuesto a lo largo de este documento, esta Dirección considera que el servicio de seguridad y vigilancia que contraten la EPS se encuentra gravado con el impuesto sobre las ventas toda vez que los

no está reconocido en la ley y que por tanto desbordaría el propósito de la norma. Por lo expuesto a lo largo de este documento, esta Dirección considera que el servicio de seguridad y vigilancia que contraten la EPS se encuentra gravado con el impuesto sobre las ventas toda vez que los recursos empleados para la realización de esta labor no están destinados a la realización de los objetivos y fines que le son propios al Plan Obligatorio de Salud, aunado a que los mismos no se encuentran previstos como excluidos en el artículo 476 del Estatuto Tributario como tampoco vinculados a los servicios que trata el numeral 1 del literal a) del artículo 1º del Decreto 841 de 1998”. (Concepto 037397 de 2005 en el mismo sentido Oficios 048728 de 2007, 087622 de 2008, 000234 de 2014, 028632 de 2015, 012571 de 2016 y 001405 de 2019)". Así, la calida d de excluido del servicio debe ajustarse objetivamente a los estipulados en el artículo 1.3.1.13.13. del Decreto 1625 de 2016 y, en ese sentido, los servicios estarán excluidos de IVA siempre que sean una prestación propia del POS, pagada con cargo a la UPC y, por ende, directamente vinculada con la seguridad social. Para finalizar, se indica que, frente al servicio de arrendamiento para la prestación de servicios de salud por parte de una IPS, este despacho se ha pronunciado previamente con Oficio 010278 del 02 de mayo de 2019, concluyendo que: “está gravado con el IVA, el arrendamiento comercial contratado por una IPS, ya que no se ajusta a los supuestos que el ordenamiento jurídico vincula directamente a la seguridad social””. (Negrilla y subrayado del texto original).

comercial contratado por una IPS, ya que no se ajusta a los supuestos que el ordenamiento jurídico vincula directamente a la seguridad social””. (Negrilla y subrayado del texto original). El concepto DIAN nro. 873 del 07 de julio de 2022 , absolvió la siguiente pregunta: “(…) si se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas -IVA el servicio de arrendamiento de un inmueble contratado por una Institución Prestadora de Salud – IPS, en el que se prestarán uno o varios de los servicios establecidos en el artículo 1.3.1.13.13. del Decreto 1625 de 2016.” ; en los siguientes términos: “Al respecto, las consideraciones de este Despacho son las siguientes: Mediante el Oficio 900758 de 2019, confirmado por el Oficio 000345 de 2020, se manifestó: “(…) de acuerdo a lo expresado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C1040 de 2008, C-824 de 2004, entre otras) la exoneración tributaria en favor de l as unidades de pago por capitación (UPC) implica que los servicios que contraten las entidades administradoras del sistema de seguridad social en salud cuando tengan por objeto directo efectuar las prestaciones propias del Plan Obligatorio de Salud -POSestán excluidos del IVA. Lo anterior coincide con lo expuesto (sic) los numerales 2 y 3 del artículo 476 del Estatuto Tributario en concordancia con el artículo 1.3.1.13.13. del Decreto 1625 de 2016. Así las cosas (…) se precisa que el servicio de arriendo comercial contratado por una Institución prestadora de salud (IPS) no puede ser objeto de la exclusión de IVA a las que hace referencia el artículo 476 del Estatuto Tributario.

Así las cosas (…) se precisa que el servicio de arriendo comercial contratado por una Institución prestadora de salud (IPS) no puede ser objeto de la exclusión de IVA a las que hace referencia el artículo 476 del Estatuto Tributario. Ello debido a que (…) la calidad de excluido del servicio debe ajustar se objetivamente a los estipulados en el artículo 1.3.1.13.13., y en ese sentido, al ser el arrendamiento un servicio prestado por un tercero a la IPS para que ella ejecute las distintas actividades que tiene a su cargo, no se ajusta a los descritos por el ordenamiento jurídico a los directamente vinculados con la seguridad social. Aunado a lo anterior (…) se reitera que la calidad de excluido del servicio no pende de la condición de ser o no IPS sino de la prestación en sí misma, estando excluidas de IVA todas las consagradas en el artículo 1.3.1.13.13. del Decreto 1625 de 2016, las cuales incluyen los servicios propios del Plan Obligatorio de Salud (POS). (…) las exclusiones de IVA que estipulan los numerales 2 y 3 del artículo 476 del Estatuto Tributario aplican en concordancia con los servicios descritos en el artículo 1.3.1.13.13. del Decreto 1625 de 2016, y no es posible extenderlas a situaciones distintas a las allí descritas”. En similar sentido se pronunció esta Subdirección en el Oficio 010278 de 2019. Por último, no sobra agregar lo señalado en el Oficio 001863 – interno 107 de 2021: “El servicio de arrendamiento de bienes inmuebles contratado por las entidades administradoras del régimen subsidiado y las entidades promotoras de salud, en calidad d e

Por último, no sobra agregar lo señalado en el Oficio 001863 – interno 107 de 2021: “El servicio de arrendamiento de bienes inmuebles contratado por las entidades administradoras del régimen subsidiado y las entidades promotoras de salud, en calidad d e arrendatarias, no se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas - IVA, salvo seRadicado: 11001-03-27-000-2023-00055-00 (28380)

Demandante: VM Legal S.A.S.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demuestre que tiene por objeto único y directo desarrollar prestaciones propias del POS, en los términos del numeral 2 del artículo 476 del Estatuto Tributario y el artículo 1.3.1.13.13 del Decreto 1625 de 2016. (…) Tal y como se indicó en el Oficio N° 005882 de 2020, la línea doctrinal de interpretación normativa creada por esta Entidad frente a la exclusión del IVA del servicio de arrendamiento contratado por las enti dades administradoras del régimen subsidiado y las entidades promotoras de salud está claramente definida en los siguientes pronunciamientos: Concepto N° 037397 del 20 de junio de 2005, Oficio N° 057342 del 23 de agosto de 2005, Concepto N° 004557 del 18 de febrero de 2015, Concepto N° 023446 del 11 de agosto de 2015, Oficio N° 009353 del 22 de abril de 2016, Oficio N° 009330 del 22 de abril de 2016, Oficio N° 009816

004557 del 18 de febrero de 2015, Concepto N° 023446 del 11 de agosto de 2015, Oficio N° 009353 del 22 de abril de 2016, Oficio N° 009330 del 22 de abril de 2016, Oficio N° 009816 del 20 de mayo de 2016 y Concepto N° 024220 del 6 de septiembre de 2016, cuya nulidad fue negada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. MILTON CHAVES GARCÍA, en sentencia del 14 de agosto de 2019, Radicación N° 11001-0327-000-2016-00063-00(22845). Adicionalmente, hacen parte de dicha línea doctrinal, además del presente pronunciamiento, el Oficio N° 900758 del 15 de abril de 2019 y el Oficio N° 005882 del 18 de marzo de 2020””. (Subrayado del texto original). ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad, cont emplado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), VM Legal S.A.S. formuló las siguientes peticiones:1 “PRIMERA PRINCIPAL: Se solicita que se declare la nulidad de los Oficios No. 873 del 7 de julio de 2022 de la DIAN y 1739 del 16 de julio de 2019

PRIMERA SUBSIDIARIA: Declarar la nulidad parcial de los Oficios No. 873 del 7 de julio de 2022 y 1739 del 16 de julio de 2019 de la DIAN, en el sentido de que solo podrá ser gravado el servicio de arrendamiento (o cualquier otro servicio) prestado a las IPS en la medida en que

2022 y 1739 del 16 de julio de 2019 de la DIAN, en el sentido de que solo podrá ser gravado el servicio de arrendamiento (o cualquier otro servicio) prestado a las IPS en la medida en que el servicio se destine a actividades que no están vinculadas o financiadas con recursos vinculados con la seguridad social, específicamente con el POS.” A los anteriores efectos, el demandante invocó como normas violadas, los artículos 4 y 48 de la Constitución Política; y 476 del Estatuto Tributario. Consideró que la interpretación que realiza la DIAN en los conceptos acusados, referente a que los arrendamientos pagados por una IPS2 deben estar gravados con IVA al 19%, desconoce que esos pagos se realizan con recursos del SGSSS3, concretamente aquellos destinados al POS4. Lo anterior, debido a que los contratos de arrendamientos se pueden celebrar con el único fin de que allí se ejecuten servicios directos del POS. Afirmó que esta doctrina oficial contraría el artículo 48 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe destinar o utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ellas, norma que tiene aplicación directa en virtud de principio de primacía constitucional del artículo 4 ibidem, conforme la sentencia C-111 de 20235.

1 Samai, índice 2. 2 Institución Prestadora de Servicios de Salud. 3 Sistema General de Seguridad social en Salud. 4 Plan Obligatorio de Salud 5 También mencionó la sentencia C-824 de 2004 y el Concepto DIAN Nro. 037397 del 20 de junio de 2005.Radicado: 11001-03-27-000-2023-00055-00 (28380)

Demandante: VM Legal S.A.S.

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Demandante: VM Legal S.A.S.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expuso que las IPS hacen parte del SGSSS6 y que los servicios de salud se prestan a través de ellas, de manera que es violatorio considerar que, por ser una IPS, y no una EPS7, los arriendos pagados con rentas del POS se deben gravar con IVA, dándoles a dichos recursos una destinación distinta a la prevista en la Constitución Política. Agregó que la Corte Constitucional ha dado a entender que las IPS prestan servicios del plan obligatorio de salud.8 Indicó que, en el concepto nro. 873 de 2022, la DIAN realizó una salvedad respecto de los arrendamientos de inmuebles de las EPS, esto es, que procede la exclusión cuando tengan “por objeto único y directo desarrollar prestaciones propias del POS”, pero no lo hizo frente a las IPS, que es lo que se pretende con la demanda, lo cual constituye un tratamiento inequitativo y discriminatorio . Reprochó que la demandada considerara gravados con IVA los arriendos contratados por una IPS, al estimarlos comerciales, sin analizar que estas entidades también desarrollan prestaciones propias del POS. Dijo que la prohibición de destinar los recursos de seguridad social a fines distintos recae sobre los usados en la organización y administración del sistema, así como de los orientados a la prestación del servicio , pues conforman un todo indivisible. De manera que, es improcedente establecer el gravamen sobre los bienes o servicios suministrados a las IPS destinados al POS.9 Todo, porque la exclusión de IVA prevista en el numeral 2 del artículo 476 E statuto Tributario no depende de la

De manera que, es improcedente establecer el gravamen sobre los bienes o servicios suministrados a las IPS destinados al POS.9 Todo, porque la exclusión de IVA prevista en el numeral 2 del artículo 476 E statuto Tributario no depende de la entidad que presta el servicio, “sino del criterio objetivo del servicio prestado; que se trate de un servicio de aquellos vinculados con la seguridad social , específicamente con el POS , de conformidad con la Ley 100 de 1993”. Aclaró que, en sentencia del Consejo de Estado, exp. 22845, C.P. Milton Chaves García, la jurisdicción se pronunció sobre la exclusión en las operaciones de arrendamiento realizadas por una EPS o ARS, respecto de otros conceptos 10. En dicho fallo se consid eró que no pueden ser gravados los recursos que integran la UPC11, salvo el monto que excede a la prestación de los servicios POS. Observó que el fallo reconoció que los servicios de arrendamiento no podían gravarse si se demostraba que su objeto era desarrollar prestaciones propias del POS. Razonamiento que se dio respecto de las EPS o ARS, el cual es aplicable a las IPS que realizan prestaciones propias del POS y utilizan recursos de este. Oposición de la demanda La DIAN12 controvirtió las pretensi ones de la demanda , con fundamento en lo siguiente: Afirmó que los servicios excluidos del IVA son los que establece la ley en forma expresa, y que los arrendamientos, en sí mismos, no constituyen ningún tipo de servicio relacionado directa y objetivamente con los inherentes a la seguridad social, pues no hacen parte del sistema ni tienen relación con el POS. Agregó que al arrendamiento puede d ársele la destinación que decida el arrendatario y su

servicio relacionado directa y objetivamente con los inherentes a la seguridad social, pues no hacen parte del sistema ni tienen relación con el POS. Agregó que al arrendamiento puede d ársele la destinación que decida el arrendatario y su celebración, en sí misma, no configura un servicio de salud.

6 Citó las sentencias C-1040 de 2003 de la Corte Constitucional, y el fallo del Consejo de Estado, exp 20.933, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia (no indentificó la fecha de expedición). 7 Entidad Promotora de Servicios 8 Sentencia T-745 de 2013. 9 Sobre el tema citó las sentencias C-1040 de 2003, C-824 de 2004 y jurisprudencia sin identificar del Consejo de Estado, así como el Concepto DIAN 037397 de 2005. 10 Los conceptos DIAN nros. 37397 y 57342 de 2005; 4557 y 23446 de 2015; y 9353, 9330, 9816 y 24220 de 2016. 11 Unidad de Pago por Capitación. 12 Samai, índice 22.Radicado: 11001-03-27-000-2023-00055-00 (28380)

Demandante: VM Legal S.A.S.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que los oficios acusados sostienen que los arrendamientos realizados por una IPS no s e amparan en la exclusión de IVA p revista en el artículo 476 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 1.3.1.13.13 del Decreto 1625 de

una IPS no s e amparan en la exclusión de IVA p revista en el artículo 476 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 1.3.1.13.13 del Decreto 1625 de 2016, porque se trata de una prestación distinta a la enlistada en dichas normas. Indicó que la doctrina de la DIAN13 se ha desarrollado a partir de la sentencia del 14 de agosto de 2019, exp. 22845, C.P. Milton Chaves García del Consejo de Estado, en la que se aseguró que las exclusiones son de carácter objetivo, por lo que atienden la naturaleza del servicio y no el origen de los recursos, y que en el cas o de los arrendamientos de una entidad perteneciente al SGSSS, no opera la exclusión de IVA, a menos que se demuestre que tiene por objeto único y directo desarrollar prestaciones propias del POS. Providencia que, además, precisó que los recursos que excedan aquellos destinados al POS sí pueden ser objeto de gravamen. A partir de lo anterior, r eiteró que el servicio de arrendamiento no se encuentra vinculado a la seguridad social en salud, en razón a que, no tiene por objeto directo satisfacer las prestaciones propias de los planes obligatorios y complementarios de salud, y por tanto, los actos acusados no vulneran el artículo 48 de la Constitución Política. Re saltó que solo los recursos pertenecientes al POS y destinados a actividades expresamente excluidas no están sujetos al IVA. De forma que, aquellos que exceden el POS, como los recursos con que se contratan los arrendamientos, pueden estarlo. Desestimó el trato injustificado alegado respecto de las IPS , dado que la DIAN ha sostenido que la exclusi ón no depende de la entidad prestadora del servicio, sino

pueden estarlo. Desestimó el trato injustificado alegado respecto de las IPS , dado que la DIAN ha sostenido que la exclusi ón no depende de la entidad prestadora del servicio, sino del servicio en sí 14. Anotó que , por regla general , el servicio de arrendamiento contratado por las EPS e IPS se encuentra gravado con IVA, sin embargo, si la institución logra demostrar que este tiene por objeto directo desarrollar prestaciones propias del POS estaría excluido, lo cual sigue la lógica del artículo 420 del Estatuto Tributario. Estableció que, para determinar la procedencia de la exclusión, debe verificarse si el servicio de arriendo se encuentra dentro de los vinculados directa y objetivamente con la salud, los cuales ya han sido determina dos en las normas legales y reglamentarias, tales como el artículo 1.3.1.13.13. del Decreto 1625 de 2016. Señaló que los cuestionamientos de la actora se dirigen a oficios distintos a los demandados, en particular, los Oficios 900758 de 2019, 0010278 de 2019, y 001863 de 2021, y por tanto, sino estaba de acuerdo con la línea doctrinal de la entidad, también debió solicitar la nulidad de dichos actos administrativos. Conceptos rendidos por entidades convocadas al proceso15 El Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT)16 rindió concepto en el sentido de que se declare la nulidad de los actos acusados, con fundamento en que la Corte Constitucional 17 ha entendido que los gastos administrativos en que incurren las instituciones de la seguridad social son parte del sistema, siempre que

sentido de que se declare la nulidad de los actos acusados, con fundamento en que la Corte Constitucional 17 ha entendido que los gastos administrativos en que incurren las instituciones de la seguridad social son parte del sistema, siempre que

13 Conceptos DIAN nros. 37397 y 57342 de 2005 ; 4557 y 23446 de 2015 ; y 9353, 9330, 9816 y 24220 de 2016 ; 010278, 900758 y 018356 de 2019; 000345 de 2020; 001863 de 2021; y el 905173 de 2022. 14 Sobre este tema citó el Oficio DIAN 001863 de 2021. 15 La Universidad Externado de Colombia no allegó concepto. 16 Samai, índice 20. 17 Sentencias C-1040 de 2003 y C-824 de 2004.Radicado: 11001-03-27-000-2023-00055-00 (28380)

Demandante: VM Legal S.A.S.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretendan asegurar la prestación del servicio de salud, y en esa medida, no pueden ser objeto de gravamen . Corporación que también precisó que el beneficio contemplado en el numeral 2 del artículo 476 del Estatuto Tributario es de carácter objetivo, porque responde al tipo de servicio desarrollado y no a la persona que lo ejecuta18. Y, puso de presente la sentencia del Consejo de Estado del 14 de agosto de 2019 (exp. 22845), que consideró improcedente gravar con IVA la UPC. A partir de lo anterior, estimó que , no resulta válido que la autoridad tributaria

de 2019 (exp. 22845), que consideró improcedente gravar con IVA la UPC. A partir de lo anterior, estimó que , no resulta válido que la autoridad tributaria pretenda negar la exclusión de IVA sin considerar “(i) si los recursos utilizados para el pago de arrendamientos por parte de la IPS provienen o no del sistema de seguridad social en salud y (ii) si los inmuebles recibidos en arrendamiento se utilizan para el desarrollo de prestaciones propias del plan obligatorio de salud (POS)”. Agregó que, una interpretación contraria permitiría que la tributación del IVA afectara recursos del sistema de seguridad social, en contravía del artículo 48 de la Carta y tornaría la exclusión en subjetiva. La Universidad Nacional de Colombia (UNAL)19 rindió concepto en el que solicitó que no se declarara la nulidad de los actos demandados, bajo el argumento de que las IPS no administran recursos del SGSSS, porque prestan servicios a los afiliados y beneficiarios de las EPS, mediante “contratos de capitación ” o “contratos de pagos por servicios” suscritos con es tas entidades, de forma que no reciben ni manejan directamente las cotizaciones de los afiliados ni las UPC que son administradas por el ADRES20. Anotó que las EPS e IPS “no son sujetos comparables en la administración de recursos ” del SGSSS, pues los recursos de estas últimas no tienen carácter parafiscal y son susceptibles de ser gravados con impuestos, considerando también que las IPS venden servicios de salud . Que, en ese sentido, no todos los bienes y servicios adquiridos por las IPS son para la prestación exclusiva del servicio de salud , entre estos, los arriendos. Concluyó que no puede hacerse extensiva la exclusión de IVA a todos los contratos

adquiridos por las IPS son para la prestación exclusiva del servicio de salud , entre estos, los arriendos. Co