CE - Sentencia 11001032700020230005600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD SIMPLE Radicación: 11001-03-27-000-2023-00056-00 (28385)

Demandante: JUAN GUILLERMO BECERRA JARAMILLO

Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y OTRO

Tema: Nulidad de la expresión «Sobre estas operaciones no será posible expedir un certificado al proveedor» contenida en el parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto Reglamentario 1165 de 2019 « Por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013», expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y

de Comercio, Industria y Turismo.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en concordancia con el numeral 1 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20191, corresponde a la Sala decidir el medio de control de nulidad ejercido contra la expresión «Sobre estas operaciones no será posible expedir un certificado al proveedor» contenida

20191, corresponde a la Sala decidir el medio de control de nulidad ejercido contra la expresión «Sobre estas operaciones no será posible expedir un certificado al proveedor» contenida en el parágrafo 2 del artículo 652 del Decreto Reglamentario 1165 de 2019 «Por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013 », expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, cuyo texto es el siguiente:

«MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETO NÚMERO 1165 DE 2019

(2 JUL 2019)

“Por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013”

LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a las Leyes 7 de 1991

1 Por el cual se expide el reglamento Interno del Consejo de Estado. Acápite Sección Cuarta. 2 Modificado por el artículo 10 del Decreto 659 de 22 de mayo de 2024, expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, en los siguientes términos: «Artículo 10. Modificación del parágrafo 2° y adición de los parágrafos 3° y 4° al artículo 65 del Decreto número 1165 de

y de Comercio, Industria y Turismo, en los siguientes términos: «Artículo 10. Modificación del parágrafo 2° y adición de los parágrafos 3° y 4° al artículo 65 del Decreto número 1165 de

2019. Modifíquese el parágrafo 2° y adiciónense los parágrafos 3° y 4° al artículo 65 del Decreto número 1165 de 2019, los cuales quedarán así: Parágrafo 2°. Son importaciones las ventas de mercancías que realice un proveedor usuario industrial de bienes o de bienes y servicios instalado en una zona franca a una sociedad de comercialización internacional. Sobre estas operaciones solo ser á posible expedir un certificado al proveedor cuando los bienes objeto de venta sean cien por ciento (100%) nacionales o nacionalizados.»Radicado: 11001-03-27-000-2023-00056-00 (28385)

Demandante: JUAN GUILLERMO BECERRA JARAMILLO

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2 y 1609 de 2013, una vez oído el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley 1609 de 2013, el Congreso de la República, teniendo en cuenta su responsabilidad social y en procura de mantener la estabilidad jurídica nacional, dictó normas generales a la s cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas;

Que, en desarrollo de dicha ley, mediante el Decreto 390 de 2016, el Gobierno nacional

normas generales a la s cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas;

Que, en desarrollo de dicha ley, mediante el Decreto 390 de 2016, el Gobierno nacional estableció una nueva regulación aduanera con el ánimo de armonizarla con los convenios internacionales, particularmente con las normas de la Comunidad Andina y el Convenio Internacional para la Simpli ficación y Armonización de los Regímenes AduanerosConvenio de Kioto revisado de la Organización Mundial de Aduanas, incorporando las mejores prácticas internacionales, para facilitar el comercio exterior y el cumplimiento de los compromisos adquiridos p or el país dentro de los acuerdos comerciales;

Que mediante el mencionado decreto el Gobierno nacional promueve el fortalecimiento de los criterios de gestión de riesgo en el ejercicio del control aduanero, en orden a neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental y la violación de los derechos de propiedad intelectual, defender la salud, garantizar la seguridad en fronteras y, en general, la seguridad de la cadena logística;

Que el Decreto 390 de 2016 dispuso la aplicación escalonada de su articulado, atendiendo lo previsto por el numeral 3 del artículo 5o de la Ley 1609 de 2013;

Que la aplicación escalonada, ha implicado tener vigentes una diversidad de normas previstas en los Decretos 2685 de 199 9, 390 de 2016, 2147 de 2016, 349 de 2018 y 659 de 2018, junto con sus respectivas resoluciones reglamentarias, y ha dificultado la

previstas en los Decretos 2685 de 199 9, 390 de 2016, 2147 de 2016, 349 de 2018 y 659 de 2018, junto con sus respectivas resoluciones reglamentarias, y ha dificultado la correcta y efectiva aplicación de la normatividad por parte de los usuarios aduaneros, y los operadores admini strativos y jurídicos en general;

Que la ley marco de aduanas, en los numerales 1 y 2 de su artículo 5, fijó los criterios generales que deben observar los decretos que expida el Gobierno nacional con ocasión de su desarrollo, dentro de los cuales se enc uentra, el de responsabilidad social de los funcionarios públicos y los Operadores de Comercio Exterior, con el fin de prevenir, evitar y controlar conductas que sean contrarias al leal y correcto desempeño de las funciones aduaneras y demás obligaciones c onexas a las mismas;

Que también constituye criterio general consagrado por la ley marco de aduanas, conforme lo dispone el numeral 5 del artículo 5, el de dotar a la normatividad que se expida, de los elementos de seguridad jurídica, con el propósito de evitar la dispersión y proliferación normativa;

Que, por lo anteriormente expuesto, con el propósito de otorgar seguridad, estabilidad, certeza jurídica y facilitar la logística de las operaciones de comercio exterior, a continuación se dictan disposici ones en desarrollo de la Ley Marco de Aduanas 1609 de 2013;

Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en sesión del 19 de diciembre d e 2018, recomendó la expedición del presente decreto;

Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra adoptando medidas

Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en sesión del 19 de diciembre d e 2018, recomendó la expedición del presente decreto;

Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra adoptando medidas para modernizar la aplicación de los Sistemas Especiales de Importación -Exportación de que trata el Decreto -ley 444 de 1967, y con ocasión de la implementación de estas nuevas políticas se hace necesario realizar ajustes a las disposiciones aduaneras relacionadas con esta materia en el presente decreto;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8o de la Ley 1437 de 2011 y en el Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, el proyectoRadicado: 11001-03-27-000-2023-00056-00 (28385)

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3 de decreto fue publicado en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre el 9 y el 23 de octubre de 2018;

Que, con ocasión a los comentarios recibidos por el sector privado, agremiaciones y dependencias de la entidad, se hizo necesario realizar ajustes adicionales al proyecto, para otorgar mayor claridad y facilitar las operaciones de comercio exterior actuale s y futuras.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

[…]

Artículo 65. Sociedades de comercialización internacional . Son aquellas personas jurídicas que tienen por objeto social principal la comercialización y venta de productos

futuras.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

[…]

Artículo 65. Sociedades de comercialización internacional . Son aquellas personas jurídicas que tienen por objeto social principal la comercialización y venta de productos colombianos al exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas. En todo caso las demás actividades que desarrolle la empresa deberán estar siempre relacionadas con la ejecución del objeto social principal y la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

Estas sociedades, podrán contemplar entre sus actividades la importación de bienes o insumos para abastecer el mercado interno o para la fabricación de productos exportables y deberán utilizar en su razón social la ex presión “Sociedad de Comercialización Internacional” o la sigla “C.I.”, una vez hayan sido autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y hayan obtenido la correspondiente aprobación y certificación de la garantía ante la Unidad Administr ativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo 1°. El objeto social deberá indicar los sectores económicos respecto de los cuales desarrollará su actividad como Sociedad de Comercialización Internacional.

Parágrafo 2°. Son importaciones las ventas de mercancías que realice un proveedor instalado en una zona franca a una Sociedad de Comercialización Internacional. Sobre estas operaciones no será posible expedir un certificado al proveedor.

[…]

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE». (Subraya la Sala).

DEMANDA

Juan Guillermo Becerra Jaramillo , en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 137 del CPACA, demandó la nulidad de la expresión «Sobre estas operaciones no

DEMANDA

Juan Guillermo Becerra Jaramillo , en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 137 del CPACA, demandó la nulidad de la expresión «Sobre estas operaciones no será posible expedir un certificado al proveedor» contenida en el parágrafo 2.° del artículo 65 del Decreto Reglamentario 1165 de 2019 « Por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013 », expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo.

Invocó como disposiciones violadas los artículos 13, 150 y 338 de la CP; 479 del ET; 1 y 3 de la Ley 67 de 1979 y 1 de la Ley 1609 de 2013.

Como concepto de violación, expuso, en síntesis, lo siguiente:

La norma acusada es ilegal, por haber sido expedida sin competencia del titular de la potestad reglamentaria, quien la desbordó al restringir la exención del IVA contenida en el artículo 479 del ET a proveedores instalados en Zona Franca, lo que, por demás,Radicado: 11001-03-27-000-2023-00056-00 (28385)

Demandante: JUAN GUILLERMO BECERRA JARAMILLO

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4 transgrede el principio de reserva de Ley tributaria, según el cual, todo lo concerniente a la regulación de beneficios tribut arios y sus limitaciones y/o restricciones, son de competencia del Congreso de la República.

4 transgrede el principio de reserva de Ley tributaria, según el cual, todo lo concerniente a la regulación de beneficios tribut arios y sus limitaciones y/o restricciones, son de competencia del Congreso de la República.

También vulnera el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la CP, frente a los usuarios instalados en zonas francas, pues las ventas de bienes o mercancías que realicen los proveedores instalados en zonas francas a las Sociedades de Comercialización Internacional no serían exentas de IVA de mantenerse en el ordenamiento jurídico la expresión normativa censurada, contenida en el parágrafo 2.º del artículo 65 del Decreto 1165 de 2019 , en tanto los priva del medio de prueba documental (certificado al proveedor) que hace posible la aplicación del beneficio tributario y ocasiona un perjuicio irreparable a dichos proveedores3.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Las entidades demandadas se opusieron a las pretensiones de la demanda.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que, contrario a lo afirmado por el actor, la expresión demandada se encuentra ajustada a las normas superiores y no limita ni restringe la exención del IVA en los términos del artículo 479 y 481 literal b del ET. Tampoco excede la potestad reglamentaria, ni el principio de reserva de Ley, pues independientemente de quien realice la importación, en aplicación de la norma especial y expresa de las sociedades de comercialización internacional, no es posible expedir un certificado al proveedor de las ventas desde una zona franca hacia el territorio aduanero nacional.

La expresión demandada tampoco viola el principio de igualdad, pues esta se predica

especial y expresa de las sociedades de comercialización internacional, no es posible expedir un certificado al proveedor de las ventas desde una zona franca hacia el territorio aduanero nacional.

La expresión demandada tampoco viola el principio de igualdad, pues esta se predica frente iguales, bajo circunstancias o supuestos de hecho equivalentes, situación que no se configura en el asunto bajo análisis, toda vez que la exención tributaria de que trata el artículo 479 del ET procede frente a una operación comercial sustancialmente diferente a la que pretende el actor se le aplique, es decir, a una operación a la que la propia norma aduanera (Parágrafo 2º del artículo 65 del Decreto 1165 de 2019) tipificó como importación, frente a la cual no es viable la exoneración tributaria, ni la expedición del Certificado al Proveedor que le permita al usuario instalado en zona franca beneficiarse de la exención de un IVA que no debe liquidar ni pagar, al venderle las mercancías a la Comercializadora internacional -en adelante CI-, pues esta persona jurídica es la que lo debe liquidar y pagar, presentando , para el efecto, la declaración de importación correspondiente.

3 Fls. 19 y 20 demanda. Al efecto, el demandante citó la sentencia C-354 de 2019, para señalar que el legislativo no estableció un trato diferenciado que sí estableció el reglamento. Al efecto, manifestó: «A manera de ejemplo pensemos en dos traficantes de pelotas colombianos. Uno instalado en zona fran ca y otro no. Los dos venden las mismas pelotas a una misma

un trato diferenciado que sí estableció el reglamento. Al efecto, manifestó: «A manera de ejemplo pensemos en dos traficantes de pelotas colombianos. Uno instalado en zona fran ca y otro no. Los dos venden las mismas pelotas a una misma comercializadora internacional. No obstante, la comercializadora internacional solo expide el certificado al proveedor al fabricante que no está instalado en zona franca . Así el fabricante de zona franca importe el producto y lo venda en el territorio aduanero nacional, la comercializadora en ningún caso podrá expedirle el certificado al proveedor, pues está prohibido. Este es un ejemplo en el cual se evidencia el trato desigual que genera la expresión demandada. Los dos son fabricantes de un mismo producto. La única diferencia es que uno se encuentra instalado en zona franca. Esta distinción en el tratamiento no proviene del artículo 479 del Estatuto Tributario, sino de un decreto que no debería es tar restringiendo o limitando normas tributarias y mucho menos violando derechos fundamentales como es el de la igualdad.

[…] la expresión “Sobre estas operaciones no será posible expedir un certificado al proveedor ” contenida en el parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto 1165 de 2019 viola el derecho a la igualdad de los usuarios instalados en zona franca. Esta disposici ón crea un trato injustificado entre productores y fabricantes colombianos, afectando negativamen te a aquellos instalados entre productores y fabricantes colombianos, afectando negativamente a aquellos instalados en zonas francas, pues los únicos que venden sus productos gravados a comercializadoras internacionales o si los venden como exentos tienen el riesgo de fiscalización ante la DIAN, son aquellos que están ubicados en zona franca».Radicado: 11001-03-27-000-2023-00056-00 (28385)

venden sus productos gravados a comercializadoras internacionales o si los venden como exentos tienen el riesgo de fiscalización ante la DIAN, son aquellos que están ubicados en zona franca».Radicado: 11001-03-27-000-2023-00056-00 (28385)

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5 Además, conforme con el Concepto DIAN 341 del 8 de enero de 2020, las exclusiones y exenciones tributarias se rigen por un sistema numerus clausus , es decir, son taxativas y de interpretación restrictiva, y no pueden aplicarse extensivamente para permitir una exención tributaria a una operación comercial de venta de mercancías realizada por un proveedor instalado en una zona franca a una CI, la cual, para efectos aduaneros, se considera una importación, y que es sustancialmente diferente a la que está exenta: «[…] Venta en el país de bienes de exportación a sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados».

Sobre el particular, el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 1165 de 2019 debe prevalecer, al tratarse de una norma especial que regula una operación en concreto: venta de mercancías que realice un proveedor instalado en una zona franca a una sociedad de comercialización internacional que, para efectos aduaneros, se considera una importación. En ese entendido, las ventas de mercancías que realice un proveedor instalado en una zona franca a una CI tienen un tratamiento diferente al establecido en el artículo 479 del ET, conforme con las normas aduaneras, que consideran dichas

una importación. En ese entendido, las ventas de mercancías que realice un proveedor instalado en una zona franca a una CI tienen un tratamiento diferente al establecido en el artículo 479 del ET, conforme con las normas aduaneras, que consideran dichas ventas como importaciones.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo manifestó que los artículos 3 y 65 del Decreto 1165 de 2019 disponen que los certificados al proveedor no podrán ser expedidos con cargo a las ventas de mercancías que realice un proveedor instalado en una zona franca, no por ser usuario de zona franca, sino porque tales operaciones se consideran importaciones. Al efecto, por virtud del principio de extraterritorialidad , las zonas francas son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o ac tividades comerciales, bajo una normativ a especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.

En tal sentido, las mercancías que ingresan a las zonas francas se consideran fuera del territorio aduanero nacional y, por tanto, expedir un certificado al proveedor a este tipo de operaciones contrar ía lo dispuesto en artículo 2 .° de la Ley 67 de 1979 , que indica que el objeto de las Sociedades de Comercialización Internacional debe est ar constituido por la venta de productos colombianos en el exterior, sea que la sociedad los adquiera en el mercado interno o exporte bienes fabricados por productores que sean socios de la misma.

Conforme con lo anterior, los argumentos que fundamentan el medio de control de la expresión contenida en el parágrafo 2.° del artículo 65 del Decreto 1165 de 2019 se desvirtúan, en atención a los parámetros establecidos por la Ley 67 de 1979, en cuanto

expresión contenida en el parágrafo 2.° del artículo 65 del Decreto 1165 de 2019 se desvirtúan, en atención a los parámetros establecidos por la Ley 67 de 1979, en cuanto a objetivos y requisitos de las sociedades de comercialización internacional y lo preceptuado por los principios generales de los regímenes franco y aduanero.

Tampoco se contradice disposición constitucional alguna, ni se viola el principio de reserva de ley, pues la obligación establecida en la norma demandada está asignada en virtud de las facultades otorgadas por la Ley 1609 de 2013, y en atención a los parámetros establecidos por la Ley 67 de 1979 , con garantía de los derechos de igualdad y legalidad tributaria a todos los usuarios de los regímenes aduaneros y conforme con los principios que lo rigen.

Ahora bien, aunque el actor afirma que tal expresión ocasiona perjuicios a los usuarios de las zonas francas, n o demuestra siquiera sumariamente los perjuicios que ref iere, ni detalla una situación fáctica concreta, de la cual se determine violación a losRadicado: 11001-03-27-000-2023-00056-00 (28385)

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6 principios de igualdad y legalidad tributaria que alega. Así, el análisis, argumentos y pretensiones esgrimidas por el actor no contienen suf iciente valor jurídico para prosperar, por lo que debe negarse la pretensión de nulidad.

pretensiones esgrimidas por el actor no contienen suf iciente valor jurídico para prosperar, por lo que debe negarse la pretensión de nulidad.

TRÁMITE PROCESAL

En auto del 4 de diciembre de 20244, el despacho sustanciador ordenó dar trámite de sentencia anticipada al asunto, por configurarse la causal prevista en el literal a) del artículo 182A del CPACA, esto es, por tratarse de un asunto de puro derecho.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El demandante insistió en que la expresión «Sobre estas operaciones no será posible expedir un certificado al proveedor » contenida en el parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto 1165 de 2019 es nula, por haber sido expedida sin competencia para restringir y/o limitar la exención del artículo 479 del ET a proveedores instalados en zona franca.

La potestad reglamentaria de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, derivada de la Ley 1609 de 2013, no era absoluta , en tanto no podían ampliar, restringir, modificar ni contradecir lo dispuesto en la Constitución (numeral 19 del artículo 150, artículo 113 y artículo 338 de la Constitución) ni en la ley, ya que el Gobierno Nacional sólo podía modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, sin entrar a regular materias que correspondían exclusivamente al Congreso.

Los demandad os no analizaron cuidadosamente los elementos de la exención del artículo 479 del ET, y cuál de dichos elementos en abstracto no se cumpliría en la venta que hace un productor o fabricante/proveedor instalado en zona franca a una

Los demandad os no analizaron cuidadosamente los elementos de la exención del artículo 479 del ET, y cuál de dichos elementos en abstracto no se cumpliría en la venta que hace un productor o fabricante/proveedor instalado en zona franca a una sociedad de comercialización internacional. De haber hecho el análisis independiente de la normativa tributaria, se habría llegado a la conclusión de que la venta que hace un productor o fabricante/proveedor instalado en zona franca a una sociedad de comercialización internacional sí está cobijada por el artículo 479 ib. Por esa misma razón, la parte demandada se limitó a citar normas de carácter aduanero, lo que evidencia la limitación a la exención de IVA del precitado artículo 479, hasta antes de la vigencia del Decreto 659 de 2024.

La expresión demandada también viola el derecho a la igualdad de los proveedores instalados en zona franca, que son productores o fabricantes nacionales, al restringir injustificadamente su acceso a la exención del IVA establecida en el artículo 479 del ET, a pesar de que estos cumplen con l os requisitos previstos en la norma tributaria para obtener dicho beneficio.

En la nulidad simple no se e xige aportar una prueba del daño o perjuicio, ya que la obligación del demandante consiste en señalar (i) las normas que se consideran vulneradas; (ii) la causal de nulidad invocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 del CPACA; y (iii) los argumentos que demuestren la infracción de las disposiciones legales, con lo cual carece de asidero la pretensión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de que el actor acredite los perjuicios a los usuarios de zonas francas.

lo cual carece de asidero la pretensión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de que el actor acredite los perjuicios a los usuarios de zonas francas.

4 Índice 42 SamaiRadicado: 11001-03-27-000-2023-00056-00 (28385)

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Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que la expresión demandada fue modificada por el artículo 10 del Decreto 659 de 2014, conforme lo expuso el auto que negó la medida cautelar. Que, en ese entendido, la norma acusada ya no produce efectos jurídicos, con lo cual se torna innecesario e improcedente un pronunciamiento sobre su validez. A continuación, se reafirmó en los argumen tos de la contestación a la demanda.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se reafirmó en los argumentos de su escrito de contestación y se reafirmó en la pretensión de que se declare la legalidad de la norma acusada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos de la fijación del litigio, la Sala decide sobre la demanda de nulidad instaurada contra la expresión «Sobre estas operaciones no será posible expedir un certificado al proveedor» contenida en el parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto Reglamentario 1165 de 2019 «Por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley

al proveedor» contenida en el parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto Reglamentario 1165 de 2019 «Por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013 », expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo.

Conforme con los planteamientos del actor, esta corporación deberá determinar si, con la disposición contenida en la expresión demandada, el Gobierno excedió la potestad reglamentaria por desconocimiento de los artículos 13, 150 y 338 de la CP, 479 del ET, 1 y 3 de la Ley 67 de 1979 y 1 de la Ley 1609 de 2013.

El actor censura la restricción a la expedición de certificados respecto de las importaciones o ventas de mercancías que realice un proveedor instalado en una zona franca a una Sociedad de Comercialización Internacional –CI–, por cuanto considera que «los usuarios instalados en zona franca tienen un tratamiento diferenciado en comparación con los demás proveedores colombian os, pues está prohibido que las comercializadoras internacionales expidan certificados al proveedor, prueba necesaria para sostener la exención del IVA» .

Al hilo de lo anterior, el actor reprochó que, excediendo la labor encomendada, y sin competencia, el Gobierno Nacional limitó la exención del IVA respecto de las ventas de fabricantes y proveedores de zona franca, en tratándose de transacciones realizadas con comercializadoras internacionales y que, de continuar aplicando la expresión demandada , se ocasiona rían graves perjuicios a los usuarios instalados dichas zonas 5. Adujo, además, que impedir la expedición de certificados a los

realizadas con comercializadoras internacionales y que, de continuar aplicando la expresión demandada , se ocasiona rían graves perjuicios a los usuarios instalados dichas zonas 5. Adujo, además, que impedir la expedición de certificados a los proveedores en zonas francas desconoce los principios de igualdad y legalidad tributaria, los derechos de los usuarios de esas zonas, establecidos en el artículo 479 del ET y la Ley 67 de 1979 y el objetivo de fomentar las exportaciones y el desarrollo económico nacional.

Para dirimir la presente controversia, la Sala parte de reiterar6 que, de acuerdo con el ordinal 11 del artículo 189 de la CP, la potestad reglamentaria corresponde a la facultad otorgada al Gobierno, como órgano supremo de la Administración , para regular aquellas disposiciones que, por su carácter técnico, no son desarrolladas

5 Vale precisar que el actor no refirió qué clase de perjuicios se causaban con la expresión demandada. 6 Sentencia del 19 de julio de 2023, Exp. 26243, CP. Wilson Ramos Girón.Radicado: 11001-03-27-000-2023-00056-00 (28385)

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8 exhaustivamente por el legislativo. Tal potestad está dirigida a facilitar la ejecución de la ley, dentro del ámbito de legalidad y necesidad, pues, como lo ha señalado esta Sección «entre más amplio, general o ambiguo sea el contenido de la ley, más amplia será la facultad

la ley, dentro del ámbito de legalidad y necesidad, pues, como lo ha señalado esta Sección «entre más amplio, general o ambiguo sea el contenido de la ley, más amplia será la facultad reglamentaria. Mientras que, por el contrario, entre más precisa sea la reglamentación menor será el ámbito de la facultad »7. De manera que esto determina el alcance de la reglamentación, independientemente de que la ley no contenga una autorización detallada, pues no puede perderse de