CE - Sentencia 11001032700020240000800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Radicación: 11001-03-27-000-2024-00008-00 (28451)

Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL Tema: Nulidad del Decreto 3085 de 2007. Declaración anual de Ingreso base de Cotización de los t rabajadores independientesModificaciones al IBC

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20191, la Sala decide la demanda de nulidad 2 interpuesta por Carlos Mario Salgado contra algunos apartes de los artículos 1° y 2° del Decreto Reglamentario 3085 de 2007 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 44 de la Ley 1122 de 2007 ”, expedido por el Gobierno Nacio nal, en cuanto estableció l a declaración anual de ingreso base de cotización para los trabajadores independientes.

ACTO DEMANDADO

Decreto 3085 de 2007 (Agosto 15)

Gobierno Nacio nal, en cuanto estableció l a declaración anual de ingreso base de cotización para los trabajadores independientes.

ACTO DEMANDADO

Decreto 3085 de 2007 (Agosto 15)

Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 44 de la Ley 1122 de 2007

(…)

Artículo 1°. Declaración Anual de Ingreso Base de Cotización. Todos los trabajadores independientes deberán presentar una declaración anual a más tardar en el mes de febrero de cada año, en la cual informen a las entidades administradoras del Sistema de la Protección Social a las que se encuentren afiliados, en la mi sma fecha prevista para el pago de sus aportes, el Ingreso Base de Cotización, IBC, que se tendrá en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año siguiente.

Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingresos Base de Cotización anual en la fecha prevista, se presumirá que el Ingreso Base de Cotización es igual a aquel definido para el período anual anterior y sobre el mismo se realizará l a autoliquidación y pago del mes de enero de cada año.

La declaración de IBC anual podrá realizarse de manera manual en los formularios previstos para el efecto o de manera electrónica, mediante la utilización de la novedad "Variación permanente de salario" en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

1 Por el cual se expide el reglamento Interno del Consejo de Estado. Acápite Sección Cuarta. 2 Previa inadmisión de la demanda y subsanación a esta, el demandante precisó que el medio de control impetrado era el de nulid ad por

1 Por el cual se expide el reglamento Interno del Consejo de Estado. Acápite Sección Cuarta. 2 Previa inadmisión de la demanda y subsanación a esta, el demandante precisó que el medio de control impetrado era el de nulid ad por inconstitucionalidad del artículo 135 del CPACA; sin embargo, como el decreto demandado no es un reglamento autónomo que desarrolle en forma directa la Constitución, el despacho sustanciador dio a la demanda el trámite del medio de control de simple nulidad, conform e a la facultad que le confiere el artículo 171 del CPACA, y en tal sentido la admitió, sin objeción de la parte.Radicado: 11001-03-27-000-2024-00008-00 (28451)

Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES

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2 En todo caso el Ingreso Base de Cotización no podría ser inferior a un salario mínimo legal mensual, ni al porcentaje previsto en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y a su definición se continuará aplicando, cuando corresponda, el Sistema de Presunción de Ingresos.

Artículo 2°. Modificaciones en el Ingreso Base de Cotización. El trabajador independiente deberá modificar la declaración Anual de IBC siempre que se produzcan cambios en sus ingresos, para ello deberá modificar su declaración del Ingreso Base de Cotización, mensualmente, en los formularios diseñados para el efecto, o de manera electrónica utilizando una de las siguientes novedades: "Variación permanente de salario", cuando el trabajador independiente conozca con certeza el valor del ingreso mensual que

Cotización, mensualmente, en los formularios diseñados para el efecto, o de manera electrónica utilizando una de las siguientes novedades: "Variación permanente de salario", cuando el trabajador independiente conozca con certeza el valor del ingreso mensual que percibirá durante un período de tiempo, o "Variación temporal de salario", cuando se desconozca el monto real del citado ingreso.

La variación temporal antes mencionada, sólo será efectiva por un período máximo de tres (3) meses, período dentro del cual no se podrá realizar otra novedad de variación temporal.

Las variaciones del IBC anual causarán efectos exclusivamente hacia el futuro y cuando se realicen en formularios físicos, sólo serán efectivas una vez sean reportadas a todos los subsistemas de la Protección Social, respecto de los que se hubieran realizado aportes en el período anterior.

Las variaciones en el Ingreso Base de Cotización que excedan de cuarenta por ciento (40%) respecto del promedio de los doce (12) meses inmediatamente anteriores, no serán tomados en consideración, en la parte que exceda de dicho porcentaje, para efectos de la liquidación de prestaciones económicas.

Parágrafo. Las variaciones del IBC, cuando se refieran a periodos ya pagados deberán realizarse mediante los procedimientos establecidos en las normas vigentes para las correcciones de autoliquidación. Dichas correcciones sólo producirán efectos siempre que se solici ten a todas las administradoras de cada subsistema respecto de los cuales se hubieren realizado los aportes correspondientes a los períodos que se pretende corregir. (Subrayas objeto discusión)

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, el señor Carlos Mario Salgado Morales formuló las siguientes pretensiones:

(Subrayas objeto discusión)

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, el señor Carlos Mario Salgado Morales formuló las siguientes pretensiones:

Primera: Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del aparte “Todos” del artículo 1 del Decreto 3085 de 2007, al incluir e imponer a los demás comerciantes, rentistas de capital y trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios, la tarea imposible de predecir de forma anual y anticipada (declaración prospectiva) el ingreso base de cotización (IBC) que tendría desde el mes de febrero de su declaración al mes de enero del año siguiente de acuerdo con el aparte restante del mismo artículo. Lo anterior al violar el artículo 29, 48, 95, 150-12, 169 y 363 de la Carta Política.

Segunda: Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del aparte “(…) variación temporal de salario”, cuando se desconozca el monto real del citado ingreso. / La variación temporal antes mencionada, sólo será efectiva por un período máximo de tres (3) meses, período dentro del cual no se podrá realizar otra novedad de variación temporal.” del artículo 2 del Decreto 3085 de 2007, al incluir e imposibilitar, a los demás trabajadores independientes, comerciantes y rentistas de capital sin contrato de prestación de servicios, dentro de un mismo periodo de tres (3) meses siguientes al reporte de la variación temporal, realizar cualquier novedad relativa a la variación del ingreso, desconociendo la estacionalidad del ingreso del trabajador independiente. Lo anterior al violar el artículo 29, 48, 95, 150-12, 169, y 363 de la Carta Política.

desconociendo la estacionalidad del ingreso del trabajador independiente. Lo anterior al violar el artículo 29, 48, 95, 150-12, 169, y 363 de la Carta Política.

Tercera: Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del aparte “Las variaciones en el Ingreso Base de Cotización que excedan de cuarenta por ciento (40%) respectoRadicado: 11001-03-27-000-2024-00008-00 (28451)

Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES

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3 del promedio de los doce (12) meses inmediatamente anteriores, no serán tomadas en consideración, en la parte que exceda de dicho porcentaje, para efectos de la liquidación de prestaciones económicas.” del artículo 2 del Decreto 3085 de 2007, al desconocer, bajo el principio de igualdad, la estacionalidad imprevisible del ingreso y su proporción contributiva de los demás trabajadores independientes, comerciantes y rentistas de capital sin contrato de pre stación de servicios a efetos (SIC) de reconocer la liquidación de prestaciones económicas acorde con su contribución. Lo anterior al violar el artículo 13, 29, 48, 95, 150-12, 169 y 363 de la Carta Política.

Cuarta: Solicito se declare la nulidad parcial por inconstitucionalidad del aparte “Todos los trabajadores independientes deberán presentar una declaración anual a más tardar en el mes de febrero de cada año, en la cual informen a las entidades administradoras

Cuarta: Solicito se declare la nulidad parcial por inconstitucionalidad del aparte “Todos los trabajadores independientes deberán presentar una declaración anual a más tardar en el mes de febrero de cada año, en la cual informen a las entidades administradoras del Sistema de la Protección Social a las que se encuentren afiliados, en la misma fecha prevista para el pago de sus aportes, el Ingreso Base de Cotización, IBC, que se tendrá en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año siguiente.” Del artículo 1 del Decreto 3085 del 15 de agosto de 2007, al fijar de forma directa sin facultad para ello “los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”; al imponer a los demás trabajadores independientes, comerciantes y rentistas de capital sin contrato de prestación de servicios una base gravable diferente de la prevista por el legislador en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 para este tipo de ingresos.

Quinta: Solicito que se declare la nulidad por inconstitucionalidad de cualquier otra violación a las normas de la Constitución Política que no esté prevista en esta demanda y que sea advertida por el Consejo de Estado, en virtud de la competencia otorgada por el artículo 135 del CPACA.

Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 13, 29, 48, 95, 150-12, 169, 18911, 338 y 363 de la Constitución Política , y 18 de la Ley 1122 de 2007. El concepto de violació n se centró en cuestionar el trato otorgado a los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios, al exigirles la declaración anual

de violació n se centró en cuestionar el trato otorgado a los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios, al exigirles la declaración anual del ingreso base de cotización – IBCen las mismas condiciones que a quienes sí contaban con contrato, para lo cual expuso, en síntesis:

Infracción de la norma en que debió fundarse / El artículo 1 del Decreto 3085 de 2007 violó el artículo 189 (numeral 11) de la Constitución y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 / Violación del principio nadie está obligado a lo imposible

Explicó que el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 ordenó reglamentar un sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios, teniendo en cuenta para ello variables objetivas como la actividad económica, región de operación, estabilidad y estacionalidad del ingreso.

El decreto acusado, en cambio, impuso una obligación general a todos los trabajadores independientes, con o sin contrato de prestación de servicios, consistente en declarar anualmente su IBC desde el mes de febrero de cada año hasta enero del siguiente. Esta disposición desconoció el mandato legal, pues estableció una declaración de carácter prospectivo que obligaba a los contribuyentes a predecir sus ingresos futuros, exigencia imposible de cumplir para los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios, cuyos ingresos resultan variables o estacionales en cada vigencia. Por ende, el Gobierno excedió sus facultades reglamentarias y omitió regular el sistema de presunción de ingresos ordenado por la ley, al relegarlo a una regla meramente residual y sustituirlo por un mecanismo de autodeclaración anticipada con

vigencia. Por ende, el Gobierno excedió sus facultades reglamentarias y omitió regular el sistema de presunción de ingresos ordenado por la ley, al relegarlo a una regla meramente residual y sustituirlo por un mecanismo de autodeclaración anticipada con datos irreales.Radicado: 11001-03-27-000-2024-00008-00 (28451)

Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES

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4 El artículo 1, 2 y 3 del Decreto 3085 de 2007 violó el artículo 338 superior constitucional / Base gravable variable para el contribuyente trabajador independiente sin contrato de prestación de servicios

El demandante sostuvo que el Decreto 3085 de 2007 vulneró el principio de legalidad tributaria y excedió la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al extender el concepto de “trabajadores independientes” a dos categorías distintas que, en su criterio, debían recibir un tratamiento diferenciado: los contratistas con ingresos ciertos y los independientes sin contrato, cuyos ingresos son variables o inciertos. A su juicio, esa generalización desconoció la distinción establecida en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 entre “independientes contratistas de prestación de servicios” y “demás contratos y tipos de ingresos ”, imponiendo un régimen uniforme a situaciones económicas desiguales.

Afirmó que el decreto, al exigir una declaración anual anticipada de ingresos y limitar la posibilidad de modificar el ingreso base de cotización mediante la novedad de

y tipos de ingresos ”, imponiendo un régimen uniforme a situaciones económicas desiguales.

Afirmó que el decreto, al exigir una declaración anual anticipada de ingresos y limitar la posibilidad de modificar el ingreso base de cotización mediante la novedad de “variación temporal de salario” a un máximo de tres meses, obligaba a los trabajadores independientes sin contrato a mantener un mismo ingreso durante ese lapso, sin atender la estacionalidad o fluctuación propia de su actividad. Consideró que esa restricción desconoció el principio de igualdad material y resultó en una c arga imposible de cumplir, pues ningún trabajador independiente sin contrato podría prever con certeza el monto de sus ingresos futuros.

Adicionalmente, cuestionó la obligación de presentar la declaración de ingresos ante notario bajo la gravedad del juramento, por estimarla irrazonable, al exigir a los independientes sin contrato manifestar anticipadamente el valor de sus ingresos mensuales, contraviniendo el artículo 338 de la CP.

Incumplimiento de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria

El demandante precisó que el Decreto 3085 de 2007 desconoció los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, al imponer una carga símil a todos los trabajadores independientes, desconociendo que entre éstos se encuentran trabajadores con realidades económicas desiguales , pues los independientes con contrato de prestación de servicios perciben ingresos fijos y previsibles, mientras que los independientes sin contrato dependen de rentas variables e inciertas, sujetas a las fluctuaciones del mercado por no contar con un contrato de prestación de servicios, a quienes, en consecuencia, debe aplicárseles la presunción de costos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.

fluctuaciones del mercado por no contar con un contrato de prestación de servicios, a quienes, en consecuencia, debe aplicárseles la presunción de costos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.

Al exigir una declaración anual anticipada y restringir las modificaciones del IBC durante un periodo mínimo de tres meses, el decreto equiparó injustamente situaciones desiguales, ignorando la capacidad económica real de quienes no tenían contrato. Esa homogeneización anuló la diferenciación prevista en el citado artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, cuyo propósito fue establecer un sistema más equitativo y flexible para los trabajadores con ingresos fluctuantes.

El actor sostuvo que la medida impuso una carga desproporcionada a quienes no pueden determinar anticipadamente su ingreso mensual y, en consecuencia, vulneró la equidad vertical y horizontal del sistema tributario. Agregó que el decreto distorsionóRadicado: 11001-03-27-000-2024-00008-00 (28451)

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5 el principio de justicia fiscal, al tratar de manera igual a quienes se encontraban en circunstancias económicas distintas y desconocer la finalidad redistributiva del artículo 363 de la Constitución Política.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Salud y Protección Social se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el Decreto 3085 de 2007 quedó tácitamente derogado por la

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Salud y Protección Social se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el Decreto 3085 de 2007 quedó tácitamente derogado por la Ley 2277 del 13 de 2022 y el Decreto 1601 de 5 de agosto de 202 2, los cuales regularon el sistema de presunción de ingresos y el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia, así como de aquéllos con contratos diferentes al de prestación de servicios personales.

La entidad demandada citó un concepto técnico de la Subdirección de Pensiones y Otras Prestaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual se indicó que el sistema de presunción de ingresos se sustentaba en un esquema de presunción de costos aplicable a los trabajadores independientes, cuyo ingreso neto mensual resultaba de restar dichos costos a los ingresos brutos. Con base en ese valor se determinaba la obligación de cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral cuando el ingreso neto fuera igual o superior a un salario mínimo legal mensual vigente.

Según dicho concepto, y conforme al artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, que define las presunciones legales de capacidad de pago y de ingresos, el sistema de presunción de ingresos debía fundarse únicamente en la información de la actividad económica del trabajador, sin atender variables como la región de operación, la estabilidad o la estacionalidad del ingreso. En esa línea, posteriormente el Decreto 1601 de 2022 permitió establecer el IBC presunto, el cual servía de referente para la autoliquidación, fiscalización y determinación de la capacidad de pago de los trabajadores

estacionalidad del ingreso. En esa línea, posteriormente el Decreto 1601 de 2022 permitió establecer el IBC presunto, el cual servía de referente para la autoliquidación, fiscalización y determinación de la capacidad de pago de los trabajadores independientes en los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales.

Sostuvo que no se vulneró el derecho a la igualdad, porque el Decreto 3085 de 2007 no impuso cargas desproporcionadas, sino que buscó favorecer el acceso al Sistema General de Seguridad Social Integral de los trabajadores con ingresos variables y garantiza el acceso a prestaciones económicas dentro del régimen contributivo.

Afirmó que tampoco se desconoció el debido proceso, pues la norma flexibilizó los plazos para reportar novedades y ajustó el sistema de presunción del IBC, con el fin de simplificar los trámites administrativos y otorgar seguridad jurídica a los aportantes.

Indicó que el decreto respetó el artículo 48 de la Constitución Política, al ser garantista con los trabajadores independientes, tanto los que laboraban por cuenta propia como los que tenían contratos distintos al de prestación de servicios, quienes no con taban con ingresos fijos mensuales y requerían mecanismos flexibles para definir sus bases de cotización.

Agregó que, conforme al artículo 95 de la Constitución, el Gobierno Nacional debía establecer parámetros que presumieran la capacidad de pago y el nivel de ingresos de los trabajadores independientes, en aplicación del principio de solidaridad social y del deber compartido del Estado y los ciudadanos de contribuir al sostenimiento del sistema de salud.Radicado: 11001-03-27-000-2024-00008-00 (28451)

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sistema de salud.Radicado: 11001-03-27-000-2024-00008-00 (28451)

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Invocó el artículo 150 numeral 12 de la Constitución, para destacar que el decreto se enmarcó en el deber del Estado de garantizar la solidaridad y protección de la salud mediante la regulación de las cargas contributivas de los afiliados.

Finalmente, reiteró que el Decreto 3085 de 2007 quedó tácitamente derogado, puesto que el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes fue objeto de nueva regulación legislativa a partir del año 2015. Indicó que el artículo 89 de la Ley 2277 de 2022, al reformar el sistema contributivo, estableció que solo los independientes con ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo debían cotizar mes vencido, sobre una base mínima equivalente al 40 % de sus ingresos mensuales o del valor mensualizado del contrato, según el tipo de independiente.

TRÁMITE PROCESAL

Mediante Auto del 24 de septiembre de 20243, el despacho sustanciador ordenó surtir el trámite de sentencia anticipada, de acuerdo con el literal a) del artículo 182A del CPACA, por tratarse de un asunto de puro derecho.

Al tiempo, fijó el litigio en el estudio de legalidad de los artículos 1 y 2 del Decreto 3085 de 2007, expedido por el Ministerio de Protección Social, a partir de las normas que se

Al tiempo, fijó el litigio en el estudio de legalidad de los artículos 1 y 2 del Decreto 3085 de 2007, expedido por el Ministerio de Protección Social, a partir de las normas que se citan como violadas, el concepto de violación y los argumentos de oposición expuestos en la contestación de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En los alegatos de conclusión, la parte demandante 4 reiteró los argumentos expuestos en la demanda, insistiendo en que el Decreto 3085 de 2007, vigente entre la expedición de la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1753 de 2015, desnaturalizó la finalidad del artículo 18 de la Ley 1122, al sustituir el sistema de presunción de ingresos basado en variables objetivas por una declaración anual anticipada aplicable por igual a todos los trabajadores independientes.

Sostuvo que el decreto eliminó la distinción entre los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios y aquellos sin el pluricitado contrato o por cuenta propia, imponiendo a todos una misma carga formal. En su criterio, esta regulación desconoció la intención legislativa, al exigir la predeterminación de ingresos en un mercado variable e impredecible, propio de los independientes sin contrato, rentistas de capital y comerciantes.

Finalmente, señaló que:

“Ahora bien, los artículos 1, 2 y 3 son contrarios a lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política (…)

Del mismo modo, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 3085 de 2007, imponen la obligación de declarar los ingresos de los trabajadores, por lo tanto, no solamente se está reglamentando

Constitución Política (…)

Del mismo modo, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 3085 de 2007, imponen la obligación de declarar los ingresos de los trabajadores, por lo tanto, no solamente se está reglamentando la manera en la cual se debe obtener el IBC, sino que, a su vez, se está imponiendo la

3 Samai, índice 23 4 Samai, índice 32Radicado: 11001-03-27-000-2024-00008-00 (28451)

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7 obligación de presentar una declaración que el Congreso no ha avalado, y que tampoco ha tenido iniciativa de crear.”

La parte demandada5 reiteró los argumentos del escrito de contestación.

El Ministerio Público no conceptuó.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de algunos apartes de los artículos 1° y 2° del Decreto Reglamentario 3085 de 2007 6, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció la declaración anual del ingreso base de cotización para todos los trabajadores independientes, incluidos aquellos sin contrato de prestación de servicios, en desarrollo del artículo 44 de la Ley 1122 de 20077.

En consecuencia, corresponde determinar si las disposiciones acusadas se ajustaron a los límites de la potestad reglamentaria y respetaron los principios de igualdad, equidad y legalidad tributaria, o si, por el contrario, excedieron el marco legal al

En consecuencia, corresponde determinar si las disposiciones acusadas se ajustaron a los límites de la potestad reglamentaria y respetaron los principios de igualdad, equidad y legalidad tributaria, o si, por el contrario, excedieron el marco legal al imponer a todos los trabajadores independientes un régimen uniforme de declaración y cotización al Sistema de Seguridad Social Integral, desconociendo las diferencias en la naturaleza de sus ingresos y la finalidad del sistema de presunción de ingresos diseñado por el legislador.

Cuestión previa

Previo a abordar el estudio de fondo sobre la legalidad de los artículos 1° y 2° del Decreto Reglamentario 3085 de 2007, la Sala debe pronunciarse sobre dos aspectos procesales relevantes.

En primer lugar , se advierte que la parte demandante introdujo argumentos encaminados a sustentar la nulidad del artículo tercero del citado decreto, disposición que nunca fue objeto de la s pretensiones de nulidad de la demanda inicial ni de su eventual reforma.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 162 y 173 del CPACA, la oportunidad procesal para formular pretensiones o modificarlas se circunscribe a la presentación de la demanda o de su reforma dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, razón por la cual las pretensiones, solicitudes o razonamient os 8 incorporados con posterioridad resultan extemporáneos, y su consideración supondría desconocer el derecho de defensa y contradicción de la entidad demandada, que no tuvo oportunidad de pronunciarse frente a ellos.

Admitir el estudio del nuevo artículo implicaría alterar el marco del litigio y vulnerar el

consideración supondría desconocer el derecho de defensa y contradicción de la entidad demandada, que no tuvo oportunidad de pronunciarse frente a ellos.

Admitir el estudio del nuevo artículo implicaría alterar el marco del litigio y vulnerar el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso, conforme al cual la sentencia debe guardar consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda. La jurisprudencia 9 ha reiterado que el juez contencioso no

5 Samai, índice 31 6 Por el cual se reglamentó parcialmente el artículo 44 de la Ley 1122 de 2007 7 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones 8 Tal es el caso de las declaraciones rendidas ante Notario Público bajo la gravedad del juramento, sobre el valor de los ingresos mensuales, establecida en el artículo 3 del Decreto 3085 de 2007. 9 Consejo de Estado Sección Primera, sentencia del 8 de mayo de 2025 Exp. 2017-00092-00. CP Oswaldo Giraldo López.Radicado: 11001-03-27-000-2024-00008-00 (28451)

Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES

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8 puede conceder más de lo pedido ni decidir sobre lo no pedido, pues ello desborda los límites de su competencia y afecta el debido proceso.

Por lo anterior, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre la nulidad del

8 puede conceder más de lo pedido ni decidir sobre lo no pedido, pues ello desborda los límites de su competencia y afecta el debido proceso.

Por lo anterior, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre la nulidad del artículo tercero del Decreto Reglamentario 3085 de 2007 y sobre los argumentos planteados en los alegatos en torno a dicho precepto, limitando el análisis a los artículos primero y segundo que fueron objeto de la subsanación de la demanda.

En segundo lugar, la Sala precisa que la derogatoria del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, efectuada por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, no impide realizar el control de legalidad del Decreto Reglamentario 3085 de 2007. Si bien el citado decreto fue expedido for malmente en desarrollo del artículo 44 de la Ley 1122 de 2007 , los argumentos de la parte demandante se estructuran a partir de las previsiones contenidas en el artículo 18, al estimar que las disposiciones reglamentarias desconocieron el alcance legal de las reglas sobre el IBC y la determinación del ingreso de los trabajadores independientes.

En ese contexto, la pérdida de vigencia de dicha disposición no suprime la competencia de esta jurisdicción para verificar si, al momento de la expedición del reglamento, la autoridad administrativa actuó dentro del marco legal vigente. La jurisprudencia10 de la Corporación ha sostenido, de manera reiterada, que la pérdida de vigencia de una disposición legal no restablece por sí misma el orden jurídico que pudo haberse vulnerado durante su aplicación, ni sanea los eventuales vicios de legalidad