CE - Sentencia 11001032800020240019900 de 2025

Demandante: SamuelAlejandroOrtizMancipeyotra Demandado:ConsejoNacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2024-00199-00 11001-03-28-000-2024-00208-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Dieciocho(18)deseptiembrededosmilveinticinco(2025) Referencia: NULIDAD Radicados: 11001-03-28-000-2024-00199-00 11001-03-28-000-2024-00208-00

Demandantes: SAMUELALEJANDROORTIZMANCIPE

MANUELAARREDONDOROA Demandado: CONSEJONACIONALELECTORAL Temas: Otorgamiento de personería jurídica por acreditación de hechos de violencia grave y sistemática contra miembros de agrupación política.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA LaSaladicta sentenciadentro delpresente proceso enelque se pretendela nulidad de las resoluciones 6886 de 2023, por medio de la cual se reconoció personería jurídica al movimientopolítico Poder Popular(en adelantePP)y 4819delmismo año que inscribió dicho atributo en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones

Políticas(RUPMPAP).

1. ANTECEDENTES 1.1 Las demandas y sus trámites Talcomoserefirióenelautoque acogió eltrámitedesentencia anticipada1,ensíntesis, la parte actora pide la nulidad de los actos referidos con efectos ex tunc2; comoquiera que, consideran que la regla establecida en la SU 257 de 20213 no es aplicable a la situación vivida y alegada ante el Consejo Nacional Electoral por parte de los líderes, seguidoresymilitantesdePoderPopular. 1.1.1 Los hechos Losaccionantesnarraronque, dosacontecimientosconcaracterísticasdeserviolentos, graves y sistemáticos, no reúnen las condiciones para que se dé aplicación a la citada sentenciadeunificación.

Sobre esta base, recordaron que, Poder Popular narró ante el Consejo Nacional Electoral el «atentado dirigido a Ernesto Samper Pizano», ocurrido el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto internacional El Dorado de la capital colombiana y el asesinato 1SistemadeGestiónJudicial-SAMAI.Historialdeactuaciones.Anotación61. 2Desdeelpasado. 3 Párrafo 417: «Esta Sentencia producirá efectos inter comunis, para aquellos Partidos, Movimientos políticos o terceros que hubieren estado o estén en similares condiciones del Partido Nuevo Liberalismo según los hechos de violencia iguales o parecidos alosquefueronanalizadosenestaprovidenciayqueafectaronsupermanenciaenlascontiendaselectoralesapartirde1988,para

quepuedanhacerpartedelaapertura democráticaenlaspróximaseleccionesde2022.Paratalefecto,dentrodelosdiez(10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, el Consejo Nacional Electoral además de reconocer la personería jurídica al Partido Nuevo Liberalismo,deberá tambiénreconocerlaa losdemástercerosbeneficiariosa losque selesapliqueesta mismaprovidencia. (…)».Demandante:SamuelAlejandroOrtizMancipeyotra Demandado:ConsejoNacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2024-00199-00 11001-03-28-000-2024-00208-00 Calle12No.7-65–Tel:(601) 350-6700–BogotáD.C.–Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 del exsenador del Partido Liberal Colombiano, Ricardo Villa Salcedo acontecido el 23 dediciembrede1992,paraconellopedirlapersoneríajurídicaaestemovimiento. En criterio de la parte actora, tales eventos: i) no tuvieron fines políticos, ii) no revistieron la gravedad que se exigió en la SU 257 de 2021, iii) no consolidaron una relación de causalidad directa con la imposibilidad de participar libremente en los certámeneselectoralesy, iv)nofuerondirigidosconelfindedestruirlacolectividad. 1.1.2 Normas violadas y concepto de la violación Se invocaron como vulnerados los artículos: 108 superior, 3 de la Ley 130 de 1994 y 3

delaLey1475de2011.Elconceptodelaviolaciónseestructuró,así: 1.1.2.1 Infracción de las normas en que debía fundarse el acto cuestionado La parte actora afirmó que el Consejo Nacional Electoral debía haber exigido el cumplimiento de la regla del umbral establecida en el artículo 108 constitucional para reconocer personería jurídica y, como no lo hizo, forzó la aplicación de los siguientes trespresupuestosdeladecisióndeunificacióndelaCorteConstitucional: i)Violencia sistemáticaygrave.Dijeron quenosedemostraronestaclasedeeventosy, en consecuencia, el no haber inscrito aspirantes a las elecciones de Congreso de la República de 1998, es decir, al término del mandato de su máximo líder, Ernesto Samper Pizano, se debió a una decisión propia de la agrupación, no a eventos que hubieranimpedidoactuarconplenalibertad. ii) Relación de causalidad directa y efectiva. Comentaron que, el «presunto atentado dirigido contra dicho expresidente», iba direccionado en realidad en contra del líder de la Unión Patriótica, José Antequera; en tal sentido, no se podía derivar de ese evento, lapersoneríajurídicaafavordePP. iii) Las condiciones de tiempo, modo y lugar de esa presunta afectación violenta. Aseveraron que la colectividad tuvo todas las posibilidades para realizar libremente actosdeproselitismosincondicionamientoalgunodesdesufundaciónen1982.

Sobre esta base, expresaron que el asesinato del exsenador del Partido Liberal Colombiano, Ricardo Villa Salcedo, no debió considerarse como el «episodio que denotara un exterminio o persecución sistemática», pues, aparte de que militó en una agrupación diferente (PLC), ese evento no tuvo como fin, silenciar a los militantes del PPeimpedirquesusideaspudiesenserexpresadasenplenalibertad. 1.1.2.2 Finalmente, manifestaron que el acto censurado fue falsamente motivado, toda vez de que los hechos y fundamentos legales expresados en el reconocimiento de personería jurídica no están en armonía con la realidad y no demostraron que esos eventos fatídicos, hubiesen tenido ese vínculo que la Corte Constitucional y el Consejo deEstadoestablecieronparaelotorgamientoexcepcionaldedichoatributopolítico. 1.1.3 Admisiones de las demandas La admisión del radicado 2024-00199-00, fue el 2 de octubre de 2024 y en el expediente2024-00208-00,sehizolopropioel23dedichomesyaño.Demandante:SamuelAlejandroOrtizMancipeyotra Demandado:ConsejoNacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2024-00199-00 11001-03-28-000-2024-00208-00 Calle12No.7-65–Tel:(601) 350-6700–BogotáD.C.–Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

1.1.4 Contestaciones de las demandas 1.1.4.1 Consejo Nacional Electoral La autoridad administrativa se opuso a las pretensiones, reiterando los fundamentos jurídicosesbozadosdelactodemandado;estoes,aseverarque laregla deunificacióny los otros razonamientos de la SU 257 de 2021 eran aplicables al caso concreto por los eventosadversoscontraErnestoSamperPizano(1989)yRicardoVillaSalcedo(1992). Insistió enquese dioaplicación alprecedenteadministrativo deotroscasossimilares4y a los principios sobre participación establecidos en el Acuerdo de Paz, también, manifestó que hubo una correcta motivación de la decisión, pues las evidencias probatorias y fácticas dieron cuenta de una limitación injustificada al PP a competir electoralmenteencondicionesdeigualdadenloscertámenesrealizadosdesde19825. 1.1.4.2. Movimiento Político Poder Popular Reiteró losargumentosvertidosporelCNE tantoenla actuaciónadministrativa como lo dicho en la contestación de la demanda; con todo, agregó que se cometieron delitos de lesa humanidad que afectaron al PP, agregando a los dos eventos referidos en precedencia,elasesinatoconfinespolíticosdelosexcongresistas: Jorge Cristo Sahium yMarthaCatalinaDanielsGuzmán,delabogadoAntonioJoséCancino,militantedeesa agrupaciónyretratólosatentadoscontraHoracioSerpaUribeysuesposa. 1.2. Trámite procesal relevante

1.2.1. Autos que resuelven medidas cautelares, ordenan acumular procesos y resuelven la excepción previa de caducidad LaSala profirió decisión el 23de enero de 2025, confirmada a su vez porla providencia del 13 de febrero de dicha anualidad, en la que, en síntesis, se negó la suspensión provisional de los actos acusados, debido a: i) la falta de pruebas y, ii) las dudas sobre laviolenciaqueimpidióaPP,participarlibrementeenpolítica.Deotraparte,atravésde decisión del 17 de ese último mes y año, se decretó la acumulación de los procesos referidosyparaeldía24delamismafecha,noseaccedió ala excepcióndecaducidad presentadaporelapoderadodelaagrupaciónpolítica6. 1.2.2. Auto que dispuso el trámite de sentencia anticipada En providencia del 3 de marzo de 20257, se dio aplicación al trámite de sentencia anticipada, fijándose el litigio, incorporando documentos y decretando algunas pruebas deoficio. 4Casosde«GenteenMovimiento»yel«PartidoComunistaColombiano». 5 La autoridad electoral precisó: «Conforme a todo lo anterior, la Sala encuentra que el movimiento Poder Popular fue una agrupación política con vocación de permanencia y estructura organizativa que obtuvo resultados electorales significativos entre 1982 y1994 como una tendencia al interior del Partido Liberal. Entre los logros que más se destacan están la obtención de curules

en Senado y Cámara y la elección como presidente de la República de Ernesto Samper. Aunque los resultados electorales fueron conseguidos formalmente bajo la cobertura del Partido Liberal, contaron con la participación significativa y determinante de los candidatosdelPoderPopular.» 6 El magistrado sustanciador precisó que es a través del medio de control de nulidad, que se debe estudiar la presente causa judicial, por virtud de lo establecido en el numeral 3 del artículo 137 del CPACA, el cual refiere que podrán demandarse aquellos actosadministrativos de contenido particular cuando los efectos nocivos de este afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico, en consecuencia, no fue de recibo que el apoderado del PPalegara que la vía idónea era la nulidad electoral y, conforme a ello, se aplicara los presupuestos procesales de esta acción (caducidad) para no darle trámite a la presente causa judicial, pues lo cierto es que esta Sala Especializada, con base en la normativa previamente citada, ha resuelto en ocasiones anteriores las censuras a través del cauce de la simple nulidad contra la legalidad de actos que declararon la pérdida y otorgaronlapersoneríajurídicadeunaorganizaciónpolítica. 7SistemadeGestiónJudicial-SAMAI.Historialdeactuaciones.Anotación61.Demandante:SamuelAlejandroOrtizMancipeyotra

Demandado: ConsejoNacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2024-00199-00

11001-03-28-000-2024-00208-00 Calle12No.7-65–Tel:(601) 350-6700–BogotáD.C.–Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 1.3. Alegatos de conclusión8 1.3.1 El Consejo Nacional Electoral y la demandante del radicado (2024-00208-00) guardaronsilencio. 1.3.2. El movimiento político Poder Popular9 Reiteró la base normativa10 y jurisprudencial11 de los actos censurados para afirmar, que talreconocimientose otorgóen cumplimientodela SU 257de2021, puesel Nuevo Liberalismo y Poder Popular: «comparten origen liberal, estructura organizativa, hechos deviolenciayafectacionesdirectasasucontinuidadelectoral». Como segundo argumento, indicó12 que el asesinato del exsenador Ricardo Villa Salcedo, el atentado en el aeropuerto el Dorado de Bogotá en contra del expresidente Samper Pizano y demás crímenes cometidos contra líderes de la agrupación «limitaron gravementesuposibilidaddeparticipación». Comentó que el Acuerdo de Paz es un instrumento jurídico de obligatorio cumplimiento por virtud del Acto Legislativo 02 de 201713, que está incorporado al bloque de constitucionalidad, lo que implica que su interpretación y aplicación debe guiar la actuacióndelajurisdiccióndelocontencioso. Como cuarto argumento, manifestó que en el presente asunto, el CNE acató una

decisión de unificación que constituye precedente obligatorio14 debido a que: i) existía una regla clara en la ratio decidendi, ii) se refirió a un problema jurídico semejante y, iii) loshechosdelcasoactualsonequiparables. Finalmente, pidió que de declararse la nulidad de las resoluciones cuestionadas, esta no debe ser concedida con efectos desde el pasado, en la medida que: «se vulneraría el derecho de los ciudadanos que depositaron su confianza en el movimiento y caerían la celebración de acuerdos políticos, la afiliación de militantes, la inscripción de candidaturas en construcción, el ejercicio de derechos electorales y la adopción de decisionesinternas». 1.3.3 El demandante radicado (2024-00199-00) La parte actora razonó sobre las pruebas que obran en el expediente para decir que estas no demuestran el cumplimiento de la regla de unificación creada en la SU 257 de 2021, la cual, quedó ligada al contexto de violencia sufrida por la agrupación y la imposibilidad de participar libremente en los certámenes electorales; luego, en el caso concreto no se acreditó que PP haya padecido tales hechos ni que los vejámenes tuvieronunaconexidaddirectayefectivaconlaafectaciónasusderechospolíticos. 8Sistemade Gestión JudicialSAMAI.Historial deactuaciones.Anotación111. Contadosdesdeel 28de mayo hasta el11 dejunio de2025alascincodelatarde. 9SistemadeGestiónJudicial-SAMAI.Historialdeactuaciones.Anotación116del11dejuniode2025.

10 Citó los «artículos 40, 107 y 108 de la Constitución Política, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Estatutaria 130 de 1994, el artículo 3 de laLey Estatutaria1475 de 2011, así comotambién los artículos16 y23 de la Convención Americanasobre DerechosHumanos. En el mismo sentido, se solicitó dar aplicación al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz EstableyDuradera (…)». 11CorteConstitucionalC-630de2017ySU-316de2021ylaemitidaporelConsejodeEstadoenelcasodelaUP. 12 En este punto, comentó que «se aportaron obras bibliográficas, ensayos políticosy documentos académicos que hacen mención expresa al Poder Popular como una tendencia interna del Partido Liberal, destacando su papel histórico en el debate ideológico de izquierdademocrática»«Tambiénfueronallegadosdocumentossobreproyectospolíticosimpulsadosporelmovimiento». 13CitólasentenciaC-630de2017. 14CitólassentenciasSU–310de2017,SU–332de2019,SU–027de2021yT–441de2018.Demandante:SamuelAlejandroOrtizMancipeyotra Demandado:ConsejoNacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2024-00199-00 11001-03-28-000-2024-00208-00 Calle12No.7-65–Tel:(601) 350-6700–BogotáD.C.–Colombia

www.consejodeestado.gov.co 5 1.4. Concepto del Ministerio Público Lavistafiscal,guardósilencio.

2. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sección es competente para decidir en única instancia el proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 14915 del CPACA, el artículo13delAcuerdo080de2019,proferidoporlaSalaPlenadelConsejodeEstado, modificadoporelartículo1ºdelAcuerdo434de2024.

2. Problema jurídico Conbaseenlafijacióndellitigio,correspondealaSaladeterminar: Si las resoluciones 6886 del 24 de agosto de 2023 y 4819 de 2023, expedidas por el Consejo Nacional Electoral por medio de las cuales se reconoció personería jurídica al movimientopolíticoPoderPopular yseordenósuinscripciónenelRUPMPAP, vulneraron normas superiores al desatender los requisitos para la obtención ordinaria de personería jurídica.

Paratales efectos,sedeterminarásialmovimientoPP podíanaplicárselelos efectos inter comunis de la sentencia SU – 257 de 2021 y las disposiciones del Acuerdo Final para la TerminacióndelConflictoylaConstruccióndeunaPazEstableyDuradera,yasíinaplicar lospreceptosnormativospresuntamentevulnerados. De igual modo, se deberá resolver si es procedente declarar la nulidad de los citados actosadministrativosconefectos ex tunc.

Finalmente, se establecerá si hubo falsa motivación al haberse aplicado presuntamente de forma improcedente la providencia de unificación y el precitado acuerdo, comoquiera quela situación jurídica y fáctica alegadaante el ConsejoNacional Electoral, no afectó su participaciónenlaseleccionesdelCongresodelaRepúblicade1998. Para resolver este asunto, la Sala hará un estudio de: i) el contenido y alcance de la jurisprudencia constitucional y contenciosa respecto del régimen extraordinario de obtención de personería jurídica de las agrupaciones políticas – violencia grave y sistemática – y, ii) la situación acaecida por Poder Popular en el sub judice, a partir de lascensuraspropuestasyelacervoprobatorio. 2.1 Contenido y alcance de la jurisprudencia constitucional y contenciosa respecto del régimen extraordinario de obtención de personería jurídica de las agrupaciones políticas – violencia grave y sistemática – El Consejo de Estado, a través de sus diferentes salas de conocimiento, ha proferido variadasdecisionesquehanestudiadoelalcancedela «violenciapolítica», ya partirde ello, se han consolidado diversos razonamientos para resolver los alcances que esta expresiónhatenidoenmateriajudicial. 15 Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única Instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamentodisponga,conoceráenúnicainstanciadelossiguientesasuntos:1.Delanulidaddelosactosadministrativosexpedidos

por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en lostribunalesadministrativos.Demandante:SamuelAlejandroOrtizMancipeyotra Demandado:ConsejoNacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2024-00199-00 11001-03-28-000-2024-00208-00 Calle12No.7-65–Tel:(601) 350-6700–BogotáD.C.–Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Sobre el reconocimiento de personería jurídica y el concepto anteriormente enunciado, laSecciónQuinta16profirióunaprimeradecisiónjudicialenelradicado2010-00027-0017, enlaqueseprecisaron,lossiguientesaspectos: i) Existe un deber que asiste al CNE para evaluar las razones –realmente excepcionales– que aduce el partido político para así poder decidir sobre la concesión onodelapersoneríajurídica. ii) De encontrarse «verdaderas razones (…) de fuerza mayor, que le impidieron, con garantía de libertad, poder ejercer este derecho político, [producto] de la persecución porrazonespolíticas(…) conelclaropropósitodedeshacerelpartidoa findeimpedirle su participación democrática en la gobernabilidad del país», la autoridad debe garantizarlaproteccióndelapersoneríajurídica. iii) Los eventos de total imposibilidad para participar libremente en política, aparte de

ser demostrados18 deben tener una relación con el impacto en la igualdad de condiciones que tiene con las demás agrupaciones, en cuanto al goce de las garantías para la preservación de la vida e integridad personal de sus directivos, militantes y simpatizantes. Enla decisión judicialqueacaba derecordarse, secomprobaron talessupuestos, porlo que fue exigible constitucional y legalmente valorar la situación fáctica con una hermenéutica diferente, pues se demostró una incapacidad real de participación política. Estos elementos que se logran destacar, habían sido analizados en forma precedente por la Corte Constitucional en la sentencia T 439 de 199219, primera decisión que logró precisar, conforme al conjunto de pruebas: a) la demostración de amenazas que estuvieron ligadas al contexto vivido por la agrupación partidista y su eliminación progresiva, b) la acreditación de una dimensión objetiva de la persecución contra ella y, c) la eliminación progresiva de los miembros y simpatizantes de la UP y de otras colectividades20encondicionessemejantes. Sin apartarse de lo anterior, y trayendo a discusión lo dicho por la Sala de Consulta y Servicio Civil21, para lo que interesa al presente asunto, se ha insistido en que, frente a dichos elementos, debe acreditarse: la persecución y exterminio, constitutivos de fuerza mayor con connotación grave y prolongada en el tiempo, que imposibilite la participaciónelectoralencondicionesdeigualdad. 16Nulidadyrestablecimientodelderechoqueseestudióenlasentenciadel2dediciembrede2010porpartedelaSecciónPrimera,

enelradicado2003-00148. 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Susana Buitrago Valencia. Sentencia del 4 de juliode2013. 18 Así quedó dicho: «en el expediente obra prueba documental sobre la situación de exterminio del que venían siendo objeto los militantes y simpatizantes de la UP. En especial ello se evidencia del análisis del estudio titulado “Informe del Defensor del Pueblo para el Gobierno, el Congreso yel Procurador General de la Nación” de octubre de 1992».Y,la comunicación del 23 de octubre de 1992delpresidentedelaComisiónInteramericanadeDerechosHumanos. 19MP.EduardoCifuentesMuñoz. 20Sehizoalusión,entreotros,alPartidoComunistaColombiano. 21 Radicado 11001030600020140004400 (2202), concepto del 1 de abril de 2014, resolvió la inquietud formulada por el Ministerio del Interior en la que expresó: «la Unión Patriótica debe mantener su personería jurídica hasta las próximas elecciones parlamentariasdel2018,conelfindequepuedaejerceraplenitudsusderechosdeparticipaciónyenfrentarseenesemomento,en condiciones de igualdad, a las exigencias derivadas del artículo 108 de la Constitución.». Así mismo se puede verificar lo dicho por elConsejodeEstado.SaladeConsultayServicioCivil.CP.AugustoTrejosJaramillo.Conceptodel25deseptiembrede2003.Rad. 1512.Demandante:SamuelAlejandroOrtizMancipeyotra

Demandado: ConsejoNacional Electoral

Rad. 11001-03-28-000-2024-00199-00 11001-03-28-000-2024-00208-00 Calle12No.7-65–Tel:(601) 350-6700–BogotáD.C.–Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 En línea con lo anterior, la Sección Tercera22 ha emitido diversos razonamientos en varios asuntos en los que se ha estudiado la afectación a la participación política por motivos de violencia, indicando que, en cada caso particular, es el juez quien debe establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la violación del derecho: debido a que, ni las condiciones personales y sociales de la víctima, ni el estadode anormalidad delorden público – violencia generalizada –, son suficientes por sí solasparaendilgaralgúntipoderesponsabilidadyporendedereparación. El anterior argumento, ha sido respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha sostenido, que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos; comoquiera que: «(…) aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechoshumanosdeotro particular, aquélnoesautomáticamenteatribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichasobligacionesdegarantía»23. Tales argumentaciones, fueron reiteradas con el paso de los años24 y actualmente mantienen vigencia25, reiterándose en que para cada escenario judicial: «es necesario

que se demuestren cada uno de los elementos para que prospere la demanda, de lo contrario, todos los hechos delictivos que sucedieron en el país durante esa época le serían imputables al Estado de manera automática, situación que no es de recibo para laSala». Alretomarlo dicho porla Sección Quinta, debe decirse que en el radicado 2018-000220026, se estudió la resolución proferida por el CNE, que negó la solicitud de reconocimiento de personería jurídica al Nuevo Liberalismo, asunto que fue finalmente zanjado por la Corte Constitucional con la SU 257 de 2021 en la que se ordenó, entre otros asuntos: i) dejar sin valor y efecto la sentencia del precitado expediente y los actos administrativos dictados por el CNE, así como, ii) ordenar a esa autoridad, dar el reconocimientopolíticoyjurídicorespectivo. En esta decisión constitucional se consideró, en síntesis, que el contexto27 de violencia sufridoporlaagrupación políticay elrazonamiento finalísticode lasnormasestudiadas, llevaban a proteger los derechos derivados de los artículos 1º, 3º, 40 concordantes con el 107 de la carta magna a favor de la agrupación que demuestre eventos graves y sistemáticosdeafectaciónasusderechosalaparticipación.Asísedescribió: 22Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. MP. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sentencia del 24de abrilde 2017.Rad. 25000232600020040203601 (36573). ConsejodeEstado.Saladelo ContenciosoAdministrativo.Sección

Tercera. MP. Hernán Andrade Rincón. Sentencia del 12 de marzo de 2015. Rad. 25000232600020050003301 (32993). En esta decisión, se precisó que, si bien se allegó al expediente una certificación expedida por el personero municipal, en la que se consigna que la víctima fue asesinada por motivos políticos e ideológicos, y que no obstante, había presencia de grupos al margen de la ley en los alrededores de la entidad territorial, lo cierto es que no hubo evidencia de que la víctima hubiera puesto en conocimiento de las autoridades la situación de peligro en la que, se hallaba o que pueda extraerse que antes de su homicidio, se encontrabaamenazadademuerte. 23 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia del 31 de enero de 2006,párrafo123. 24Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. MP. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sentencia del 18 de diciembre de 2020. Radicado. 13001233100020060024001 (50723). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. MP. Marta Nubia Velásquez Rico. Sentencia del 5 de febrero de 2021. Radicado. 50001233100020090035401(61803). 25Consejode Estado.Sala delo ContenciosoAdministrativo.Sección Tercera.MP. FredyIbarraMartínez. Sentenciadel12 de abril de 2024. Radicado. 23001233100020100037101 (60271). En esta providencia se reiteró que, si bien al estado le asiste el deber de

procurar el bienestar de sus asociados, «no puede ser omnímodo al punto de que le sea exigible lo irrealizable, pues, examinadas lascircunstanciasdetiempo,modoylugarsusactuacionesdevigilanciarequeridaspara salvaguardar lavida,honraybienesdelos habitantesdelmunicipio(…)seencuentranajustadasalaConstituciónylaley». 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. LucyJeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del16demayode2019. 27 Sobre este punto en el auto de seguimiento 2691 de noviembre de 2023, la Corte llamó la atención a fin de que la aplicación de los efectos inter comunis, requiere de pruebas que demuestren la relación de causalidad directa y efectiva entre los hechos de violenciaquehubierenpodidosufrirylaafectaciónalderechofundamentalalaparticipaciónpolíticadelpartidoysusmiembros.Demandante:SamuelAlejandroOrtizMancipeyotra Demandado:ConsejoNacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2024-00199-00 11001-03-28-000-2024-00208-00 Calle12No.7-65–Tel:(601) 350-6700–BogotáD.C.–Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 362. (…) No es aplicable el umbral para la obtención y cancelación de la personería jurídica en los casos en que se configuren circunstancias graves, extraordinarias y ajenas a la voluntad de un partido o movimiento político y que, además, lo pongan en

una posición de desigualdad respecto de otros partidos y le impidan contar con respaldo popular.28 392. (…) según dan cuenta los medios de prueba que obran en este proceso y que constituyen verdades judiciales que están en las sentencias o en las declaraciones debidamente practicadas (…) el Nuevo Liberalismo (…) no tuv[o] opción distinta que abandonar el país para garantizar su vida e integridad personal, suspender la actividad política y retomarla más adelante mediante la creación de otros movimientos o solicitar su afiliación a otros partidos en los cuales se aceptara su participación. (…) porque debido a circunstancias ajenas a su voluntad, el proyecto político, incluida la idea deconformacióndelPartido,setruncó(…).(Negrillafueradetexto) Con base en dichos razonamientos, si se presentan escenarios de violencia grave, extraordinaria e incluso catalogada como de lesa humanidad, que impidan la participación de los colectivos en los certámenes, de cara a mantener o reconocer la personería jurídica de una colectividad, los preceptos que dan forma al Estado Social y de Derecho deben ser tenidos en cuenta para proteger ese atributo, con todos los efectosquesederiven. Sobre esta línea argumentativa, la Sección Electoral en el radicado 2023-00034-0029 realizó un amplio análisis sobre diversos asuntos relacionados con la personería jurídica otorgada al movimiento político Nueva Fuerza Democrática, la cual fue anulada por esta Sección y que permitió desarrollar los siguientes aspectos: (i) el contenido y alcancedelaSU257de2021y, (ii)la naturaleza jurídicayloslímitesdelAcuerdoFinal

paralaTerminacióndelConflictoylaConstruccióndeunaPazEstableyDuradera. En esta determinación judicial, se precisaron con suma importancia variados razonamientos,delosquesedestacan: 1Si se presentan escenarios de violencia grave, extraordinaria e incluso catalogada como de lesa humanidad, que impidan la participación de los colectivos en los certámenes, estos se deben valorar en su contexto, con las pruebas aportadas al plenario, analizando cuál fue el impacto sobre el ejercicio de los derechos y las garantíasfundamentales. 2No cualquier tipo de violencia altera las condiciones para desarrollar el principio democrático y, por ende, impone al juzgador de la personería jurídica conocer si existió una causa poderosa de impedimento para participar en el certamen y mantener tal estatusjurídicocomocolectividad. 3En cada caso concreto, a partir de las pruebas obrantes en el expediente judicial, el juzgador, conforme a la sana crítica, deberá considerar si los actos violentos afectaron o no esas prerrogativas fundamentales, si estos son parecidos, afines o similares a los que sufrió el Nuevo Liberalismo o la Unión Patriótica30 y, si tales situaciones tuvieron una relación directa y efectiva para que la agrupación hubiese perdido su reconocimientocomocolectividadpolítica. 28 Concordante con los párrafos 277, 286 y 294, en los que se insistió que el precedente de apoyo interpretativo que profirió la SecciónQuintadel ConsejodeEstadoenelcasodelaUnión Pa