CE - Sentencia 11001032800020250000600 de 2025

Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00006-00 11001-03-28-000-2025-00057-00

(Acumulado) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Radicados: 11001-03-28-000-2025-00006-00 11001-03-28-000-2025-00057-00

Demandantes: SAMUEL ALEJANDRO ORTIZ MANCIPE

MANUELA ARREDONDO ROA

Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Tema: Otorgamiento de personería jurídica a las agrupaciones políticas por acreditarse violencia política.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

Los accionantes, en nombre propio, instauraron demandas en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 contra la Resolución 03771 del 17 de julio de 2024, por medio de la cual se repuso el acto administrativo 16685 del 20 de diciembre de 2023 y, en consecuencia, el Consejo Nacional Electoral reconoció

17 de julio de 2024, por medio de la cual se repuso el acto administrativo 16685 del 20 de diciembre de 2023 y, en consecuencia, el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al movimiento político Dignidad Liberal (en adelante DL)1.

1.1.1. Hechos

Los demandantes los relataron de forma similar como se exponen a continuación:

Dignidad Liberal fue una tendencia política sin personería jurídica al interior del Partido Liberal Colombiano (en adelante PLC), fundada por Rodrigo Lara Bonilla en 1973, quien para 1979 se unió al movimiento político Nuevo Liberalismo (en adelante NL) a fin de sacar avante la aspiración presidencial de Luis Carlos Galán Sarmiento; sin embargo, el 30 de abril de 1984, fue asesinado el primero de estos dos líderes.

Destacaron que el CNE, afirmó que DL participó y ganó curules en los certámenes electorales de 1974 y 1990; con todo, aseveraron que uno de los espacios obtenidos en la Cámara de Representantes, conseguido por Julio Bahamón Vanegas, fue en representación del Partido Liberal Colombiano.

1 Entre otros asuntos se registró provisionalmente, al señor Rodrigo Lara Restrepo, como presidente y representante legal de la colectividad.Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00006-00 11001-03-28-000-2025-00057-00 (Acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia 2 www.consejodeestado.gov.co

Comentaron que dicho excongresista junto a Rodrigo Lara Restrepo (hijo del exministro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia 2 www.consejodeestado.gov.co

Comentaron que dicho excongresista junto a Rodrigo Lara Restrepo (hijo del exministro Lara Bonilla), solicitaron el reconocimiento de la personería jurídica el 17 de julio de 2023, ante lo cual, la autoridad electoral inicialmente negó tal pedimento al enc ontrar que no existían suficientes pruebas que acreditaran los presupuestos para el otorgamiento excepcional que precisó la SU 257 de 2021; sin embargo, en decisión del 17 de julio de 2024, el CNE repuso esa determinación y accedió finalmente a lo exigido.

1.1.2. Concepto de la violación

Vulneración de normas superiores

La parte actora consideró que la Resolución 03771 del 17 de julio de 2024, por medio de la cual se repuso el acto administrativo 16685 del 20 de diciembre de 2023 , infringió los artículos 108 de la Constitución Política, 3 de la Ley 130 de 1994 y 3 de la Ley 1475 de 2011.

Para tal efecto, sostuvieron que la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica del movimiento político Dignidad Liberal debió ser analizada por el Consejo Nacional Electoral conforme al régimen ordinario regulado en dichas normas; es decir, exigir el 3% de los votos válidos en las elecciones al Congreso de la República, dado que su situación no se ajustaba a los criterios establecidos por la SU 257 de 2021.

En ese sentido, explicaron que no se consolidaron los tres presupuestos de la decisión de unificación, a saber:

no se ajustaba a los criterios establecidos por la SU 257 de 2021.

En ese sentido, explicaron que no se consolidaron los tres presupuestos de la decisión de unificación, a saber:

1. Violencia sistemática y grave en el desarrollo de sus actividades políticas.

Relataron que, «el único hecho de violencia acreditado en el expediente» fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla acaecido en 1984, el cual sucedió dos años después de celebradas las elecciones de presidente y de Congreso de la República de 1982 y dos años antes del certamen congresual de 1986; lo que, en su criterio, «no impidió que la agrupación política inscribiera candidatos».

1. Relación de causalidad directa y efectiva entre la violencia y el libre ejercicio del derecho fundamental a la participación del partido y de sus miembros.

Expresaron que el protagonismo de DL en las elecciones a Congreso de la República y, la presunta violencia política padecida, no tienen esa causalidad necesaria para hacer procedente el reconocimiento extraordinario de la personería jurídica, por lo cual, al estar rota la relación exigida por el propio tribunal constitucional, era improcedente acceder a la solicitud que se presentó ante el CNE.

1. Las condiciones de tiempo, modo y lugar de esa presunta afectación violenta a DL.

Dijeron que, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla no guarda relación directa y efectiva con la no inscripción de candidatos para las elecciones de Congreso de la República y sobre esta base, manifestaron que el referido homicidio no minimizó la conformació n política de esta agrupación, tampoco impidió seguir con las actividades de proselitismo,Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otra

Demandado: Consejo Nacional Electoral

sobre esta base, manifestaron que el referido homicidio no minimizó la conformació n política de esta agrupación, tampoco impidió seguir con las actividades de proselitismo,Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00006-00 11001-03-28-000-2025-00057-00 (Acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia 3 www.consejodeestado.gov.co

mucho menos, socavó las expectativas para conseguir el poder por las vías democráticas.

En este punto, destacaron que, para acceder a tal reconocimiento, se debía radicar la petición de personería jurídica ante el CNE dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la multicitada providencia de unificación; comoquiera que, esa fue la data que precisó la sentencia, sin embargo, esa solicitud fue extemporánea por cuanto DL la radicó dos años después.

Así mismo, comentaron que aun cuando existe la declaratoria de imprescriptibilidad de la acción penal respecto del magnicidio del exministro Rodrigo Lara Bonilla, la propia Fiscalía General de la Nación no lo tuvo como un evento de exterminio o persecución sistemática en contra de los militantes de DL.

Aunado a lo anterior, expresaron que la base jurídica utilizada en el acto cuestionado, no solo hacía impropio acudir a los postulados del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito en el año 2016, dada su falta de obligatoriedad, sino que, a partir de estos razonamientos, se

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito en el año 2016, dada su falta de obligatoriedad, sino que, a partir de estos razonamientos, se descontextualizaron los cimientos de la providencia de unificación mencionada.

Finalizaron su argumentación controvirtiendo el uso del precedente administrativo como fuente de validez del acto censurado, e indicaron que, si bien el CNE hizo una lectura de la SU 257 de 2021 como también de los eventos de violencia que afectaron las contiendas electorales, dicha regla solo aplica «a partir del año 1988»; con lo cual, el magnicidio ocurrido en 1984, demuestra que tal episodio superó la línea temporal fijada por la Corte Constitucional y el propio razonamiento utilizado en otros asuntos2.

Falsa motivación

Indicaron los demandantes que los hechos y los fundamentos legales plasmados en las resoluciones controvertidas, no están en armonía con la realidad y tampoco fueron probados en el trámite administrativo adelantado ante el CNE; por tal motivo, los efectos inter comunis de la citada sentencia de unificación eran inaplicables al caso concreto.

En este punto, manifestaron que:

1. si bien existe una certificación del secretario general del Senado de la República que retrata la «participación política de DL», ello no debió entenderse como una facultad derivada por haber tenido personería jurídica en esa época; es decir, fue una agremiación que no tuvo personería jurídica y , por ende, no podía ser beneficiario de los efectos jurídicos de la SU 257 de 2021 y, ii) al acudir a los párrafos 146 y 147 de esa providencia,

que no tuvo personería jurídica y , por ende, no podía ser beneficiario de los efectos jurídicos de la SU 257 de 2021 y, ii) al acudir a los párrafos 146 y 147 de esa providencia, la Corte Constitucional precisó que Rodrigo Lara Bonilla fue elegido p or «Democratización Liberal» y que fue miembro fundador del Partido Nuevo Liberalismo, agrupaciones sustancialmente diferentes a DL, por lo cual, el CNE falseó la realidad en el expediente administrativo.

2 Citó resoluciones que reconocieron personería jurídica a las agrupaciones políticas: «Verde Oxigeno» y «Gente en Movimiento».Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00006-00 11001-03-28-000-2025-00057-00 (Acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia 4 www.consejodeestado.gov.co

Insistieron en que los efectos de esta providencia de unificación no aplicaban a la situación de Dignidad Liberal; habida cuenta de que, en el aparte 146, hay una notable incongruencia respecto a la situación fáctica presentada en la solicitud de personería jurídica, pu es se argumenta que Rodrigo Lara Bonilla fue elegido senador por el Movimiento de Democratización Liberal, y no por el movimiento Dignidad Liberal.

Con los anteriores dos cargos se edificó el concepto de la violación; sin embargo, la parte actora insistió en que debe declararse la nulidad del acto enjuiciado, con efectos ex tunc – desde el pasado, pues al compararse la fecha de la Resolución 3771, emitida el 17 de

actora insistió en que debe declararse la nulidad del acto enjuiciado, con efectos ex tunc – desde el pasado, pues al compararse la fecha de la Resolución 3771, emitida el 17 de julio de 2024 y, la inscripción de candidatos, del 29 de julio de 2023, no hay lugar a proteger los principios de confianza legítima y buena fe que la Sala Electoral ha blindado en otros asuntos judiciales3.

1.2. Admisión de las demandas y acumulación de los procesos

Con auto del 29 de enero de 20254, se admitió la demanda 2025-00006-00 y, en relación con el radicado 2025-00057-00, fue el 5 de mayo siguiente5. Mediante providencia del 16 de julio6 se decretó la acumulación de los procesos.

1.3. Contestaciones de las demandas

1.3.1. Consejo Nacional Electoral

La entidad defendió la legalidad del acto acusado con la convicción que fue proferido en el marco de sus competencias, con fundamento en la SU 257 de 2021 de la Corte Constitucional y el Acuerdo Final de Paz de 2016.

Para tal efecto, aseveró que el «asesinato de Rodrigo Lara Bonilla no solo representó una tragedia personal y un atentado contra los derechos humanos, sino también una violación directa de los principios constitucionales que garantizan la libertad política y la participación ciudadana en Colombia, por ende, la violencia d e la época, perpetuada principalmente por el «Cartel de Medellín, limitó de manera injustificada el derecho de participación del movimiento Dignidad Liberal».

En este punto, puso de presente que en el expediente administrativo hay una certificación

principalmente por el «Cartel de Medellín, limitó de manera injustificada el derecho de participación del movimiento Dignidad Liberal».

En este punto, puso de presente que en el expediente administrativo hay una certificación de la Fiscalía General de la Nación 7 denominada: «Declaratoria de Lesa Humanidad e Imprescriptibilidad de la Acción Penal», la cual, permitió aplicar el principio de igualdad del caso del Partido Nuevo Liberalismo –asesinato de Luis Carlos Galán– 8 a favor de los seguidores de DL.

Aseveró que, si bien ese evento trágico fue antes de las elecciones de 1986, no fue un hecho aislado como se propone en la demanda, sino que constituyó un patrón de

3 Refiriéndose al caso de Nueva Fuerza Democrática. 4 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 7. 5 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 5. 6 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 25 7 Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Se encuentra recaudada en el Libro 1 del expediente administrativo desde las páginas 137 hasta la 192. 8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en sentencia del 31 de agosto de 2011, «desde el momento en que Pablo Emilio Escobar Gaviria entró a la Cámara de Representantes, se comenzó a gestar una persecución contra sus principales dirigentes entre ellos: Luis Carlos Galán Sarmiento y Rodrigo Lara Bonilla».Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00006-00 11001-03-28-000-2025-00057-00 (Acumulado)

Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00006-00 11001-03-28-000-2025-00057-00

(Acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia 5 www.consejodeestado.gov.co

violencia que afectó directamente a Dignidad Liberal y que se sumó a las amenazas y a los atentados terroristas de los que fueron víctimas sus seguidores.

Precisó que la decisión de unificación no se puede leer en forma descontextualizada, pues allí se enfatizó que la violencia contra líderes políticos «tienen efectos desintegradores en las comunidades y organizaciones que representan, lo que puede llevar a su desaparición o debilitamiento significativo 9» y, sobre esta base, declarar la nulidad del acto controvertido, revictimiza los militantes y simpatizantes de la colectividad.

Finalmente, comentó que el Acuerdo Final de Paz suscrito en el año 2016 entre el Gobierno Nacional y el extinto grupo guerrillero de las FARC, sí debe ser aplicado al caso concreto, pues, si bien se ha dicho que no es una norma de aplicación inmediata, al tratarse de disposiciones en el marco de la justicia transicional, las víctimas, en este caso los militantes de la agrupación, merecen ser reparados integralmente, siendo el reconocimiento de personería jurídica una forma de cumplir con tal mandato.

1.3.2. Movimiento Político Dignidad Liberal

El presidente de la colectividad se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que, de conformidad con la certificación emitida por el secretario general del Senado de

1.3.2. Movimiento Político Dignidad Liberal

El presidente de la colectividad se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que, de conformidad con la certificación emitida por el secretario general del Senado de la República quedó en claro quiénes fueron los representantes de DL, los periodo s en que fungieron y la importancia de estos elegidos en la consecución de los ideales de la colectividad.

Fue insistente en afirmar que es desacertado el argumento de la parte actora relacionado con la falta de relación directa y efectiva con la no inscripción de candidatos para las elecciones de «Congreso de la República de 1998 », debido a que quedó demostrado más allá de toda duda que la última participación de DL en esta corporación fue en 1990.

A partir de ello, puso de presente que la expresión «violencia sistemática», debe ser comprendida no desde la simplicidad de «un magnicidio más» 10, sino que a partir de lo dicho por la propia SU 257 de 2021 y la declaratoria de lesa humanidad 11 del homicidio de Rodrigo Lara Bonilla, ese evento constituyó un ataque generalizado y sistemático contra la democracia y la agrupación política.

Agregó a lo anterior, sin precisar una data exacta, que los asesinatos de: i) Martín Suárez Sarria, exsenador suplente de Augusto Muñoz Valderrama perpetrado por el «Cartel de Cali» en el departamento del Caquetá, ii) Andrés Páez Espitia, diputado de ese territorio y, iii) Tarsicio Silva, sumados al secuestro de Fabio Peña, concejal de Florencia, evidencian las dificultades que pasaron los representantes de esta colectividad y la

y, iii) Tarsicio Silva, sumados al secuestro de Fabio Peña, concejal de Florencia, evidencian las dificultades que pasaron los representantes de esta colectividad y la persecución por las ideas que defendieron en el seno de su actividad proselitista.

Por otra parte, reiteró que DL participó de las elecciones de 1986, lo que materializa la existencia de un nexo de causalidad entre el hecho violento y la imposibilidad de participar políticamente en los certámenes posteriores a 1990, fecha ultima en la qu e tuvo

9 Citó la SU - 546 de 2023. 10 Refiriéndose al asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. 11 Declarada por la Fiscalía Octava Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00006-00 11001-03-28-000-2025-00057-00 (Acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia 6 www.consejodeestado.gov.co

representante en el Congreso de la República y, de otro lado, al tratarse de un homicidio de esas magnitudes, la interpretación del juez de la nulidad debe ser analizada con una hermenéutica mucho más garantista.

Dijo que, el reparo de falsa motivación no se demostró; habida cuenta de que, la providencia de unificación en el párrafo 390 precisó que el artículo 108 constitucional no puede interpretarse ni aplicarse exegéticamente; asimismo, sostuvo que los efectos inter

providencia de unificación en el párrafo 390 precisó que el artículo 108 constitucional no puede interpretarse ni aplicarse exegéticamente; asimismo, sostuvo que los efectos inter comunis se aplicaron correctamente a favor de DL, pues su aplicación no depende 12 de que la organización política beneficiaria haya tenido en precedencia personería jurídica, como erróneamente lo propone la parte actora.

Finalmente, consideró que no es posible limitar ese reconocimiento al término de los 10 días que previó el párrafo 417 de la decisión de unificación; debido a que, dicha orden «no va dirigida a los partidos y movimientos políticos para que presenten solicitud al Consejo Nacional Electoral (…) va dirigida a determinar el plazo que tiene (...) para resolver las solicitudes presentadas por los terceros beneficiarios».

1.4. Auto que acoge el trámite de sentencia anticipada

El 5 de agosto de 2025 13, el despacho sustanciador profirió decisión en la cual: i) se negaron algunas pruebas documentales y testimoniales, ii) se incorporó tanto la copia digital del expediente CNE-E-DG-2023-017640, aportado a través de un enlace 14, como de los escritos allegados por DL y, iii) se decretaron algunos medios de oficio. En la misma providencia se fijó el litigio en los términos que más adelante se expondrá.

Una vez incorporados, se corrió traslado de estas a los sujetos procesales y vencido el anterior período, se dio oportunidad a las partes para alegar por escrito y al Ministerio Público para recibir concepto sobre la legalidad del acto enjuiciado.

1.5. Alegatos de conclusión

anterior período, se dio oportunidad a las partes para alegar por escrito y al Ministerio Público para recibir concepto sobre la legalidad del acto enjuiciado.

1.5. Alegatos de conclusión

Consejo Nacional Electoral 15. Afirmó que la decisión de otorgar personería jurídica atendió a que en el caso concreto se demostraron los supuestos que fijó la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa sobre la materia.

Samuel Alejandro Ortiz Mancipe 16. Reiteró que DL no reunía las condiciones para obtener la personería jurídica a través de las vías excepcionales definidas en la SU 257 de 2021 e insistió en que la colectividad no fue víctima de actos de violencia grave y sistemática, pues el único hecho probado fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla.

1.6. Concepto del Ministerio Público

La vista fiscal guardó silencio.

12 Citó el párrafo 404 de la SU 257 de 2021. 13 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 30. 14 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 24, del radicado 2025-00006-00. 15 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 38. 16 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 63 y 64.Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00006-00 11001-03-28-000-2025-00057-00 (Acumulado)

Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00006-00 11001-03-28-000-2025-00057-00

(Acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia 7 www.consejodeestado.gov.co

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer y tramitar en única instancia el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 17 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 18, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Tal como se estableció en el auto que acogió el trámite de sentencia anticipada, la Sala

Electoral deberá:

[D]eterminar por un lado, si la Resolución 3771 del 17 de julio de 2024, expedida por el Consejo Nacional Electoral , por medio de la cual reconoció personería jurídica al movimiento político Dignidad Liberal , vulneró normas superiores (artículos 108 constitucional, 3 de la ley 130 de 1994 y 3 de la Ley 1475 de 2011 ) al desatender los presupuestos para la obtención ordinaria de dicho atributo jurídico – político.

De otra parte, se deberá estudiar si se encuentra demostrado el vicio de falsa motivación, al advertirse la improcedencia de aplicar la regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación 257 de 2021 y el auto de seguimiento 2691 de 2023 emiti dos por la Corte Constitucional.

al advertirse la improcedencia de aplicar la regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación 257 de 2021 y el auto de seguimiento 2691 de 2023 emiti dos por la Corte Constitucional.

Finalmente, de configurarse la nulidad del acto demandado, se analizará si es procedente modular la sentencia con efectos desde el pasado – ex tunc.

Para resolver lo anterior, se debe examinar de conformidad con los elementos materiales probatorios, los fundamentos jurídicos y las decisiones jurisprudenciales aplicables al caso concreto, si:

a) Los efectos inter comunis creados en la SU 257 de 2021 eran aplicables al caso de Dignidad Liberal.

b) El homicidio de Rodrigo Lara Bonilla, declarado como de lesa humanidad y, la violencia ejercida en contra de militantes y dirigentes de dicha colectividad, consolidaron los presupuestos establecidos por la mencionada providencia de unificación para el otorgamiento de personería jurídica.

c) De tener una respuesta afirmativa al literal anterior, la actuación del Consejo Nacional Electoral corresponde a una medida de reparación a favor de las víctimas de ese tipo de delitos, por virtud de la aplicación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito en el año 2016.

d) Los razonamientos jurisprudenciales de la SU 257 de 2021, solo estaban dirigidos para aquellas organizaciones políticas que previamente hubieran tenido personería jurídica o, también, incluyó otras agrupaciones carentes de ese atributo.

17 Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso

también, incluyó otras agrupaciones carentes de ese atributo.

17 Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo qu e el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional (…). 18 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así: (…) Secci ón Quinta: (…) 2. Los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral (…).Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otra Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11001-03-28-000-2025-00006-00 11001-03-28-000-2025-00057-00 (Acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia 8 www.consejodeestado.gov.co

e) De probarse que Rodrigo Lara Bonilla aparte de ser miembro y fundador de DL, fue también líder del Partido Liberal Colombiano y de Democratización Liberal, impide mantener los efectos jurídicos de la resolución demandada.

e) Al haberse otorgado en la providencia de unificación, un término de 10 días, contados a partir del día siguiente a la notificación de dicha sentencia, la petición de reconocimiento elevada por el movimiento político Dignidad Liberal en forma posterior a esa data, conlleva la nulidad de su personería jurídica.

partir del día siguiente a la notificación de dicha sentencia, la petición de reconocimiento elevada por el movimiento político Dignidad Liberal en forma posterior a esa data, conlleva la nulidad de su personería jurídica.

f) Finalmente, se estudiará si fue ajustado a la ley, la aplicación del precedente administrativo19 utilizado por el CNE al caso concreto, teniendo en cuenta que el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla (1984) fue anterior al año 1988, periodo que fue fijado por la Corte Constitucional en la SU 257 de 2021.

Con base en lo anterior, se hará un breve esbozo sobre la violencia política como criterio para decidir la personería jurídica que otorga el CNE, y a partir de ello, se desatará el problema fijado con base en los argumentos expuestos y las pruebas recaudadas.

2.3. La violencia política como criterio para decidir sobre la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos

La Sala Electoral de manera reciente 20, profirió una sentencia en el medio de control de nulidad en la que se estudió a profundidad, las características y alcances del reconocimiento de personería jurídica cuando su origen es la «violencia política».

En síntesis, y para lo que interesa en la presente decisión, se precisó que el operador jurídico debe evaluar si existen situaciones –realmente excepcionales – que imposibilitaron la actividad proselitista de una agrupación política, si ello constituyó una razón poderosa de fuerza mayor, que hubiese limitado, con garantía de libertad, poder ejercer este derecho, si estuvo revestida bajo una relación causal directa con el impacto en la igualdad de condiciones con los demás colectivos y si se demostró una incapacidad

razón poderosa de fuerza mayor, que hubiese limitado, con garantía de libertad, poder ejercer este derecho, si estuvo revestida bajo una relación causal directa con el impacto en la igualdad de condiciones con los demás colectivos y si se demostró una incapacidad real de participación política.

En línea con lo anterior, se puso de presente varios de los razonamientos que tomó en cuenta la Corte Constitucional en la SU 257 de 2021, para destacarse que:

362. (…) No es aplicable el umbral para la obtención y cancelación de la personería jurídica en los casos en que se configuren circunstancias graves, extraordinarias y ajenas a la voluntad de un partido o movimiento político y que, además, lo pongan en una posición de desigualdad respecto de otros partidos y le impidan contar con respaldo popular.21 392. (…) según dan cuenta los medios de prueba que obran en este proceso y que constituyen verdades judiciales que están en las sentencias o en las declaraciones debidamente practicadas (...)

Bajo estos razonamientos, si se presentan escenarios de violencia grave y extraordinaria, que impidan la participación de los colectivos en los certámenes, de cara a mantener o

19 Reconocimiento de personería jurídica a las agrupaciones políticas «Verde Oxigeno» y «Gente en movimiento». 20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 18 de septiembre de 2025. Rad. 11001032800020240019900. 21 Concordante con los párrafos 277, 286 y 294, en los que se insistió que el precedente de apoyo interpretativo que profirió la Sección

septiembre de 2025. Rad. 11001032800020240019900. 21 Concordante con los párrafos 277, 286 y 294, en los que se insistió que el precedente de apoyo interpretativo que profirió la Sección Quinta del Consejo de Estado en el caso de la Unión Patriótica y que analizó la legalidad de unos actos por la no obtención del umbral como causal de la cancelación de la personería jurídica de ese partido, por haber enfrentado situaciones excepcionales y ajenas a su voluntad que le impidieron participar con plenas garantías y en condiciones de igualdad en el debate electoral, servía como parámetro hermenéutico en la sistematización de las normas constitucionales.Demandantes: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y otra

Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad. 11