CE - Sentencia 13001233100020030030101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número:

13001-23-31-000-2003-00301-01 (64130)

Actor: BOSKALIS WESTMINSTER DREDGING BV

Demandado: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Referencia: DECRETO 01 DE 1984 – ACCIÓN CONTRACTUAL

Temas: LÍMITES A LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO: No se puede modificar un contrato estatal de manera que altere sustancialmente las condiciones de la licitación original, pues ello equivaldría a un nuevo acuerdo que requeriría someterse a un procedimiento de selección diferente / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN: el criterio para establecer si el contratista incumplió con las cargas propias del deber de planeación consiste en verificar si conocía, o debía conocer, las deficiencias en dicho aspecto / PÉRDIDA DE OPORTUNI DAD POR LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD: Para que proceda, el demandante debe acreditar que se encontraba en una posición jurídicamente relevante para celebrar contratos con el

Estado.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 26 de febrero de 2019 1, proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2, por medio de la cual declaró la falta de legitimación en la causa por activa .

I. SÍNTESIS DEL CASO

Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2, por medio de la cual declaró la falta de legitimación en la causa por activa .

I. SÍNTESIS DEL CASO

Boskalis Westminster Dredging BV presentó demanda3, en ejercicio de la acción de controversias contractuales , en contra del departamento de Bolívar, en la que

1 Fls. 715 – 723, c. ppl. 2 Este proceso fue remitido desde el Tribunal Administrativo de Bolívar hacia el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 1° del Acuerdo No. PCSJA18-10913 de 2018, en materia de descongestión (fl. 707, c1). 3 Fls. 1 – 148, c1.2

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

Actor: Boskalis Westminster Dredging BV.

Demandado: Departamento de Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual. pretendió la nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato SI-C-017-2000. Asimismo, solicitó que se declarara que el departamento incumplió dicho contrato y la correspondiente indemnización de los perjuicios.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda:

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 5 de marzo de 2003, Boskalis Westminster Dredging BV (en adelante, Boskalis, la sociedad o el contratista), en ejercicio de la acción de controversias contractuales prevista en el artículo 87 del CCA, se dirigió en contra del departamento de Bolívar

marzo de 2003, Boskalis Westminster Dredging BV (en adelante, Boskalis, la sociedad o el contratista), en ejercicio de la acción de controversias contractuales prevista en el artículo 87 del CCA, se dirigió en contra del departamento de Bolívar (en lo sucesivo, el departamento, el contratante o la entidad), con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas (se transcriben de forma literal):

1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 1.1. De la resolución No. 696, de fecha 11 de abril de 2001, expedida por el Gobernador de Bolívar, por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato SI-C-017-2000. 1.2. De la resolución No. 1680, de fecha 9 de julio de 2001, expedida por el Gobernador de Bolívar, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anteriormente mencionada.

2. Que se declare que el departamento de Bolívar incumplió el contrato SI-C-017-2000 cuyo objeto era la realización del dragado a 14 metros de profundidad del canal de acceso de la bahía de Cartagena.

3. Que se ordene el restablecimiento de los derechos vulnerados condenando al departamento de Bolívar al pago a favor de Boskalis Westminster Dredging BV de los perjuicios en la suma mínima de SIETE MIL

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($7.632’782.576) de acuerdo con las pruebas que se aportan y la estimación razonada de la cuantía. 3.1. Por daño emergente:

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($7.632’782.576) de acuerdo con las pruebas que se aportan y la estimación razonada de la cuantía. 3.1. Por daño emergente: 3.1.1. Gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato: Costos de movilización y desmovilización de la Draga MAYI L2 tal como se solicita en el acápite de pruebas. Todos los demás gastos en que incurrieron para el cumplimiento del contrato, según se acredita en el acápite de pruebas. Los anteriores gastos se deben pagar actualizados al momento del fallo, de acuerdo con el índice de precios al consumidor. 3.1.2. Intereses de mora. A partir del momento en que el contratista ejecutó las obligaciones, deben liquidársele intereses moratorios debidamente actualizados, de acuerdo con la Ley 80 de 1993. Condene al pago de las sumas de dinero que por los conceptos anotados adeuda la demandada a la demandante, debidamente actualizada al momento del pago, liquidada a una tasa del 12% anual durante el tiempo de la mora. 3.1.3. Derivado de la afección al Good Will. 3.2. Por lucro cesante:3

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

Actor: Boskalis Westminster Dredging BV.

Demandado: Departamento de Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual. 3.2.1. El valor de las utilidades que el contratista esperaba obtener según lo especificado en la propuesta presentada por BOSKALIS a la Gobernación de

Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual. 3.2.1. El valor de las utilidades que el contratista esperaba obtener según lo especificado en la propuesta presentada por BOSKALIS a la Gobernación de

Bolívar. Estas sumas se deben pagar actualizadas y sobre ellas se deben liquidar intereses desde la fecha en la cual debieron ejecutarse las obligaciones. 3.2.2. La pérdida de utilidad derivada de la no ejecución de otros contratos de BOSKALIS hubiese estado ejecutando con el Estado y sobre los cuales recaiga una inhabilidad sobreviniente. 3.2.3. El valor de las utilidades dejadas de percibir en razón de no poder participar en licitaciones públicas ni contrataciones directas debido a la inhabilidad generada por la declaratoria de caducidad del contrato. Estas sumas se deben pagar actualizadas y con los respectivos intereses.

Estimación razonada de la cuantía: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($7.632’782.576).

1.1. Los fundamentos de hecho:

La parte actora sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en síntesis, se expresan a continuación:

1. El Ministerio de Transporte y el departamento de Bolívar suscribieron el convenio interadministrativo No. 14 del 16 de enero de 1998, cuyo objeto fue la construcción y adecuación de obras hidráulicas y estructuras para la profundización del canal de acceso al Puerto de Cartagena. En virtud del mismo, el departamento asumió la

interadministrativo No. 14 del 16 de enero de 1998, cuyo objeto fue la construcción y adecuación de obras hidráulicas y estructuras para la profundización del canal de acceso al Puerto de Cartagena. En virtud del mismo, el departamento asumió la obligación de adelantar las obras conforme a la programación y a las especificaciones técnicas suministradas por dicha cartera ministerial.

2. Mediante Resolución 279 del 10 de marzo de 2000, el departamento de Bolívar ordenó la apertura de la licitación pública No. SI -C-001-2000. El pliego de condiciones exigía la propuesta de un equipo mínimo, que podía presentarse bajo dos alternativas: (i) una draga cortadora o (ii) una draga de succión. Estas especificaciones técnicas, así como el estudio de suelos, fueron proporcionadas por el Ministerio.

3. La Capitanía de Puerto de Cartagena remitió una comunicación al departamento, con fecha del 5 de abril de 2000, en la que indicó que, para la ejecución de las obras, debía utilizarse un tipo de corte especial, debido al tipo de material que se podía encontrar en la zona (roca coralina pétrea) y a los volúmenes inicialmente previstos para dragar.

4. El 6 de abril de ese mismo año, Boskalis presentó su oferta a la licitación pública, la cual incluyó un método de trabajo con sondeos de pre -dragado, una propuesta4

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

Actor: Boskalis Westminster Dredging BV.

Demandado: Departamento de Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

Actor: Boskalis Westminster Dredging BV.

Demandado: Departamento de Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual. básica que contemplaba el uso de una draga de succión en marcha y una alternativa que incorporaba una draga de succión con cortadora. Asimismo, advirtió que, si el terreno a dragar correspondía al tipo de material blando señalado en el estudio de suelos, la obra se podía ejecutar con draga de succión en marcha; pero, en caso de tratarse de material pétreo, la única posibilidad de ejecución era el empleo de una draga de corte.

5. Boskalis resultó adjudicataria en el proceso de selección y, en consecuencia, suscribió con el departamento el contrato SI-C-017-2000, el 9 de junio de 2000, cuyo objeto fue la construcción de “las obras de dragado a 14 metros de profundidad del canal de acceso al Puerto de Cartagena, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y demás condiciones que son parte integrante del presente contrato, de acuerdo con la prop uesta presentada por el contratista y el pliego de condiciones de la licitación pública No. SI-C-001-2000”.

6. Luego de firmar el contrato, las partes celebraron una reunión, con la participación de la interventoría, en la que se discutió la posibilidad de cambiar de draga, con fundamento en los estudios realizados en 1994 y 1997, según los cuales el suelo a intervenir presentaba formaciones rocosas y coralina dura.

de la interventoría, en la que se discutió la posibilidad de cambiar de draga, con fundamento en los estudios realizados en 1994 y 1997, según los cuales el suelo a intervenir presentaba formaciones rocosas y coralina dura.

7. En virtud de dicha reunión, mediante oficio BOC/jarb/c/00-06-0001 del 22 de junio de 2000, la sociedad le solicitó a la entidad el cambio de la draga de succión por una de corte, modificación que implicaría una disminución en el valor del contrato.

El departamento le trasladó dicha solicitud al Ministerio de Transporte, pero el 14 de septiembre de 2000 esta cartera negó el cambio de draga, por considerarlo inviable desde el punto de vista jurídico.

8. El 9 de octubre siguiente, el contratante le solicitó a Boskalis que adelantara los trámites necesarios ante la DIMAR, con el fin obtener el permiso del equipo requerido. En respuesta, la sociedad remitió a la Capitanía de Puerto y a la interventoría los datos sobre la draga de corte Mayi L#2 que efectuaría la operación de dragado.

9. La interventoría conceptuó que la draga presentada cumplía con las características exigidas en el pliego de condiciones. Con fundamento en ello, el contratista le propuso formalmente al departamento utilizar la draga cortadora Mayi5

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

Actor: Boskalis Westminster Dredging BV.

Demandado: Departamento de Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

L#2 a cambio de la de succión en marcha. A su vez, la entidad remitió esta información al Ministerio de Transporte.

Demandado: Departamento de Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

L#2 a cambio de la de succión en marcha. A su vez, la entidad remitió esta información al Ministerio de Transporte.

10. El 20 de octubre de 2000, Boskalis le comunicó al departamento que los trabajos de dragado hidráulico se iniciarían el 7 de noviembre siguiente. Por su parte, la entidad giró el anticipo pactado, equivalente al 50% del valor del contrato.

11. El 4 de noviembre siguiente, la sociedad adelantó un estudio del suelo a dragar, por intermedio de un perito ambiental, quien concluyó que el terreno se comportaba como una capa compacta de material calcáreo, con formaciones aisladas de roca coralina dura, lo que se apartaba de las conclusiones de los estudios que hacían parte del pliego de condiciones.

12. Luego, el 14 de noviembre de 2000, el contratista informó al departamento que los equipos asignados a la obra estaban listos y disponibles desde el 7 de noviembre de ese año, y que se encontraba a la espera de la resolución de la DIMAR autorizando la draga, la cual no se había expedido por falta de la información que debía aportar el contratante.

13. El Ministerio de Transporte, en comunicación del 20 de noviembre de 2000, ratificó al departamento el rechazo del cambio de draga propuesto por Boskalis y advirtió que no avalaría ningún desembolso realizado en contravía de ese concepto.

En consecuenci a, solicitó a la entidad exigir a la sociedad el cumplimiento del contrato con la draga de succión ofrecida en su propuesta.

advirtió que no avalaría ningún desembolso realizado en contravía de ese concepto. En consecuenci a, solicitó a la entidad exigir a la sociedad el cumplimiento del contrato con la draga de succión ofrecida en su propuesta.

14. Mediante Resolución 499 del 30 de noviembre de 2000, la DIMAR autorizó la realización de las obras de dragado con el equipo Mayi L#2, dentro de los dos meses siguientes.

15. El 7 de diciembre de ese mismo año, un perito de la DIMAR rindió un informe solicitado por el departamento, en el que concluyó que el dragado efectivo del terreno solo podía lograrse con dragas de corte y succión de gran capacidad, pues las de succión en marcha presentaban serias limitaciones que las hacían poco recomendables para la ejecución de la obra. En el mismo sentido conceptuó el director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dirección General Marítima el 20 de diciembre siguiente.6

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

Actor: Boskalis Westminster Dredging BV.

Demandado: Departamento de Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

16. En comunicación del 13 de febrero de 2001, el Ministerio le manifestó al departamento de Bolívar su interés en dar por terminado el convenio interadministrativo, con fundamento en la no aceptación del cambio de draga propuesto por Boskalis y en la impo sibilidad técnica de ejecutar el contrato con el equipo de succión.

17. En atención a la postura del Ministerio, el contratante reiteró a la sociedad la

propuesto por Boskalis y en la impo sibilidad técnica de ejecutar el contrato con el equipo de succión.

17. En atención a la postura del Ministerio, el contratante reiteró a la sociedad la imposibilidad de cambiar la draga, la instó a cumplir lo pactado y le planteó la opción de terminar el contrato de común acuerdo si no podía ejecutar la obra. De este modo, en reunión del 27 de febrero de 2001, con participación de Boskalis y funcionarios del departamento, se acordó liquidar el contrato y agendar una nueva reunión para ese propósito.

18. En oficio del 14 de marzo de 2001, el departamento le comunicó a la sociedad la necesidad de adelantar los trámites para declarar la caducidad del contrato. En respuesta, Boskalis manifestó que aún estaba pendiente una reunión con el Ministerio y la in terventoría para concluir satisfactoriamente el proceso y, con ese fin, amplió la cobertura de la póliza de cumplimiento.

19. Mediante Resolución 696 del 11 de abril de 2001, el departamento de Bolívar declaró la caducidad del contrato SI -C-017-2000 y ordenó su liquidación, al considerar que la sociedad no había iniciado las obras de dragado, lo que constituía un incumplimiento que impedía su ejecución. Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución 1680 del 9 de julio del mismo año, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por Boskalis.

20. Como consecuencia de esa decisión, Boskalis procedió a devolver el anticipo recibido, así como los intereses moratorios causados hasta la fecha del pago.

1.2. Los fundamentos de derecho:

reposición interpuesto por Boskalis.

20. Como consecuencia de esa decisión, Boskalis procedió a devolver el anticipo recibido, así como los intereses moratorios causados hasta la fecha del pago.

1.2. Los fundamentos de derecho:

El actor invocó como fundamentos de derecho los artículos 29, 83 y 209 de la Constitución Política y los artículos 4, 18, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993.7

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

Actor: Boskalis Westminster Dredging BV.

Demandado: Departamento de Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

Como concepto de violación, adujo que el acto que declaró la caducidad del contrato se encontraba falsamente motivado, desconoció normas de superior jerarquía y se expidió con desviación de poder, por las siguientes razones:

En cuanto a la falsa motivación, sostuvo que no era cierto que el contratista hubiera aceptado de forma irrestricta las especificaciones del pliego, pues desde su propuesta formuló observaciones sobre la composición del suelo y advirtió que, de confirmarse naturaleza rocosa, sería necesario emplear una draga de corte. Señaló que tal condición solo se verificó posteriormente mediante estudios de pre-dragado, lo que, a su juicio, evidenciaba que se trataba de un hecho nuevo e imprevisible. Añadió que el contr atista no estaba en capacidad de verificar por sí mismo dicha información, al depender de estudios técnicos que correspondía aportar a la entidad.

En esa línea, indicó que la elección de la draga no dependía solo de la experiencia

Añadió que el contr atista no estaba en capacidad de verificar por sí mismo dicha información, al depender de estudios técnicos que correspondía aportar a la entidad.

En esa línea, indicó que la elección de la draga no dependía solo de la experiencia del proponente, sino de los estudios técnicos aportados por la entidad, los cuales, según afirmó, eran erróneos. Por tanto, la responsabilidad en la selección del equipo no podía atribuirse únicamente al contratista.

También afirmó que la sociedad había realizado los estudios de pre -dragado y disponía del equipo en el sitio de ejecución, listo para iniciar las obras, por lo que no era cierto que no hubiese comenzado labores para la fecha de la declaratoria de caducidad. Añadió que la draga Mayi L#2, ofrecida para la ejecución, tenía una capacidad superior a la exigida y fue aceptada tácitamente por la entidad al tramitar los permisos correspondientes.

El demandante expresó, además, que la imposibilidad de ejecutar el contrato no era imputable al contratista, sino al departamento, por su omisión en la entrega de estudios técnicos idóneos, la obtención oportuna de permisos y la negativa a modificar el contrato, motivo por el cual solicitó que se declarara el incumplimiento de la entidad.

De igual forma, sostuvo que las condiciones del pliego no eran inmodificables, dado que el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 permite ajustar los contratos por razones de servicio público, para garantizar los fines estatales y los principios de la función administrativa.8

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

Actor: Boskalis Westminster Dredging BV.

Demandado: Departamento de Bolívar.

administrativa.8

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

Actor: Boskalis Westminster Dredging BV.

Demandado: Departamento de Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

Respecto del cargo de violación de normas superiores, el demandante alegó que el departamento no podía trasladar al Ministerio de Transporte la responsabilidad derivada de los pliegos de condiciones, aun cuando estos hubiesen sido elaborados por dicha entidad, puesto que, conforme al artículo 26, numeral 5, de la Ley 80 de 1993, dicha responsabilidad recae exclusivamente sobre la entidad contratante.

Manifestó que se vulneraron tanto el principio de buena fe como el derecho al debido proceso, al desconocerse los esfuerzos del contratista por ejecutar el contrato y al declarar su caducidad de forma intempestiva, pese a los avances en un acuerdo para su terminación bilateral. Indicó que la entidad había manifestado su voluntad de liquidar el contrato de común acuerdo, pero actuó de manera sorpresiva y sin garantizar el derecho de defensa.

Afirmó que se desconocieron varios principios de la contratación estatal consagrados en la Ley 80 de 1993, al omitirse trámites oportunos, agravar los problemas contractuales con la declaratoria de caducidad, inducir a error mediante pliegos imprecisos y e xigir condiciones de imposible cumplimiento. Agregó que la entidad incumplió con sus deberes de planeación y actuó de forma ambigua frente al cambio de draga, lo que afectó los principios de responsabilidad, moralidad, economía, celeridad, eficacia y transparencia.

En cuanto al artículo 18 de la Ley 80 de 1993, el demandante alegó que los

al cambio de draga, lo que afectó los principios de responsabilidad, moralidad, economía, celeridad, eficacia y transparencia.

En cuanto al artículo 18 de la Ley 80 de 1993, el demandante alegó que los presupuestos para la declaratoria de caducidad no se encontraban satisfechos, ya que no hubo un incumplimiento real ni una afectación grave del objeto contractual. Adujo que el cont ratista dispuso de los medios necesarios para cumplir y propuso soluciones viables para la ejecución del dragado.

Finalmente, sobre la desviación de poder, señaló que la declaratoria de caducidad no estuvo orientada a garantizar la continua y eficiente prestación del servicio público, como lo exige el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, sino a encubrir errores de planeación imputables al departamento, lo que desnaturalizó los fines de la contratación estatal. Añadió que el acto no perseguía la satisfacción del interés general ni la finalidad legítima de la caducidad, sino que obedecía a instrucciones del Ministerio de Transporte.9

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

Actor: Boskalis Westminster Dredging BV.

Demandado: Departamento de Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

2. Actuaciones procesales de primera instancia:

Mediante auto del 4 de abril de 2003 4, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda, ordenó su notificación al departamento de Bolívar y al Ministerio Público, así como la fijación en lista por el término de 10 días, de conformidad con el numeral 5° del artículo 207 del CCA.

la demanda, ordenó su notificación al departamento de Bolívar y al Ministerio Público, así como la fijación en lista por el término de 10 días, de conformidad con el numeral 5° del artículo 207 del CCA.

A través de auto del 1 de agosto de 2007, se resolvió abrir el proceso a pruebas, se ordenó tener como tales los documentos aportados en la demanda y en la contestación, y se decretaron otras 5. En providencia del 17 de enero de 2018, se decretaron algunas pruebas que habían sido solicitadas por el actor en la demanda y que fueron omitidas en la decisión anterior6.

4 Fl. 153, c1. 5 Fls. 194 – 195, c1. “DOCUMENTALES: a) Ofíciese a las entidades señaladas a folios 110 -112 de la demanda para que remitan con destino a este proceso copia auténtica de las certificaciones que allí se solicitan. Designase al perito contador ELIECER ANTONIO QUIROZ RUIZ (…) para que rinda el dictamen solicitado en el numeral 3.1.4. del acápite de pruebas de la demanda (folio 114) (…) b) Ofíciese a la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Bolívar para que remita con destino a este proceso la certificación solicitada en el numeral primero del acápite de pruebas de la contestación de la demanda. (fl. 180). c) Ofíciese a la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Bolívar para que remita con destino a este proceso y a costa de la parte demandada copia auténtica de todo el expediente referenciado así: 003 -2001-1941-01, así como que se traslade todo su material probatorio (fls. 180 y 181). d) Ofíciese al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena

auténtica de todo el expediente referenciado así: 003 -2001-1941-01, así como que se traslade todo su material probatorio (fls. 180 y 181). d) Ofíciese al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena para que remita copia auténtica de los documentos señalados en el numeral 4 de la contestación de la demanda (folio 181). e) Ofíciese a la Gobernación de Bolívar para que remita con destino a este proceso todos los documentos que tengan que ver con las pret ensiones y hechos de la demanda. Para los efectos designase al perito contador DIMAS EDUARDO RODRIGUEZ CASTILLO (…). f) Ofíciese a los Archivos de Boskalis Westminster Dredging bv en Colombia, para que envíe con destino a este proceso los documentos señala dos en el numeral 3.1.3 del acápite de pruebas de la demanda (folio 114). INFORMES: por economía procesal, en lugar de la prueba testimonial solicitada a folio 181 de la contestación de la demanda, se ordenará oficiar al Secretario de Obras Públicas del Departamento de Bolívar para que rinda informe respecto a los hechos expuestos en la precitada contestación. INSPECCIÓN JUDICIAL: 1. Para la práctica de la inspección judicial solicitada en el numeral 3.1.2. del acápite de pruebas de la demanda (fol. 113) lí brese exhorto por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de Colombia en Holanda, para que el funcionario respectivo la lleve a cabo en compañía de perito traductor de inglés a español y experto en cuestiones contables nombrado por la embajada, de conformidad con el inciso segundo del artículo

respectivo la lleve a cabo en compañía de perito traductor de inglés a español y experto en cuestiones contables nombrado por la embajada, de conformidad con el inciso segundo del artículo 193 del C.P.C. 2. Decretase la práctica de la prueba solicitada en el numeral 3.2 de la demanda (folio 115). Para ello se designará un perito en geología; sin embargo, revisada la lista de aux iliares de la justicia se observa que no aparece registrado ningún profesional con la antedicha especialidad, razón por la cual con fundamento en el inciso 3° del artículo 243 del C.P.C, se ordenará oficiar al Director de Ingeominas para que designe el o los funcionarios, que cuente(n) con la tantas veces mencionada especialidad, para que rinda el dictamen deprecado”. 6 Fls. 201 – 202, c2. “PRIMERO: Ofíciese al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, en Bogotá D. C., para que le informe a este tribunal tal como lo solicita el demandante la relación de las licitaciones que se abrieron para dragados, indicando cuál fue la propuesta ganadora en ca da una de dichas licitaciones, indicando el nombre del contratista, el objeto del contrato y el valor del mismo.

SEGUNDO: Ampliase la designación del perito contador Sr. Eliécer Antonio Quiroz Ruiz para que rinda dictamen pericial sobre los puntos 3 -3.1-3.1.1 - 3.1.2-3.1.3 folios (113, 114). Así mismo debe referirse a las pruebas solicitadas en los numerales 2.1, 2.2 y el 2.3 del acápite de pruebas de la demanda folios (110 a 112)”.10

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

demanda folios (110 a 112)”.10

Radicación número: 13001-23-31-000-2003-00301-01 (64.130)

Actor: Boskalis Westminster Dredging BV.

Demandado: Departamento de Bolívar.

Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.

El 13 de abril de 2018 7, el Tribunal Administrativo de Bolívar dio cumplimiento al Acuerdo No. PCSJA18-10913 del 20 de marzo del mismo año, por medio del cual se adoptaron unas medidas de descongestión, y remitió el proceso al Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andr és, Providencia y Santa Catalina, para que profiriera sentencia.

2.1. Contestación de la demanda:

El departamento de Bolívar contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones de la parte actora.

Manifestó que el departamento de Bolívar adelantó una licitación pública en 1999 para el dragado del canal de acceso al Puerto de Cartagena, la cual fue inicialmente declarada desierta al no cumplir ninguna propuesta con los criterios de selección.

En una segunda licitación, Boskalis Westminster Dredging B.V. resultó adjudicataria al obtener el mayor puntaje, presentando como único equipo evaluable una draga de succión en marcha. Sin embargo, una vez celebrado el contrato, la firma solicitó sustituir dicho equipo por otro, petición que fue rechazada por la administración por considerar que el cambio vulneraba el principio de igualdad, al alterar las condiciones de la propuesta con incidencia en la evaluación económica y en los resultados del proceso de selección.

La entidad sostuvo que los pliegos de condiciones obligan tanto a proponentes como a la propia administración, sin que puedan modificarse, salvo en los casos

condiciones de la propuesta con incidencia en la evaluación económica y en los resultados del proceso de selección.

La entidad sostuvo que los pliegos de condiciones obligan tanto a proponentes como a la propia administración, sin que puedan modificarse, salvo en los casos expresamente previstos en la ley. En consecuencia, el contratista debía ejecutar el contrato conforme a lo ofertado.

Señaló, además, que permitir el cambio habría implicado una nueva propuesta y que Boskalis no podía alegar la inadecuación del equipo con el que obtuvo el mayor puntaje en la adjudicación, una vez celebrado el contrato. Añadió que el contratista actuó en contra de la buena fe al recibir el anticipo y luego pretender modificar las reglas del contrato