CE - Sentencia 13001233100020120001301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 13001233100020120001301 (64236)

Demandante: DEYSI LILIANA GARCÍA OCAMPO

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Tema: Omisión en la entrega de las ayudas humanitarias contempladas en la Ley 387 de 1997 a persona desplazada.

Requisitos para que un daño antijurídico sea indemnizable. No se acreditó un daño resarcible. No se configuraron costas procesales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 4 de febrero de 20 19 por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Según se narra en la demanda, con ocasión de los hechos de violencia presentados en el 2007, en el corregimiento de Rancho Largo, municipio de San Francisco (Antioquia), Deysi Liliana García Ocampo tuvo que desplazarse de ese municipio y abandonar sus bienes. Ahora, en sede de reparación directa, pretende la responsabilidad de la Nación - Ministerio del Interior y la entonces Agencia Presidencial para la Acción Social, hoy Departamento Administrativ o para la

abandonar sus bienes. Ahora, en sede de reparación directa, pretende la responsabilidad de la Nación - Ministerio del Interior y la entonces Agencia Presidencial para la Acción Social, hoy Departamento Administrativ o para la Prosperidad Social por el desplazamiento forzado y la omisión consistente en no haberles otorgado las ayudas humanitarias a las que tenía derecho.Radicado: 13001233100020120001301 (64236)

Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 2 de diciembre de 2011 1, Deysi Liliana García Ocampo , en nombre propio mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio del Interior) y la Agencia Presidencial para la Acción Social (hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social), para que se les declarara patrimonialmente responsables por su desplazamiento forzado y la omisión en la entrega de las ayudas humanitarias contempladas en la Ley 387 de 1997.

Como pretensiones de su demanda, se solicita condenar a la s entidades públicas accionadas a pagar, por perjuicios morales la suma de $48.993.801; por “perjuicios materiales”, la suma de $ 451.541.680; y, por “ indemnización futura” , la suma de $30.000.000.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en razón de la violencia presentada en el año 2007, en el corregimiento de Rancho Largo, municipio de San Francisco (Antioquia) , la señora Deysi Liliana García Ocampo y

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en razón de la violencia presentada en el año 2007, en el corregimiento de Rancho Largo, municipio de San Francisco (Antioquia) , la señora Deysi Liliana García Ocampo y su familia tuvieron que desplazarse a la ciudad de Cartagena y abandonar todos sus bienes, su vivienda y todos sus enseres y cultivos.

Indica que en esta última ciudad , Deysi Liliana García Ocampo fue incluida en el “Sistema Único de Registro – SUR”, con el fin de recibir las ayudas humanitarias de emergencia a las que tenía derecho, de conformidad con la Ley 387 de 1997 .Sin embargo, ninguna de esas asistencias le fue entregada.

Destaca, que el 20 de mayo de 2009 , Deysi Liliana García Ocampo “presentó un proyecto productivo (…) por la suma de (…) $48’993.801 ante las demandadas”, el cual no se hizo efectivo. De igual forma, indicó que lo mismo ocurrió con el subsidio de vivienda que solicitó.

1 Fl. 2 a 11, C. 1.Radicado: 13001233100020120001301 (64236)

Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

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Finalmente, a pesar de haber afirmado que la señora García Ocampo nunca recibió las ayudas humanitarias a las que tenía derecho, luego afirmó que “la demandada realizó un abono a la demandante por la suma de 2.440.000 con fecha 23/07/2009, 23/11/2009 y 11/03/2010”.

La parte demandante alega que la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio del Interior) y la Agencia Presidencial para la Acción Social (hoy

23/11/2009 y 11/03/2010”.

La parte demandante alega que la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio del Interior) y la Agencia Presidencial para la Acción Social (hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ), son administrativamente responsables a título de falla del servicio , por un lado, porque permitieron que grupos al margen de la ley desplazaran de su lugar de residencia a Deysi Liliana García Ocampo, y, por otro, porque desconocieron las obligaciones de prestar ayuda y asistencia integral a la víctima.

2. Contestaciones

El 27 de febrero de 20122-3, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Ministerio del Interior 4 manifestó oponerse a las pretensiones porque carece de “legitimación procesal y material”, puesto que no participó directa ni indirectamente en los hechos que dieron lugar a la demanda. Por ello, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social5-6 manifestó no constarle los hechos de la demanda. Seguidamente, indicó que no era responsable

2 Fl. 38 a 40, C.1. 3 Fl. 46, C. 1. El 5 de marzo de 2012, la parte demandante interpuso recurso de reposición contra el numeral 9 de la parte resolutiva del auto admisorio de la demanda, en el que se ordenó el pago de gastos del proceso, y pidió que se le concediera el amparo de pobreza que, en escrito separado,

numeral 9 de la parte resolutiva del auto admisorio de la demanda, en el que se ordenó el pago de gastos del proceso, y pidió que se le concediera el amparo de pobreza que, en escrito separado, solicitó al presentar la demanda (Fl. 31, C.1). Por auto del 3 de febrero de 2013 (Fl. 48 a 51, C.1), el a quo “revocó el numeral séptimo del auto de fecha 8 de mayo de 2012” y, en su lugar, concedió el amparo de pobreza pretendido. 4 Fl. 63 a 65, C.1. 5 Fl. 88 a 102, C.1. 6 Decreto 4155 del 3 de noviembre de 2011 “ Por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y se fija su objetivo y estructura.”Radicado: 13001233100020120001301 (64236)

Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

4 por los daños alegados, en tanto no le competía la prestación del servicio de seguridad de Deysi Lilian a García Ocampo ni combatir el crimen organizado. Por otro lado, destacó que “Acción Social ahora Unidad de Víctimas” le entregó ayudas y auxilios económicos a la señora García Ocampo. Por último, propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad de la acción, “ausencia de obligación alguna a cargo de Acción Social” y “ausencia de material probatorio que comprometa la responsabilidad administrativa de Acción Social hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”.

de la acción, “ausencia de obligación alguna a cargo de Acción Social” y “ausencia de material probatorio que comprometa la responsabilidad administrativa de Acción Social hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 16 de abril de 20187 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social8, reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.

3.2. La parte demandante, la Nación - Ministerio del Interior y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de febrero de 2019 9 el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 10 declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio del Interior y negó las pretensiones de la demanda, al advertir, por un lado, que el escaso material probatorio no permitía esclarecer los hechos de la demanda y por ello no se probó que las entidades demandadas hubieran incidido en el desplazamiento forzado de Deysi Liliana García Ocampo; por otra parte, tampoco se demostró que las accionadas hubieran incurrido en falla del servicio por omitir adoptar las medidas

7 Fl. 193, C. 1. 8 Fl. 196 a 200, C.1. 9 Fl. 253 a 289, C. Ppal. 10 Fl. 251, C.2. Mediante auto del 22 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina avocó el conocimiento de la acción de

9 Fl. 253 a 289, C. Ppal. 10 Fl. 251, C.2. Mediante auto del 22 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina avocó el conocimiento de la acción de reparación directa.Radicado: 13001233100020120001301 (64236)

Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

5 necesarias a la protección de la actora y su núcleo familiar.

Textualmente, el A quo sostuvo lo siguiente: “A efectos de constatar o descartar este criterio de atribución, la Sala al verificar el escaso acervo probatorio que milita en el expediente, no se vislumbra ningún elemento que permita esclarecer los hechos de la demanda como tampoco, demostrar que por acción u omisión de las entidades demandadas, no se adoptaron las medidas encaminadas a la protección de la actora y su núcleo familiar, por alguna amenaza o afectación proveniente de terceros o de alguna situación objetiva de riesgo que por falta al deber de salvamento del Estado no se pudo mitigar o evitar”.

5. Recurso de apelación

El 9 de abril de 2019 11, la parte actora interpuso recurso de apelación , el cual fue concedido el 16 de mayo de 201912 y admitido el 15 de julio de 201913.

5.1. La parte actora ,14 como único argumento de disenso , solicitó declarar patrimonialmente responsable a las entidades accionadas por omisión en su deber de otorgar las ayudas económicas y sociales a Deysi Liliana García Ocampo . De hecho, textualmente solicitó: “ Primero: (…) conceder el recurso de apelación.

patrimonialmente responsable a las entidades accionadas por omisión en su deber de otorgar las ayudas económicas y sociales a Deysi Liliana García Ocampo . De hecho, textualmente solicitó: “ Primero: (…) conceder el recurso de apelación.

Segundo: Declarar patrimonialmente responsable y ordenar a la hoy Unidad de Víctimas hacer entrega de las ayudas humanitarias a mis mandantes, las cuales tiene derecho a recibir cada tres meses desde que fue incluida en el Registro Único de Víctimas y que a la fecha de hoy solo se le han entregado $2.400.000. Tercero: Declarar patrimonialmente responsable y ordenar a la hoy Unidad de Víctima y Ministerio de Vivienda y Fonvivienda , hacer entrega de las ayudas humanitaria s a mis mandantes, en hacer entrega de una vivienda digna por ser víctima del desplazamiento forzado y estar incluida en el RUV”.

11 Fl. 293 a 298, C. Ppal. 12 Fl. 300, C. Ppal. 13 Fl. 316, C. Ppal. 14 Fl. 293 a 298, C. Ppal.Radicado: 13001233100020120001301 (64236)

Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

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6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 21 de agosto de agosto de 2019 15 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 16, reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.

6.2. La parte demandante, la Nación - Ministerio del Interior y el Ministerio Público guardaron silencio.

6.1. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 16, reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.

6.2. La parte demandante, la Nación - Ministerio del Interior y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera los 500 SMLMV para la fecha de su presentación 17, exigidos para que el proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, aplicable en virtud del artículo 198 de la Ley 1450 de 201118.

15 Fl. 319, C. Ppal. 16 Fl. 320 a 324, C.Ppal. 17 La pretensión mayor es de $451.541.680 por perjuicios materiales, lo cual es mayor a $266.250.000, que corresponden a 500 SMLMV de la fecha de presentación de la demanda (2011). 18 El artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 dispone que: “Con el propósito de evitar la congestión de los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado, en los procesos que cursen o deban cursar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en relación con los cuales a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado e n debida forma el correspondiente

ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en relación con los cuales a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado e n debida forma el correspondiente auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinará con sujeción a las reglas consagrada s en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011” . La demanda se presentó durante su vigencia el 16 de agosto de 2011.Radicado: 13001233100020120001301 (64236)

Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

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2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo , según lo dispone el artículo 8619 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño causado por una omisión imputable a la Nación – Ministerio del Interior y la Agencia Presidencial para la Acción Social hoy Departamento Administrativo de Prosperidad Social.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal20.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico

que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal20.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

19 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de traba jos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 20 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius

declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se men cionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.Radicado: 13001233100020120001301 (64236)

Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

8 protección del interés general 21, e stableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 22, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo d e certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una

21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta me dida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser

Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.Radicado: 13001233100020120001301 (64236)

Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

9 limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 23 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del apar ato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia24, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que l a acción de

allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que l a acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Ahora bien, en lo que respecta a la caducidad de la acción de reparación directa frente a presuntas conductas de lesa humanidad, incluido el desplazamiento forzado es importante mencionar que mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado 25 unificó su jurisprudencia en lo concerniente al cómputo del término de caducidad, en tratándose de pretensiones indemnizatorias cuando se persigue el resarcimiento de los daños provenientes de delitos de lesa humanidad, entre ellos, el desplazamiento forzado, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado. Así, frente al caso concreto, en aquella oportunidad, se decidió declarar probada la excepción de caducidad de la pretensión de reparación directa

23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el le gislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

los sujetos procesales, el le gislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla d e oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin pr esentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesa les fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,

sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.Radicado: 13001233100020120001301 (64236)

Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

10 promovida el 23 de mayo 2014, por hechos ocurridos en abril del año 2007, con lo cual aplicó la regla de unificación establecida de forma inmediata, sin consideración alguna respecto de la fecha de presentación de la demanda.

En dicha decisión la Sección Tercera precisó que salvo para el caso de desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa26, en virtud de la cual la caducidad se cuenta desde la fech a en que aparece la víctima o, en su defecto, desde el momento en el que quedó ejecutoriado el fallo definitivo adoptado en el proceso penal, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción.

Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política".

Por otra parte, el término de caducidad no es exigible cuando se verifique la

Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política".

Por otra parte, el término de caducidad no es exigible cuando se verifique la afectación ostensible de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, lo cual ocurre en eventos en que se constate la ocurrencia de situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier otro supuesto que obstaculice materialmente el ejercicio del derecho de acción, pues este término preclusivo no puede discurrir contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia.

De conformidad con lo expuesto, de manera excepcional, el juez de lo contencioso administrativo deberá inaplicar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio oportuno del derecho de acción o iniciar su contabilización desde un momento distinto a la ocurrencia del hecho dañoso, cuando advierta que la no comparecencia ante la

26 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.Radicado: 13001233100020120001301 (64236)

Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

11 jurisdicción contenciosa administrativa dentro del plazo previsto, es resultado de que el interesado: (i) no sabía o no tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en los hechos, o (ii) estaba impedido materialmente para el ejercicio del derecho de acción.

Recientemente, mediante sentencia SU -429 del 10 de octubre de 2024 27, la Corte

alguna injerencia en los hechos, o (ii) estaba impedido materialmente para el ejercicio del derecho de acción.

Recientemente, mediante sentencia SU -429 del 10 de octubre de 2024 27, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia para la aplicación del término de caducidad en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, lo cual incluye el desplazamiento forzado, en los siguientes criterios:

1. El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el momento en el que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron saber de la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle responsabilidad patrimonial.

1. El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de reparación de un daño antijurídico , a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.

1. Además, para los casos en los que quien demanda sea una persona víctima del desplazamiento forzado, el juez de la causa debe considerar en su análisis las barreras de acceso a la administración de justicia que p udo enfrentar la parte demandante, todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del desplazamiento forzado y que padecen quienes son víctimas de ese fenómeno.

1. Para la aplicación del fallo de unificación del