CE - Sentencia 13001233100020140042801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 13001233100020140042801 (71534)

Demandante: DANIEL HENRIQUE SANJUAN LEON Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Tema: Privación injusta de la libertad. Decreto - Ley 2700 de 1991. Ley 600 de 2000. Se acreditó un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación. No se acreditó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial.

Liquidación de perjuicios.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 31 de agosto de 20 23, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 29 de septiembre de 2000, agentes del CTI capturaron a Daniel Henrique Sanjuan León, por ser presunto autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El 11 de octubre siguiente, la Unidad Nacional de Delitos Contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los delitos de contrato sin

legales. El 11 de octubre siguiente, la Unidad Nacional de Delitos Contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Seguidamente, el 19 de octubre del 2000, la misma Fiscalía sustituyó la medida de detención preventiva por detención domiciliaria. Luego, el 10 de septiembre de 2001, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le concedió el beneficio de libertad provisional, con fundamento en el numeral cuarto del artículo 365 de la Ley 600 del 2000. Posteriormente, el 19 de mayo de 2008 , la Fiscalía Séptima Adscrita a la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública dictó resolución de acusaciónRadicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

2 en contra de Daniel Henrique Sanjuan León por los delitos de peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la cual fue confirmada el 23 de julio del 2009 por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca . Finalmente, el 17 de septiembre de 2012, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena absolvió a Daniel Henrique Sanjuán León, al concluir que no existían elementos de juicio que permitieran establecer con certeza su responsabilidad por los delitos acusados.

Los demandantes consideran que la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son

permitieran establecer con certeza su responsabilidad por los delitos acusados.

Los demandantes consideran que la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son patrimonialmente responsables por: i) la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Daniel Henrique Sanjuan León, y ii) por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el retardo en tramitar el proceso penal del que este fue objeto.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 29 de agosto de 20141, Daniel Henrique Sanjuan León, Glenys Marina Enciso Espinosa, Daniel Sanjuan Enciso, David Sanjuan Enciso, Neyla León Baena, Dina Esther Sanjuan León, Delsy Cecilia Sanjuan León, Ruth Cecilia Gaviria León, Cesar Escorcia Atencio, Gilberto Ojeda Carmona , Juan Carlos Cabarcas Herrera, Nidia Consuelo Enciso Espinosa , Juan Evangelista Matallana Villama rín, Olga María Espinosa de Enciso y Fidel León Aguirre, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante MINTIC) por los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Daniel Henrique Sanjuan León y por el defectuoso funcionamiento de la administración de

1 “4ED_01CUADERNO_1pdf”, Pág. 1 a 56, índice 2, Samai. Expediente digital.Radicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

3 justicia derivado del retardo en tramitar el proceso penal que se adelantó en su contra.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la s entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los demandantes; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a Daniel Henrique Sanjuan León , Glenys Marina Enciso Espinosa , Daniel Sanju an Enciso y David Sanjuan Enciso ; por “daño a la honra”, 100 SMLMV a Daniel Henrique Sanju an León, Daniel Sanjuan Enciso y David Sanju an Enciso; por daño emergente, 1.290 SMLMV a Daniel Henrique Sanju an León, 1 .024 SMLMV a Glenys Marina Enciso Espinosa y 221 SMLMV a Ruth Cecilia Gaviria León ; por lucro cesante, 5.132 SMLMV a Daniel Henrique Sanju an León y 162 SMLMV a Glenys Marina Enciso Espinosa; y, por concepto de “pérdida de la oportunidad”, 6.502 SMLMV a Glenys Marina Enciso Espinosa.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que hasta junio del 2000, Daniel Henrique Sanjuan León se desempeñó como Subgerente de Operaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena S.A. E.S.P. (en adelante Telecartagena).

Daniel Henrique Sanjuan León se desempeñó como Subgerente de Operaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena S.A. E.S.P. (en adelante Telecartagena).

Aduce que el 6 de septiembre de 2000, la Fiscalía Seccional 12 de Cartagena dio apertura a la investigación previa por presuntas irregularidades y sobrecostos en los procesos de contratación de Telecartagena.

Sostiene que el 29 de septiembre de 2000, el señor Sanjuan León fue capturado por ser presunto autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en virtud de una orden de captura con fines de indagatoria proferida por la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación.

Argumenta que los días 2, 3 y 4 de octubre de 2000 , el señor Sanjuan León rindió diligencia de indagatoria ante el ente instructor.Radicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

4 Afirma que el 11 de octubre de 2000 , la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva a Daniel Henrique Sanjuan León, por ser presunto autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Expresa que el 19 de octubre de 2000 , la misma Fiscalía sustituyó la detención preventiva decretada en contra del procesado por detención domiciliaria.

Aduce que el 2 de abril de 2001 , la Unidad Nacional de Delitos contra la

Expresa que el 19 de octubre de 2000 , la misma Fiscalía sustituyó la detención preventiva decretada en contra del procesado por detención domiciliaria.

Aduce que el 2 de abril de 2001 , la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación acusó al sindicado de ser autor de los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación, modificando la adecuación típica efectuada con la imposición de la medida cautelar.

Argumenta que el 10 de septiembre de 2001, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le concedió el beneficio de libertad provisional a Daniel Henrique Sanjuan León, la cual se hizo efectiva el 17 de septiembre siguiente.

Sostiene que el 17 de mayo de 2002, la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor Sanjuan León , en aplicación de los artículos 355 y 357 de la Ley 600 del 2000, en concordancia con el artículo 38 del Código Penal.

Señala que el 17 de julio de 2003 , la precitada Fiscalía acusó a Daniel Henrique Sanjuan León de ser coautor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, en concurso con interés ilícito en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Manifiesta que el 6 de octubre de 2003 , la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decretó la nulidad del escrito de acusación, al constatar

el cumplimiento de los requisitos legales.

Manifiesta que el 6 de octubre de 2003 , la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decretó la nulidad del escrito de acusación, al constatar que sus consideraciones eran confusas y contradictorias.Radicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

5 Expresa que el 19 de mayo de 2008 , la Fiscalía Séptima Delegada de la Unidad Nacional de Delitos Contra la Administración Pública acusó a Daniel Henrique Sanjuan León de ser coautor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés ilícito en la celebración de contratos y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Aduce que el 23 de julio de 2009, la Fiscalía Octava Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la resolución de acusación.

Afirma que el 17 de septiembre de 2012 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena absolvió a Daniel Henrique Sanjuan León , al haberse desvirtuado l os supuestos sobrecostos e irregularidades en los procesos de contratación de Telecartagena.

Los demandantes consideran que la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial y MINTIC son patrimonialmente responsables por: i) la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Daniel Henrique Sanjuan León, y ii) por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el retardo en tramitar el proceso penal del que este fue objeto.

2. Contestaciones

la libertad de la que fue objeto Daniel Henrique Sanjuan León, y ii) por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el retardo en tramitar el proceso penal del que este fue objeto.

2. Contestaciones

El 16 de diciembre de 20 152 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y ordenó su notificación a la s entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Fiscalía General de la Nación 3 manifestó que sus actuaciones se surtieron dentro del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin que pudiera alegarse un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni una privación injusta de la libertad. Argumentó que la imposición de la medida de aseguramiento cumplió con los presupuestos legales y constitucionales

2 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 105 a 107, índice 2, Samai. Expediente digital. 3 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 158 a 165, índice 2, Samai. Expediente digital.Radicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

6 correspondientes. Propuso las excepciones de “ inexistencia de daño antijuridico ”, “ausencia de nexo causal” y “genérica”.

2.2. La Rama Judicial4 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no se acreditó la falla del servicio que le fue endilgada. En ese sentido, señaló que no se probó el nexo de causalidad entre su actuación y el daño alegado, pues la Fiscalía General de la Nación fue la entidad que impuso medida de

que no se acreditó la falla del servicio que le fue endilgada. En ese sentido, señaló que no se probó el nexo de causalidad entre su actuación y el daño alegado, pues la Fiscalía General de la Nación fue la entidad que impuso medida de aseguramiento en contra de Daniel Henrique Sanjuan León. Asimismo, argumentó que garantizó los derechos d el procesado . Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de nexo de causalidad e “innominada”.

2.3. El MINTIC5 sostuvo que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, toda vez que denunció la posible comisión de un delito en cumplimiento de un deber legal. Propuso las excepciones de “prescripción” y “genérica”. En escrito aparte 6, formuló como excepción previa la falta de integración del litisconsorcio necesario al no haberse vinculado el P.A.R. Telecom en Liquidación , toda vez que los hechos materia de controversia surgieron por un informe de auditoría suscrito por el personal de dicha entidad.

3. Audiencia inicial

El 13 de octubre de 20177 el Tribunal Administrativo de Bolívar celebró la audiencia inicial, en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar “en primer lugar, si la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad y por el presunto retardo injustificado en el proceso seguido contra el señor DANIEL

a determinar “en primer lugar, si la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad y por el presunto retardo injustificado en el proceso seguido contra el señor DANIEL SANJUAN LEÓN y, en consecuencia, si hay lugar a indemnizarlo a él y los demás

4 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 136 a 145, índice 2, Samai. Expediente digital. 5 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 149 a 151, índice 2, Samai. Expediente digital. 6 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 152, índice 2, Samai. Expediente digital. 7 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 228 a 231, índice 2, Samai. Expediente digital.Radicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

7 demandantes, por los supuesto daños irrogados. Asimismo, determinará si la Rama Judicial, es responsable por los perjuicios alegados por los demandantes, con ocasión de un presunto retardo injustificado en el proceso penal seguido en contra del señor Daniel San juan León , y por t anto si hay lugar a indemnizarlos en los términos reclamados en la demanda a él y a los demás demandantes que hacen parte de su grupo familiar. Deberá finalmente establecer si la Nación - MINTIC es patrimonialmente responsable por (sic) los demandantes alegan haber sufrido por cuenta de los informes de auditoría realizados en su oportunidad por Telecom frente a Telecartagena durante la gestión del señor Daniel Sanjuan León y por tanto hay

patrimonialmente responsable por (sic) los demandantes alegan haber sufrido por cuenta de los informes de auditoría realizados en su oportunidad por Telecom frente a Telecartagena durante la gestión del señor Daniel Sanjuan León y por tanto hay lugar a indemnizarlos. Deberá la Sala examinar la jurisprudencia en to rno a la responsabilidad de la Fiscalía”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 22 de noviembre de 20178, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El extremo activo 9, la Rama Judicial 10, el MINTIC11 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente.

4.2. La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 31 de agosto de 202312, el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de Daniel Henrique Sanjuan León fue injusta, toda vez que fue absuelto al demostrase la inexistencia de sobrecostos e irregularidades en la contratación de Telecartagena , lo cual, en su concepto, constituía uno de los

8 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 233 a 236, índice 2, Samai. Expediente digital. 9 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 254 a 281, índice 2, Samai. Expediente digital. 10 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 237 a 246, índice 2, Samai. Expediente digital.

9 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 254 a 281, índice 2, Samai. Expediente digital. 10 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 237 a 246, índice 2, Samai. Expediente digital. 11 “7ED_04CUADERNO_4pdf”, Pág. 248 a 253, índice 2, Samai. Expediente digital. 12 “10ED_07SentenciaRD1300123”, índice 2, Samai. Expediente digital.Radicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

8 supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado . Seguidamente, sostuvo que no se acreditó que las entidades accionadas hubiesen incurrido en un retraso injustificado frente al cumplimiento de los términos previstos en la Ley 600 de 2000 para tramitar el proceso penal.

Al efecto sostuvo que: “Como el proceso penal concluyó con la absolución del procesado al demostrarse que no existió los supuestos sobrecostos ni las irregulares en el cumplimiento de los contratos referidos que fundamentaron la acción penal en contra del señor Daniel Henrique Sa njuan León, concluye la Sala que se debe imputar responsabilidad objetiva del Estado por privación injusta de la libertad, al configurarse uno de presupuesto (sic) para declararla […]. Como en el presente caso la medida que restringió de la libertad a la víctima directa fue proferida por la Fiscalía General de la Nación, la Sala imputará la responsabilidad patrimonial a esta entidad. […] De conformidad con lo anterior, el proceso penal seguido contra el señor Daniel Henrique Sanjuan León debió tardar máximo 3 años, pero la misma

por la Fiscalía General de la Nación, la Sala imputará la responsabilidad patrimonial a esta entidad. […] De conformidad con lo anterior, el proceso penal seguido contra el señor Daniel Henrique Sanjuan León debió tardar máximo 3 años, pero la misma se (sic) duró casi doce años […]. A pesar de evidenciarse el incumplimiento de los términos Ley (sic) para tramitar y decidir el proceso penal, no cabe declarar la existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque la parte demandante no probó el volumen de trabajo que soportaban los fiscales y jueces del proceso penales (sic) que llevaron el proceso penal, tampoco los estándares de funcionamie nto de dichas autoridades, que no se obtiene obtienen (sic) con la simple comparación con los términos establecidos en la ley, sino en relación con el promedio de duración de procesos similares al que es objeto de estudio”.

En la parte resolutiva, el a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación a: i) pagar por perjuicios morales, 52.32 SMLMV a Daniel Henrique Sanjuan León, 26.16 SMLMV a Daniel Sanjuan Enciso, David Sanjuan Enciso, Neyla León Baena y Glenys Marina Enciso Espinosa, y 15.64 SMLMV a Dina Esther Sanjuan León, Delsy Cecilia Sanjuan León y Ruth Cecilia Gaviria León ; ii) pagar por daño a la salud, 20 SMLMV a David Sanjuan Enciso ; iii) emitir un comunicado pidiéndole excusas a “Francisco José Marlo Vecchio”; y iv) negó las demás pretensiones de la demanda.Radicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

“Francisco José Marlo Vecchio”; y iv) negó las demás pretensiones de la demanda.Radicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

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6. Recursos de apelación

Los días 1313 y 19 de marzo de 202414, la Fiscalía General de la Nación y la parte actora interpusieron recursos de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos el 15 de abril de 202415 y admitidos el 2 de agosto siguiente16.

6.1. El extremo activo17 manifestó que se acreditó el retardo injustificado del proceso penal, el cual se prolongó por más de 12 años como consecuencia de “decisiones judiciales ilegitimas tomadas por la Fiscalía General de la Nación ” y de la falta de rigor técnico en la resolución de acusación, la cual fue declarada nula en varias ocasiones. Asimismo, solicitó el reconocimiento del lucro cesante a favor de Daniel Henrique Sanjuan León por el tiempo que estuvo privado de la libertad . Con respecto al daño emergente, solicitó que se reconocieran los perjuicios por concepto de pago de honorarios , de acuerdo con el certificado obrante en el expediente. Finalmente, argumentó que se deb en reconocer los perjuicios por “la pérdida del valor adquisitivo del pago de la caución”, el cual permaneció en poder de la Fiscalía General de la Nación por 11 años.

6.2. La Fiscalía General de la Nación 18 sostuvo que la medida de aseguramiento debía ser analizada a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. Señaló que dicha medida cumplió con los requisitos formales y sustanciales establecidos en la normativa procesal vigente, por cuanto se

debía ser analizada a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. Señaló que dicha medida cumplió con los requisitos formales y sustanciales establecidos en la normativa procesal vigente, por cuanto se fundamentó en el material probatorio incorporado al proce so, el cual, en su momento, ofrecía motivos de credibilidad suficientes para inferir la presunta responsabilidad penal de Daniel Henrique Sanjuan León en la comisión de los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos.

13 “12ED_09RecursoApelacionDe”, Índice 2, Samai. Expediente digital. 14 “14ED_11RecursoApelacionDe”, Índice 2, Samai. Expediente digital. 15 “16ED_13AutoConcedeApelaci”, Índice 2, Samai. Expediente digital. 16 Índice 4, Samai. 17 “14ED_11RecursoApelacionDe”, Índice 2, Samai. Expediente digital. 18 “12ED_09RecursoApelacionDe”, Índice 2, Samai. Expediente digital.Radicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El Despacho sustanciador no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 del 202119, no se decretaron pruebas en segunda instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso el

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 del 202119, no se decretaron pruebas en segunda instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

19 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso

para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso […]”.Radicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

11 estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 14020 del CPACA.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un os hechos imputables a la administración de justicia y al MINTIC.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto s e trata de un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio21.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 22, estableció unos plazos para poder ejercer

20 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de

la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtenerRadicado: 13001233300020140042801 (71534)

Demandante: Daniel Henrique Sanjuan León y otros

12 oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 23, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y Garantías a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y Garantías a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de ple no derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes i ndistintamente de quien realiza la proposición judicial,

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En