CE - Sentencia 13001233300020130030001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00300-01 (65972)

Demandante: Fabian Alonso de Jesús Seguro Oquendo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Proceso: Acción de grupo

ACCIÓN DE GRUPO-Procedencia supone uniformidad de la causa generadora del daño y la demostración de la vocación grupal del daño a un número mínimo de 20 personas. DEFECTO FÁCTICO-Dimensión negativa por la abstención del juez de decretar pruebas solicitadas o de oficio necesarias para desentrañar la verdad de los hechos presentados por las partes, y dimensión positiva por una valoración probatoria equivocada. CARGA DE LA PRUEBA EN PROCESOS RELACIONADOS CON DELITOS DE LESA HUMANIDAD -Estándares flexibles que se ajusten a los presupuestos de la CIDH, que implican que el juez asuma un papel probatorio activo. IMPUTACIÓN DEL DAÑO AL ESTADO POR DAÑOS DERIVADOS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA COMETIDA POR TERCEROS-La responsabilidad del Estado exige un juicio de imputación normativa en el que se demuestre que el Estado ten ía la obligación de evitar la producción de la lesión, porque los hechos eran previsibles y resistibles. IMPUTACIÓN OBJETIVA -No puede interpretarse para que la posición de garante del

se demuestre que el Estado ten ía la obligación de evitar la producción de la lesión, porque los hechos eran previsibles y resistibles. IMPUTACIÓN OBJETIVA -No puede interpretarse para que la posición de garante del Estado lo convierta en un asegurador universal, que responda por todos los daños causados por terceros a las personas en sus vidas y libertades en el territorio nacional. OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE PROTECCIÓN -Implica la responsabilidad por falla en el servicio, sin que sea posible fundamentar la condena en daño especial o riesgo excepcional.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2019 , por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La decisión fue la siguiente:

“PRIMERO: DECL ÁRESE no probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por los motivos expuestos en la parte considerativa del presente proveído [sic].

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO. Enviar copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998,Radicación: 13001-23-33-000-2013-00300-01 (65972)

Demandante: Fabian Alonso de Jesús Segura Oquendo y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército

Demandante: Fabian Alonso de Jesús Segura Oquendo y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército

Nacional Asunto: Acción de grupo

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QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.”1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la imputabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional de los daños causados por la desaparición forzada de Alejandro Seguro Oquendo, perpetrada por terceros indeterminados.

II. ANTECEDENTES La demanda

El 16 de mayo de 2013, los señores Ramiro Antonio Seguro Durango, Martha Celina Oquendo Martínez, Tatiana Seguro Oquendo, Orfa Nelly Seguro Oquendo, Luis Javier Pavón Seguro, Diego Felipe M uñoz Seguro, Diana Marcela Muñoz, Nicolle Gañan Muñoz, Fabián Alonso de Jesús Seguro Oquendo, Zuleima Seguro Rosario, Estiven Seguro Rosario, Vanessa Seguro Rosario, Diomer Ferney Seguro Oquendo, Juan Camilo Seguro Seguro, Miguel Ángel Seguro Taborda, John Willington Seguro Oquendo, Dilber Esneider Seguro Sánchez, Mirlelly Seguro Sánchez, Lina María Seguro Oquendo y Andrés Fernando Bueno Seguro 2, presentaron una demanda de acción de grupo por la cual solicitaron declarar patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los daños sufridos por la desaparición forzada de su familiar, Alejandro Seguro Oquendo, en los siguientes términos:

“1. Que en Sentencia con fuerza de cosa juzgada se hagan a favor de la señora

Nacional por los daños sufridos por la desaparición forzada de su familiar, Alejandro Seguro Oquendo, en los siguientes términos:

“1. Que en Sentencia con fuerza de cosa juzgada se hagan a favor de la señora Martha Celina Oquendo de Seguro y Otros, en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, las siguientes o parecidas declaraciones y condenas.

2. Que la Nación-Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, son solidaria y administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios (materiales e inmateriales), ocasionados a la señora Martha Celina Oquendo de Se guro y Otros, por la desaparición de su hijo, hermano, y tío el joven Alejandro Seguro Oquendo, por parte del Grupo Paramilitar.

3. Que, como consecuencia de la declaración Nación-Ministerio de DefensaEjército Nacional están obligados a cancelar a cada uno de los aquí demandantes por CONCEPTO DE PERJUIC IOS MORALES , una suma que sea equivalente al momento del fallo a QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, como consecuencia del dolor por la desaparición de su hijo, hermano, y tío el joven

Alejandro Seguro Oquendo, por parte del Grupo Paramilitar.

4. Que además, Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional están obligados a cancelar a señora [sic] Martha Celina Oquendo de Seguro y Otros, PERJUICIOS

1 Folio 195. Cuaderno principal. 2 Folios 1 a 24. Cuaderno 1.Radicación: 13001-23-33-000-2013-00300-01 (65972)

1 Folio 195. Cuaderno principal. 2 Folios 1 a 24. Cuaderno 1.Radicación: 13001-23-33-000-2013-00300-01 (65972)

Demandante: Fabian Alonso de Jesús Segura Oquendo y otros

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MATERIALES (daño emergente y lucro cesante) que explicaré en el acápite de

LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS.

5. Que, igualmente, Nación-Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, sean obligados a pagar a cada uno de lo s aquí demandantes, una suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES vigentes al momento del fallo por el perjuicio ocasionado en su modalidad de ALTERACIÓN EN LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA o DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la desaparición de su hijo, hermano, y tío el joven Alejandro Seguro Oquendo, por parte del Grupo Paramilitar.

6. Que se condene igualmente, a las entidades demandadas, al pago de costas del proceso conforme a lo establecido en la ley 446 de 1998, en concordancia con los criterios de aplicación del artículo 199 del decreto No.2282 de 1989, esto es, las tarifas establecidas con aprobación del ministerio de justicia [sic] para este tipo de procesos a cuota litis en lo atinente a las agencias en derecho y dentro de los lineamientos expuestos en la sentencia [sic] C-539 de julio 28 de 1999 de la

Honorable Corte Constitucional.”

procesos a cuota litis en lo atinente a las agencias en derecho y dentro de los lineamientos expuestos en la sentencia [sic] C-539 de julio 28 de 1999 de la Honorable Corte Constitucional.”

Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, se expuso que, el 23 de marzo de 2002, Alejandro Seguro Oquendo, un joven de 17 años, salió de paseo con su hermano, Diomer Ferney Seguro Oquendo, y unos amigos, desde Medellín a Barranquilla, en un grupo de vehículos compuesto por una camioneta y unas motos. La víctima iba como pasajero en la motocicleta de placas HFV92, conducida por Carlos Enrique Ramírez Moncada.

Se adujo que, a la altura del peaje de Calamar, Bolívar, alrededor de las 7 d e la noche, el conductor y pasajero de la moto HFV92 desaparecieron del lugar, sin que a la fecha de la demanda hubiera sido posible establecer su paradero, a pesar de los ingentes esfuerzos realizados por la familia para encontrarlo.

Se alegó que Acción Social reconoció a la familia de Alejandro Seguro como víctima de desaparición forzada del conflicto armado, de acuerdo con el radicado 3474 del 17 de julio de 2009.

Contestación de la demanda de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

El demandado 3 presentó la excepción de (i) pérdida de oportunidad de la acción, según la cual , de acuerdo con el literal h) del artículo 164 del CPACA, cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el pago de una indemnización a favor de un grupo, la demanda debe presentarse dentro de los 2 años siguientes a la

según la cual , de acuerdo con el literal h) del artículo 164 del CPACA, cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el pago de una indemnización a favor de un grupo, la demanda debe presentarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en la que se causó e l daño , o desde que los demandantes tuvieron

3 Folios 85 a 90. Cuaderno 1.Radicación: 13001-23-33-000-2013-00300-01 (65972)

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conocimiento de éste , que, para el caso concreto, ocurrió el 14 de noviembre de 2009 con la denuncia penal, habiendo radicado la demanda, únicamente, el 16 de mayo de 2013.

Asimismo, alegó (ii) ineptitud de la demanda por falta de los requisitos de la acción, porque no se constituyó el grupo de mínimo 20 personas, pues, al momento de la producción del daño, 8 de los menores de edad relacionados como demandantes no habían nacido, por lo que no sufrieron los daños reclamados.

Finalmente, adujo (iii) la falta de demostración del daño y de imputabilidad al demandado, en cuanto el acto administrativo que reconocía como víctimas a los padres del desaparecido no era prueba suficiente para derivar la responsabilidad de la entidad, además de que la misión de la fuerza pública era de medios y no de resultado, en virtud de que ningún Estado tiene la capacidad para garantizar a todos sus coasociados el 100% de seguridad . En este mismo sentido, se refirió a la relatividad de la falla del servicio.

resultado, en virtud de que ningún Estado tiene la capacidad para garantizar a todos sus coasociados el 100% de seguridad . En este mismo sentido, se refirió a la relatividad de la falla del servicio.

Sentencia de primera instancia

El 29 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió la sentencia 4 en la que , en primer lugar, se pronunció sobre la excepción de caducidad para determinar que el literal i) del artículo 164 del CPACA dispon ía una norma especial para los eventos de desaparición forzada, según la cual el término deb ía contabilizarse desde de la fecha en que apareciera la víctima o, en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, lo cual no había ocurrido en el caso de marras, de modo que concluyó que la acción se había impetrado a tiempo.

En el análisis de fondo, negó las pretensiones con fundamento en que , si bien se había acreditado el daño antijurídico consistente en la desaparición forzada de Alejandro Seguro Oquendo por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Héroes Montes de María, no se había demostrado que éste derivara de una omisión de la Nación, pues no se había probado que el Estado hubiera omitido proteger al ciudadano.

4 Folios 185 a 195. Cuaderno principal.Radicación: 13001-23-33-000-2013-00300-01 (65972)

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En efecto, la primera instancia consideró que la víctima no realizó ningún tipo de solicitud de protección a las autoridades competentes para dar les aviso sobre su situación de peligro, a fin de que el Estado actuara para contrarrestar dicha vulnerabilidad. Así las cosas, determinó que el Estado no contaba con indicio alguno que le permitiera establecer la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima , de modo que no tenía manera de prever la ocurrencia del hecho.

Aunó que, a pesar de que los demandantes fueron reconocidos como víctimas de las autodefensas por la desaparición forzada de Alejandro Seguro Oquenda, estos hechos no habían sido confesados por el Bloque Héroes de los Montes de María, lo que ha bía impedido que se formu lara imputación por esta causa. De lo anterior, concluyó que no existía certeza de sobre quién había cometido materialmente el delito. En virtud de lo expuesto, determinó que el daño no era imputable al Estado.

Recurso de apelación

En su recurso impugnante5, el demandante señaló que la sentencia de primera instancia (i) había incurrido en un defecto fáctico, en la medida en la que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que, en los delitos de lesa humanidad, se invierte la carga de la prueba y le corresponde al Estado aportar las pruebas para evitar tal defecto , para lo cual el juez debe decretar las pruebas de oficio, en orden a cumplir con la obligación de investigación que conduzca a

humanidad, se invierte la carga de la prueba y le corresponde al Estado aportar las pruebas para evitar tal defecto , para lo cual el juez debe decretar las pruebas de oficio, en orden a cumplir con la obligación de investigación que conduzca a garantizar los derechos constitucionales a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Asimismo, (ii) expuso que el a quo había errado al exigir al demandante demostrar el nexo causal, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado había reevaluado tal tesis en una sentencia del 2013, en la que se había concluido que, como quiera que el Estado conocía del contexto de violencia que se había expandido en un determinado espacio, en el que se había vuelto reiterada la comisión de delitos bajo las mismas modalidades , éste había adquirido la posición de garante respecto de los derechos de quienes estaban expuestos a este tipo de ilícitos ; de esta manera, el Estado ten ía que asumir las derivaciones de l daño, siempre y cuando se comprobara el desconocimiento de la obligación de diligencia, cuidado y protección.

5 Folios 198 a 211. Cuaderno principal.Radicación: 13001-23-33-000-2013-00300-01 (65972)

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Trámite en la segunda instancia

Mediante proveído de 11 de febrero de 2010 , el Tribunal Administrativo de Bolívar concedió el recurso presentado 6 y fue admitido por el Consejo de Estado en auto del 27 de marzo de la misma anualidad 7.

Mediante proveído de 11 de febrero de 2010 , el Tribunal Administrativo de Bolívar concedió el recurso presentado 6 y fue admitido por el Consejo de Estado en auto del 27 de marzo de la misma anualidad 7.

El 26 de febrero de 2021, se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público por un término común de 10 días para que presentaran sus alega tos de conclusión, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 117 del CGP, aplicable por remisión del artículo 68 de la Ley 472 de 1998 8.

El 28 de abril del 2021, el Ministerio de Defensa 9 presentó sus alegatos de conclusión, en los que señaló que se había probado que no se había incumplido el contenido obligacional de la demandada, en atención a que los desaparecidos no habían solicitado protección alguna, sumado a que el servicio se había prestado conforme a las posibilidades concretas de atención , sin que el daño resultara previsible, y mucho menos, se consolidara con su aquiescencia.

Por su parte, el Ministerio Público y la parte demandante guardaron silencio 10.

III. CONSIDERACIONES

I. Régimen procesal

1. En atención a que se trata de una acción de grupo radicada el 16 de mayo de 2013, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 472 de 1998 —norma especial que rige las acciones de grupo— y el CPACA, ya vigente para la fecha de presentación de la demanda, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Corporación, dicho

Ley 472 de 1998 —norma especial que rige las acciones de grupo— y el CPACA, ya vigente para la fecha de presentación de la demanda, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Corporación, dicho código modificó la Ley 472 en lo atinente a las normas de pretensión, caducidad y competencia, pues amplió y reguló integralmente las disposiciones aplicables en

6 Folio 213. Cuaderno principal. 7 Índice SAMAI 3. 8 Índice SAMAI 9. 9 Índice SAMAI 12. 10 Índice SAMAI 13.Radicación: 13001-23-33-000-2013-00300-01 (65972)

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esos aspectos11.

2. Asimismo, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 6 de agosto de 2020 12, señaló que, si bien el artículo 68 de la Ley 472 de 1998 disponía la aplicación del CPC —hoy CGP — en lo no regulado, lo cierto era que el CPACA contenía normas que resultaban directamente aplicables a algunos aspectos que debían ser aplicados preferentemente a las acciones de grupo13.

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

3. A esta jurisdicción le corresponde el estudio del presente caso, en tanto que, de conformidad con los artículos 50 de la Ley 472 de 1998 y 150 y 152.16 del CPACA,

1. Jurisdicción y competencia

3. A esta jurisdicción le corresponde el estudio del presente caso, en tanto que, de conformidad con los artículos 50 de la Ley 472 de 1998 y 150 y 152.16 del CPACA, se trata de un asunto que se suscitó con ocasión del ejercicio del medio de control para la reparación de los perjuicios causados a un grupo, originado en la acción u omisión de entidades públicas.

4. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Asimismo, en la época de la presentación de la demanda —previo a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021 —, las pretensiones resarcitorias de perjuicios causados a un grupo dirigidas en contra de autoridades del orden nacional eran competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia, de acuerdo con

11 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 10 de febrero de 2016. Exp. 2015-00934; auto de 31 de enero de 2013, exp: 63001-23-33-000-201200034-01(AG); auto de 18 de mayo de 2017, exp: 2016-00131; 18 de julio de 2017, exp: 2013-00583 y sentencia del 2 de julio de 2021, exp: 25000-23-41-000-2018-00153-01(AG). 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto

y sentencia del 2 de julio de 2021, exp: 25000-23-41-000-2018-00153-01(AG). 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto del 6 de agosto de 2020. Exp: 64.778. 13 Posteriormente, en sentencia del 14 de noviembre de 2024, exp: 69376, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su jurisprudencia respecto de las normas procesales aplicables a estas acciones, en demandas presentadas después de la entrada en vigencia de la Ley 2213 de 2022. La aplicación de la regla jurisprudencial, por virtud de la misma decisión, rige para las sentencias proferidas luego de notificada la sentencia de unificación y en aquellos procesos en los que se haya notificado la sentencia y concedido la apelación. Dado que la demanda fue presentada antes de la vigencia de la Ley 2213 de 2022 y la sentencia de primera instancia fue proferida antes de la notificación de la sentencia de unificación, esta regla jurisprudencial no resulta aplicable.Radicación: 13001-23-33-000-2013-00300-01 (65972)

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el artículo 152.16 del CPACA.

2. Medio de control procedente – La existencia de condiciones uniformes respecto de la causa común del origen del daño

5. De conformidad con los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, y el artículo 145 del CPACA la acción de grupo , o medio de control de reparación de perjuicios

respecto de la causa común del origen del daño

5. De conformidad con los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, y el artículo 145 del CPACA la acción de grupo , o medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, —aquí presentada — es la idónea para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de perjuicios causados a un número plural o conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de la causa que los originó. En palabras de la Corte Constitucional:

“Las acciones de grupo o de c lase se originan en los daños ocasionados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única, para obtener la respectiva reparación y (…) a pesar de referirse a intereses comunes, se pueden individualizar en relación con el daño cuya indemnización se persigue. En este caso, se trata de proteger intereses particulares de sectores específicos de la población (por ejemplo, consumidores), de ahí su denominación original de Class Action. En cuanto se refiere a las acciones de clase o de grupo, hay que señalar que estas no hacen relación exclusivamente a derechos constituciones fundamentales, ni únicamente a derechos colectivos, toda vez que comprenden también derechos subjetivos de origen constitucional o legal, los cuales suponen siempre – a diferencia de las acciones populares – la existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante la juez. En este caso, lo que se pretende reivindicar es un interés personal cuyo objeto es obtener una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción . Sin embargo, también es de la esencia de estos instrumentos judiciales que el daño a reparar sea

obtener una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción . Sin embargo, también es de la esencia de estos instrumentos judiciales que el daño a reparar sea de aquellos que afectan a un número plural de personas que por su entidad deben ser atendidos de manera pronta y efectiva”14. (Negrillas y subrayados fuera del texto original)

Asimismo, esta Corporación ha determinado que:

“La ley 472 de 1998 exige como requisito de procedibilidad que el grupo que hace uso de la acción reúna condiciones uniformes respecto de la causa del daño (…).

En otras palabras, se exige identidad de la causa generadora del daño por el cual se pide la correspondiente indemnización de perjuicios. Requisito de acreditación de legitimidad procesal por activa, coherente del todo con la naturaleza plural del mecanismo procesal (mínimo 20 personas), que conlleva la necesidad de probar que el hecho dañoso, con independencia de que sea instantáneo o sucesivo, es el ‘origen de los perjuicios que se demandan, lo que permite que una o varias personas que han sufrido un daño individual puedan interponer una acción que beneficie al grupo, en lugar de presentar numerosas y múltiples acciones en interés particular, en el entendido de que las controversias son muy parecidas y la solución o decisión

14 Corte Constitucional. Sentencia C-215 de 1999.Radicación: 13001-23-33-000-2013-00300-01 (65972)

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en derecho podrá ser la misma y con efectos respecto de todos ellos (cosa juzgada ultra partes)'.”15 (Negrilla fuera del texto original).

Así, se ha reconocido que la procedibilidad de la acción de grupo pende de dos requisitos: “la uniformidad de la causa generadora del daño y a un número mínimo de 20 personas”16.

Se destaca, entonces, que la acción de grupo tiene como único propósito obtener la indemnización de los perjuicios causados a cada individuo17 cuando existan condiciones uniformes respecto de una misma causa generadora de un daño y ésta haya afectado a mínimo 20 personas 18. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional han admitido un número inferior de demandantes, siempre que se señalen los criterios que permitan identificar la vocación grupal de las pretensiones ; esto es, que la causa del daño haya podido perjudicar a lo menos a 20 personas19.

Respecto de la causa común de los perjuicios, la Sala Plena del Consejo de Estado ha establecido que, para la procedencia de la acción de grupo:

“(…) es necesario que la misma permita la decisión unitaria de la controversia y para ello se requiere la existencia de aspectos de hecho o de derecho comunes (condiciones uniformes) entre los miembros del grupo . No se trata de que las situaciones particulares de todos los miembros del grupo sean idénticas o iguales, pues es claro que pueden resultar perjuicios o daños disímiles en cuanto a su modalidad e intensidad (tanto el quantum como la modalidad: patrimonia les,

situaciones particulares de todos los miembros del grupo sean idénticas o iguales, pues es claro que pueden resultar perjuicios o daños disímiles en cuanto a su modalidad e intensidad (tanto el quantum como la modalidad: patrimonia les, morales, etc.), sino que es necesario que entre las mismas exista un común denominador o núcleo que pertenece o se extiende a todos ellos, derivado de la conducta dañina del demandado.”20. (Negrillas fuera del texto original).

De acuerdo con esta Sección21, la exigencia de que el grupo actor reúna condiciones uniformes respecto de la causa que originó los perjuicios implica la

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de marzo de 2011. Exp: 23001-23-31-000-2003-00650-02(AG). 16 Guayacán Ortiz, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo frente a las acciones colectivas. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2013. P. 424. 17 Corte Constitucional. Sentencia C215 de 1999 y Sentencia C1062 de 2000. 18 Artículo 46 de la Ley 472 de 1998. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 10 de febrero de 2005. Exp: AG -25000-23-06-000-2001-00213-01, y Corte C onstitucional. Sentencia C -116 de 2008. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 10 de junio de

2021. Exp: 76001-23-31-000-2002-04584-02(AG)REV-SU.

2008. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 10 de junio de

2021. Exp: 76001-23-31-000-2002-04584-02(AG)REV-SU. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007. Exp: 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG).Radicación: 13001-23-33-000-2013-00300-01 (65972)

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existencia de una litis colectiva, de «conveniencia y trascendencia social », que excede una mera acumulación subjetiva de pretensiones , y justifica un trámite preferencial y sumario 22, de modo que:

“Lo que se requiere, es acreditar desde la demanda la existencia misma del grupo y su conformación por un número superior a veinte víctimas, para valorar la procedencia de la acción y, por tanto, al demandante le corresponde señalar cuáles son las razones por las cuales, en su concepto, resulta necesario acudir a la acción de grupo y no a las acciones ordinarias para que las víctimas que conforman el grupo al que se refiere la demanda, logren la indemnización de daños que se pretende en ella . Y, será el Jue z quien en el auto admisorio de la demanda valore la procedencia de la acción de grupo por corresponder a una causa común y decida si ella es apropiada para resolver el asunto planteado en la

daños que se pretende en ella . Y, será el Jue z quien en el auto admisorio de la demanda valore la procedencia de la acción de grupo por corresponder a una causa común y decida si ella es apropiada para resolver el asunto planteado en la demanda, sin perjuicio de que al momento de decidir el superior, por ejemplo, el recurso de apelación, verifique este presupuesto de la acción.”23. (Negrillas fuera del texto original).

Ahora bien, la jurisprudencia ha señalado que, con posterioridad a la sentencia C569 de 8 de junio de 2004 de la Corte Constitucional, mediante la cual fueron declaradas inexequibles las expresiones “[l] as condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad ”, la trascendencia social de las pretensiones responde a que el perjuicio haya sido sufrido por más de 20 personas, de manera que:

“(…) Desaparecido este criterio diferenciador, para distinguir entre la procedencia de la acción de grupo y una acumulación subjetiva de pretensiones en las demás acciones reparatorias, no queda sino el número de personas afectadas con el daño proveniente de una misma causa . Así, si el daño fue sufrido por 20 o más personas procederá la acción de grupo, pero si se causó a un número inferior de personas, entonces esta acción no procede, debiendo acudirse por parte de los afectados a las acciones indemnizatorias establecidas e