CE - Sentencia 13001233300020130059802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 13-001-23-33-000-2013-00598-02 (70003)

Actor: RALPHY RAFAEL REYES OJEDA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA

NACIONAL

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA - REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIACADUCIDAD DE LA ACCIÓN - Configuración – El cómputo se debe hacer desde el momento de ocurrencia del daño o conocimiento del mismo./ CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ - En general no es determinante para iniciar el cómputo del plazo para presentar oportunamente la demanda.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se pretende la responsabilidad de la Armada Nacional por el trastorno psicótico adquirido por el entonces infante de marina Ralphy Rafael Reyes Ojeda, durante la prestación del servicio militar obligatorio, el cual derivó en hospitalizaciones recurrentes y en una disminución de la capacidad laboral del 30%.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

prestación del servicio militar obligatorio, el cual derivó en hospitalizaciones recurrentes y en una disminución de la capacidad laboral del 30%.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 26 de septiembre de 20131, el señor Ralplhy Rafael Reyes Ojeda y su grupo familiar 2 presentaron demanda de reparación directa en

1 SAMAI, índice 2. Archivo: ED_01EXPEDIENTECUADERNO(.pdf) NroActua 2. Folios 1-28. 2 Conformado por Rosa América Ojeda Orellano y Roberto Reyes Berrio (padres), Rosana Isabel Carillo López (Compañera Permanente), Lauren Nicolle Reyes Carrillo (Hija) y Nesley Reyes Mendoza, Ronny Roberto Reyes Ojeda y Royder Gabriel Reyes Ojeda ( Hermanos) .2

Radicación Número: 13-001-23-33-000-2013-00598-02 (70003)

Actor: RALPHY RAFAEL REYES OJEDA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por el “trastorno mental y descompensación física que padeci[ó]el ex soldado conscripto (…) Reyes Ojeda ”, que conllevó a una “disminución de la capacidad laboral y de producción del 30%”3.

Los hechos que motivaron la demanda fueron los siguientes: El joven Ralphy Rafael Reyes Ojeda ingresó a la Armada Nacional el 16 de junio de 2008, en calidad de Infante de Marina regular, para cumplir con el servicio militar

Los hechos que motivaron la demanda fueron los siguientes: El joven Ralphy Rafael Reyes Ojeda ingresó a la Armada Nacional el 16 de junio de 2008, en calidad de Infante de Marina regular, para cumplir con el servicio militar obligatorio previsto en el artículo 216 de la Constitución Política y en la Ley 48 de

1993. Al momento de su incorporación, los exámenes de aptitud sicofísica practicados conforme a la normatividad vigente certificaron que se encontraba en adecuado estado de salud física y mental, por lo que se consideró como apto para el servicio.

Durante los primeros meses de incorporación no presentó alteraciones de salud; sin embargo, a partir de su asignación al Batallón de Fuerzas Especiales, donde debía cumplir turnos frecuentes como centinela y enfrentar jornadas duplicadas por alertas de pos ibles ataques a la base militar, comenzó a manifestar alteraciones en su comportamiento. Según registros médicos y actas de la Dirección de Sanidad Naval, en febrero de 2009 se evidenciaron síntomas de insomnio, alucinaciones auditivas y visuales, así como ideas delirantes referenciales, lo que llevó a su diagnóstico inicial de episodio psicótico agudo multifactorial. En abril de 2010, fue hospitalizado en el Hospital Naval de Cartagena por un cuadro psicótico agudo, con incapacidad médica de noventa días. El 27 de octubre de 2010, la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional le practicó a Ralphy Rafael Reyes Ojeda una Junta Médico Laboral, en la que se concluyó que si bien el referido joven había superado el episodio psiquiátrico, no era apto para continuar en el servicio militar, lo que implicó su retiro de la institución.

Ojeda una Junta Médico Laboral, en la que se concluyó que si bien el referido joven había superado el episodio psiquiátrico, no era apto para continuar en el servicio militar, lo que implicó su retiro de la institución.

3 Como consecuencia de la anterior declaración, en la demanda se solicitó, por concepto de perjuicios morales, el reconocimiento de 100 SMLMV; por daño a la vida de relación, la suma equivalente a 100 SMLMV en favor de cada uno de los integrantes de la part e actora; por la “afectación del proyecto de vida ”, 100 SMLMV para Ralplhy Rafael Reyes Ojeda; y por daño a la salud, 100 SMLMV para la víctima directa. Asimismo, se reclamó por concepto de lucro cesante la suma de $180’463.3133

Radicación Número: 13-001-23-33-000-2013-00598-02 (70003)

Actor: RALPHY RAFAEL REYES OJEDA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

El 25 de mayo de 2011, tras nuevas recaídas, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía estableció que presentaba una disminución de su capacidad psicofísica equivalente al 30%. De acuerdo con las historias clínicas allegadas, el ex Infante de Marina nunca recuperó plenamente su estado de salud, ya que el trastorno psicótico adquirido durante la prestación del servicio militar obligatorio persistió en el tiempo, requirió hospitalizaciones recurrentes y tratamientos continuos, sin que la Armada Nacional asumiera en forma permanente la atención médica especializada.

durante la prestación del servicio militar obligatorio persistió en el tiempo, requirió hospitalizaciones recurrentes y tratamientos continuos, sin que la Armada Nacional asumiera en forma permanente la atención médica especializada.

2. La respuesta de la entidad accionada4

La Nación -Ministerio de Defensa -Armada Nacional 5 sostuvo que en el presente asunto no se configuraban los elementos de la falla en el servicio ni del daño especial. Señaló que la afectación sufrida por Ralphy Rafael Reyes Ojeda correspondía a una enfermedad de origen común, con componentes personales, familiares y biológicos, que pudo manifestarse en cualquier momento de su vida y que, aunque apareció durante la prestación del servicio militar, no tuvo como causa el régimen castrense. Manifestó que la valoración efectuada por el Tribunal Médico Laboral Militar reflejó la realidad clínica del conscripto, en concordancia con las historias médicas del Hospital Naval de Cartagena y de la Clínica Psiquiátrica del Caribe I.P.S., en las que se evidenció que el trastorno no guardaba relación con la actividad militar. Agregó que, aún en el evento de aceptarse que el servicio hubiera desencadenado la patología, esta debió desaparecer con la desvinculación ocurrida en junio de 2011, dado que se trataba de un cuadro asociado al estrés, el cual por naturaleza es transitorio. No obstante, los episodios psicóticos persistieron más allá de la finalización del servicio. En ese sentido, la entidad afirmó que no existía nexo causal entre la actividad militar y el daño alegado, y que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, no todo perjuicio sufrido por los particulares es imputable al Estado. Para que surja

En ese sentido, la entidad afirmó que no existía nexo causal entre la actividad militar y el daño alegado, y que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, no todo perjuicio sufrido por los particulares es imputable al Estado. Para que surja

4 El Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda el 20 de noviembre de 2013, decisión que se notificó de manera electrónica a la Nación -Ministerio de Defensa-Armada Nacional, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. SAMAI, índice 2. Archivo: ED_01EXPEDIENTECUADERNO(.pdf) NroActua 2. Folios 108-111. 5 SAMAI, índice 2. Archivo: ED_02EXPEDIENTECUADERNO(.pdf) NroActua 2. Folios119-132.4

Radicación Número: 13-001-23-33-000-2013-00598-02 (70003)

Actor: RALPHY RAFAEL REYES OJEDA Y OTROS

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responsabilidad patrimonial se requiere que el daño tenga origen directo en la actuación estatal, lo que no se demostró en este caso.

3. La sentencia de primera instancia6

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia del 10 de febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda. En primer lugar, reconoció que el daño alegado se encontraba demostrado, pues las pruebas daban cuenta de los múltiples ingresos de Ralphy Rafael Reyes Ojeda a urgencias del Hospital Naval de Cartagena con diagnósticos de episodios

En primer lugar, reconoció que el daño alegado se encontraba demostrado, pues las pruebas daban cuenta de los múltiples ingresos de Ralphy Rafael Reyes Ojeda a urgencias del Hospital Naval de Cartagena con diagnósticos de episodios psicóticos agudos, así c omo de la pérdida del treinta por ciento (30%) de su capacidad laboral determinada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Frente a la imputación, el Tribunal analizó la historia clínica y los dictámenes médicos, en los que se dejó consignado que, si bien la enfermedad apareció durante la prestación del servicio militar, no se estableció que hubiese tenido origen en esa actividad. Destacó que la Junta Médico Laboral de octubre de 2010 calificó el episodio como resuelto y señaló que el trastorno correspondía a una patología de origen común, encuadrada en el literal A del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, esto es, surgida en el servicio pero no por causa y razón del mismo. Advirtió que no existía prueba que acreditara que el trastorno psicótico tuvo su génesis, síntomas y empeoramiento en las condiciones propias del servicio militar obligatorio, ni que la patología se hubiera desencadenado por un trato inadecuado durante su permanencia en la institución. En ese sentido, señaló que si bien el régimen de responsabilidad aplicable a los conscriptos es de naturaleza objetiva, no se acreditó que el daño guardara relación de causalidad con la actividad militar desarrollada por el Estado.

6 El 9 de junio de 2015 y 30 de agosto de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el

se acreditó que el daño guardara relación de causalidad con la actividad militar desarrollada por el Estado.

6 El 9 de junio de 2015 y 30 de agosto de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, oportunidad en la que se agotaron las etapas previstas en la norma en comento. El recaudo probatorio se llevó a cabo según se dejó con stancia en audiencia de pruebas del 15 de septiembre de 2016. Luego, por auto del 22 de julio de 2019, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en su lugar, se ordenó la presentación de alegatos de conclusión por escrito. En esta oportunidad procesal, la parte demandante y la Armada Nacional se pronunciaron y reiteraron lo expuesto en cada uno de sus escritos. Samai, índice 2. Archivo

ED_03EXPEDIENTECUADERNO(.pdf) NroActua 2.5

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4. El recurso de apelación7

La parte actora cuestionó que el Tribunal Administrativo de Bolívar hubiera concluido que no se probó la relación de causalidad entre la enfermedad mental del señor Ralphy Rafael Reyes Ojeda y la prestación del servicio militar. Se sostuvo que, por el cont rario, estaba demostrado que al momento de su incorporación, el joven gozaba de adecuado estado físico y mental, como constaba en la ficha

señor Ralphy Rafael Reyes Ojeda y la prestación del servicio militar. Se sostuvo que, por el cont rario, estaba demostrado que al momento de su incorporación, el joven gozaba de adecuado estado físico y mental, como constaba en la ficha médico-odontológica de ingreso. Los síntomas aparecieron únicamente después de su asignación al Batallón de Fuerzas E speciales, donde fue sometido a jornadas excesivas como centinela y a una presión psicológica constante derivada de la amenaza de ataques armados, circunstancias que constituyeron factores de riesgo psicosocial determinantes en el inicio de los episodios psicóticos. Destacó que los testimonios y la historia clínica evidenciaban que el entonces infante de marina empezó a padecer insomnio, alucinaciones e ideas delirantes en el marco de su actividad castrense, lo que motivó incapacidades médicas, hospitalizaciones reite radas y tratamientos antipsicóticos continuos. La censura recalcó que no era de esperar que las historias médicas señalaran expresamente que la patología era consecuencia de las condiciones de servicio, pues los galenos se limitaban a describir el estado c línico, pero le correspondía al juez valorar el entorno de riesgo laboral en el que se produjeron los síntomas. En ese sentido, se afirmó que el daño era imputable a la Armada Nacional, no solo porque los episodios psicóticos se desencadenaron a partir de las exigencias propias del Batallón de Fuerzas Especiales, sino también porque la institución no implementó medidas de prevención en salud mental exigidas en el sistema de salud militar. Por ello, se insistió en que existía nexo causal entre la actividad estatal y el

propias del Batallón de Fuerzas Especiales, sino también porque la institución no implementó medidas de prevención en salud mental exigidas en el sistema de salud militar. Por ello, se insistió en que existía nexo causal entre la actividad estatal y el trastorno sufrido por el conscripto, lo que abría paso a la declaratoria de responsabilidad administ rativa de la entidad demandada y la consecuente reparación.

7 El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación el 4 de octubre de 2023 (SAMAI, índice 4).6

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia En los términos del artículo 152.6 de la Ley 1437 de 2011 8, los tribunales administrativos son competentes para conocer en primera instancia los procesos de reparación directa cuya cuantía supere los 500 SMLMV 9, correspondiendo su apelación al Consejo de Estado, conforme al artículo 150 de la misma norma 10. En este caso, la parte demandante reclamó por concepto de lucro cesante un total de “$1.123’840.163”, monto que excede el umbral legal, de ahí que el conocimiento en primera instancia le correspondiera al a quo.

2. Caducidad del medio de control de reparación directa Como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado11, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar

primera instancia le correspondiera al a quo.

2. Caducidad del medio de control de reparación directa Como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado11, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de s atisfacer sus pretensiones, término que, en caso de vencerse, tiene como consecuencia la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos sus derechos.

La figura de la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente solicitud de conciliación extrajudicial en derecho 12, se dé inicio al trámite de extensión de jurisprudencia dispuesto en el artículo 102 del CPACA, o se haya solicitado a la Sala de Consulta y Servicio Civil concepto para precaver controversias interadministrativas -artículo 1127 del CPACA-. Este fenómeno procesal tampoco admite renuncia y, de encontrarse probado, debe ser declarada de oficio por el juez.

8 Régimen procesal aplicable a la demanda radicada el 18 de diciembre de 2014. 9 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) “6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

“6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 10“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 6 de agosto de 2009, expediente No. 36.834, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterado por esta Subsección, entre otras, en: sentencia del 26 de febrero de 2014, expediente No. 27.588, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; auto del 12 de mayo de 2016, expediente No. 56.601 y sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente No. 39.435. 12 En concordancia con lo previsto por las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001.7

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Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

De conformidad con lo previsto en el literal i, del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos (2) años.

Ahora, para efectos de determinar el momento a partir del cual empieza a correr el término para presentar la demanda, en eventos de lesiones personales causadas a

años.

Ahora, para efectos de determinar el momento a partir del cual empieza a correr el término para presentar la demanda, en eventos de lesiones personales causadas a una persona, la jurisprudencia ha distinguido los hechos que generan efectos perjudiciales in mediatos en su integridad psicofísica, de aquellos cuyas consecuencias se advierten con posterioridad. Ese criterio fue acogido por el legislador en el literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, al señalar que el parámetro a seguir para el inicio d el cómputo del término de caducidad es el momento en el que “el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo [del daño] si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

La Sala reitera, además, que es una carga de la parte demandante demostrar cuándo conoció el daño, y, si es pertinente, la imposibilidad de haberlo conocido en el momento de su causación, por lo que el juez debe estudiar lo ocurrido en cada caso y determinar la fecha en la cual comenzó a correr el término para demandar.

La Sección ha considerado que: “el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término, razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del intere sado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior, pues, si no existen tales motivos, no hay l ugar a aplicación de los criterios que ha establecido

revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior, pues, si no existen tales motivos, no hay l ugar a aplicación de los criterios que ha establecido la Sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales”13.

Por lo tanto, es preciso concluir que el término para contar la caducidad no puede extenderse indefinidamente, ni depender de la voluntad de los interesados en accionar y no es posible, so pretexto de aplicar un enfoque constitucional, desatender la aplica ción de normas de orden público que materializan el derecho fundamental constitucional del debido proceso, afectando de paso la seguridad jurídica, cuando lo que resulta procedente es la valoración de cada caso con sus particularidades concretas.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 9 de febrero de 2011, Exp. 38271, M.P.: Danilo Rojas Betancourth.8

Radicación Número: 13-001-23-33-000-2013-00598-02 (70003)

Actor: RALPHY RAFAEL REYES OJEDA Y OTROS

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Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

En estas condiciones, la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a través de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez no puede constituirse como parámetro para contabilizar el término de caducidad, pues dicha experticia no comporta un diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por una persona, pues la junta se limita a calificar una situación

no puede constituirse como parámetro para contabilizar el término de caducidad, pues dicha experticia no comporta un diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por una persona, pues la junta se limita a calificar una situación preexistente con base en las pruebas aportadas, entre las cuales se destaca la historia clínica del intere sado; además, la junta puede ordenar la práctica de exámenes complementarios para determinar aspectos necesarios que inciden en la valoración de cada caso concreto14.

Como ya lo dijo la Sección 15, la función de la junta es la de calificar la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su origen, es decir, establecer la magnitud de una lesión respecto de la cual el afectado directo tiene conocimiento previo, en función de la c apacidad laboral de la víctima; por tanto, no constituye criterio que determine el conocimiento del daño, elemento que importa para el cómputo del término de la caducidad, pues se resalta que debe diferenciarse el daño de su magnitud, porque la caducidad t iene relación y punto de partida con el conocimiento del primero.

Por lo que se reitera, “al hacerse depender el cómputo del término de caducidad de la notificación del dictamen practicado por la junta de calificación de invalidez, se dejaría en manos de la víctima directa del daño la facultad de decidir el momento a partir del cual inicia el c onteo, pues podría diferir en el tiempo su notificación o, incluso, no realizar el trámite para la calificación de la pérdida de capacidad laboral, lo que dejaría en el limbo la fecha de inicio del conteo”.

Además, la calificación de invalidez no constituye un requisito de procedibilidad para

incluso, no realizar el trámite para la calificación de la pérdida de capacidad laboral, lo que dejaría en el limbo la fecha de inicio del conteo”.

Además, la calificación de invalidez no constituye un requisito de procedibilidad para demandar y, por ello, el afectado puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sede de reparación directa, aunque no se le hubiere valorado la magnitud de la lesión, por cuanto la exigencia de tal requisito para el cómputo de la caducidad implicaría la creación de un requerimiento que la ley no contempla.

Por tanto, es pertinente resaltar que el demandante bien puede aportar o solicitar las pruebas periciales que estime pertinentes para probar el grado de afectación en el transcurso del proceso.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 2018, exp. 47308, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 15Ibídem9

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Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Igualmente, como ya lo estableció la jurisprudencia de la Sala16, si el juez encuentra probado el daño pero no su magnitud, bien puede imponer condena en abstracto para que, en incidente posterior, se determine el grado de afectación; por lo tanto, no existe razón para contar el término de caducidad a partir de la valo ración o notificación del dictamen realizado por la junta médica.

3. Caso concreto

para que, en incidente posterior, se determine el grado de afectación; por lo tanto, no existe razón para contar el término de caducidad a partir de la valo ración o notificación del dictamen realizado por la junta médica.

3. Caso concreto Previo a analizar de fondo este aspecto, la Sala considera pertinente referirse al trámite surtido en la audiencia inicial de primera instancia, en la cual se estudió la excepción de caducidad propuesta por la Armada Nacional.

En su escrito de contestación, la entidad accionada sostuvo que el término de caducidad del medio de control de reparación directa debía contarse desde el momento en que el demandante tuvo conocimiento de la lesión padecida, esto es, a partir de febrero de 2009, cuando comenzaron los tratamientos médicos al Infante de Marina Ralphy Rafael Reyes Ojeda. En criterio de la institución, la acción no podía ser presentada tres años después de la ocurrencia del hecho generador, tomando como referencia la notificaci ón del Acta del Tribunal Médico Laboral, por cuanto para esa fecha el término de caducidad ya se encontraba vencido. En la audiencia inicial, el Tribunal consideró que el término de caducidad no podía contarse desde las primeras hospitalizaciones ni de las juntas médicas de 2010, pues en ellas no se acreditó de manera definitiva la existencia del daño. Señaló que solo con el dictamen del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía del 25 de mayo de 2011, en el que se estableció una pérdida del 30% de la capacidad laboral, se tuvo certeza de la concreción del daño, por lo que fijó esa fecha como punto de partida para el cómputo del término.

25 de mayo de 2011, en el que se estableció una pérdida del 30% de la capacidad laboral, se tuvo certeza de la concreción del daño, por lo que fijó esa fecha como punto de partida para el cómputo del término. La decisión fue apelada por la Armada Nacional y confirmada por esta Corporación mediante auto del 4 de noviembre de 2015. Se indicó que de las Actas de Junta Médico Laboral de abril y octubre de 2010 no podía inferirse la concreción definitiva del daño, p ues en la primera se catalogó el episodio psicótico como breve y transitorio, y en la segunda se concluyó que se encontraba resuelto tras un año de tratamiento. Solo con el dictamen del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía del 25 de mayo de 2011, notificado el 27 de julio de ese año, se determinó

16 Ibídem.10

Radicación Número: 13-001-23-33-000-2013-00598-02 (70003)

Actor: RALPHY RAFAEL REYES OJEDA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

la existencia de una incapacidad permanente parcial con una disminución 30% de la capacidad laboral, por lo que esa fecha debía considerarse como el punto de partida para el cómputo. En consecuencia, si se contaba el término a partir de ese momento, la demanda fue presentada en tiempo, pues, precisamente, se radicó el último día para hacerlo. La Sala no pierde de vista que, en el trámite de primera instancia, ya se efectuó un

momento, la demanda fue presentada en tiempo, pues, precisamente, se radicó el último día para hacerlo. La Sala no pierde de vista que, en el trámite de primera instancia, ya se efectuó un examen en torno a la oportunidad del medio de control ejercido; sin embargo, debe resaltarse que este constituye un presupuesto procesal ineludible para dictar sentencia y , por tanto, corresponde al juez pronunciarse al respecto, del mismo modo que ocurre con aspectos como la legitimación en la causa17. Lo anterior, por cuanto el análisis inicial de la caducidad se limitó a valorar las actas de junta médico laboral, sin tener en cuenta otros medios de convicción que obran en el expediente, como la historia clínica y demás documentos que resultan igualmente relevantes para establecer la fecha de concreción del daño. Así las cosas, siendo la caducidad un requisito que condiciona la posibilidad de adoptar una decisión de fondo, la Sala procederá a efectuar un examen integral del acervo probatorio, a fin de determinar si la demanda fue presentada dentro del término legal previsto para el ejercicio del medio de control de reparación directa. En el presente asunto se acreditó que el joven Ralphy Rafael Reyes Ojeda inició la prestación de su servicio militar obligatorio el 12 de junio de 2008 18 y que, al momento de su ingreso a la vida militar, gozaba de un buen estado de salud física y mental, tal como se desprende de la ficha médica de incorporación19. También se probó que el joven Reyes Ojeda fue asignado al batallón de fuerzas especiales, unidad en la que cumplió turnos20 como guardia de prevención los días

y mental, tal como se desprende de la ficha médica de incorporación19. También se probó que el joven Reyes Ojeda fue asignado al batallón de fuerzas especiales, unidad en la que cumplió turnos20 como guardia de prevención los días 21 de enero de 2009 -con doble turno-; 24, 25 y 26 de enero; 4 y 5 de febrero; 18, 26 y 27 de febrero; así como los días 8, 9, 10, 12 y 14 de abril del mismo año.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 6 de abril de 2