CE - Sentencia 13001233300020130080601 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 13001233300020130080601 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00806-01 (68832)
Demandante: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo —Fonade— Demandados: Departamento de Bolívar, municipio de San Juan Nepomuceno, municipio de San Jacinto y NaciónMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Referencia: Controversias contractuales – CPACA
TEMAS: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – son acuerdos de voluntades suscritos entre entidades públicas para la consecución de un fin común de interés público , caracterizados por su naturaleza asociativa y de cooperación, cuyo régimen jurídico se encuentra determinado, en primer término, por sus propias estipulaciones contractuales y, en lo no previsto, por los principios que orientan la función administrativa y la contratación estatal . INTERPRETACIÓN DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES – aplicación del criterio de especial prevalencia de la intención común de las partes sobre el tenor literal cuando exista duda, y respeto a lo expresamente convenido cuando las estipulaciones sean claras en su alcance y destinatarios. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y SU ALCANCE SUBJETIVO – estipulación sancionatoria que fija anticipadamente las consecuencias económicas del incumplimiento, exigible únicamente frente a los sujetos que fueron expresamente previstos en el contrato.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
económicas del incumplimiento, exigible únicamente frente a los sujetos que fueron expresamente previstos en el contrato.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de marzo de 2022, proferida por la Sala de Decisión No. 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La controversia suscitada en el sub judice gira en torno al eventual incumplimiento del departamento de Bolívar respecto de las obligaciones asumidas en virtud del convenio de apoyo financiero 2053762 de 2005, suscrito con el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo —en lo sucesivo, Fonade— y los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, cuyo objeto consist ió en aunar esfuerzos para apoyar la ejecución del proyecto de optimización y ampliación del sistema de acueducto regional. La parte actora sostiene que la entidad departamental, encargada de ejecutar una de las obras que componían el proyecto objeto del convenio, no la culminó ni alcanzó un grado de avance que asegurara su funcionalidad, razón por la cual, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, solicita que se declare su incumplimiento, se haga efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada y se proceda a la liquidación judicial del convenio, disponiendo la liberación de los aportes no ejecutados.Radicado: 13001-23-33-000-2013-00806-01 (68832)
Demandante: Fonade
a la liquidación judicial del convenio, disponiendo la liberación de los aportes no ejecutados.Radicado: 13001-23-33-000-2013-00806-01 (68832)
Demandante: Fonade
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En primera instancia, el a quo declaró el incumplimiento del departamento de Bolívar y procedió a liquidar judicialmente el convenio, liberando los aportes no ejecutados por un monto de $43’301.978; no obstante, negó la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, al considerar que dicha estipulación únicamente resultaba exigible frente al incumplimiento de las obligaciones a cargo de los municipios beneficiarios, mas no respecto de aquellas asumidas por el ente departamental. Inconforme con esa decisión, Enterritorio —antes Fonade— interpuso recurso de apelación, insistiendo en la procedencia de la sanción pecuniaria, al estimar que su cobertura también se extendía al eventual incumplimiento del departamento de Bolívar, máxime si se tiene en cuenta que la obra a su cargo nunca alcanzó un estado de funcionalidad.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 22 de noviembre de 20131, Fonade presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales , contra el departamento de Bolívar, el municipio de San Juan Nepomuceno, el municipio de San Jacinto y la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio —en lo sucesivo, el Ministerio—, con las pretensiones que se transcriben a continuación d e manera literal, incluso con posibles errores:
«PRIMERA: Que se declare la responsabilidad del departamento de Bolívar por el
pretensiones que se transcriben a continuación d e manera literal, incluso con posibles errores:
«PRIMERA: Que se declare la responsabilidad del departamento de Bolívar por el incumplimiento del Convenio de Apoyo Financiero 2053762 de 2005 celebrado entre Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio), el Fonade, el departamento de Bolívar y los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, para el ‘proyecto de optimización y ampliación del sistema de acueducto de San Juan Nepomuceno incluyendo las obras necesarias para suministrar a partir de San Juan Nepomuceno el servicio de agua potable al municipio de San Jacinto entregando el agua en la planta de potabilización de regeneración en los municipios’, por haber incumplido los numerales 8, 10 y 17 de la cláusula tercera del referido convenio.
SEGUNDA: Que como consecuencia de dicha declaración y teniendo en cuenta que el departamento de Bolívar incurrió en incumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas en particular de las contenidas en los numerales 8 y 10 de la cláusula tercera del Convenio de Apoyo Financiero 2053762, se condene al departamento
de Bolívar al pago de:
a) La cláusula penal establecida en la cláusula decima segunda del convenio de apoyo financiero, la cual asciende a un porcentaje equivalente del 70% de la cláusula penal en cuanto al monto proporcional de los aportes del departamento, es decir […] $43.794.488,90;
b) Los recursos no ejecutados por Fonade, por valor de […] $43.301.978
de la cláusula penal en cuanto al monto proporcional de los aportes del departamento, es decir […] $43.794.488,90;
b) Los recursos no ejecutados por Fonade, por valor de […] $43.301.978 serán liberados y reintegrados al Convenio 027 de 2004 – (194048 de Fonade).
TERCERA: El departamento de Bolívar deberá culminar las obras faltantes correspondientes a la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de
1 Samai, índice 2, documento identificado como «ED_02EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2 », Fl. 5 a 19.Radicado: 13001-23-33-000-2013-00806-01 (68832)
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Perico en las condiciones técnicas en que fue viabilizado el proyecto por parte del Ministerio, y las cuales son necesarias para poner en óptimo funcionamiento el acueducto regional San Jacinto - San Juan Nepomuceno, en un plazo máximo de 18 meses, contados a partir de la aprobación por parte del juez de la sentencia, periodo en el que el Ministerio hará seguimiento de las obras para su cumplimiento.
CUARTA: En caso de incumplimiento de la obligación establecida en la pretensión anterior, el departamento de Bolívar deberá pagar al Ministerio el valor correspondiente al saldo pendiente de la penalidad acordada en la cláusula décimo segunda (cláusula penal 10% del aporte total de la Nación al Convenio), equivalente a la resta del total de la cláusula penal por un valor de […] $781.606.514,70 menos la parte de la cláusula cobrada en la segunda pretensión por valor de […]
a la resta del total de la cláusula penal por un valor de […] $781.606.514,70 menos la parte de la cláusula cobrada en la segunda pretensión por valor de […] $43.794.488,90. Para un gran valor total a pagar de […] $737.812.025,80.
QUINTA: Que se liquide el Convenio de Apoyo Financiero 2053762 de 2005 celebrado entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ), el Fonade, el departamento de Bolívar y los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto , en los términos y condiciones de las declaraciones que anteceden.
SEXTA: En el evento en que la entidad territorial incumpla con alguno de los pagos dinerarios establecidos en la solicitud de conciliación, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio iniciara las acciones judiciales tendientes a exigir el cumplimiento ejecutivo de dichas obligaciones.
SEPTIMA: Que se condene en costas al ente territorial que incumplió el convenio.
OCTAVA: Que se ordene a la parte convocada al cumplimiento de la conciliación en los términos de los artículos 192 y 194 del CPACA».
1.2. En síntesis, la parte actora relató los siguientes hechos:
1.2.1. El 22 de octubre de 2004, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Fonade celebraron el convenio interadministrativo marco de gerencia de proyectos 27 de 2004 —también identificado con el número 194048 de 2004— , con el objeto de «prestar los servicios técnicos, jurídicos, administrativos y
Desarrollo Territorial y Fonade celebraron el convenio interadministrativo marco de gerencia de proyectos 27 de 2004 —también identificado con el número 194048 de 2004— , con el objeto de «prestar los servicios técnicos, jurídicos, administrativos y realizar las acciones necesarias para ejecutar la gerencia de la interventoría, técnica, administrativa y financiera del proyecto denominado ‘proyecto de Agua Potable y Saneamiento Básico Ambiental, que utilicen recursos de la Nación, financiados a través del mecanismo de ventanilla única’, así como coordinar las actividades para la ejecución de las obligaciones de convenios de apoyo financiero que se suscriban entre el Ministerio, Fonade y las entidades a las que se les viabilice proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico Ambiental».
En la cláusula séptima de dicho acuerdo se estipuló que Fonade prestaría apoyo y asistencia al Ministerio , consistente en asesoría técnica , jurídica, administrativa y financiera, disponiendo para ello de los recursos humanos y físicos necesarios para el cabal desarrollo del objeto convenido, obligándose, entre otras cosas, a «elaborar las actas de liquidación de los convenios interadministrativos de los contratos de interventoría, las liquidaciones de los convenios interadministrativos» , las cuales debían ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el Ministerio.Radicado: 13001-23-33-000-2013-00806-01 (68832)
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1.2.2. En desarrollo del convenio marco, el 24 de noviembre de 2005, el Ministerio, Fonade, el departamento de Bolívar y los municipios de San Juan Nepomuceno y
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1.2.2. En desarrollo del convenio marco, el 24 de noviembre de 2005, el Ministerio, Fonade, el departamento de Bolívar y los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto suscribieron el convenio de apoyo financiero 2053762 de 2005, cuyo objeto era «aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras correspondientes al ‘proyecto de optimización y ampliación del sistema de acueducto de San Juan Nepomuceno incluyendo las obras necesarias para suministrar a partir de San Juan Nepomuceno el servicio de agua potable al municipio de San Jacinto entregando el agua a la planta de potabilización de regeneración’ en los municipios».
En dicho acuerdo de voluntades se pactaron , entre otros aspectos , los siguientes: (i) que su duración inicial se extendía hasta el 31 de diciembre de 2006 —plazo que, tras la suscripción de varias prórrogas, fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2010— y que contaría con un término de liquidación de 8 meses ; (ii) que su valor ascendía a $9.121’010.036; (iii) que la fuente de financiación del convenio estaría integrada por los siguientes aportes: (a) $8.254’010.036 aportados por el Ministerio a los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto —$4.681’395.000 para el primero y $3.572’615.000 para el segundo —, montos amparados por el convenio marco de 2004; (b) $167’000.000 aportados por el municipio de San Jacinto, y (c) $700’000.000 aportados por el departamento de Bolívar ; y (iv) que el Ministerio
marco de 2004; (b) $167’000.000 aportados por el municipio de San Jacinto, y (c) $700’000.000 aportados por el departamento de Bolívar ; y (iv) que el Ministerio desembolsaría los recursos del convenio a Fonade, entidad que, previa aprobación de los municipios y con el visto bueno del interventor designado, efectuaría los pagos directamente a los contratistas de obras y/o suministros derivados del mismo.
1.2.3. Con ocasión del convenio de apoyo financiero , los municipios de San Juan Nepomuceno y de San Jacinto celebraron, con los recursos girados por el Ministerio a través de Fonade, los contratos de obra y suministro SOPOP-AP-BM-0001-2006; SOPOP-AP-BM-0002-2006; SOPOP -AP-BM01-2007 y BM -01-2006, los cuales fueron ejecutados de forma integral y liquidados oportunamente; por su parte, el departamento de Bolívar suscribió, con recursos propios, el contrato SAP -604 de 20082, cuyo objeto consistía en la «construcción y puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento de agua potable en Perico, para el sistema de acueducto regional San Juan - San Jacinto»; no obstante, su ejecución presentó dificultades técnicas y presupuestales que impidieron su adecuada culminación, alcanzando únicamente un avance físico del 24.83%, según consta en el informe final elaborado por la interventoría, en el que advirtió, además, que durante su desarrollo surgieron ítems no previstos que requerían recursos adicionales por la suma de $265’380.075, indispensables para la adecuada terminación de la obra , los cuales nunca fueron
por la interventoría, en el que advirtió, además, que durante su desarrollo surgieron ítems no previstos que requerían recursos adicionales por la suma de $265’380.075, indispensables para la adecuada terminación de la obra , los cuales nunca fueron aportados por la entidad departamental bajo el argumento de que el contrato carecía de viabilidad jurídica para ser adicionado.
1.2.4. Con base en lo anterior, concluyó que el departamento de Bolívar incumplió los compromisos asumidos en el marco del convenio de apoyo financiero 2053762
2 En la demanda se precisó que el contrato de obra SAP -604 de 2008 comprendía la ejecución de varias obras; sin embargo, solamente una de ellas se enmarcaba dentro del convenio de apoyo financiero 20533762 de 2005, correspondiente a la «ampliación de la planta de tratamiento de Perico, ubicada en San Juan Nepomuceno», por un valor de $691’352.222, la cual debía ser ejecutada con los recursos de la gobernación de Bolívar a los que se comprometió en el referido convenio.Radicado: 13001-23-33-000-2013-00806-01 (68832)
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de 2005, al no culminar la obra a su cargo, lo que impidió la plena funcionalidad del sistema de acueducto regional, a pesar de la significativa inversión efectuada por la Nación.
1.3. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que el departamento de Bolívar incumplió las obligaciones previstas en los numerales 8 y 10 de la cláusula tercera del convenio de apoyo financiero 2053762 de 2005, las
el departamento de Bolívar incumplió las obligaciones previstas en los numerales 8 y 10 de la cláusula tercera del convenio de apoyo financiero 2053762 de 2005, las cuales establecían: (i) «gestionar, si fuere necesario, la obtención de recursos de aporte local y/o regional para asegurar la terminación del objeto del presente convenio, cuando por ajustes o actividades no programadas, costos adicionales de interventoría originado por causas no atribuibles a las partes o cualquier otro valor adicional no establecido en el proyecto inicial, sea imposible cubrir tales erogaciones con la partida de imprevistos que se haya definido en el plan financiero aprobado»; y (ii) «adoptar y coordinar todas la acciones para asegurar la operación y mantenimiento y, en general, la sostenibilidad del proyecto y su buen servicio»
En consecuencia, señaló que, dado que la obra ejecutada en virtud del convenio de apoyo financier o «no presenta una funcionalidad acorde a las necesidades regionales que motivaron su aprobación, pese a haber transcurrido más de 2 años desde su fecha de terminación» , procede la aplicación proporcional de la cláusula penal pactada en dicho acuerdo, la cual establece que «en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente convenio, pagará al Ministerio, a título de pena, una suma equivalente al 10% del valor del aporte del Ministerio».
Así las cosas , concluyó que el valor a pagar por la entidad departamental , por concepto del incumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción del convenio —«que en todo caso no obrará en perjuicio de los compromisos adquiridos encaminados a la culminación de las obras en cuestión ni del cobro total de la
concepto del incumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción del convenio —«que en todo caso no obrará en perjuicio de los compromisos adquiridos encaminados a la culminación de las obras en cuestión ni del cobro total de la cláusula penal en los término estipulados en el convenio de apoyo Financiero (10% valor aportes de la Nación) ante el eventual incumplimiento de las obligaciones aquí adquiridas»—, corresponde a $43’794.488,90, calculado de la siguiente manera:
CONCEPTO VALOR
Aportes de la Nación al Convenio (1)
$8.254’010.036 Valor de la cláusula penal —10 %— (2) $825’401.003,60 Valor total del convenio de apoyo financiero (3) $9.121’010.036 Valor final de la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de Perico dentro del contrato de obra (4) $691’352.222,46 Porcentaje representativo del contrato de obra SAP-604 de 2008, respecto al valor total del convenio de apoyo financiero (5) = (4) / (3) 7.58% Valor representativo del contrato de obra SAP -604 de 2008, respecto al valor de la cláusula penal (6) = (2) (5) $62’563.555,57 70% del valor representativo del contrato de obra SAP -604 de 2008, respecto al valor de la cláusula penal (7) = (6) 75.17% $43’794.488,90Radicado: 13001-23-33-000-2013-00806-01 (68832)
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2. Contestación de la demanda
$43’794.488,90Radicado: 13001-23-33-000-2013-00806-01 (68832)
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2. Contestación de la demanda
2.1. El Ministerio3 estimó «legítimo no oponerse a las pretensiones de la demanda, bajo el entendido de que surge la necesidad de liquidar el referido convenio tripartito y establecer un cruce de cuentas» , liquidación en la que se indique , como está demostrado en el expediente, que dio cabal cumplimiento a las obligaciones asumidas al suscribir el convenio de apoyo financiero 2053762 de 2005, las cuales consistían en aportar, a través de Fonade, la suma indicada en la cláusula octava de dicho acuerdo —8.254’010.036— y en realizar el seguimiento de su ejecución.
2.2. El departamento de Bolívar4 se opuso a todas las pretensiones formuladas en la demanda, al considerar, en primer lugar, que la ejecución del contrato SAP -604 de 2008, celebrado con el Consorcio CF San Jacinto para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en Perico, no constituía una obligación a cargo del departamento en el marco del convenio de apoyo fi nanciero 2053762 de 2005, pues dicho instrumento incluyó exclusivamente compromisos para los municipios. En segundo lugar, y en línea con lo anterior, afirmó que la cláusula penal pecuniaria prevista en el convenio no podía aplicarse en su contra, ya que esta fue pactada de manera expresa y directa para sancionar el incumplimiento de los municipios, por lo que , a su juicio, extender sus efectos al ente departamental
pecuniaria prevista en el convenio no podía aplicarse en su contra, ya que esta fue pactada de manera expresa y directa para sancionar el incumplimiento de los municipios, por lo que , a su juicio, extender sus efectos al ente departamental desconocería el principio según el cual el contrato es ley para las partes.
2.3. Los municipios de San Juan Nepomuceno y de San Jacinto guardaron silencio.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
3.1. El Ministerio5 reiteró que no se oponía a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y precisó que su vinculación al proceso como demandado solo obedeció al hecho de haber sido parte del convenio de apoyo financiero 2053762 de 2005 y, por ende, interesado en su liquidación y en la eventual recuperación de los recursos aportados, por ser estos de su propiedad, siendo su comparecencia necesaria para integrar el litisconsorcio necesario y vincular a todos los sujetos que pudieran tener relación con la liquidación del convenio, circunstancia que, según indicó, fue la razón por la cual Fonade decidió incluirlo como demandado, sin que ello implicara derivar responsabilidad alguna en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del referido acuerdo de voluntades.
3.2. Fonade6 replicó los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que, ante el incumplimiento del departamento de Bolívar respecto de las obligaciones
3 Samai, índice 2, documento identificado como «ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2» , Fl. 33 a 36. 4 Samai, índice 2, documento identificado como «ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2» ,
Fl. 33 a 36. 4 Samai, índice 2, documento identificado como «ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2» , Fl. 45 a 51. 5 Samai, índice 2, documento identificado como «ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2» , Fl. 160 a 163. 6 Samai, índice 2, documento identificado como «ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2» , Fl. 167 a 168.Radicado: 13001-23-33-000-2013-00806-01 (68832)
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asumidas en el convenio interadministrativo de apoyo financiero 2053762 de 2005, lo cual está plenamente demostrado, debe accederse a las súplicas de la demanda.
3.3. El departamento de Bolívar7 reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda y sostuvo que cumplió las obligaciones asumidas con la suscripción del convenio de apoyo financiero 2053762 de 2005, las cuales, según afirmó, eran de medio y no de resultado, pues se limitaban a gestionar la contratación y a aportar recursos propios para la ejecución de la obra. En tal sentido, señaló que, aun cuando celebró el contrato SAP-604 de 2008 para la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento en Perico —destinando para ello los $700’000.000 comprometidos en el convenio e incluso recursos adicionales de su presupuesto—, el incu mplimiento de dicho negocio fue imputable únicamente al contratista, por lo que no podía atribuírsele responsabilidad alguna al departamento,
$700’000.000 comprometidos en el convenio e incluso recursos adicionales de su presupuesto—, el incu mplimiento de dicho negocio fue imputable únicamente al contratista, por lo que no podía atribuírsele responsabilidad alguna al departamento, máxime cuando la interventoría correspondió exclusivamente a Fonade.
3.4. El Ministerio Público8 rindió concepto favorable a los intereses de la parte actora, al considerar que el departamento de Bolívar incumplió las obligaciones asumidas en el convenio de apoyo financiero 2053762 de 2005, pues lejos de adelantar las gestiones necesarias para la obtención de los recursos adicionales que permitieran culminar las obras pactadas, mantu vo una actitud omisiva frente a dicha obligación, lo que impidió la debida ejecución del contrato de obra SAP -604 de 2008 y, en tal virtud, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el referido convenio.
3.5. Los municipios de San Juan Nepomuceno y de San Jacinto guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
4.1. Mediante sentencia del 11 de marzo de 20229, el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió: (i) declarar que el departamento de Bolívar incumplió el convenio interadministrativo de apoyo financiero 2053762 de 2005 ; (ii) liquidar judicialmente el convenio referido, señalando que «se ejecutaron $9.077’708.028 de los $9.121’010.036 aportados por los contratantes»; (iii) en virtud de lo anterior, liberar los recursos no ejecutados, por valor de $43’301.978, los cuales corresponden a Fonade, sin que haya lugar a restituciones mutuas entre los contratantes; (iv) negar
los recursos no ejecutados, por valor de $43’301.978, los cuales corresponden a Fonade, sin que haya lugar a restituciones mutuas entre los contratantes; (iv) negar las demás pretensiones de la demanda; y (iv) no condenar en costas.
4.2. Como fundamento de sus decisiones, el a quo, en síntesis, razonó lo siguiente:
4.2.1. De entrada, consideró que con las pruebas arrimadas al proceso se acreditó que el departamento de Bolívar incumplió la s obligaciones previstas en la cláusula cuarta del convenio de apo yo financiero 2053762 de 2005, «en lo que atañe a
7 Samai, índice 2, documento identificado como «ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2» , Fl. 169 a 173. 8 Samai, índice 2, documento identificado como «ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2» , Fl. 174 a 190. 9 Samai, índice 2, documento identificado como «ED_04SENTCONTRFONADE (.pdf) NroActua 2».Radicado: 13001-23-33-000-2013-00806-01 (68832)
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gestionar la obtención de recursos de aporte local y/o regional para asegurar la terminación del objeto de dicho convenio [numeral 8]; así como adoptar y coordinar todas las acciones para asegurar la operación y mantenimiento y en general, la sostenibilidad del proyecto [numeral 10]».
Lo anterior, por cuanto, si bien la entidad departamental, en desarrollo de dicho convenio, celebró el contrato SAP-604 de 2008, cuyo objeto era la construcción y
sostenibilidad del proyecto [numeral 10]».
Lo anterior, por cuanto, si bien la entidad departamental, en desarrollo de dicho convenio, celebró el contrato SAP-604 de 2008, cuyo objeto era la construcción y puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento de agua potable en Perico por valor de $1.079’255.370, este solo alcanzó un avance del 24,83%, alegándose «una primera suspensión de obras ante la necesidad de revisar los planos de ubicación y los planos estructurales de la ampliación de la planta Perico; y una segunda, por cuenta de modificación en la lista de cantidades iniciales del contrato, al surgir ítems no previstos que requerían aprobación previa, cambios que demandaban recursos adicionales por la suma de $265’380.075» , los cuales, pese a los requerimientos formulados por Fonade y el Ministerio, nunca fueron incorporados al proyecto por el departamento, el cual finalmente procedió a liquidar unilateralmente ese contrato.
En tales condiciones, concluyó que, aun cuando el departamento de Bolívar cumplió la obligación prevista en el numeral 17 de la cláusula cuarta del convenio —relativa a la liquidación del contrato SAP -604 de 2008—, no demostró el cumplimiento del objeto contractual establecido en el contrato de obra, «desconociendo con ello a su vez, el objeto del convenio de apoyo financiero 2053762 de 2005, por lo cual la pretensión consistente en declarar que el ente departamental incumplió el referido convenio tiene vocación de prosperar respecto de las obligaciones previstas en los numerales 8 y 10 de la cláusula en mención».
4.2.2. En consonancia con lo anterior, verificó que , a pesar de haberse pactado la
convenio tiene vocación de prosperar respecto de las obligaciones previstas en los numerales 8 y 10 de la cláusula en mención».
4.2.2. En consonancia con lo anterior, verificó que , a pesar de haberse pactado la liquidación en el convenio interadministrativo de apoyo financiero 2053762 de 2005, esta no fue efectuada, por lo que , con fundamento en el informe final de ejecución presentado por Fonade, procedió a realizarla judicialmente, advirtiendo que, si bien el valor de dicho acuerdo de voluntades ascendía a $9.121’010.036 —discriminados en $8.210’708.058 aportados por Fonade; $167’000.000 por el municipio de San Jacinto y $700’000.000 por el departamento de Bolívar—, solo fueron invertidos en el proyecto $9.077’708.028, sin que se hubieran sido ejecutados recursos por valor de $43’301.978, «los cuales corresponden al aporte realizado por Fonade y, en ese sentido, son liberados del convenio».
4.2.3. Finalmente, en lo que atañe a la pretensión de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio de apoyo financiero 2053762 de 2005, indicó que esta sería denegada, por cuanto dicha estipulación únicamente resultaba exigible ante el incumplimiento de las obligaciones de los municipios de Juan Nepomuceno y de San Jacinto, sin que hubiera sido prevista su aplicación frente a obligaciones del departamento de Bolívar. Asimismo, precisó que la parte demandante «solicita el pago del saldo pendiente de la penalidad acordada en la cláusula décimo segunda, equivalente al 10% del aporte total de la Nación al convenio, por la suma
del departamento de Bolívar. Asimismo, precisó que la parte demandante «solicita el pago del saldo pendiente de la penalidad acordada en la cláusula décimo segunda, equivalente al 10% del aporte total de la Nación al convenio, por la suma de $737’812.025,80; pero tal estipulación es ajena a lo pactado por las partes en elRadicado: 13001-23-33-000-2013-00806-01 (68832)
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convenio objeto de la presente controversia; por lo que dicha pretensión no tiene vocación de prosperar».
5. Recurso de apelación
5.1. Enterritorio —anteriormente Fonade—10, solicitó la modificación de la sentencia de primer grado, con el fin de que «ordene el reconocimiento de $781’606.514,70 por parte del departamento de Bolívar, por concepto del valor de la cláusula penal estipulada en el convenio y que corresponde a la indemnización por no haber entregado una obra que presente una funcionalidad ac orde a las necesidades regionales que motivaron su aprobación».
5.2. Como sustento de su apelación, alegó que en el proceso se enc
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