CE - Sentencia 13001233300020140012501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 130012333000201400125 01 (69982) Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Proceso: Medio de control de Reparación de Perjuicios causados a un grupo – Ley 1437 de 2011

CONTEXTO FÁCTICO Y NORMATIVO QUE SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA EL PAGO DEL AUXILIO ECONÓMICO EN FAVOR DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS CON LA SEGUNDA OLA INVERNAL DE 2011 – Caso específico de lo sucedido en el municipio de San Cristóbal - Bolívar / AUSENCIA DE DEMOSTRACIÓN DE LA CERTEZA DEL DAÑONo se evidenció el cumplimiento de los requisitos para considerarse damnificados directos según lo establecido en la Resolución 074 de 2011

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que decidió: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad de la acción de grupo presentada por la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad de la acción de grupo presentada por la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por activa presentada por la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Enviar copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese previas las desanotaciones

pertinentes.Radicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982) Tomasa Julio Ortiz y otros Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Reparación de perjuicios causados a un

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I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la responsabilidad patrimonial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, el departamento de Bolívar - Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD, el municipio de San Cristóbal - Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, por el daño causado al grupo actor en condición de habitantes

Bolívar - Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD, el municipio de San Cristóbal - Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, por el daño causado al grupo actor en condición de habitantes de San Cristóbal, damnificados por la segunda ola invernal de 2011, daño que se aduce, se concretó en la falta de reconocimiento y pago del auxilio económico, equivalente a $1’500.000 por familia, dispuesto en la Resolución 074 de 2011.

Esta situación, según se afirmó, obedeció a la falla del servicio acaecida en el marco del trámite administrativo previsto para acceder al pago de esos recursos, en cuanto, tanto el municipio de San Cristóbal como el departamento de Bolívar, a través de sus organismos de gestión de riesgos de desastres, no coordinaron el envío del censo de las familias damnificadas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de los plazos legales, lo que condujo a que ésta los devolviera por su remisión extemporánea, sin ordenar el respectivo desembolso de los dineros en favor de los afectados.

II. ANTECEDENTES La demanda

El 30 de enero de 2014 1, y posteriormente, en escrito 2 reformado el 10 de febrero de 2015, los señores Tomasa Julio Ortiz, Guillermina Villa Suárez, Ingrid Jaramillo Murillo, Sara San Juan Sarabia, Tibisay Castilla Ortiz, Zayda Romero González, Berta Guerrero de Ramos, Domingo Ortiz Peña, Temilda Mercado Mercado, José Guillermo Zapata Rodríguez, Elis Julio de Monterosa, Catalina Hernández Jiménez,

Murillo, Sara San Juan Sarabia, Tibisay Castilla Ortiz, Zayda Romero González, Berta Guerrero de Ramos, Domingo Ortiz Peña, Temilda Mercado Mercado, José Guillermo Zapata Rodríguez, Elis Julio de Monterosa, Catalina Hernández Jiménez, Luis Ramón Ortiz Rivera, Manuela Ospino Rojano, Emelina Torrenegra Villa, Justo Rafael Cantillo Martínez, Yaneth Molina Villa, Victoria Castilla Jaramillo, Jakenis Ester Escorcia Cantillo, Osiris Ortiz Guerrero, Gloriceth Rodríguez Marengo, Alberto Rodríguez Reales, José Luis Rodríguez Orozco, Enilsa Morales Castilla, Denis Orozco de Cantillo, Amada Jiménez, Julio José Pino Carrera, Carlina Ahumada

1 Folio 191 del cuaderno 1. 2 Folios 270 a 313 del cuaderno 1.Radicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982) Tomasa Julio Ortiz y otros Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Reparación de perjuicios causados a un

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Jaramillo, Evelin Jaramillo Mercado, Carmen Rosa Puello Castilla, Fredis Catalino Barcasnegras Mendoza, Elsel del Socorro Ortiz Torres, Fredis Reales Ortiz, Ramona Maza Camargo, Catalino Sierra Ospino, Orlando Mármol Utria, Beatriz García Castillo, Nesly María Sierra Mendoza, Genoveva Cueto Almanza, Omar Rodríguez Martínez, Edith Moreno Sierra, Dalida Jiménez Utria, Donatila Cassiani de Sierra, Aura Castillo Polo, Jesús María Utria Mendoza, Cristina Bolaño de Utria,

Rodríguez Martínez, Edith Moreno Sierra, Dalida Jiménez Utria, Donatila Cassiani de Sierra, Aura Castillo Polo, Jesús María Utria Mendoza, Cristina Bolaño de Utria, Luz Padilla Medina, Daniel Cueto de los Ríos, Lucy Alma Orozco Almanza, Alex Alfonso Moreno Utria, María del Carmen Rodríguez, Vera Judith Utria Cera, Rafael Enrique Romero Maza, Rosa Margarita Jinete Martínez y José de la Cruz Ospino Pérez presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, contra el municipio de San Cristóbal – Bolívar – Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, departamento de Bolívar – Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

Que se declare que el Municipio de SAN -CRISTÓBAL-Bolívar, representado por el Dr. FREDIS JIMÉNEZ TORES en su calidad de Alcalde electo y en su condición de Representante del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres "CMGRD", antes CLOPAD, que eI DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, representado por el Dr. JUAN CARLOS GOSSAIN R., en su calidad de Gobernador electo - Consejo Departamental para Gestión del Riesgo de Desastres '"CDGRD" antes Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres - CREPAD (Coordinado por el Dr. ERICH PIÑA FELIX), que la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - "UNGRD" - Fondo Nacional de Calamidades (hov Fondo Nacional

ERICH PIÑA FELIX), que la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - "UNGRD" - Fondo Nacional de Calamidades (hov Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres), representado para todos los efectos legales por eI Dr. IVAN MÁRQUEZ PÉREZ en su calidad de Director General de la UNGRD, respectivamente y/o quienes hagan sus veces al momento de notificación de la presente acción son solidaria y administrativamente responsables por los Daños y perjuicios de todo orden Material e Inmateriales, como son los Morales, aquellos derivados de la Alteración Grave en las Condiciones de Existencia, y los que son producto de la Violación de Derechos Constitucionales y/o Convencionales tal y como nos enseña la Jurisprudencia Nacional, de los cuales son titulares las personas indicadas, como “Parte demandante", dado que el Resarcimiento de los Perjuicios a este Grupo de afectados no se ha realizado; Se solicita que la condena se declare en favor de las personas que se hagan parte en el proceso, se integren al grupo o se acojan a los efectos de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, petición que se hace como consecuencia de las OMISIONES ADMINISTRATIVASFALLAS EN LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEMANDADAS, la cual se produjo por el hecho de no surtirse los procedimientos tendientes a que este Grupo de Damnificados habitantes de la Competencia Territorial del Municipio de San Cristóbal Bolívar les llegara a sus manos los recursos económicos establecidos en las Resoluciones No. 074 de 2011 y N° 002 de 2012, así como en la Nueva Resolución No. 840 de 2014en

llegara a sus manos los recursos económicos establecidos en las Resoluciones No. 074 de 2011 y N° 002 de 2012, así como en la Nueva Resolución No. 840 de 2014en sus condiciones de Damnificados. (Énfasis fuera del texto). Perjuicios Materiales - Daño EmergenteRadicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982) Tomasa Julio Ortiz y otros Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Reparación de perjuicios causados a un

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1. La suma de $1.500.000 a cada uno de los jefes de hogares Integrantes del grupo, correspondientes al valor destinado para la ayuda.

2. La suma de $ 450.000 a favor de cada uno de los Jefes de Hogares integrantes del grupo, correspondiente al pago de los honorarios profesionales por la gestión realizada y asesoría en la elaboración y presentación de una acción de tutela para pago del $1.500.000 en sede administrativa en caso de darse antes de que se profiera la Sentencia dentro del presente proceso.

Perjuicios Inmateriales Daños Morales:

1. La suma equivalente a SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (60 smlmv) para cada uno de los demandantes y miembros de las respectivas Unidades Familiares Damnificadas a título de ReparaciónCompensación.

Daño a la Vida de Relación o Alteración grave de sus condiciones de existencia

2. La suma equivalente a SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (60 smImv) para cada uno de los miembros de las Unidades Familiares

Daño a la Vida de Relación o Alteración grave de sus condiciones de existencia

2. La suma equivalente a SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (60 smImv) para cada uno de los miembros de las Unidades Familiares demandantes a título de Reparación, Compensación por daños a la Vida de Relación o Alteración de sus condiciones de existencia, disminución de sus condiciones de Bienestar y calidad de vida.

Daño por violación a Derechos Constitucionales y/o Convencionales.

3. La suma equivalente a SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (60 smlmv) para cada uno de los miembros de las Unidades Familiares demandantes a título de Reparación, Compensación por vulneración a los derechos fundamentales de la dignidad humana, igualdad, vivienda digna y debido proceso administrativo sufridos, el derecho a la unidad familiar y a la protección integral de la familia y el derecho a la seguridad personal, "puesto que el desplazamiento por desastre natural conlleva riesgos específicos, individualizados, concretos, presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados.

Como consecuencia de las declaraciones de responsabilidad y de la aplicación de la Ley y la Jurisprudencia, se proceda a la actualización de los valores a los cuales fueren condenadas los demandados, conforme a los artículos 187 y 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se reconozcan los intereses legales liquidados con la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, con las fórmulas, índices y cálculos operacionales, reconocidos y utilizados por el Honorable Consejo de Estado desde la fecha de los

los intereses legales liquidados con la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, con las fórmulas, índices y cálculos operacionales, reconocidos y utilizados por el Honorable Consejo de Estado desde la fecha de los hechos hasta que se cumpla la sentencia que pongan fin al proceso.

Hechos Los sucesos relevantes expuestos como base del litigio se concretan a continuación:

En el segundo semestre de 2011, en el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de ese año, se presentó una ola invernal conocida como fenómeno de “ La Niña ” que afectó gran parte del territorio colombiano causando pérdidas humanas y materiales. Ese impacto cobijó igualmente a los miembros del grupo actor, quienes para esa época residían en el municipio de SanRadicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982) Tomasa Julio Ortiz y otros Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Reparación de perjuicios causados a un

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Cristóbal – Bolívar y, como consecuencia del desastre meteorológico, sufrieron perjuicios materiales e inmateriales.

Ante esa situación de calamidad, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD expidió las Resoluciones 074 del 15 de diciembre de 2011 y 02 del 2 de enero de 2012 y la Circular Informativa del 16 de diciembre de 2011, por las cuales se creó una ayuda humanitaria consistente en la entrega de hasta $1'500.000 por familia, a jefes de hogares -DAMNIFICADOS DIRECTOS - que

las cuales se creó una ayuda humanitaria consistente en la entrega de hasta $1'500.000 por familia, a jefes de hogares -DAMNIFICADOS DIRECTOS - que hubieren sufrido graves efectos ocasionados por el evento climático antes mencionado, como alivio monetario para ser destinado al restablecimiento de las condiciones de bienestar de dichas familias y/o de habitabilidad de la vivienda y de algunos bienes perdidos o averiados.

De conformidad con la Resolución 074 de 2011, para proceder al pago del apoyo económico en los municipios donde ocurrieron las afectaciones, los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres CLOPAD, (hoy Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre "CMGRD") en cabeza del alcalde municipal, debían diligenciar las planillas de apoyo económico de los damnificados directos, información que debía ser entregada a la CREPAD (hoy Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres "CDGRD), entidad que, además de avalar la información que sería luego remitida a la UNGRD, también realizaría las acciones necesarias correspondientes en los distintos municipios con afectaciones, dentro de su departamento para que estos le entregaran la información en debida forma y en el tiempo determinado.

En la Resolución 074 de 2011 se otorgó un plazo a las administraciones municipales que vencía el 30 de diciembre de 2011 para la entrega de las planillas contentivas del censo de damnificados, término que fue prorrogado hasta el 30 de enero de 2102, mediante la Resolución 02 de 2012.

Se sostuvo en la demanda que el Consejo Departamental para la Gestión del

contentivas del censo de damnificados, término que fue prorrogado hasta el 30 de enero de 2102, mediante la Resolución 02 de 2012.

Se sostuvo en la demanda que el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD del departamento de Bolívar no ejerció eficientemente la labor de coordinación con los distintos concejos municipales de ese territorio orientada al reporte de los damnificados, debido a una errada interpretación acerca de la fecha límite para la entrega del censo, puesRadicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982) Tomasa Julio Ortiz y otros Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Reparación de perjuicios causados a un

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equívocamente consideró que el plazo para su presentación vencía el 10 de diciembre de 2011.

Lo anterior, a juicio del grupo actor, impidió que se organizara de manera acertada y eficiente con los alcaldes municipales la entrega de la información y se hiciera el seguimiento de la entrega y asignación de la ayuda humanitaria a los afectados, entre ellos, a los demandantes.

Aunado a lo dicho, aseguraron que mediante Circular del 16 de diciembre de 2011, expedida por el director de la UNGRD a los gobernadores, alcaldes, entidades técnicas y operativas del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, CREPAD y CLOPAD se informó que el Gobierno Nacional había dispuesto recursos para atender a las familias damnificadas por la segunda temporada de lluvias, sin notificar de ello a los directos afectados e impidiendo de esta manera que ejercieran sus derechos de información, contradicción,

dispuesto recursos para atender a las familias damnificadas por la segunda temporada de lluvias, sin notificar de ello a los directos afectados e impidiendo de esta manera que ejercieran sus derechos de información, contradicción, impugnación y control del ejercicio del poder.

Se explicó en el escrito introductorio, que la Corte Constitucional en sentencia T648 de 2013, detectó una serie de fallas, errores y omisiones en el proceso señalado en la Resolución 074 de 2011 que produjo una vulneración sistemática y masiva de derechos fundamentales de numerosas familias damnificadas de la ola invernal del segundo semestre de 2011, a las cuales se les estaba privando del acceso y recibo de la ayuda humanitaria que dispuso el Gobierno Nacional. Y que, como consecuencia de esos hallazgos, la Corte ordenó a la UNGRD rehacer el procedimiento administrativo dispuesto en la Resolución No 074 de 2011, orden que se materializó con la expedición de la Resolución 840 de 2014 por parte de esa Unidad.

Afirmaron los accionantes que, en cumplimiento de la Resolución 840 de 2014, el CMGRD de San Cristóbal - Bolívar reconoció oficialmente a los miembros del grupo actor como damnificados al incluirlos en las planillas, censo ejecutado con apego a lo dispuesto por el artículo quinto de la Resolución 074 de 2011.

Se esgrimió que, pese a lo anterior, en este nuevo procedimiento igualmente se incurrió en irregularidades, en razón a que no se expidió una circular informativa respecto del trámite a seguir para conocimiento de los interesados y el reporte delRadicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982)

respecto del trámite a seguir para conocimiento de los interesados y el reporte delRadicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982) Tomasa Julio Ortiz y otros Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Reparación de perjuicios causados a un

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censo de damnificados se realizó el 24 de octubre de 2014, siendo que la fecha para ese propósito vencía el 17 de octubre de ese mismo año, razón por la cual los demandantes no pudieron acceder al auxilio económico.

Basados en las circunstancias narradas, varios de los damnificados promovieron una nueva acción de tutela que fue resuelta el 16 de enero de 2015 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Cristóbal, amparando el derecho al debido proceso y ordenando “que sin excusas de Extemporaneidad en la recepción de la informaciónCensos, cada una debe surtir los procedimientos que le competen para que estas Unidades Familiares Censadas puedan acceder al goce del subsidio económicas”.

Finalmente se sostuvo en la demanda que:

Con Fundamento en lo anterior ordenó que se surtieran los procedimientos correspondientes tendientes a viabilizar el recibo de la ayuda por parte de estos sujetos de especial protección Estatal, pero más allá de que por la Vía Constitucional se obtenga el pago de la ayuda, que correspondería a la parte Material de la presente demanda, todo estos errores han generado Daños y Perjuicios del Orden Inmaterial que se hace necesario resarcir porque los padecimientos a los que han sido sometidos por la Desprotección Estatal han causado en estas Familias una

demanda, todo estos errores han generado Daños y Perjuicios del Orden Inmaterial que se hace necesario resarcir porque los padecimientos a los que han sido sometidos por la Desprotección Estatal han causado en estas Familias una DISMINUCION EN SUS CONDICIONES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA, Daños y Perjuicios que deben ser reparado en conjunto por parte de estas entidades públicas por orden de este Despacho Judicial.

Contestación de la demanda

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

En escrito aportado oportunamente, se opuso a las pretensiones tras advertir que no era la UNGRD la encargada de elaborar las planillas de apoyo económico ni tomó la decisión de incluir o excluir a los accionantes.

Añadió que, en virtud de la sentencia T - 648 de 2013, la Corte Constitucional le ordenó a la UNGRD rehacer el procedimiento para la entrega de la ayuda económica, por lo que ese organismo emitió la Resolución 840 de 2014, pero que en desarrollo de ese nuevo trámite el municipio de San Cristóbal Bolívar no hizo llegar ante la UNGRD el listado de damnificados.Radicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982) Tomasa Julio Ortiz y otros Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Reparación de perjuicios causados a un

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Adujo que la ayuda humanitaria estaba destinada a los damnificados directos con la ola invernal y no a todos los afectados con ese fenómeno de manera indiscriminada. En esa línea, señaló que los demandantes debían acreditar que

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Adujo que la ayuda humanitaria estaba destinada a los damnificados directos con la ola invernal y no a todos los afectados con ese fenómeno de manera indiscriminada. En esa línea, señaló que los demandantes debían acreditar que reunían las condiciones de damnificados directos previstas en la Resolución 074 de 2011, cuestión que en el proceso no estaba demostrada.

Adicionalmente formuló las excepciones de caducidad de la acción, improcedencia de la acción de grupo para cobrar una subvención económica dispuesta por el Gobierno Nacional, falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimación en la causa por activa, inexistencia del hecho dañoso realizado por la UNGRD, inexistencia del daño sufrido por los accionantes, inexistencia de nexo de causalidad frente a la UNGRD.

Departamento de Bolívar

Presentó la contestación dentro del término legal, argumentando que el departamento no era el responsable por el no pago de los recursos económicos establecidos en las Resoluciones 074 de 2011 y 02 de 2012.

Expresó que las pretensiones debían ser denegadas, toda vez que, por vía de tutela, la Corte Constitucional ya había ordenado rehacer el procedimiento administrativo para pagar los subsidios motivo de esta acción de grupo, situación que condujo a la UNGRD a expedir la Resolución 840 del 8 de agosto de 2014.

Propuso los medios exceptivos de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del daño o perjuicios atribuibles al departamento de Bolívar, fuerza mayor en relación con el fenómeno de “La Niña”.

Municipio de San Cristóbal – Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD

inexistencia del daño o perjuicios atribuibles al departamento de Bolívar, fuerza mayor en relación con el fenómeno de “La Niña”.

Municipio de San Cristóbal – Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD

Ejerció su derecho de defensa en el plazo legal, advirtiendo que, desde la expedición de la Resolución No 002 de 2012 que cobijó a la administración local de San Cristóbal, la cual fue dictada un día después de la posesión del nuevo alcalde, la UNGRD y el CDGRD originaron rupturas en el desarrollo del correspondiente y prorrogado procedimiento administrativo, en el sentido de que no se ejecutaron lasRadicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982) Tomasa Julio Ortiz y otros Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Reparación de perjuicios causados a un

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labores de coordinación e información complementarias debidas, como por ejemplo no haber expedido una circular informativa respecto de la Resolución 02 como si lo hizo la UNGRD cuando dictó la Resolución 074.

Precisó que el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres no ejerció ni un solo acto de coordinación para que se pudiera entregar en debida forma y en el tiempo determinado la información de las familias afectadas directas del desastre natural.

Argumentó que efectivamente se presentaron las fallas detectadas por la Corte Constitucional respecto de la aplicación de la política pública tendiente a activar la solidaridad estatal para las familias, circunstancia que dio lugar a la expedición de la Resolución 840 del 8 de agosto de 2014, por la cual se ordenó rehacer la

Constitucional respecto de la aplicación de la política pública tendiente a activar la solidaridad estatal para las familias, circunstancia que dio lugar a la expedición de la Resolución 840 del 8 de agosto de 2014, por la cual se ordenó rehacer la actuación administrativa a fin de no seguir afectando los derechos de quienes resultando damnificados con la ocurrencia de dicha catástrofe natural, fueron privados de recibir la mencionada ayuda humanitaria

Aseveró que la UNGRD no profirió una circular informativa sobre la Resolución 840, de suerte que solo a través de un derecho de petición de interés particular presentado al municipio, este pudo conocer de la expedición y términos establecidos en dicha resolución.

Explicó que, dada la cercanía de su presentación a la fecha límite para el reporte de las planillas de los damnificados - 17 de octubre de 2014, se le imposibilitó al municipio ejecutar en el tiempo determinado los procedimientos exigidos en tal resolución, los cuales pudo surtir solo hasta el 24 de octubre de 2.014, fecha en que se reportó el censo de los damnificados del citado desastre natural ante el CDGRD de Bolívar, organismo que, pese a no haber realizado la labor de coordinación que le asistía, negó por extemporánea la solicitud de aval radicada por el CMGRD del municipio de San Cristóbal, desconociendo el contenido obligacional que le compelía.

Sentencia de primera instancia

En sentencia del 30 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar, decidió declarar no probada la excepción de caducidad de la acción de grupo,Radicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982)

decidió declarar no probada la excepción de caducidad de la acción de grupo,Radicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982) Tomasa Julio Ortiz y otros Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Reparación de perjuicios causados a un

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declarar la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa presentada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y negar las pretensiones de la demanda.

Inició su análisis señalando que no estaba probada la excepción de caducidad, teniendo en cuenta que el daño alegado se concretaba en la omisión del envío de las planillas para el reconocimiento de la ayuda económica. Como el plazo para surtir esa actuación se extendió hasta el 17 de octubre de 2014, desde esa fecha la parte actora contaba con dos años para presentar la demanda, y en consideración a que el libelo introductor se impetró el 30 de enero de 2014, concluyó que fue allegado dentro del término legal.

Acto seguido consideró que no se acreditó el daño antijurídico, debido a que, si bien se demostró la omisión del municipio accionado en remitir el censo de los damnificados a la UNGRD, no se probó que los demandantes tuvieran derecho a acceder a las ayudas humanitarias, con arreglo a lo establecido en la Resolución 074 de 2011.

En desarrollo de su argumentación aclaró que el daño cuya reparación se pretendía, correspondía al no pago de las ayudas humanitarias de las cuales consideraban ser acreedores los actores, por ser damnificados de la segunda temporada de la ola

074 de 2011.

En desarrollo de su argumentación aclaró que el daño cuya reparación se pretendía, correspondía al no pago de las ayudas humanitarias de las cuales consideraban ser acreedores los actores, por ser damnificados de la segunda temporada de la ola Invernal del año 2011.

Al efecto, sostuvo que, mediante la Resolución 074 del 15 de diciembre de 2011, "por la cual se destinan recursos para atender a las familias damnificadas directas por la segunda temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011", en conjunto con la circular del 16 de diciembre de 2011, se establecieron los requisitos para ser acreedores de las ayudas económicas en calidad de damnificados directos, requisitos que no fueron demostrados en este proceso. En ese sentido, sostuvo que:

“… si en sede judicial se reclama el pago de las ayudas económicas, se requiere la acreditación en el proceso judicial de la calidad de damnificados directos, a través de los distintos medios probatorios que permitan llevar a la convicción al juez que los actores son acreedores directos de las ayudas humanitarias.

Por ende, de no contar con un documento oficial idóneo, que acredite su calidad de damnificado directo, la parte accionante debió probar que cuenta con esa condición haciendo uso de cualquier medio probatorio.Radicación:

Demandante: Demandado: Asunto: grupo 130012333000201400125 01 (69982) Tomasa Julio Ortiz y otros Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Reparación de perjuicios causados a un

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En virtud de lo anterior, la Sala evidencia que ninguna de las pruebas obrantes en el

Tomasa Julio Ortiz y otros Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros Reparación de perjuicios causados a un 11

En virtud de lo anterior, la Sala evidencia que ninguna de las pruebas obrantes en el expediente da cuenta de la irrogación de un daño a los accionantes en los términos señalados en esta providencia, debido a que no acreditaron los requisitos que lo habilitan como titulares de la ayuda humanitaria que hoy