CE - Sentencia 13001233300020140027101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)

Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: naturaleza de la plaza . Subtema 2: validez del tiempo laborado en plaza creada para docentes temporales incorporados a planta de ente territorial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 18 de octubre de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Blanca Ruby Osorio Londoñ o presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP), con el objetivo de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia. La UGPP negó la prestación al considerar que su vinculación docente, a partir del año 1994, fue de carácter nacional. La sentencia apelada declaró la nulidad de los

gracia. La UGPP negó la prestación al considerar que su vinculación docente, a partir del año 1994, fue de carácter nacional. La sentencia apelada declaró la nulidad de los actos demandados y accedió a las pretensiones de la demanda ; decisión que será confirmada al encontrarse demostrada la validez del tiempo laborado por la actora a partir de 1994, como docente nombrada por el alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena.

2. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

2.1.1. Pretensiones

1. Blanca Ruby Osorio Londoño, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 3 de junio

de 2014, con las siguientes pretensiones1:

1 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 3_ED_13001233300020140027, págs. 1 a 47.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)

Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño

Demandado: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 (i) Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 050083 del 29 de octubre de 2013, que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia; ADP 015232 del 21 de noviembre de 2013, que rechazó por extemporáneo el recurso de reposición y en subsidio de apelación, y RDP 056513 del 13 de diciembre de 2013, por la

21 de noviembre de 2013, que rechazó por extemporáneo el recurso de reposición y en subsidio de apelación, y RDP 056513 del 13 de diciembre de 2013, por la cual se resolvió el recurso de queja.

(ii) Ordenar a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor d e la demandante, por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la Ley 114 de 1913 , en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial del último año de servicio, con la inclusión de las doceavas partes de las primas de servicio, navidad y vacaciones, la totalidad de la bonificación anual y los gastos de representación, con los reajustes e intereses moratorios previstos en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

(iii) Condenar en costas a la entidad demandada conforme al artículo 188 del CPACA.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los

siguientes hechos:

(i) Nació el 23 de abril de 1951 , por lo que c umplió 50 años el 23 de abril de 2001; (ii) laboró por más de 20 años al servicio de instituciones educativas de carácter territorial; la primera vinculación como docente del departamento de Córdoba, del 30 de marzo de 1976 al 30 de enero de 1978 y la segunda al servicio del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, del 30 de junio de 1994 al 27 de agosto de 2013 (vigente para la época en que presentó la demanda);

servicio del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, del 30 de junio de 1994 al 27 de agosto de 2013 (vigente para la época en que presentó la demanda); (iii) solicitó el reconocimiento de la pensión gracia ante la UGPP el 4 de octubre de 2013, reclamación que fue negada mediante Resolución RDP 050083 del 29 de octubre de 2013; (iv) el 18 de noviembre de 2013 interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión, el cual fue rechazado por extemporáneo mediante auto ADP 15232 del 21 de noviembre de 2013, confirmado por la Resolución RDP 056513 del 13 de diciembre de 2013.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La actora citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 4, 13, 29, 48 y 53; Ley 114 de 1913, artículos 1, 2 y 3; Ley 116 de 1928, artículo 6; Ley 37 de 1933, artículo 3; Ley 4 de 1966, artículos 1, 2 y 3 (sic); Ley 91 de 1989, artículos 1 y 15, numeral 2, literal a); Ley 43 de 1975; Decreto 3135 de 1968; Decreto 1848 de 1969 y artículo 25 del Decreto 2150 de 1995.

4. En el concepto de violación, la parte actora alegó que la entidad demandada rechazó indebidamente el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra el acto que negó el reconocimiento de la pensión gracia, al considerar que fue

4. En el concepto de violación, la parte actora alegó que la entidad demandada rechazó indebidamente el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra el acto que negó el reconocimiento de la pensión gracia, al considerar que fue presentado de forma extemporánea. Precisó que la entidad tomó como fecha deRadicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)

Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño

Demandado: UGPP

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3 interposición el 19 de noviembre de 2013, correspondiente al día en que recibió el recurso, desconociendo que este fue radicado oportunamente mediante envío por correo el 18 de noviembre de 2013, dentro del término legal de diez días hábiles contados a partir de la notificación del acto recurrido.

5. Asimismo, señaló que el acto que negó la pensión gracia desconoció las norma s en que debía fundarse, al no tener en cuenta que cumple los requisitos legales para acceder a dicha prestación , consistentes en haber alcanzado la edad de 50 años y contar con 20 años de servicio en plazas del orden territorial.

2.2. Contestación de la demanda

6. La apoderada de la UGPP propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción. Para oponerse a las pretensiones, afirmó que el reconocimiento de la pensión gracia e s improcedente porque la señora Blanca Ruby

cobro de lo no debido y prescripción. Para oponerse a las pretensiones, afirmó que el reconocimiento de la pensión gracia e s improcedente porque la señora Blanca Ruby Osorio Londoño no acreditó el requisito legal de 20 años de servicio docente en plazas del orden territorial o nacionalizadas. Indicó que la vinculación de la demandante en el distrito de Cartagena, a partir de 1994, es de carácter nacional.

7. En apoyo de su argumento, la parte demandada señaló que el inciso tercero del Decreto 586 de 1994 consignó que el representante del Ministerio de Educ ación Nacional ante el Fondo Educativo Regional de Bolívar certificó la disponibilidad presupuestal para la incorporación de los docentes al distrito de Cartagena, entre las que se incluyó a la actora. A partir de lo expuesto, concluyó que el nombramiento se efectuó con cargo a la Nación no al presupuesto de la entidad territorial.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 18 de octubre de 20192, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados ; ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la demandante , a partir d el 8 de septiembre de 2012 , y en el numeral quinto condenó en costas a la entidad demandada.

9. Al sustentar la decisión, el tribunal consideró que la docente interpuso en debida forma el recurso de apelación contra el acto administrativo que negó el reconocimiento de la pensión gracia, ya que el término para interponerlo vencía el 18 de noviembre de 2013 y en esa misma fecha fue enviado por correo. En consecuencia, estimó que la

forma el recurso de apelación contra el acto administrativo que negó el reconocimiento de la pensión gracia, ya que el término para interponerlo vencía el 18 de noviembre de 2013 y en esa misma fecha fue enviado por correo. En consecuencia, estimó que la UGPP no debió rechazarlo por extemporáneo, porque se debía tener en cuenta la fecha de envío conforme con lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995, modificado por el artículo 10 de la Ley 962 de 2005.

10. En cuanto a la naturaleza de la vinculación docente, el tribunal indicó que la actora acreditó la prestación de servicios en la docencia oficial del orden territorial antes del 31 de diciembre de 1980, al ser nombrada docente nacionalizada en el departamento de Córdoba el 30 de marzo de 1976, donde laboró por el término de un año y diez días.

2 Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta 54001 -2333-000-2018-00058-00, archivo 015SentenciaNyR, pág, 1 a 17.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)

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11. Adicionalmente, consideró demostrado que la docente cumplió 20 años de servicio en plazas del orden territorial, dado que fue nombrada en propiedad mediante

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11. Adicionalmente, consideró demostrado que la docente cumplió 20 años de servicio en plazas del orden territorial, dado que fue nombrada en propiedad mediante el Decreto 586 del 22 de junio de 1994 para desempeñar un cargo docente en el Colegio Nocturno Madre Bernarda del distrito de Cartagena, del cual tomó posesión el 8 de julio del mismo año. Destacó que dicho nombramiento fue expedido por el alcalde municipal para ocupar una de las 475 plazas docentes creadas en el nivel territorial y que, aunque en el acto se indicó que el Ministerio de Educación Nacional ante el FER de Bolívar certificó la disponibilidad presupuestal para la vinculación, ello no restaba su carácter territorial.

12. Por otra parte , el tribunal advirtió que en el expediente obra declaración extraprocesal rendida por la demandante, en la cual manifestó haber observado buena conducta en su vida laboral . En este orden, sostuvo que la demandante cumple los requisitos de edad, tiempo de servicio, tipo de vinculación y buena conducta requeridos para acceder a la pensión gracia.

13. Concluyó que no se configuró la prescripción de las mesadas, porque no transcurrieron más de tres años desde que adquirió el estatus pensional hasta la fecha en que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia.

14. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada en aplicación del numeral 1 del artículo 365 del CGP3.

2.4 . Recurso de apelación

15. La UGPP presentó reparos frente a la naturaleza del vínculo laboral de la docente, al considerar que el nombramiento en el distrito de Cartagena fue de carácter nacional

2.4 . Recurso de apelación

15. La UGPP presentó reparos frente a la naturaleza del vínculo laboral de la docente, al considerar que el nombramiento en el distrito de Cartagena fue de carácter nacional por haberse efectuado con cargo al Ministerio de Educación Nacional , circunstancia que, según indicó, fue reconocida por la Secretaría de Educación del municipio en el certificado de tiempo de servicio.

16. En consecuencia, sostuvo que la demandante no acreditó el requisito de 20 años de servicio en plazas del orden territorial4.

17. Adicionalmente, solicitó que se revoque la condena en costas, porque la solicitud de denegación de las pretensiones contaba con respaldo probatorio.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

18. Esta corporación, por auto del 9 de junio de 2022, admitió el recurso de apelación presentado por la entidad demandada conforme al artículo 247-3 del CPACA5. Por auto del 11 de mayo de 2023, el despacho sustanciado r corrió traslado para alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 247-4 del CPACA 6.

3 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 5_ED_13001233300020140027, págs. 149 a 168. 4 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 5_ED_13001233300020140027, págs. 171 a 176. 5 Samai, índice 8, Auto que admite recurso de apelación. 6 Samai, índice 21. Auto que corre traslado para alegar.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)

Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño

6 Samai, índice 21. Auto que corre traslado para alegar.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)

Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño

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5 2.6. Alegatos de conclusión

19. La parte actora reiteró los argumentos del escrito de demanda , atinentes al cumplimiento de los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia7.

20. La apoderada de la UGPP insistió en los reparos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la naturaleza de la vinculación docente8.

3. CONSIDERACIONES

3.1 . Competencia

21. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión preliminar. Solicitud de unificación de jurisprudencia

22. En el caso particular, la entidad demandada , mediante escrito del 22 de abril de 2022, presentó solicitud de unificación de jurisprudencia con el argumento de que es necesario definir «qué es lo que debe entenderse como “plaza docente” (…), requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son las condiciones que debe reunir “la

2022, presentó solicitud de unificación de jurisprudencia con el argumento de que es necesario definir «qué es lo que debe entenderse como “plaza docente” (…), requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son las condiciones que debe reunir “la plaza” a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ -11-S2 DE 21-06-2018, para ser considerada como nacional, nacionalizada o territorial»9.

23. Alegó que, a partir de la expedición de la referida sentencia de unificación, la falta de precisión del concepto de plaza docente ha generado una interpretación errada sobre los nombramientos de carácter nacional de los docentes financiados con transferencias administradas por los Fondos Educativos Regionales (FER), en los que interviene un representante del Ministerio de Educación N acional, pues en dicho análisis se han pretermitido otros aspectos como «a. el régimen salarial del docente, b. la entidad don de se realizaban los aportes para pensión; o c. quien financia la pensión ordinaria del docente».

24. En tal medida, manifestó que los criterios definidos actualmente en la jurisprudencia se tornan insuficientes, en muchos casos, para diferenciar a los docentes con vinculación nacional sin derecho a una pensión gracia, de los nacionalizados y territoriales , a quienes sí les asiste efectivamente el derecho prestacional.

25. Explicó que el criterio de la autoridad que realiza el nombramiento o de la institución educativa donde se prestaba el servicio no permite diferenciar entre las plazas docentes nacionales y territoriales, pues el solo hecho de que el nombramiento

7 Samai, índice 26. 8 Samai, índice 29.

institución educativa donde se prestaba el servicio no permite diferenciar entre las plazas docentes nacionales y territoriales, pues el solo hecho de que el nombramiento

7 Samai, índice 26. 8 Samai, índice 29. 9 Samai, índice 6.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)

Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño

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6 sea expedido por una autoridad territorial, no implica que se le otorgue tal categoría, dado que este pudo actuar en calidad de delegatario de la Nación.

26. Sobre el criterio de financiación de los salarios y prestaciones del docente, señaló que no resulta preciso, dado que en la sentencia de unificación no se efectuó un análisis sobre el manejo y naturaleza jurídica del situado fiscal antes y después de la Ley 60 de 1993, disposición que realizó cambios en cuanto a la naturaleza de los recursos.

27. Afirmó que existen otros medios para esclarecer la naturaleza de la vinculación de

los docentes y citó los siguientes ejemplos:

(i) criterio sobre el régimen salarial y prestacional aplicable al docente nacional o territorial; (ii) criterio de la entidad de previsión social a la cual se realizaron los aportes para pensión antes de la creación del Fomag y (iii) criterio sobre qué entidad está asumiendo la financiación de la pensión de jubilación ordinaria.

(ii) criterio de la entidad de previsión social a la cual se realizaron los aportes para pensión antes de la creación del Fomag y (iii) criterio sobre qué entidad está asumiendo la financiación de la pensión de jubilación ordinaria.

28. La Sala advierte que no hay lugar a emitir pronunciamiento en relación con la solicitud referida, pues sobre el particular ya se manifestó la Sección Segunda al abordar una petición sobre el mismo tema 10, en la que se decidió no avocar conocimiento del asunto, puesto que los argumentos de la UGPP no resultan determinantes para emitir una sentencia de unificación y, además, por cuanto ya existen reglas específicas sobre la «plaza docente» dispuestas en las sentencias del 29 de agosto de 199711; del 22 de enero de 201512; del 21 de junio de 201813 y del 11 de agosto de 2022 14. En este orden, la Subsección se remite a lo resuelto en la providencia citada en precedencia, dictada el 20 de octubre de 2022.

3.3. Problemas jurídicos

29. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación interpuesto por la UGPP, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

30. ¿El tiempo de servicio prestado por la demandante como docente del distrito de Cartagena desde el 8 de julio de 1994 es válido para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia?

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 202 2, radicación: 54001233300020130034401(4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia, con ponencia del magistrado

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 202 2, radicación: 54001233300020130034401(4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia, con ponencia del magistrado William Hernández Gómez. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicación S-699. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicación: 250002342000201202017 01(0775-2014). 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicación: 250002342000201304683 01(3805-2014) SUJ-011CE-S2-2018. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicación: 150012333000201600278 01(3018-2017) SUJ-030CE-S2-2022.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)

Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño

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7 31. ¿El origen de los recursos destinados al pago del servicio docente prestado por la actora determina la naturaleza de la vinculación como maestra nombrada por la autoridad territorial?

32. Por último, la Sala se ocupará de establecer si procede la revocatoria de la condena en costas impuesta en primera instancia a la entidad demandada.

autoridad territorial?

32. Por último, la Sala se ocupará de establecer si procede la revocatoria de la condena en costas impuesta en primera instancia a la entidad demandada.

3.4. Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–

33. La Ley 114 de 191315 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre que cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social y costumbres16; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

34. La Ley 116 de 1928 17 extendió la prestación pensional a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.

Posteriormente, la Ley 37 de 1933 18 cobijó a los maestros que completaron servicios docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.

35. La Ley 43 de 197519 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en materia educativa entre la Nación , los departamentos y los municipios al establecer que «La educación primaria y secundaria oficiales » constituye un servicio público a cargo de la Nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por «los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los

que «La educación primaria y secundaria oficiales » constituye un servicio público a cargo de la Nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por «los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley ». Sin embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».

36. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que culminó el 31 de diciembre de 1980.

15 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 16 Derogado por la Ley 45 de 1931. 17 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento de pensiones. 18 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 19 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los

de pensiones. 18 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 19 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».Radicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)

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37. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión ordinaria de jubilación.

38. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

• Personal nacionalizado: Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de

• Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

• Personal nacionalizado: Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la e ducación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de

1975.

• Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975 20, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.

39. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de l 21 de junio de 2018, estableció, además, que la vinculación de los docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de nombramiento interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Lo anterior, porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía directamente de las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de Participaciones.

En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

1. Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de

1. Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por

20 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción d e nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.».Radicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)

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9 concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 21, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se pued e acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar

de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.