CE - Sentencia 13001233300020140029401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández Demandado: Procuraduría General de la Nación Tema: Sanción disciplinaria de d estitución e inhabilidad general.

Servidor público de elección popular.

Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DE REMPLAZO

1. En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 24 de febrero de 2025, a través de la cual l a Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación 1, esta Sala de Decisión procede a dictar la sentencia de reemplazo dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos

administrativos:

3. Fallo disciplinario del 19 de octubre de 20 12,2 mediante el cual la Procuraduría Regional de Bolívar sancionó al señor Jaime Domingo De Ávila

administrativos:

3. Fallo disciplinario del 19 de octubre de 20 12,2 mediante el cual la Procuraduría Regional de Bolívar sancionó al señor Jaime Domingo De Ávila Fernández con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años.

4. Fallo del 28 de octubre de 2013,3 a través del cual el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa , en sede de segunda instancia, confirmó la anterior decisión.

5. A título de restablecimiento del derecho peticionó dejar sin efectos esa sanción y, además, eliminarla de los registros respectivos . En subsidio, exigió graduar la restricción en proporción a la falta cometida de acuerdo con el principio

1 Providencia emitida dentro del expediente 11001 -03-15-000-2024-04153-00 (acumulado); 11001 -03-15000-2024-03980-00; 11001-03-15-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00, C.P. Dr. Alberto Montaña Plata. 2 Folios 664 a 695 del cuaderno 4. 3 Folios 831 a 849 del cuaderno 5.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 de culpabilidad.

Hechos que fundamentan la demanda.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 de culpabilidad.

Hechos que fundamentan la demanda.

6. Ante la Procuraduría General de la Nación se presentó una queja en contra del actor, por haberse posesionado como concejal del distrito de Cartagena de Indias, encontrándose inhabilitado por la sentencia penal ejecutoriada en su contra por el delito de inasistencia alimentaria.

7. El 10 de febrero de 2012, la Procuraduría Regional de Bolívar inició la respectiva investigación. Posteriormente, en auto del 25 de mayo de ese año , esa autoridad calificó la conducta del accionante, formulando pliego de cargos en su contra.

8. En la audiencia de descargos, el demandante solicitó la práctica de pruebas para desvirtuar la imputación formulada en su contra , elementos que fueron decretad os por la autoridad instructora. Sin embargo, le fue negada la práctica e incorporación de las pruebas documentales y testimoniales estrictamente ligadas a la defensa de sus intereses.

9. El 21 de septiembre de esa anualidad, el fallador de primera instancia cerró el periodo probatorio sin haber recaudado todas las pruebas decretadas. Ante ello, el abogado del accionante solicitó la nulidad del proceso, petición que fue denegada.

10. El 19 de octubre de 2012, esa procuraduría sancionó al señor De Ávila Fernández con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años. Contra esa pr ovidencia, su representante

Fernández con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años. Contra esa pr ovidencia, su representante presentó recurso de apelación, el cual fue confirmado a través del fallo del 28 de octubre de 2013, proferido por el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa.

11. En ese proceso se probaron hechos relacionados con el comportamiento del demandante que no fueron tenidos en cuenta al valorar su responsabilidad ,

dentro de ellos, los siguientes:

12. Que al inscribir su candidatura ante las directivas del Partido Liberal y la Registraduría Nacional del Estado Civil , presentó los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales en los que no se reportaron restricciones de ningún tipo.

13. Durante el trámite sancionatorio no se demostró la existencia de alguna inhabilidad que le obstaculizara el ejercicio de cargos públicos.

Fundamentos de derecho. Para el abogado defensor, las decisiones sometidas a juicio vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 4 .°, 29 y 93 de laNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 Constitución Política; artículos 6.°, 17, 18, 20, 21, 94, 97, 128, 129 y 139; artículo 8.° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y artículo 14 del

3 Constitución Política; artículos 6.°, 17, 18, 20, 21, 94, 97, 128, 129 y 139; artículo 8.° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

14. Al desarrollar el concepto de violación, invocó los cargos de nulidad que

se sintetizan a continuación:

15. Violación al debido proceso y al derecho a la defensa. La demandada cerró el debate probatorio disciplinario , sin escuchar los testimonios de los señores Hugo Guzmán Fonseca y Edgar Osorio Osorio, a pesar de que había n sido decretados oportunamente. Además, se omitió emplear la potestad prevista en el artículo 139 de la Ley 734 de 2002, para obligar la comparecencia de esos declarantes.

16. Violación al principio de culpabilidad y proporcionalidad disciplinaria. Para declarar la responsabilidad disciplinaria invocando la modalidad de dolo, se debe acreditar que el sancionado quiso, inequívocamente, cometer la falta imputada. Por el contrario, si se demuestra la ausencia de esa intencionalidad, es improcedente acudir al referenciado título de imputación.

17. Los fallos cuestionados concluyeron que la conducta reprochada fue cometida con dolo, pasando por alto todas las circunstancias que conllevaron al demandante a posesionarse como concejal distrital de Cartagena de Indias, entre ellas: a) la inexistencia de antecedentes penales al momento de inscribir su candidatura y; b) que los actos sancionatorios no valoraron lo dicho por el actor en su versión libre, referente a que la última actuación del proceso penal que

ellas: a) la inexistencia de antecedentes penales al momento de inscribir su candidatura y; b) que los actos sancionatorios no valoraron lo dicho por el actor en su versión libre, referente a que la última actuación del proceso penal que conoció fue la preclusión de la investigación ; l o cual fue corroborado por su abogado.

18. Del análisis de las pruebas se puede concluir que el demandante no tuvo la intención de cometer la falta disciplinaria. Con esa omisión, la autoridad accionada no aplicó en debida manera las reglas de asignación de culpabilidad pues, aunque el ordenamiento demanda de los servidores p úblicos un conocimiento de las cargas que deben cumplir , lo cierto es que, en virtud del principio de dignidad humana, al momento de reprochar una falla conductual se deben establecer las condiciones del autor y los deberes de información asumidos por este.

19. Violación al principio de proporcionalidad. La inadecuada calificación de la falta vulneró el aludido principio, pues debiendo aplicar la sanción de suspensión, multa o, en su defecto, amonestación en la hoja de vida, acudió a la destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos, restricción que no correspondía con el verdadero grado de culpabilidad.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 Contestación de la demanda.

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 Contestación de la demanda.

20. Dentro de la oportunidad de ley, la Procuraduría General de la Nación contestó la demanda 4, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones . Con tales fines, alegó que las actuaciones surtidas al interior del trámite disciplinario respetaron la Constitución Política y la ley, máximo porque en cada etapa procesal se le garantizó al investigado el legítimo derecho a defenderse y contradecir la s decisiones respectivas.

21. En línea con ello, como argumentos de defensa contra los cargos de

nulidad, expuso lo siguiente:

22. La actitud que reproch ó la parte actora dista mucho de una infracción de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa , pues en varias ocasiones se citaron a los testigos renuentes, por lo que en principio no podría hablarse de una vulneración a tales prerrogativas, dado que la ausencia de los declarantes no le es atribuible al operador disciplinario.

23. La violación al principio de la culpabilidad se sustent ó en una indebida valoración probatoria del abogado defensor frente al elemento subjetivo de la falta disciplinaria enrostrada, es decir, en torno a la culpabilidad del actor.

24. Manifestó que «la presunta ausencia de antecedentes que reposaba en sus certificados de Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Penales al momento de inscribirse como candidato al Concejo por el Distrito de Cartagena, no desvirtuaban per se la legalidad de la sentencia condenatoria que se profir ió en

certificados de Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Penales al momento de inscribirse como candidato al Concejo por el Distrito de Cartagena, no desvirtuaban per se la legalidad de la sentencia condenatoria que se profir ió en su contra por el delito de inasistencia alimentaria; máxime cuando adujo que tuvo conocimiento de la misma días previos a su posesión y aun así procedió a continuar en el proceso».

25. Como órgano de control tiene la obligación de reportar las novedades que alteren la situación jurídica de una persona en cuanto a la ausencia o existencia de inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de funciones públicas, pero esto solo se realiza si la autoridad competente informa la sanción impuesta.

26. En todo caso, eso no es justificación para desconocer la existencia de una condena en contra del demandante «porque los antecedentes disciplinarios sólo informan la situación judicial de una persona mas no se encarga de prohibir a qué cargos se puede acceder, esto último lo consagra es el legislador».

27. En el curso procesal se demostró que el accionante fue destinatario de una sentencia condenatoria a título de dolo por el delito de inasistencia alimentaria, providencia que a la fecha de posesión en el aludido cargo se encontraba debidamente ejecutoriada . Por tanto, estuvo bien determinada la inhabilidad prevista en el numeral 17 del artículo 48 del estatuto disciplinario.

4 Folios 1165 a 1173 del cuaderno 6.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

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Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 5

28. La restricción en cita no depende de los medios de difusión o mecanismos de publicidad que ofrezca la rama judicial, sino que tiene su razón de ser en la existencia de una condena penal debidamente ejecutoriada, lo que fue demostrado en el trámite sancionatorio. Por ende, no es de recibo la tesis del reclamante cuando señaló que ignoraba la existencia de esa providencia.

29. Es desértica la causal de violación al principio de proporcionalidad, pues en ella no se exponen las razones por las cuales la sanción impuesta detenta esa irregularidad -limitándose a decir que debido a su conducta, debió ser calificada como culpa leve con su consecuente sanción-.

Sentencia de primera instancia.

30. Mediante sentencia proferida en la audiencia inicial celebrada el 25 de octubre de 2017 ,5 el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las súplicas de la demanda y condenó en costas al accionante.

31. Para arribar a esa decisión, el a quo , luego de referenciar el marco normativo aplicable al juicio disciplinario, concluyó que el análisis realizado en los fallos fue amplio, sustancial, crítico y razonado de los medios probatorios. En

concreto, sobre los cargos invocados expresó:

32. La violación al debido proceso y al derecho a la defensa no prospera ,

fallos fue amplio, sustancial, crítico y razonado de los medios probatorios. En concreto, sobre los cargos invocados expresó:

32. La violación al debido proceso y al derecho a la defensa no prospera , porque la decisión de no recaudar la declaración de los testigos renuentes no obedeció al capricho de la autoridad instructora . En cambio, se acreditó la diligencia en las actuaciones surtidas por la Procuraduría Regional de Bolívar.

33. Sin embargo, los citados deponentes se negaron a comparecer en las tres oportunidades que fueron requeridos . Así las cosas, es razonable que en aplicación del principio de economía y celeridad procesal -artículos 12 y 94 de la Ley 734 de 2002 -, el operador disciplinario ordenara el cierre de la etapa probatoria.

34. Dentro del expediente existía suficiente material probatorio para adoptar una decisión de fondo ; por lo que el fallador estaba autorizado para limitar los testimonios cuando en su criterio tuviera claridad sobre los hechos que pretendía demostrar.

35. Las razones por las cuales el demandante requería esas declaraciones se suplieron con los otros testigos escuchados en el proceso , los cuales fueron valorados de manera razonable y adecuada.

36. Se respetó, además, el derecho de audiencia y de defensa, comoquiera que se resolvió oportunamente la solicitud de nulidad presentada por el abogado

5 Folios 2341 a 2357 del cuaderno 12.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

5 Folios 2341 a 2357 del cuaderno 12.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 defensor en la audiencia pública del 5 de octubre de 2012, en relación con la no práctica de los testimonios de Hugo Guzmán Fonseca y Edgar Osorio.

37. La no resolución de esa solicitud de nulidad en sede de segunda instancia obedeció a que ella fue despachada negativamente en la citada audiencia y, presentado el recurso de reposición, la decisión fue confirmada, con lo cual quedó en firme.

38. No se vulneró el principio de culpabilidad y proporcionalidad , pues las pruebas recopiladas no conllevaban a variar el título de imputación, toda vez que la falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo, por haber tomado posesión del cargo de concejal d istrital de Cartagena en el periodo 2012 -2015, pese a la causal de inhabilidad prevista en el numeral 1.° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 , modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. En esos términos, su conducta ameritaba la sanción impuesta, a la luz de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 734 de 2002.

39. La procuraduría no presumió el a ctuar doloso del accionante, sino que demostró que previ a asunción de su investidura conocía del fallo penal en su

en el artículo 44 de la Ley 734 de 2002.

39. La procuraduría no presumió el a ctuar doloso del accionante, sino que demostró que previ a asunción de su investidura conocía del fallo penal en su contra y, a pesar de eso, decidió tomar posesión de aquel.

40. La alegada diligencia del demandante en consultar a distintos abogados para determinar si podía posesionarse en ese empleo también fue estudiada en los fallos demandados, en los que se indicó que tales acciones no configuraron el error invencible eximente de responsabilidad , en tanto que «una asesoría individual, particular y subjetiva no puede más que un proceso judicial, que es el estadio natural donde se resuelve, como se anota, los conflictos legales como el que se examina».

41. A lo anterior se suma que «las consultas hechas a profesionales del derecho o el grado de escolaridad o preparación que pueda tener un candidato a una Corporación Pública, en nada incide sobre la efectiva configuración de los elementos constitutivos de una inhabilidad, incluidos sus elementos subjetivos, así como los consecuentes cargos disciplinarios que se le imputaron al actor inhabilidad (…)».

42. Por el contrario, el presunto error del demandante si era vencible, dado que «siendo una persona que se somete a ejercer como servidor público, esto es, concejal, se le exigían deberes y asumía la responsabi lidad de leer, adquirir conocimientos y buscar asesoría adecuada de manera directa».

Recurso de apelación.

43. Inconforme con esa decisión, el apoderado sustituto de la parte demandante la recurrió en apelación6. En su intervención, censuró que el tribunal

Recurso de apelación.

43. Inconforme con esa decisión, el apoderado sustituto de la parte demandante la recurrió en apelación6. En su intervención, censuró que el tribunal

6 Folios 2360 a 2364 del cuaderno 12.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 de primera instancia hubiere negado las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:

44. La no práctica del testimonio del señor Hugo Guzmán Fonseca transgredió el debido proceso y el derecho a la defensa, así como la garantía a ser juzgado con sujeción a las formas propias de cada juicio, que para el caso concreto se traducía en el cumplimiento del deber de practicar las pruebas necesarias para desvirtuar la imputación formulada por la autoridad disciplinaria.

45. Aunque el testigo fue citado en tres oportunidades, indebidamente se cerró la etapa probatoria, dado que se omitió el deber de hacerlo comparecer por medio del poder concedido en el artículo 139 de la Ley 734 de 2002.

46. La infracción al debido proceso se predica también del acto administrativo sancionatorio de segunda instancia porque «no obstante haber puesto en conocimiento, la violación a las garantías fundamentales de Jaime de Ávila Fernández, guardó silencio sobre las mismas, sin explicar, ni desvirtuar cada una de las razones y argumentos jurídicos presentados (…) que le obligaban a

conocimiento, la violación a las garantías fundamentales de Jaime de Ávila Fernández, guardó silencio sobre las mismas, sin explicar, ni desvirtuar cada una de las razones y argumentos jurídicos presentados (…) que le obligaban a declararla nulidad de la actuación o, por lo menos a escuchar, durante el trámite de la segunda instancia, a los testigos previa citación de la Defensa con el objeto de ejercer adecuadamente la garantía de contradicción».

47. Con esa decisión se trasgredió el principio de culpabilidad y proporcionalidad, pues el demandante siempre actuó convencido de que no tenía ninguna limitante para posesionarse como concejal.

48. Ni al momento de inscribir su candidatura ni al tiempo de tomar posesión del cargo como concejal distrital , el señor De Ávila Fernández tenía reporte de antecedentes penales. Por esta razón el Partido Liberal lo avaló para participar como aspirante.

49. Las decisiones sancionatorias no tuvieron en cuenta que el demandante fue diligente y consultó a distintos abogados para saber si podía posesionarse como concejal, dada su condición de líder de comunidades isleñas, de profesión soldador y sin conocimiento sobre el régimen de inhabilidades.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

La admisión del recurso.

50. Mediante auto de fecha 29 de enero de 2019,7 se admitió el recurso de apelación.

7 Folio 2374 del cuaderno 12.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

7 Folio 2374 del cuaderno 12.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 Alegatos de conclusión.

51. A través de proveído adiado 5 de mayo de 2019,8 se ordenó correr traslado a las partes y al agente del ministerio público para que presentaran sus alegatos de conclusión. En esta oportunidad procesal las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

52. Finalmente, se advierte que , tramitado en form a legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

53. Competencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, esta Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

54. Problema jurídico. Le corresponde a la Sala establecer , en línea con lo sustentado en el recurso de apelación si: ¿Las decisiones demandadas transgredieron los derechos al debido proceso y defensa del actor y el principio de culpabilidad y proporcionalidad ligados a la sanción impuesta?

Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

La culpabilidad.

55. En cuanto a este elemento de la responsabilidad, el artículo 13 de la Ley

de culpabilidad y proporcionalidad ligados a la sanción impuesta?

Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

La culpabilidad.

55. En cuanto a este elemento de la responsabilidad, el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 estableció que «[e]n materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».

56. Ello significa que el operador debe examinar la conducta reprochada, en orden a establecer si la misma fue ejecutada con dolo, esto es, «cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción… y quiere su realización.

También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción … ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar»;10 o con culpa gravísima o grave, frente a las que el parágrafo del artículo 44 ibid. instituyó «[h]abrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones».

8 Folio 2380 del cuaderno 12. 9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 10 Artículo 22 de la Ley 599 de 2000.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

10 Artículo 22 de la Ley 599 de 2000.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 9

57. En sentencia de 6 de febrero de 2020, esta Subsección, 11 en cuanto a la estructura general de la responsabilidad disciplinaria, expresó:

«La responsabilidad disciplinaria surge cuando se comprueba la concurrencia de ciertos elementos sistemáticamente organizados entre sí. Esto, se expresa en una estructura que ha sido construida dogmáticamente desde la doctrina a partir de cinco categorías a saber: (i) la capacidad, (ii) la conducta, (iii) la tipicidad, (iv) la ilicitud sustancial y (v) la culpabilidad.

A su vez, las cinco categorías que se acaban de enunciar pueden subdividirse a partir de tres juicios diferentes: (i) el juicio de adecuación para determinar la tipicidad; (ii) el juicio de valoración para definir la ilicitud sustancial; y (iii) el juicio de reproche para analizar la culpabilidad.

Respecto del primer juicio, es necesario que previamente se determinen: la capacidad del sujeto disciplinable desd e su condición como servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas (capacidad formal), y su imputabilidad (capacidad material); además de las circunstancias de hecho relativas a la conducta, las cuales deben demostrarse con las pruebas practicadas en el procedimiento sancionatorio. De allí, la adecuación típica debe

imputabilidad (capacidad material); además de las circunstancias de hecho relativas a la conducta, las cuales deben demostrarse con las pruebas practicadas en el procedimiento sancionatorio. De allí, la adecuación típica debe realizarse con la confrontación del comportamiento probado y el texto legal que consagre la falta disciplinaria.

Si el primer juicio arroja que un sujeto disciplinable e imputable, con su conducta cometió una falta disciplinaria tipificada en la ley, debe pasarse al segundo, relativo a la valoración sobre la ilicitud sustancial. Esta, de acuerdo con lo consagrado en los artículos 4 de la Ley 1015 de 2006 y 5 del Código Disciplinario Único, se configura cuando la conducta tipificada como falta afecte el deber funcional sin justificación alguna.

[…]

Ahora bien, a diferencia del derecho penal, para que se configure una infracción disciplinaria no es necesario un resultado lesiv o o dañino a un bien jurídico o al Estado, sino que se exige el quebrantamiento sustancial injustificado de los deberes funcionales encargados al servidor público, que afecten los valores o principios de la función pública, y la consecución de los fines de la organización política.

[…]

Finalmente, el juicio de reproche en sede de culpabilidad, debe realizarse a partir de la verificación del nexo psicológico entre el autor de la falta y la conducta desplegada para su consumación, esto es, si el sujeto disciplinable actuó con dolo o culpa y, además, si le era exigible un comportamiento diverso al que efectivamente materializó en la realidad […]»

El control judicial integral frente a los actos administrativos sancionatorios.

dolo o culpa y, además, si le era exigible un comportamiento diverso al que efectivamente materializó en la realidad […]»

El control judicial integral frente a los actos administrativos sancionatorios.

58. En sentencia de 9 de agosto de 2016, la Sala Plena de esta Corporación, al resolver la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la ciudadana Piedad Esneda Córdoba Ruíz en contra de la Procuraduría General de la Nación, luego de refe renciar las tesis que a lo largo de los tiempos fijaron

11 Expediente radicado interno 3003-2017, C.P. William Hernández Gómez.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13 001 23 33 000 2014 00294 01 (5790-2018)

Demandante: Jaime Domingo De Ávila Fernández

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 los criterios para el ejercicio del control judicial sobre las decisiones disciplinarias,12 unificó la jurisprudencia para pregonar que, en adelante, dicha revisión sería «integral».

59. Con esta nueva regla se debía superar el simple examen de legalidad para arribar a un análisis sustancial y profundo que contrastara la decisión sancionatoria con la Constitución Política y la ley, teniendo como norte derechos fundamentales.13 En esa providencia se puede leer lo siguiente:

«Alcance del control judicial integral.

En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se

«Alcance del control judicial integral.

En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) L a competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier ac to administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo co ntencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso