CE - Sentencia 13001233300020140036801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516) Demandante: Jasmel Grau Rada y otros Demandado: NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN-No es absoluto pues el Estado no es un asegurador general. FALLA DEL SERVICIO RELATIVA POR OMISIÓN-Debe tenerse en cuenta la capacidad de las autoridades públicas en su deber de seguridad y protección. PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -Eventos y requisitos según Ley 906 de 2004, L. 418 de 1997 y R. 05101 de 2008. FALLA DEL SERVICIO RELATIVA-Límite en los recursos materiales y humanos del Estado. AUSENCIA DE NEXO CAUSALdebe acreditarse la atribución causal en virtud del artículo 167 del CGP. OMISIÓN DEL DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN-Se requiere de solicitud formulada o que las condiciones personales permitan inferir de manera inequívoca la necesidad de protección.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 29 de abril de 2024, proferida por el

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 29 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No.005, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

En la vía Variante de Mamonal, que conduce a Turbaco, fueron hallados tres cuerpos, uno de los cuales fue identificado como quien en vida fue Eliana Patricia Grau Montes (QEPD), desaparecida el 23 de marzo de 2012. Se relató en la demanda que, al momento de su fallecimiento, la señora Grau Montes se encontraba en compañía del señor Wisting Fierro Ruiz, quien había sufrido constantes amenazas de muerte en 2008, motivo por el cual interpuso unaRadicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

Demandante: Jasmel Grau Rada y otros Demandado: NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

2 denuncia ante la SIJIN, sin que las entidades demandadas le brindaran protección a su integridad.

ANTECEDENTES La demanda

El 16 de mayo de 2014 1, por intermedio de su apoderado judicial, los señores Jasmel Rafael Grau Rada, Aliria Montes Peñate, Julio Rafael Grau Pérez, Estefani Del Carmen Grau Montes, Daniel Rafael Grau Suárez, Jeismel Andrés

Jasmel Rafael Grau Rada, Aliria Montes Peñate, Julio Rafael Grau Pérez, Estefani Del Carmen Grau Montes, Daniel Rafael Grau Suárez, Jeismel Andrés Grau Suárez, Karen Paola Rojas Montes y Jaider Andrés Rojas Montes interpusieron el medio de control de reparación directa, con el objeto de que se declare la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Nación– Fiscalía General de la Nación, por los daños derivados de las fallas del servicio que ocasionaron el deceso de la señora Eliana Patricia Grau Montes (QEPD), en los siguientes términos:

«(…) PRIMERA: Solicito se declare a LA NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, administrativa y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que fueron ocasionados a mis poderdantes, con motivo de la falla del servicio causante de la muerte de ELIANA PATRICIA GRAU MONTES (Q.E.P.D.) en los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2012.

SEGUNDA: como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-LA POLICIA NACIONALFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , a cada uno de los demandantes a título de indemnización los siguientes perjuicios: (…)»

Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, se relató que la señora Eliana Patricia Grau Montes laboraba como manicurista en el centro

1SAMAI índice 00002 «Expediente Digital»: Archivo: «003ED_01ExpedienteDigital (pdf.NroActua 2)» pp. 1señora Eliana Patricia Grau Montes laboraba como manicurista en el centro

1SAMAI índice 00002 «Expediente Digital»: Archivo: «003ED_01ExpedienteDigital (pdf.NroActua 2)» pp. 121.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

Demandante: Jasmel Grau Rada y otros Demandado: NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional y otro

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3 estético propiedad del señor Wisting Fierro Ruiz (QEPD) al momento de los hechos, es decir, el 25 de marzo de 2012.

La demanda señala que el señor Wisting Fierro Ruiz sufrió constantes amenazas de muerte en 2008, motivo por el cual interpuso una denuncia ante la SIJIN, la cual fue asignada a la Fiscalía Seccional 37 de Cartagena, con el radicado No.

130016001128201108695. Pese a lo anterior, expuso que las entidades demandadas no le otorgaron protección policial ni otra medida de seguridad, al

señor Fierro Ruiz.

Según el relato de los familiares, la señora Eliana Patricia Grau Montes celebró su cumpleaños el 23 de marzo de 2012 junto con sus empleadores, el señor Wisting Fierro Ruiz y la señora Juliana López Cordero. Pese a que, la señora Grau Montes le indicó a su familia que ese día los vería más tarde, no lo hizo durante todo el fin de semana, motivo por el cual acudieron a la SIJIN del barrio Manga. Posteriormente, el 27 de marzo, las noticias registraron el hallazgo de

Grau Montes le indicó a su familia que ese día los vería más tarde, no lo hizo durante todo el fin de semana, motivo por el cual acudieron a la SIJIN del barrio Manga. Posteriormente, el 27 de marzo, las noticias registraron el hallazgo de tres cuerpos desmembrados, incinerados e irreconocibles en la Variante de Mamonal, que conduce a Turbaco. Pasados diez meses de dicho hallazgo, las pruebas de ADN revelaron que uno de los cadáveres correspondía a la señora Eliana Patricia Grau Montes.

Contestación de la demanda

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 2, por intermedio de su apoderado judicial, radicó un escrito de contestación oponiéndose a las pretensiones de la demanda. Frente a los hechos, se limitó a reconocer como ciertos aquellos relativos a la defunción de la señora Eliana Patricia Grau Montes, la identificación de su cuerpo entre los tres cadáveres incinerados y la existencia de una denuncia por amenazas, radicada por el señor

2 SAMAI índice 002 «Expediente Digital», archivo de contestación a la demanda»: «014ED_EXPTRIBUN_012contestacionrefor.pdf»Radicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

Demandante: Jasmel Grau Rada y otros Demandado: NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

4 Fierro Ruiz ante la Fiscalía Seccional 37. Como excepciones a la demanda, propuso la falta de legitimidad en la causa por pasiva, al considerar que el

Nacional y otro

Proceso: Reparación Directa

4 Fierro Ruiz ante la Fiscalía Seccional 37. Como excepciones a la demanda, propuso la falta de legitimidad en la causa por pasiva, al considerar que el conocimiento de los hechos le correspondía a la Fiscalía General de la Nación, entidad que mantuvo el proceso penal inactivo.

En lo referente a la posible imputación de responsabilidad, se consideró que, en el caso concreto, no se configuró ninguno de los escenarios previstos por la jurisprudencia como constitutivos de una omisión del deber de protección. En particular, se indicó que no existe prueba de que la señora Grau Montes haya solicitado a la Policía protección especial por amenazas contra su vida, de que la entidad se la haya denegado, de su pertenencia a un grupo vulnerable o del ejercicio de una profesión que la colocara en riesgo.

En lo que concierne a la posible amenaza que podía desprenderse sobre el señor Fierro Ruiz, se indicó que la denuncia que este hubiera podido interponer no hacía referencia a amenazas contra la integridad de la señora Grau Montes, cuya muerte ocurrió cuatro años después de presentada la mencionada denuncia. Se agregó que las pruebas aportadas son insuficientes para atribuir responsabilidad a la Policía Nacional, enfatizando que la carga de la prueba de los hechos recaía sobre la parte demandante. Por último, se adujo que los hechos descritos en la demanda son atribuibles a personas ajenas a la institución, por lo que se verifica la ocurrencia de un hecho de un tercero.

La Nación – Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda.

Sentencia de primera instancia

demanda son atribuibles a personas ajenas a la institución, por lo que se verifica la ocurrencia de un hecho de un tercero.

La Nación – Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de abril de 2024 3, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 005, negó las pretensiones de la demanda. A juicio

3 SAMAI índice 002 «Expediente Digital» Archivo: «11ED_09Sentenciapdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2»Radicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

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5 del a quo, los demandantes no acreditaron, en los términos del artículo 167 del C.G.P., elementos que permitieran imputar a las entidades demandadas la responsabilidad por el daño derivado de la muerte de la joven Eliana Patricia Grau Montes, cuya ocurrencia fue acreditada con su registro civil de defunción.

Al respecto, el tribunal, en primer lugar, se refirió a los casos en los que, de acuerdo con la jurisprudencia, resulta procedente el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la omisión en el deber de brindar protección a las personas. En segundo lugar, el a quo descartó que pudiera imputarse responsabilidad a las entidades demandadas, al verificarse que en el plenario no se acreditó la muerte del señor Wisting Fierro Ruiz, a quien se le atribuía el

personas. En segundo lugar, el a quo descartó que pudiera imputarse responsabilidad a las entidades demandadas, al verificarse que en el plenario no se acreditó la muerte del señor Wisting Fierro Ruiz, a quien se le atribuía el derecho a la protección y que, según la demanda, se encontraba con la víctima directa al momento de su deceso. En este punto, se recalcó la falta de registro civil o certificado de defunción del mencionado señor, así como la ausencia de evidencia que confirmara que efectivamente era uno de los cuerpos encontrados en la Variante de Mamonal de Cartagena, según el informe de necropsia No. 2012010108001000240.

Al margen de la discusión, el a quo adujo que, aun cuando se acreditara el deceso del señor Fierro Ruiz, la muerte de la señora Eliana Patricia Grau Montes no resultaba imputable a las entidades demandadas. En este punto, consideró acreditado que el señor Fierro Ruiz denunció ante la Fiscalía General de la Nación la existencia de amenazas en su contra, pero no se probó que dicha denuncia hubiera sido remitida a la Policía Nacional, lo que descarta el conocimiento de dichas amenazas por parte de esta última entidad.

En relación con la Fiscalía General de la Nación, se refirió al alcance de los deberes de protección de las víctimas e intervinientes en el proceso penal, previstos en los artículos 132, 133 y 136 de la Ley 906 de 2004, los artículos 67 y 70 de la Ley 418 de 1997 y la Resolución No. 0-5101 del 15 de agosto de 2008.

previstos en los artículos 132, 133 y 136 de la Ley 906 de 2004, los artículos 67 y 70 de la Ley 418 de 1997 y la Resolución No. 0-5101 del 15 de agosto de 2008. Habiendo identificado que sobre la Fiscalía General de la Nación recae el deberRadicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

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6 de velar por la protección de víctimas, testigos, jurados y demás intervinientes en el proceso penal, se consideró que, en el caso concreto, la denuncia penal del señor Fierro Ruiz no evidenció una solicitud expresa de medidas de protección.

En la decisión también se expuso que no se demostró una situación de vulnerabilidad del señor Fierro Ruiz que ameritara su inclusión en un programa de protección. Se señaló que, en el plenario, no se probó ninguna circunstancia que permitiera inferir que el señor Fierro Ruiz estuviera en un peligro inminente de muerte, en particular, que fuera propietario de algún bien sobre el cual se exigiera su venta, que existieran amenazas posteriores a la denuncia, o acciones dirigidas a materializarlas, entre otros factores. Asimismo, se recalcó que la jurisprudencia establece que la simple denuncia de un hecho delictivo no garantiza la inclusión en el programa de protección a testigos y que la denuncia tuvo lugar cuatro meses después de las amenazas, mientras que la muerte ocurrió siete meses después de haberse radicado dicha denuncia.

garantiza la inclusión en el programa de protección a testigos y que la denuncia tuvo lugar cuatro meses después de las amenazas, mientras que la muerte ocurrió siete meses después de haberse radicado dicha denuncia.

Por último, se resaltó que en el expediente tampoco obra prueba de la cercanía o amistad entre la joven Eliana Patricia Grau Montes y el señor Wisting Fierro Ruiz, su esposa, o de que estuvieran reunidos el día de los hechos.

Recurso de apelación

Contra la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante 4 interpuso el recurso de apelación, en el cual solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Argumentó que la decisión de primera instancia careció de objetividad probatoria y consideró

4 SAMAI índice 00002 «Expediente Digital»: Archivo: «013ED_11RecursoApelación»Radicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

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7 que, en el plenario, se acreditó tanto la falla del servicio de las entidades demandadas como su nexo causal con la muerte de la señora Grau Montes.

Al respecto, afirmó que la muerte del señor Fierro Ruiz, junto con la joven Eliana Grau Montes resulta acreditada, a través de las noticias emitidas por diferentes medios de comunicación, donde se expuso el contexto en el que ocurrió su

Al respecto, afirmó que la muerte del señor Fierro Ruiz, junto con la joven Eliana Grau Montes resulta acreditada, a través de las noticias emitidas por diferentes medios de comunicación, donde se expuso el contexto en el que ocurrió su deceso. Sumado a esto, estimó que el informe de necropsia sobre el cuerpo de la señora Grau Rada confirmó lo expuesto en los medios de comunicación. Punto donde insistió que el tribunal debió emplear las facultades que les confía la ley para decretar pruebas de oficio.

Se resaltó que, en la decisión de primera instancia, se identificó una omisión por parte de la Fiscalía General de la Nación en lo que respecta a la falta de remisión de la noticia criminal por el delito de amenazas a la inspección de policía competente. Según el recurso, esta omisión derivó en la falta de adopción de medidas destinadas a salvaguardar la vida del señor Wisin Fierro Ruiz y, con ello, la de la señora Grau Montes, quienes debieron haber sido protegidos tras la denuncia y mediante la debida investigación de los hechos.

Trámite en la segunda instancia

El 6 de febrero de 2025, el tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 5, el cual fue admitido en esta corporación en providencia del 6 de mayo de 2025 6. En el término de ejecutoria de la anterior providencia7, las partes guardaron silencio; sin embargo, en la oportunidad de la que trata el numeral 6 del artículo 247 del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), el ministerio público presentó su concepto8.

5 Índice SAMAI 0002 archivo: «015ED_ AutoConcedeApelaci(pdf)»

de la Ley 2080 de 2021), el ministerio público presentó su concepto8.

5 Índice SAMAI 0002 archivo: «015ED_ AutoConcedeApelaci(pdf)» 6 SAMAI índice 0004. 7 Se notificó por estado del 13 de mayo de 2025. 8 SAMAI índice 00010.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

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Concepto del Ministerio Público

El Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa presentó concepto en el sentido de que debía confirmarse el fallo de primera instancia, al no poderse imputar el daño a las entidades demandadas. Estimó esto al verificar que no se acreditó la existencia de una solicitud de protección por parte de las presuntas víctimas de homicidio, ni pruebas que evidenciaran un contexto de peligrosidad para ellas o que dicha situación hubiera sido puesta en conocimiento de las autoridades. Asimismo, señaló que de la denuncia del señor Fierro Ruiz y las supuestas irregularidades en su tramitación no podía desprenderse, de manera causal, que la muerte de la señora Grau Montes obedeciera a las mismas condiciones en las que falleció Wisting Fierro Ruiz.

CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 18 de mayo de 2014, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Ruiz.

CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 18 de mayo de 2014, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del 2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

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I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción de lo contencioso-administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual, conoce los recursos de apelación

104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual, conoce los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $308’000. 000.oo millones de pesos9.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo.

4. En este caso, procede la reparación directa, ya que en la demanda se imputa el fallecimiento de la joven Eliana Patricia Grau Montes a una presunta omisión en el cumplimiento de los deberes de protección a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Demanda en tiempo

9 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2014], [$616. 000.oo], por 500 y la demanda estimó la cuantía en $ 444’292.800Radicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

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5. De acuerdo con el artículo 164.2. del CPACA, se cuenta con un término de «(…) dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, (…) o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior (…)».

En relación con la muerte de la señora Eliana Patricia Grau Montes, según consta en el registro civil de defunción, esta ocurrió el 25 de marzo de 2012 10; sin embargo, dado el estado de sus restos humanos solo pudo determinarse su identidad hasta el 15 de abril de 2013, conforme al informe Pericial de Identificación No. 20122010108001000240 de dicha fecha 11 . Precisado lo anterior, se estima que la demanda se interpuso de forma oportuna el 16 de mayo de 2014, al valorarse que el cómputo de caducidad estuvo suspendido entre el 25 de marzo y el 16 de mayo de 2014, en virtud del trámite de la conciliación extrajudicial ante el Procurador 21 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bolívar12.

Legitimación en la causa

6. En el presente caso, se acreditó la legitimación en la causa por activa de los miembros de la parte actora. En el plenario obra el registro civil de nacimiento, de la señora Eliana Patricia Grau Montes, víctima principal, que permite acreditar el parentesco de Jasmel Rafael Grau Rada (padre), Aliria Montes Peñate

los miembros de la parte actora. En el plenario obra el registro civil de nacimiento, de la señora Eliana Patricia Grau Montes, víctima principal, que permite acreditar el parentesco de Jasmel Rafael Grau Rada (padre), Aliria Montes Peñate (madre)13 y Julio Rafael Grau Pérez (abuelo)14.

10 Indice SAMAI 0002 archivo: «0003ED_01 Expediente Digital(.pdf)» páginas 44 y 45. 11Indice SAMAI 0002 archivo: «0003ED_01 Expediente Digital(.pdf)» páginas 61 a 62 12 Indice SAMAI 0002 archivo: «0003ED_01 Expediente Digital(.pdf)» páginas 74 a 76. 13 Indice SAMAI 0002 archivo: «0003ED_01 Expediente Digital(.pdf)» páginas 26 y 27. 14 Ib. pp.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

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11 Por otro lado, respecto a Estefani Del Carmen Grau Montes (hermana) 15 Daniel Rafael Grau Suárez (hermano) 16, Jeismel Andrés Grau Suárez (hermano) 17, Karen Paola Rojas Montes(hermana) 18 y Jaider Andrés Rojas Montes (hermano)19, también se aportaron los registros civiles de nacimiento, con los cuales se acredita su parentesco y, por ende, su legitimidad en la causa por activa.

En lo que respecta a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la

cuales se acredita su parentesco y, por ende, su legitimidad en la causa por activa.

En lo que respecta a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, estas están legitimadas en la causa por pasiva, habida cuenta de que se les imputa la omisión en el cumplimiento de los deberes de protección que recaían sobre el señor Wisting Fierro Ruiz. La alegada infracción, según la demanda, derivó en el fallecimiento de la señora Eliana Patricia Grau Montes. En el caso de la Policía Nacional, dichos deberes se desprenden de lo establecido en los artículos 2 y 218 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 62 de 1993. Por su parte, los deberes de la Fiscalía General de la Nación tienen su fundamento en lo dispuesto en la Ley 938 de 2004, la Ley 906 de 2004 y la Ley 418 de 1997.

3. Problema jurídico

Vista la demanda, la sentencia y el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, se estima pertinente que la Sala de Subsección defina si, en el caso de referencia, la muerte de la señora Eliana Patricia Grau Montes es imputable a la presunta omisión de las entidades demandadas en el cumplimiento de sus deberes de protección respecto del señor Wisting Fierro Ruiz.

15 Ib. Pp31-32 16 Ib. Pp. 33-34 17 Ib. 35-36 18 Ib. pp. 39-40 19 Ib pp. 37-38Radicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

Demandante: Jasmel Grau Rada y otros

17 Ib. 35-36 18 Ib. pp. 39-40 19 Ib pp. 37-38Radicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

Demandante: Jasmel Grau Rada y otros Demandado: NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional y otro

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12 Para ello, se considera necesario determinar si el tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria al concluir que no se acreditó una falla en el servicio de las entidades demandadas ni se estableció el nexo causal, de dicha falla con el fallecimiento de la señora Grau Montes.

4. Análisis de la Sala

Del daño

7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión, de las autoridades públicas. En desarrollo de este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando debidamente demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.

adentrarse en el estudio de los demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.

8. De esta manera, entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito 20 21 es el primer elemento que

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente 61.340 21 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de repararse encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français , tesis doctoral, universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad delRadicación: 13001-23-33-000-2014-00368-01 (72.516)

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Proceso: Reparación Directa

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13 debe quedar certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-, sin cuya existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido, la doctrina nacional expone:

[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil22.

9. El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto 23, es decir, que su existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 24.

Y también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus características.

Además, el daño debe ser probado teniendo en cuenta que es el actor quien tiene la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: «(…) incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto

tiene la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: «(…) incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…)». De ahí que no es suficiente que en la demanda

estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el estado ”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35 Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020 22 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Ju