CE - Sentencia 13001233300020140042701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

Proceso: Reparación directa

CADUCIDAD EN PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD -El término se contabiliza desde la ejecutoria de l a sentencia absolutoria o de la preclusión de la investigación. CADUCIDAD EN DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -El término se contabiliza a partir del día siguiente en que se tuvo conocimiento del he cho u omisión que causó el daño. RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Se debe privilegiar el régimen de responsabilidad de falla del servicio. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Régimen de falla del servicio que requiere prueba de actuación irregular. PERJUICIOS MORALESAplicación de reglas y criterios de sentencia de unificación. PERJUICIOS MATERIALES-Aplicación de reglas y criterios de sentencia de unificación. PERJUICIOS INMATERIALES -Aplicación de reglas y criterios de sentencia de unificación. COSTAS-Sin condena.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo

sentencia de unificación. COSTAS-Sin condena.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 14 de julio de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

En septiembre del 2000, la Fiscalía Seccional Doce de Cartagena adelantó investigación penal contra Francisco José Martelo Ve cchio –gerente de Telecartagena– por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación en beneficio de terceros e interés ilícito en la celebración de contratos. El 11 de octubre de 2000 impuso medida de aseguramiento en su contra , luego se le sustituyó la medida por d etención domiciliaria, y, el 10 de septiembre de 20 01, le fue concedida libertad condicional. Posteriormente se profirió resolución de acusación en su contra.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Proceso: Reparación directa

2 Finalmente, el 17 de septiembre de 2012 –luego de varias declaratorias de nulidad por distintas fiscalías y de requerirse la práctica de pruebas – el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena profirió sentencia absolutoria por la inexistencia de la conducta punible.

La demanda plantea que la privación de la libertad fue injusta (i) porque la

Penal del Circuito de Cartagena profirió sentencia absolutoria por la inexistencia de la conducta punible.

La demanda plantea que la privación de la libertad fue injusta (i) porque la medida de aseguramiento se fundamentó en pruebas insuficientes (con errores metodológicos en su recaudo ). Y (ii) porque en la sentencia absolutoria se concluyó la inexistencia de la conducta punible. Por otro lado, se alega falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial.

ANTECEDENTES

La demanda

El 29 de agosto de 2014 1, Francisco José Martelo Vecchio, Francisco Miguel Martelo Navas, Amaury Martelo Villarreal, Rosa Rosita Vec chio De Martelo, Amaury Enrique Martelo Vecchio, Daniella Martelo Navas, Sandra Cecilia Anichiarico Naar, Elizabeth Navas Trucco; Fiore lla Del Rosario Martelo Vecchio; Jorge Enrique Benedetty Naar, María Camila Martelo Estévez ; Melissa Benedetti Martelo y Mónica Lucía Estévez Rodríguez solicitaron declarar patrimonialmente responsables a la Nación -Fiscalía General de la Nación y a la Nación -Rama Judicial por la privación injusta de la libertad y mora judicial dentro del proceso penal adelantado contra Franc isco José Martelo Vecchio. En ese orden, pidieron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

Primera: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la NACIÓN (FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE COMUNICACIONES y la R AMA JUDICIAL DE COLOMBIA), de los perjuicios materiales y morales o cualquier otro inmaterial que se dedujere causados a los

NACIÓN (FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE COMUNICACIONES y la R AMA JUDICIAL DE COLOMBIA), de los perjuicios materiales y morales o cualquier otro inmaterial que se dedujere causados a los demandantes por el daño antijurídico a ellos generado, con motivo de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el s eñor FRANCISCO JOSÉ MARTELO VECCHIO, así como por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia del cual también fue víctima.

Segunda: Condenar a la Nación colombiana (FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE COMUNICACIONES y la RAMA JUDICIAL DE COLOMBIA), a pagar a cada uno de los demandantes, por la Reparación Directa

1 F. 16, 17 y 18 c. 3.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Proceso: Reparación directa 3 del Daño Antijurídico, las siguientes sumas de dinero calculadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia

que ponga fin a la presente controversia:

En calidad de perjuicios materiales causados al Señor FRANCISCO JORE

MARTELO VECCHIO:

Daño emergente: (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes

Lucro cesante: (3.213) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

Perdida de la Oportunidad: (979) Salarios Mínimos Legales Mensuales

(…)

Lucro cesante: (3.213) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

Perdida de la Oportunidad: (979) Salarios Mínimos Legales Mensuales

(…)

En calidad de perjuicios inmateriales al resto de los demandantes:

Perjuicios morales: (100) salarios mínimos a cada uno de los demandantes.

Daño de vida en relación:

La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a FRANCISCO JOSÉ MARTELO VECCHIO; cien (100) salarios mínimos a Francisco Miguel Martelo Navas; Cien (100) Salarios Mínimos A Daniella Martelo Navas; Cien (100) Salarios Mínimos A Fiorella Mart elo Vecchio; Cien (100) Salarios Mínimos A Amaury Enrique Martelo Vecchio.

Daño a la honra:

Cien (100) salarios mínimos a FRANCISCO JOSÉ MARTELO VECCHIO; Cien (100) salarios mínimos a Francisco Miguel Martelo Navas ; Cien (100) salarios mínimos a Daniella Martelo Navas; Cien (100) salarios mínimos a Rosita Vecchio De Martelo; Cien (100) salarios mínimos a Amaury Martelo Villarreal; Cien (100) salarios mínimos a Fiorella Martelo Vecchio; Cien (100) salarios mínimos a Amaury Enrique Martelo Vecchio

Sumas que serán sustentadas en el respectivo acápite de la demanda -Estimación razonada de la cuantía -, o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso (…)2.

Hechos

La demanda afirmó que , en el año 2000, Francisco José Martelo Vecchio

razonada de la cuantía -, o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso (…)2.

Hechos

La demanda afirmó que , en el año 2000, Francisco José Martelo Vecchio desempeñaba el carg o de Gerente de Telecartagena (telefonía asociada a la empresa de orden Nacional Telecom). Señaló que, con motivo de su designación, fue “presionado por personas con altos cargos públicos para disponer de la salida o la entrada de personas de la entidad (ajenas a su confianza). Sin embargo, n o cedió a las recomendaciones, mantuvo su autonomía en ese sentido y no hizo cambios en su planta de personal.

2 F. 1-3 C. 3_2 Expediente digital Samai.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Proceso: Reparación directa

4 Expuso que , posteriormente, desde nivel central, se elaboró un informe de auditoría a contratos celebrados durante su gestión, el cual planteó la existencia de sobrecostos. Martelo Vecchio puso en conocimiento de la opinión pública “los requerimientos políticos sobre cambios de personal ” y, el CTI, con fundamento en el informe de auditoría de Telecom, elaboró un informe en el que también se concluyó la existencia de sobrecostos en algunos contratos celebrados en la entidad.

Agregó que, e n septiembre del 2000, la Fiscalía Doce Seccional de Cartagena adelantó investigación penal contra Francisco José Martelo Ve cchio –gerente de Telecartagena– por la presunta comisión de los delitos de peculado por

entidad.

Agregó que, e n septiembre del 2000, la Fiscalía Doce Seccional de Cartagena adelantó investigación penal contra Francisco José Martelo Ve cchio –gerente de Telecartagena– por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación en beneficio de terceros e interés ilícito en la celebración de contratos, y, el 11 de octubre de 2000 , impuso medida de aseguramiento en su contra. El 19 de octubre de 2000 se sustituyó la medida intramural por detención domiciliaria, y el 10 de septiembre de 2001, le fue concedida libertad condicional. Posteriormente se p rofirió resolución de acusación. Finalmente, el 17 de septiembre de 2012 –luego de varias declaratorias de nulidad por distintas fiscalías y de practicarse pruebas decretadas en etapa de juicio – el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena profirió sentencia absolutoria por la inexistencia de la conducta punible.

La demanda plantea que la privación de la libertad fue injusta (i) porque la medida de aseguramiento se fundamentó en pruebas insuficientes (con errores metodológicos en su recaudo y conclusiones erróneas ). Y (ii) porque en la sentencia absolutoria se concluyó la ine xistencia de la conducta punible. Por otro lado, se a lega falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial3.

Contestación de la demanda

La Nación -Fiscalía General de la Nación planteó una ausencia de fal la del servicio y de nexo causal con la privación “injusta” de la libertad. S ostuvo que su

Contestación de la demanda

La Nación -Fiscalía General de la Nación planteó una ausencia de fal la del servicio y de nexo causal con la privación “injusta” de la libertad. S ostuvo que su actuación durante el proceso penal se ajustó a la ley y contó con los fundamentos probatorios requeridos en cada etapa procesal . Además, afirmó que la medida de aseguramiento impuesta a Martelo Vecchio se soportó en los indicios requeridos por la ley procesal penal para su procedencia. Al respecto, expuso que la Fiscalía

3 F. 1-12 C. 3_2 Expediente digital Samai.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Proceso: Reparación directa

5 General de la Nación –en cabeza de la Unidad de Delitos c ontra la Administración Pública– se limit ó a cumplir con la investigación del caso asignado, sigui ó las reglas y procedimientos establecidos en la ley, y valo ró las pruebas con las que contaba para el momento en que se requería definir la situación jurídica.

En cuanto a los perjuicios materiale s solicitados, sostuvo que estos no estaban acreditados, sobre todo, el lucro cesante en favor de Francisco Martel Vecchio, quien, para el momento de su privación, no devengaba ingresos formales. Esta última circunstancia –ligada al concepto de certeza del perjuicio– era suficiente para negar el reconocimiento de este concepto4.

La Nación -Rama Judicial , al oponerse a las pretensiones, señaló que no se

última circunstancia –ligada al concepto de certeza del perjuicio– era suficiente para negar el reconocimiento de este concepto4.

La Nación -Rama Judicial , al oponerse a las pretensiones, señaló que no se incurrió en falla del servicio en la etapa de juzgamiento , porque esta se adelantó dentro del marco de las competencias legales y las decisiones proferidas tuvieron fundamento legal y probatorio. En efecto, sostuvo que el juzgado penal que tramitó el juicio no privó de la libertad al demandante y había una ausencia total de relación causal entre las actuaciones de esa entidad y el daño alegado.

Adujo que l a decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena de absolver al procesado se tomó en el marco de normas constitucionales y legales aplicables para la época de los hechos . El juez penal –luego d e valorar las pruebas recaudadas tanto en la investigación como en la etapa de juzgamiento – concluyó que la conducta presuntamente atribuida a Martelo Vecchio fue inexistente, es decir, que la conducta constitutiva de los delitos de peculado e interés ilíc ito en la celebración de contratos no existió . De manera que el juez penal, al absolver a los procesados, no incurrió en irregularidad alguna, y no existe relación causal entre esta decisión y el daño (originado en etapa de investigación)5.

La Nación -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MINTIC alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque el daño causado no tuvo ni tiene relación con las funciones constitucionales y legales del Ministerio. Por otro lado, no exis te acción u omisión

Comunicaciones-MINTIC alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque el daño causado no tuvo ni tiene relación con las funciones constitucionales y legales del Ministerio. Por otro lado, no exis te acción u omisión

4 F. 143-160 C. 1_0 Expediente digital Samai. 5 F. 121-129 C. 1_0 Expediente digital Samai.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Proceso: Reparación directa 6 que sea imputable o que vincule a la entidad para responder de manera solidaria conforme a los hechos de la demanda6.

Sentencia de primera instancia

El 14 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Consideró que la parte actora acreditó los elementos que demuestran la imputación del daño antijurídico a la Nación-Fiscalía General de la Nación , pues Francisco José Martelo Vecchio estuvo pr ivado de la libertad entre el 29 de septiembre de 2000 y el 17 de mayo de 2022 -una parte de ella intramural y otra en prisión domiciliariaEl Tribunal, al seguir el criterio de la sentencia SU de 5 de julio de 2018, estimó que, si una persona era privad a de su libertad y luego era absuelta –porque el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica – era posible predicar que dicha privación de la libertad resultó irrazonable y

absuelta –porque el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica – era posible predicar que dicha privación de la libertad resultó irrazonable y desproporcionada, y, por ello, en esos eventos puntuales era factible a plicar un título de atribución de carácter objetivo. Esta circunstancia, según la sentencia, fue la que tuvo lugar en el caso de Francisco José Martelo Vecchio, pues la absolución en su favor se fundamentó en la ausencia de sobrecostos a los contratos analizados, lo que supuso que los informes de auditoría y del CTI que los vinculó fueron irregulares en sus análisis y conclusiones. Se transcribe lo pertinente de la decisión:

El 11 de octubre de 2000 la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación decretó una medida de aseguramiento en su contra consistente en detención preventiva por considerarlo presuntamente responsable de los delitos de celebración indebida de contrato por ausencia de requisitos esenciales cometido en concurso con peculado por apropiación a favor de terceros, apoyando su decisión en el informe de auditoría de la oficina de control interno de TELECOM, el informe técnico de autoría de TELECOM, las declaraciones de Vásquez Ortiz y de Manzu r, el informe ejecutivo de la Contraloría General de la República que daban cuenta de los presuntos sobrecostos en los contratos de TELECARTAGENA, así unas las grabaciones y la interceptación telefónica. Los medios de pruebas anteriormente descritos, a jui cio de la Fiscalía indicaban la presencia de indicios graves de responsabilidad en contra del señor Martelo Vecchio.

El proceso penal surtió las etapas correspondientes, y mediante providencia de 17 de

medios de pruebas anteriormente descritos, a jui cio de la Fiscalía indicaban la presencia de indicios graves de responsabilidad en contra del señor Martelo Vecchio.

El proceso penal surtió las etapas correspondientes, y mediante providencia de 17 de septiembre de 2012 el Juzgado Primero Penal del Circ uito de Cartagena profirió sentencia absolutoria en favor del señor Martelo Vecchio, en la que se concluyó que no existieron los sobrecostos en los contratos analizados (A -24/99, A-57/99, A-55/99,

6 F. 105-109 C. 1_0 Expediente digital Samai.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Proceso: Reparación directa

7 A-40/99, A51/99 y A -32/99), ni irregulares en su cumplimien to que dieran lugar al proceso penal. A la conclusión anterior llegó luego de analizar todas las pruebas allegadas a la investigación, que desvirtuaron los resultados de los informes de interventoría suscritos por TELECOM y TELECARTAGENA, así como el dicta men pericial rendido inicialmente por el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía.

Como el proceso penal concluyó con la absolución del procesado al demostrarse que no existieron los supuestos sobrecostos ni las irregulares en el cumplimiento de lo s contratos referidos, que fundamentaron la acción penal en contra del señor Martelo Vecchio, concluye la Sala que se debe imputar responsabilidad objetiva del Estado por privación injusta de la libertad, al configurarse uno de presupuesto para

contratos referidos, que fundamentaron la acción penal en contra del señor Martelo Vecchio, concluye la Sala que se debe imputar responsabilidad objetiva del Estado por privación injusta de la libertad, al configurarse uno de presupuesto para declararla, consistente en que el hecho no existió, por lo que la Sala se abstendrá de estudiar la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta en contra de la víctima directa7.

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justi cia, la sentencia sostuvo que una vinculación a un proceso penal no constituía un daño en sí mismo, puesto que existía el deber constitucional de soportar las investigaciones adelantas en contra de los asociados. Sin embargo, precisó que lo que no se podía era soportar un a investigación extendida injustificadamente desbordando la carga que toda persona está en la obligación de soportar. En ese sentido, estimó que en retardo no debía mirarse en “incumplimientos de términos de Ley ”, sino que se debe acreditar que el retardo es injustificado previa evaluación de la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes dentro del trámite procesal, el volumen de trabajo en el Despacho y el promedio de duración de procesos equiparables al que es motivo de reproche.

La sentenc ia, luego de evaluar el caso, concluyó que, aun cuando el proceso debió tardar máximo tres años (en virtud de los artículos 325, 329, 393, 410 y 411 de la Ley 600 de 2000) , esa circunstancia –por sí sola – no configuraba un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque no se probó un incumplimiento a los estándares de funcionamiento (razonables) en relación con el

de la Ley 600 de 2000) , esa circunstancia –por sí sola – no configuraba un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque no se probó un incumplimiento a los estándares de funcionamiento (razonables) en relación con el promedio de duración de procesos similares. La demandante no aportó informes estadísticos ni de rendimientos de despachos de otras Fiscalías o despachos judiciales que tramitan investigaciones y juicios de la misma naturaleza 8. En ese orden, frente a esta segunda irregularidad alegada, negó las pretensiones.

En cuanto a los perjuicios, reconoció perjuicios morales a la víctim a directa y a algunos de sus familiares –en aplicación de los criterios de unificación – y teniendo en cuenta el tiempo de privación en establecimiento carcelario y en detención

7 F. 18-20 archivo sentencia de primera instancia. Expediente digital Samai. 8 F. 19-20 archivo sentencia de primera instancia. Expediente digital Samai.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Proceso: Reparación directa 8 domiciliaria. Reconoció, además, daño a la salud a Elizabeth Navas de Martelo –cónyuge de la víctima directa – con fundamento en diagnósticos psiquiátricos y con prueba testimonial. Ordenó, además, como medida no pecuniaria que la Fiscalía emitiera un comunicado de disculpas (pero sujeto a si la víctima lo considerara conveniente o no).

Finalmente, negó los perjuicios material es (daño emergente y lucro cesante) por

Fiscalía emitiera un comunicado de disculpas (pero sujeto a si la víctima lo considerara conveniente o no).

Finalmente, negó los perjuicios material es (daño emergente y lucro cesante) por falta de prueba de su concreción9.

Recursos de apelación

La Nación-Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la sentencia y planteó que en materia de privación injusta no se debía privilegiar ningún régimen de responsabilidad, en tanto lo importante no era el motivo de la absolución si no la razonabilidad y proporcionalidad de la providencia que restringió la libertad (más su conformidad a d erecho). En ese marco, planteó que el análisis de medida de aseguramiento debía hacerse dentro del marco fijado por la C -037 de 1995, es decir, evaluar “lo injusto” a partir de lo arbitrario de la decisión y si esta, además, carecía de fundamento legal y probatorio.

En cuanto al caso particular de Martelo Vecchio, el recurso sostuvo que la medida de aseguramiento se ajustó a los requisitos formales y sustanciales de procedencia previstos por la ley procesal vigente en tanto se fundamentó en informes de au ditoría y del CTI de la Fiscalía –que ratificó sus conclusiones – y mostró, en ese primer momento procesal, motivos de credibilidad en cuanto a la existencia de sobrecostos en los contratos sometidos a estudios, es decir de la comisión de los delitos invest igados y la presunta responsabilidad de los vinculados. En ese orden, según el recurso, aun cuando la sentencia fue absolutoria (porque en etapa de juicio las pruebas mostraron otra situación de

comisión de los delitos invest igados y la presunta responsabilidad de los vinculados. En ese orden, según el recurso, aun cuando la sentencia fue absolutoria (porque en etapa de juicio las pruebas mostraron otra situación de hecho no advertida en etapa de investigación ) la medida preventiva contó con los dos indicios exigidos por la Ley, estuvo justificada y descartaría la presencia de una falla del servicio10.

La demandante solicitó en su recurso confirmar la responsabilidad por la

9 F. 22-36 archivo sentencia de primera instancia. Expediente digital Samai. 10 F. 3-12 expediente electrónico SAMAI. Índice 15.Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Proceso: Reparación directa 9 privación injusta de la libertad de Francisco José Mar telo Vecchio, pero pidió, además, declarar que hubo defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial. En efecto, sostuvo que la investigación duró más de 12 años, con dilaciones injustificadas por causa de decisiones judiciales ilegítimas tomadas por la Fiscalía General de la Nación. En ese orden, el recurso plante ó dos hechos dañosos: la privación injusta de la libertad y la duración de un proceso eterno con costo económico, emocional y doloroso 11. Frente a esto último, señaló que el sólo transcurso del tiempo, es decir, los 12 años que duró el proceso, evidenciaba la falla del servicio12.

En cuanto a los perjuicios solicitados, pidió (i) el incremento de los perjuicios

que el sólo transcurso del tiempo, es decir, los 12 años que duró el proceso, evidenciaba la falla del servicio12.

En cuanto a los perjuicios solicitados, pidió (i) el incremento de los perjuicios morales y el reconocimiento a todos los familiares de la víc tima directa (incluidos los núcleos familiares de su primera y segunda esposa) por las especiales circunstancias que atravesaron como familia . (ii) El reconocimiento por daños a bienes constitucionales a la honra y buen nombre (por la privación de la liber tad y la existencia del proceso mismo) . (iii) Daño emergente por honorarios profesionales de abogado , pérdida del valor adquisitivo de un depósito judicial y “detrimento patrimonial familiar”. Y (iv) Lucro cesante por lo dejado de percibir con ocasión de su actividad profesional (no sólo en razón de su vinculación laboral).

Finalmente, solicitó el reconocimiento de un perjuicio al que llamó “pérdida de oportunidad de acrecentar el patrimonio” puesto que, antes de la privación , su patrimonio tenía tendencia a ascender13.

Trámite de segunda instancia

El 10 de mayo de 2024 , el Tribunal concedió los recursos de apelación14 y el 2 de diciembre de 2024 , el Despacho lo s admitió y ordenó su ingreso para fallo 15 (numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202116).

CONSIDERACIONES

11 F. 11-12 expediente electrónico SAMAI. Índice 15. 12 F. 12, 21, 22 y ss expediente electrónico SAMAI. Índice 15.

2080 de 202116).

CONSIDERACIONES

11 F. 11-12 expediente electrónico SAMAI. Índice 15. 12 F. 12, 21, 22 y ss expediente electrónico SAMAI. Índice 15. 13 F. 12-26 expediente electrónico SAMAI. Índice 15. 14 F. 1-4 archivo “Auto corrige sentencia y concede recurso” expediente electrónico SAMAI. Índice 2. 15 Índice 9 SAMAI. 16 «Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instanc ia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrar io, no habrá lugar a dar traslado para alegar […]».Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Proceso: Reparación directa

10

1. La demanda se presentó el 29 de agosto de 2014 , por lo tanto, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante, CPACA –. Conforme al a rtículo 308 del CPACA 17, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en

este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adi cionalmente, conforme al artículo 306 de este código 18, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP – en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA 19. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de co nformidad con el artículo 150 del CPACA 20, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el v alor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA21, esto es, $322.175.00022.

17 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativa s que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia

así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior». 18 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los proce sos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo». 19 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispue sto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades pública