CE - Sentencia 13001233300020150012501 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2015-00125-01 (3340-2021)

Demandante: Yadira Esther Campiz Anaya1

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

Temas: Sustitución pensional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones en la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Yadira Esther Campi z Anaya, en calidad de guardadora de Gustavo Campiz Anaya, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 2633 del 31 de mayo y 5883 del 12 diciembre de 2011 mediante las cuales la Caja de R etiro de las fuerzas militares 3

se declarara la nulidad de las resoluciones 2633 del 31 de mayo y 5883 del 12 diciembre de 2011 mediante las cuales la Caja de R etiro de las fuerzas militares 3 negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor de Gustavo Campiz Anaya, con ocasión del fallecimiento del «Sr. Suboficial Segundo ARC» José María Campiz Anillo.

1 En representación de Gustavo Campiz Anaya. 2 En adelante CPACA. 3 En adelante Cremil.2

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00152-01 (3340-2021)

Demandante: Yadira Esther Campiz Anaya

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de las mesadas causadas a favor de Gustavo Campiz Anaya, en su calidad de hijo inválido, así como la prestación del servicio médico en salud.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. José María Campiz Anillo y Carmela Isabel Anaya contrajeron matrimonio y producto de esa unión naci eron 7 hijos, de los cuales Gustavo Campiz Anaya fue declarado «interdicto», el 30 de septiembre de 2010, por el Juzgado Séptimo de Familia, el 3 de diciembre de 2010 fue nombrada Yadira Campiz Anaya como curadora y el 9 de diciembre siguiente tomó posesión del cargo.

3.2. Mediante la Resolución 2633 del 31 de ma yo de 2011, C remil negó el reconocimiento, con fundamento en la nota marginal del acta religiosa de nacimiento

curadora y el 9 de diciembre siguiente tomó posesión del cargo.

3.2. Mediante la Resolución 2633 del 31 de ma yo de 2011, C remil negó el reconocimiento, con fundamento en la nota marginal del acta religiosa de nacimiento en la cual se indicó que Gustavo Campi z estaba casado desde el 14 de enero de 1976.

3.3. Gustavo Campi z Anaya se graduó como odontólogo de la Universidad de Cartagena y contrajo matrimonio con Rosa Jiménez Ahumada, unión de la cual nacieron Gustavo Adolfo, Miguel Ángel e Indira Campiz Jiménez.

3.4. José María Campiz falleció el 4 de diciembre de 1976 , momento en el que el demandante dependía de él y contaba con 20 años de edad y era «soltero».

3.5. La asignación de retiro fue sustituida a la cónyuge sobreviviente.

3.6. Durante el año rural, Gustavo Campiz Anaya empezó a «mostrar con más frecuencia episodios anormales de comportamiento […] es abandonado por su esposa llevándose a los menores hijos, situación que empeoró su mente ya deteriorada […] ante esa situación que vive GUSTAVO CAMPIS ANAYA la finada CARMELA ISABEL ANAYA VDA. DE CAMPIS madre de este, continúa asumiendo el costo de su hijo enfermo mental, ahora acompañado de medicamentos y tratamientos con el Dr. Haydar y en el Hospital San Pablo de Cartagena se llevab a cada vez que entraba en crisis, ya que no contaba con servicios médicos y tenía ya para ese entonces 29 de edad» [sic].

3.7. El Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena , mediante sentencia proferida el

servicios médicos y tenía ya para ese entonces 29 de edad» [sic].

3.7. El Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena , mediante sentencia proferida el 30 de septiembre de 2013, declaró «la INTERDICCIÓN JUDICIAL DEFINITIVA POR CAUSA DE DEMENCIA del Sr. GUSTAVO CAMPIZ ANAYA […] no tiene la libre3

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00152-01 (3340-2021) Demandante: Yadira Esther Campiz Anaya administración de sus bienes por ser persona incapaz de comprender la ilicitud de sus actos o actuar de acuerdo a dicha comprensión […] Como consecuencia de lo anterior, se designa a la señora YADIRA ESTHER CAMPIS ANAYA […] como CURADORA legítima de su

hermano GUSTAVO CAMPIZ ANAYA» [sic].

3.8. Gustavo Campiz Anaya cuenta con 59 años de edad «nunca ha trabajado, no tiene seguridad social, no devenga pensión alguna, siempre ha dependido económicamente primero de sus padres y hoy de mi representada quien asume el costo de los medicamentos, ella no trabaja y depend[e] de sus hijos y con la ayuda q ue estos le dan sostiene a su hermano enfermo».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron las leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y 1306 de 2009 y el Decreto 4433 de 2004.

5. En cuanto al concepto de violación4 expuso lo siguiente:

5.1. Los actos demandados fueron proferidos en contravía de lo dispuesto por la

el Decreto 4433 de 2004.

5. En cuanto al concepto de violación4 expuso lo siguiente:

5.1. Los actos demandados fueron proferidos en contravía de lo dispuesto por la normatividad vigente, al omitir que Gustavo Campi z Anaya en calidad de hijo inválido del causante no contaba con ingresos que le permitieran subsistir de manera autónoma y reunía los requisitos exigidos para obtener el reconocimiento y pago de una sustitución pensional.

5.2. Asimismo, pasó por alto que mediante la sentencia proferida el 27 de agosto de 2002, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia consideró que si bien el matrimonio de los hijos correspondía a una causal para finalizar la patria potestad de los padres, no anulaba las obligaciones derivadas de la filiación, por lo tanto la celebración de su matrimonio y posterior paternidad no le impedían acceder al reconocimiento y pago de la sustitución pensional de su padre «causante».

1.2. Contestación de la demanda

6. Cremil se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

expresan a continuación5:

6.1. En las actuaciones adelantadas por la entidad no se evidenció vía de hecho alguna que comprometiera el debido proceso, puesto que no se desconocieron garantías fundamentales ni el derecho a la seguridad social de algún sujeto de especial protección constitucional.

4 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_CUADERNO12(.PDF) NroActua 2. 5 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_CUADERNO12(.PDF) NroActua 2.4

4 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_CUADERNO12(.PDF) NroActua 2. 5 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_CUADERNO12(.PDF) NroActua 2.4

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00152-01 (3340-2021)

Demandante: Yadira Esther Campiz Anaya

6.2. El reconocimiento de la sustitución pensional se negó con fundamento en que, para que los hijos inválidos mayores de 21 años resultaran beneficiarios debía n estar acreditada la dependencia económica del causante y la determinación del diagnóstico dentro del l ímite de la edad de cobertura, lo cual no ocurrió en el presente asunto, puesto que se evidenció que el solicitante presentó la discapacidad en una fecha posterior al fallecimiento del causante, cuando ya estaba casado y era padre de 3 hijos.

6.3. Además, «se pudo establecer que efectivamente presenta invalidez absoluta originada en el dictamen expedido por copia del fallo de interdicción proferido por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena de fecha 30 de septiembre de 2010, y fecha de estructuración se indica que cuando prestaba el año rural como odontólogo, es decir a los 22 o 24 años de edad, comenzó a presentar síntomas de la enfermedad, con posterioridad a la fecha del fallecimiento del militar, es decir cuando tenía 24 o 25 años de edad; l o que determinó la inviabilidad del reconocimiento de la prestación, al haber adquirido la invalidez por fuera del término de cobertura de la prestación, máxime cuando gozaba de independencia económica, se encontraba laborando haciendo el rural como odontó logo y estaba casado

inviabilidad del reconocimiento de la prestación, al haber adquirido la invalidez por fuera del término de cobertura de la prestación, máxime cuando gozaba de independencia económica, se encontraba laborando haciendo el rural como odontó logo y estaba casado fecha para la cual no se encontraba incapacitado. Al adquirir la accionante la edad máxima de cobertura de la prestación y así mismo adquirir su independencia económica, no le correspondería a la entidad demandada suministrar los medios económicos para cubrirlas».

6.4. De otra parte, la prestación fue reconocida en el 100% a favor de la cónyuge sobreviviente desde el 4 de diciembre de 1976, fecha de fallecimiento del causante, hasta el 21 de abril de 2009, fecha del fallecimiento de aquella , de manera que de acceder a las pretensiones el reconocimiento no podría declararse desde la fecha del fallecimiento del causante.

6.5. Finalmente propuso la excepción de caducidad de la acción.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de decisión 002, en sentencia proferida el 18 de septiembre de 20206 negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior con

fundamento en los siguientes argumentos:

8. Del material probatorio obrante en el expediente resultó probado que José María Campiz Anillo [padre del demandante] falleció el 4 de diciembre de 1976, motivo por el cual las normas aplicables al presente asuntos eran los decretos 2337 de 1971 y 1305 de 1975 . En ese sentido, para la fecha del deceso, el demandante se

el cual las normas aplicables al presente asuntos eran los decretos 2337 de 1971 y 1305 de 1975 . En ese sentido, para la fecha del deceso, el demandante se

6 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_CUADERNO12(.PDF) NroActua 2.5

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00152-01 (3340-2021) Demandante: Yadira Esther Campiz Anaya desempeñaba como odontólogo durante el año rural, ya había contraído nupcias,

[14 de enero de 1976 ] y no dependía económicamente del causante, requisito necesario para el reconocimiento, según lo previsto en el artículo 17 del Decreto 1305 de 1975.

9. Si bien el demandante alegó que le resultaban aplicables las disposiciones previstas en las normas posteriores a las que regían cuando falleció el causante, como las leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 1306 de 2009 y el Decreto 4433 de 2004, lo cierto es que no es posible su aplicación retroactiva, de manera que solo era posible aplicar el régimen más favorable al momento de adquirir el derecho.

1.4. El recurso de apelación

10. Yadira Campiz Anaya solicitó se revocara la sentencia de primera instancia7, con

sustento en los siguientes argumentos:

10.1. El a quo omitió lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-870 de 1999 a través de la cual fue estudiada la constitucionalidad de los artículos 131 y 174 del Decreto 1212 de 1990, para tal efecto consideró que «’No puede

de 1999 a través de la cual fue estudiada la constitucionalidad de los artículos 131 y 174 del Decreto 1212 de 1990, para tal efecto consideró que «’No puede considerarse que un hijo, por el solo hecho de contraer nupcias, adquiera una independencia económica suficiente, que justifique que la ley ordene la terminación de su pensión de sobrevivientes. En efecto, una cosa es que el hijo o hija adquieran dependencia económica, y otra diversa es que decidan casarse’».

10.2. En este sentido, la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta que , si bien Gustavo Campiz Anaya contrajo nupcias con 20 años de edad, lo cierto es que para esa época aún se entendía como menor de edad, además dependía económicamente de sus padres, toda vez que el causante falleció 11 meses después de ese matrimonio. En cuanto a la dependencia económica, «[l]os testigos dan cuenta de la dependencia económica y la problemática de salud mental del Sr. Gustavo Campis Anaya. La Corte ha señalado que: Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que g aranticen la subsistencia y la vida digna. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica. No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatib ilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobreviviente como lo reconoce expresamente el artículo 13 literal J, de la Ley 100 de 1993 […] Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica […] De la prueba testimonial quedó demostrado la dependencia económica que siempre ha

sobreviviente como lo reconoce expresamente el artículo 13 literal J, de la Ley 100 de 1993 […] Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica […] De la prueba testimonial quedó demostrado la dependencia económica que siempre ha mantenido Gustavo Campis Anaya con ocasión de su problema de salud, inicialmente de su finado padre, posteriormente de su madre, una vez fallecida esta, la carga económica la tiene mi replantada» [sic].

7 Índice 2 de Samai, actuación denominada ED_CUADERNO12(.PDF) NroActua 2.6

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00152-01 (3340-2021)

Demandante: Yadira Esther Campiz Anaya

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

11. Mediante auto del 22 de noviembre de 2021, fue admitido el recurso de apelación presentado por la demandante 8. El 18 de noviembre de 2023 se prescindió de la audiencia de alegatos y juzgamiento y se corrió traslado para que las partes presentaran los alegatos de conclusión, en los términos de los numerales 4 y 5 del artículo 247 del CPACA9.

12. A través del auto del 23 de octubre de 2024, fue requerido el Tribunal Administrativo de Bolívar para que allegara la grabación completa de las audiencias inicial y de pruebas celebradas el 25 de octubre y el 29 de noviembre de 2017 10.

Para tal efecto, el 28 de noviembre la secretaria general del Tribunal Administrativo de Bolívar indicó «me permito remitirle la grabación de la audiencia inicial celebrada dentro

Para tal efecto, el 28 de noviembre la secretaria general del Tribunal Administrativo de Bolívar indicó «me permito remitirle la grabación de la audiencia inicial celebrada dentro del proceso de la referencia fechada el 25 de octubre de 2027. Por otra parte, me permito adjuntarle certificación del Técnico en sistemas de esta Corporación en donde manifiesta que no se encontró la audiencia de pruebas realizada dentro del proceso, de fecha 29 de noviembre de 2017, en los servidores de almacenamiento activos de este tribunal y que el CD donde se encuentra grabada la audiencia, que reposa en el expediente físico, se encuentra en mal estado (Se adjuntan fotografías del mismo). En razón a lo anterior, no es posible remitirle la grabación de la audiencia de pruebas realizada dentro del expediente de la referencia» [sic]11.

13. Por medio del auto del 17 de febrero de 2025, se exhortó al Tribunal Administrativo de Bolívar para que, en futuras actuaciones, conserve los registros correspondientes en cumplimiento de lo previsto en el artículo 183 del CPACA y comisionó a esa corporaci ón, para llevar a cabo la reconstrucción parcial del expediente por cuanto «del acta de pruebas no es posible establecer lo dicho por los

testigos Nelson Rodríguez Fontalvo y Berta Elisa Hernández Rodríguez».

14. En consecuencia, el 14 de mayo de 2025, el tribunal realizó la audiencia de reconstrucción del expediente, en los términos previstos en el artículo 126 del Código General del Proceso12, en esa oportunidad se concluyó que «[e]l Magistrado pregunta a la parte demandante, en caso de que el Consejero Ponente del proceso considere la posibilidad de obtener una nueva declaración, con el fin de continuar con el

Código General del Proceso12, en esa oportunidad se concluyó que «[e]l Magistrado pregunta a la parte demandante, en caso de que el Consejero Ponente del proceso considere la posibilidad de obtener una nueva declaración, con el fin de continuar con el

8 Índice 4 de Samai, actuación denominada AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.DOC) NroActua 4. 9 Índice 13 de Samai, actuación denominada AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR(.docx) NroActua 13. 10 Índice 18 de Samai, actuación denominada 18Autoquerequie_33402021Autorequiere(.pdf) NroActua 18. 11 Índice 22 de Samai, actuación denominada 21RECIBEMEMORIAL_33402021RESPUESTAARE(.pdf) NroActua 22. 12 En adelante CGP.7

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00152-01 (3340-2021) Demandante: Yadira Esther Campiz Anaya trámite del proceso, si los testigos se encuentran disponibles. El apoderado de la parte demandante manifestó que una de las testigos falleció en el año 2023 y como prueba de ello remitió con destino al proceso el registro civil de defunción y que el otro testigo actualmente padece de Parkinson y Alzheimer, por lo que no se encuentra en condiciones de declarar nuevamente. Ante la imposibilidad de efectuar la reconstrucción parcial del expediente de que trata el despacho comisorio, se da por terminado la audiencia y se ordena devolver el expediente a la S ección Segunda del Consejo de Estado. Se advierte que una vez realizada la reparación del servidor a cargo de la Dirección Seccional de

expediente de que trata el despacho comisorio, se da por terminado la audiencia y se ordena devolver el expediente a la S ección Segunda del Consejo de Estado. Se advierte que una vez realizada la reparación del servidor a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial se remitirá al superior la copia de la audiencia de pruebas que remita con destino al proceso»13.

15. Mediante auto del 2 de julio de 2025, se concluyó que «la reconstrucción parcial del expediente no fue posible realizarla. Ahora bien, no pasa desapercibido el despacho que el recurso de apelación presentado por la parte demandante se sustenta en la dependencia económica que tenía aquel con el causante, situación que según alega, se podía evidenciar de conformidad con los testimonios rendidos en el proceso. En ese sentido, aunque la falta de ciertos testimonios constituye una pérdida probatoria significativ a para el proceso, ello no impide la continuación del trámite del recurso de apelación interpuesto por el demandante. En el presente caso, la sentencia de primera instancia negó las pretensiones del accionante. Por lo tanto, la segunda instancia que se tra mita ante esta Corporación representa para este extremo procesal una oportunidad de que se revise la decisión del a quo configurándose una garantía procesal para el apelante»14.

1.6. El Ministerio Público

16. En esta oportunidad el Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

17. Se circunscribe a establecer ¿si Gustavo Campi z Anaya tiene derecho al reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro percibida por José María

Campiz Anillo?

2.2. Marco normativo

17. Se circunscribe a establecer ¿si Gustavo Campi z Anaya tiene derecho al reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro percibida por José María

Campiz Anillo?

2.2. Marco normativo

2.2.1. De la sustitución pensional

13 Índice 31 de Samai, actuación denominada 32RECIBEMEMORIAL_33402021DEVOLUCIONDE(.pdf) NroActua 31. 14 Índice 35 de Samai, actuación denominada 34Autoqueordena_33402021reconstrucci(.pdf) NroActua 35.8

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00152-01 (3340-2021)

Demandante: Yadira Esther Campiz Anaya

18. El artículo 48 de la Constitución Política prevé que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la coordinación, dirección y control del Estado y, asimismo, es considerado un derecho irrenunciable.

19. La pensión de sobreviviente y/o sustitución pensional tiene como objeto fundamental solventar la contingencia de muerte del trabajador, en el sentido de suplir el apoyo económico que, en vida, brindaba a su núcleo familiar, es decir, impedir el cambio de las condiciones de subsistencia de sus beneficiarios.

20. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que la prestación mencionada «constituye uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social»; igualmente, que su finalidad se contrae a «la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que

«constituye uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social»; igualmente, que su finalidad se contrae a «la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que se vea alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido».

21. Asimismo, ha precisado que responde «a la necesidad de mantener para sus beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida del personado o del afiliado fallecido, que al desconocerse puede significar, no en pocos casos, reducirlos a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria»15.

22. El Decreto 4433 de 2004 « por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública», estableció en su artículo

11 lo siguiente:

«Artículo 40. Sustitución de la asignación de retiro o de la pensión . A la muerte de un Oficial, Suboficial, alumno de la escuela de formación o Soldado de las Fuerzas Militares, Oficial, Suboficial, miembro del Nivel Ejecutivo, Agente o alumno de la escuela de formación de la Policía Nacional, en goce de asignación de ret iro o pensión, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el artículo 11 del presente decreto, tendrán derecho a una pensión mensual que será pagada por la entidad correspondiente, equivalente a la totalidad de la asignación o pensión qu e v enía disfrutando el causante».

tendrán derecho a una pensión mensual que será pagada por la entidad correspondiente, equivalente a la totalidad de la asignación o pensión qu e v enía disfrutando el causante».

23. A su turno, el artículo 11 ibidem, estableció el orden de beneficiarios así:

«Artículo 11.Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio activo . Las pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en servicio activo, serán reconocidas y pagadas en el siguiente orden:

15 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2010.9

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00152-01 (3340-2021) Demandante: Yadira Esther Campiz Anaya 11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra mitad a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente del causante.

11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si dependían económicamente del causante.

mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si dependían económicamente del causante.

11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales, para los padres que dependían económicamente del causante.

11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando dependieran económicamente del causante.

11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni padres, la pensión le corresponderá previa comprobación de que el causante era su único sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18) años o inválidos.

La porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la del cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge. En los demás casos no habrá lugar a acrecimiento.

Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo el vínculo entre padres, hijos y hermanos será el establecido en el Código Civil, y la calificación de la invalidez de los beneficiarios, será acreditada con fundamento en las normas del Sistema de Seguridad Social Integral que regulan lo concerniente a la determinación de dicho estado» [se resalta].

24. Entonces, para efectos del reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro, concretamente en el caso de los «hijos inválidos», se deberá acreditar el

que regulan lo concerniente a la determinación de dicho estado» [se resalta].

24. Entonces, para efectos del reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro, concretamente en el caso de los «hijos inválidos», se deberá acreditar el parentesco, la disminución de la capacidad laboral, así como la dependencia económica, la cual se examinará a continuación.

2.3. Caso concreto

25. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

25.1. José María Campiz Anillo y Carmela Anaya Watts contrajeron matrimonio el 1° de noviembre de 1950 , producto de esa unión nacieron Yadira Esther y Gustavo Campiz Anaya16, este último el 30 de enero de 1956.

16 Según los hechos de la demanda fueron al menos 7 los hijos del causante y Carmela Anaya Watts; sin embargo, se adjuntaron solo 2 registros civiles de nacimiento.10

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00152-01 (3340-2021)

Demandante: Yadira Esther Campiz Anaya

25.2. José María Campiz Anillo falleció el 4 de diciembre de 1976.

25.3. A través de la Resolución 158 del 6 de junio de 1949, Cremil le reconoció a José María Campiz Anillo una asignación mensual de retiro, a partir del 25 de diciembre de 1948.

25.4. Con la Resolución 1864 del 27 de septiembre de 1977 , le fue reconocida la sustitución pensional , a favor de Carmela Isabel Anaya Watts, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, en los siguientes términos: «una mitad a nombre de la

sustitución pensional , a favor de Carmela Isabel Anaya Watts, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, en los siguientes términos: «una mitad a nombre de la señora CARMELA ISABEL ANAYA VIUDA DE CAMPIS y la mitad restante dividida en partes iguales para cada uno de los hijos legítimos YADIRA ESTHER y HELEM JIDITH CAMPIS ANAYA. La porción correspondiente a YADIRA ESTHER será pagada a el la personalmente por ser mayor de edad. La porc ión de HELEM JUDITH será pagada por intermedio de la señora ANAYA VIUDA DE CAMPIS por ser su representante legal» [sic].

25.5. Por medio de la Resolución 185 del 30 de enero de 1991, Cremil declaró extinto el derecho a la cuota parte percibida por parte «Helen» Judith Campiz Anaya y ordenó el acrecimiento de la cuota parte, a favor Carmela Isabel Anaya Watts . Asimismo, a través de la Resolución 1479 del 20 de septiembre 1994, la entidad declaró extinto el derecho a la cuota parte percibida por Yadira Esther Campiz Anaya en virtud de la independencia económica y ordenó el acrecimiento de la cuota parte extinguida, a favor de Carmela Isabel Anaya Watts.

25.6. En el marco del proceso de interdicción judicial por demencia, el Juez Séptimo de Familia de Cartagena solicitó un estudio familiar, de manera que el 25 de julio de 2006, la trabajadora social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar verificó las condiciones físicas, afectivas y de salud de Gustavo Campi z Anaya y concluyó que «físicamente se observó distante, hablando solo, pasivo (efecto de la droga) y con

las condiciones físicas, afectivas y de salud de Gustavo Campi z Anaya y concluyó que «físicamente se observó distante, hablando solo, pasivo (efecto de la droga) y con fijación en situaciones específicas. Toma diariamente Olazapina y Lorazepan, se encontró aseado y bien cuidado. CONCEPTO SOCIAL […] es una persona con invalidez mental de por vida, para vivir con una mejor calidad de vida depende del suministro de sus medicamentos que son costosos, los cuales vienen siendo sufragados con la pensión sustitutiva de la señora Carmela Anaya Watts, madr e biológica., la cual por su edad (84 años) ya esta padeciendo de senilidad y en su defecto su hija YADIRA CAMPIZ ANAYA es la directamente responsable del cuidado de la señora y de su hermano. Las condiciones económicas de la señora Yadira son escasas por lo cual es estrictamente pertinente la pensión sustitutiva del padre biológico para garantizar el suministro de los alimentos, medicamentos y todo lo necesario para una mejor calidad de vida del señor».

25.7. En atención de la solicitud presentada por Yadira Esther Campi z Anaya, el psiquiatra suscribió el peritazgo [sin fecha], en el cual consideró «Paciente evaluado para demostrar grado de enfermedad mental, de invalidez e inhabilidad para ejercer11

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00152-01 (3340-2021) Demandante: Yadira Esther Campiz Anaya actividades laborales y manejo de sus bienes. Paciente con historia clínica de enfermedad mental desde Diciembre de 1994. Cuando lo atendí