CE - Sentencia 13001233300020150054601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 13001233300020150054601 (6498-2023)

Demandante : María Leticia Patiño Candanosa.

Demandada : E.S.E. Rio Grande de la Magdalena de Magangué Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema

Decisión

: : Reconocimiento sanción moratoria Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 20 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se declaró la prescripción de los derechos laborales y de la sanción moratoria, y se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones. La señora Ma ría Leticia Patiño Candanosa, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc ioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, configurado el 26 de agosto de 2011, como consecuencia de la reclamación administrativa presentada para obtener el pago de sus prestaciones sociales,

con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, configurado el 26 de agosto de 2011, como consecuencia de la reclamación administrativa presentada para obtener el pago de sus prestaciones sociales, correspondientes a la prima de vacaciones, cesantías, intereses a las2

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Demandante: María Leticia Patiño Candanosa

Demandado: E.S.E. Rio Grande de la Magdalena de Magangué

cesantías y la sanción moratoria por la omisión en el pago de estas últimas, por el período laborado entre el 8 de mayo de 2008 y el 8 de agosto de 2010. A título de restablecimiento del d erecho, solicitó: (i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por valor de $147.142.834; (ii) el pago de las cesantías, por valor de $8.911.793; (iii) el pago de la prima de servicios, por valor de $8.911.793; (iv) el pago de los intereses a las cesantías, por valor de $1.069.415; (v) el pago de las vacaciones, por valor de $4.455.896; (vi) el pago de la prima técnica, por valor de $4.455.896; (vii) el pago de la prima de navidad, por valor de $4.455.896; (viii) la actualización de la condena conforme al índice de precios al consumidor; y (ix) el pago de las costas procesales, honorarios del apoderado judicial e intereses derivados de la ejecutoria de la sentencia. 1.2. Hechos en que se fundan las pretensiones: Señala la demandante que fue nombrada como Gerente de la Empresa Social

honorarios del apoderado judicial e intereses derivados de la ejecutoria de la sentencia. 1.2. Hechos en que se fundan las pretensiones: Señala la demandante que fue nombrada como Gerente de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Municipal de Magangué, mediante el Decreto 0223 del 8 de mayo de 2008, y que tomó posesión del cargo en esa misma fecha. Expone que se desempeñó como Gerente de la entidad demandada hasta el 8 de agosto de 2010, y que su última asignación básica mensual fue de $3.930.797. Asegura que, al momento de su desvinculación, le quedaron adeudados los emolumentos correspondientes a la prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y la sanción moratoria por la falta de pago de estas últimas. Precisa que el 26 de agosto de 2011 presentó solicitud para el pago de las prestaciones definitivas -entre ellas, primas, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías-, sin que hasta la fecha se haya expedido el acto administrativo de reconocimiento y pago de la liquidación definitiva de dichas prestaciones sociales. Agrega que la entidad demandada no ha procedido a liquidar las cesantías definitivas ni las pagó al momento de la terminación del vínculo laboral. Así mismo, desde la presentación de la reclamación el 26 de agosto de 2011, han transcurrido más de 45 días sin que se haya expedido el acto administrativo ni3

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efectuado el pago de los conceptos adeudados, configurándose así la sanción

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efectuado el pago de los conceptos adeudados, configurándose así la sanción moratoria en los términos de la Ley 244 de 1995. 1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política: artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 83, 87, 90, 121, 122 y 209.Normativa adicional: Ley 1437 de 2011; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 18; Ley 153 de 1887, artículos 2 y 3; Ley 57 de 1887, artículo 5; Ley 6ª de 1945; Decreto 1160 de 1947; Decreto 3135 de 1968; Decreto 1848 de 1969; Ley 244 de 1995.

Como concepto de violación, el apoderado de la actora señaló que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad por las siguientes razones: Afirmó que la E.S.E. Empresa Social del Estado del Municipio de Magangué (Bolívar), al guardar silencio frente a la reclamación administrativa presentada el 26 de agosto de 2011, desconoció los derechos de su representada al pago de las prestaciones sociales definitivas, entre ellas, las cesantías y la sanción moratoria por el no pago oportuno de estas, en contravía de lo establecido en la Ley 244 de 1995. Precisó que se cumplen todos los presupuestos exigidos para el reconocimiento de la sanción moratoria, puesto que las cesantías correspondientes al período comprendido entre el 8 de mayo de 2008 y el 8

la Ley 244 de 1995. Precisó que se cumplen todos los presupuestos exigidos para el reconocimiento de la sanción moratoria, puesto que las cesantías correspondientes al período comprendido entre el 8 de mayo de 2008 y el 8 de agosto de 2010, durante el cual la actora se desempeñó como Gerente de la entidad, no han sido canceladas por la demandada.

2. Contestación de la demanda.

La demandada no contestó la demanda.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 20 de septiembre de 2022, declaró probadas de oficio las excepciones de prescrip ción de los derechos laborales y de la sanción moratoria, negó las demás pretensiones de la demanda y, finalmente, condenó en costas a la demandante. Precisó que la señora María Leticia Patiño Candanosa estuvo vinculada a la Empresa Social del Estado Municipal de Magangué (actual E.S.E. Río Grande4

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de la Magdalena de Magangué) durante el periodo comprendido entre el 8 de mayo de 2008 y el 8 de agosto de 2010, y que, durante dicho lapso, no le fueron pagadas sus prestaciones sociales correspondientes a la prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y sanción moratoria por la falta de pago de estas últimas. Si bien obra en el expediente el act o mediante el cual se vinculó a la demandante, no existe documento que acredite de manera exacta la fecha de

vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y sanción moratoria por la falta de pago de estas últimas. Si bien obra en el expediente el act o mediante el cual se vinculó a la demandante, no existe documento que acredite de manera exacta la fecha de su desvinculación de la entidad demandada. La certificación obrante en el proceso data del 20 de mayo de 2010; sin embargo, para esa fecha la accionante aún prestaba sus servicios en la E.S.E. Municipal de Magangué. En tal sentido, se concluyó que la fecha de retiro fue el 8 de agosto de 2010, conforme a lo señalado en la demanda. Al realizar el análisis normativo de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, que regula la prescripción de los derechos laborales, y 102 del Decreto 1848 de 1969, que trata sobre la prescripción de las acciones, el tribunal consideró que se configuró la prescripción extintiva de los derechos laborales reclamados por la señora Patiño Candanosa. Se expuso que la actora presentó la reclamación administrativa para exigir el pago de sus derechos laborales el 26 de agosto de 2011, con lo cual interrumpió la prescripción por un término igual a tres (3) años, es decir, hasta el 26 de agosto de 2014. Este término fue suspendido el 15 de agosto de 2014 con la solicitud de conciliación extrajudicial, y el 18 de noviembre de 2014 se expidió la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, por lo que contaba con once (11) d ías para presentar la demanda. No obstante, dejó vencer dicho plazo, ya que el medio de control fue presentado el 25 de agosto

expidió la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, por lo que contaba con once (11) d ías para presentar la demanda. No obstante, dejó vencer dicho plazo, ya que el medio de control fue presentado el 25 de agosto de 2015, es decir, más de ocho (8) meses después de expedida la constancia. Respecto del reconocimiento y pago de la sanción mora toria, se precisó que la reclamación de las cesantías definitivas se efectuó el 26 de agosto de 2011, sin que hubiese pronunciamiento por parte de la E.S.E. Municipal de Magangué. Dado que estaba vigente el Decreto 01 de 1984, la entidad contaba con sesent a y cinco (65) días hábiles para efectuar el pago de dicha prestación, plazo que vencía el 30 de noviembre de 2011. Como no obra constancia alguna de pago durante dicho periodo, se entiende que, a partir del5

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1° de diciembre de 2011, se causó a favor de la demandante la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995. Finalmente, se concluyó que la actora no presentó reclamación adicional dentro de los tres (3) años siguientes para exigir el pago de la sanción moratoria, por lo que se entiende que operó el fenómeno de la prescripción, al tratarse de un derecho que se causa de manera autónoma.

4. El recurso de apelación.

La demandante interpuso recurso de apelación, con el propósito de que se revoque la anterior providencia, por cuanto:

tratarse de un derecho que se causa de manera autónoma.

4. El recurso de apelación.

La demandante interpuso recurso de apelación, con el propósito de que se revoque la anterior providencia, por cuanto: Precisa que, hacia finales de 2014 y comienzos de 2015, se presentó un paro de los trabajadores de la Rama Judicial, lo que impedía el acceso a los despachos judiciales. Preocupado por esta situación, acudió a radicar la demanda el 16 de diciembre de 2014 ante la Personería Distrital de Cartagena – Bolívar, la cual fue remitida al Tribunal Administrativo de Bolívar el 25 de agosto de 2015, luego de insistencias y la utilización de distintos mecanismos, como el derecho de petición, con el fin de evitar dobles presentaciones de demandas.

Asegura que: «la tesis del despacho no es de recibo para nosotros, ya que de cara a las documentales y la normatividad que gobierna el tema de la prescripción de los derechos, máxime para este asunto, el cual se trata de un litigio de derechos lab orales, que sobre el tema de la sanción moratoria por el no pago de cesantías tiene una legislación muy particular y especial que se debe aplicar, por lo que erro el despacho en su decisión de no aplicar la sanción moratoria de Ley 244 de 1995 que se solic itó en la demanda, contabilizando un término prescriptivo de la misma, desde el momento en que se presentó la reclamación administrativa en fecha 26 de Agosto de 2011, sin tener en cuenta el termino de los 65 días de que trata la misma ley 244, y se suspendió con la presentación de la solicitud de conciliación

administrativa en fecha 26 de Agosto de 2011, sin tener en cuenta el termino de los 65 días de que trata la misma ley 244, y se suspendió con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, cuando es la misma ley 244 de1995, es la que trae unos términos especiales para contabilizar el momento desde cuándo es que se hacen exigible el cobro de esta sanción, por lo que si en gracia de discusión aceptáramos la prescripción de los derechos que se reclaman, para el tema de la sanción moratoria por el no pago de cesantías, tenemos que el termino de exigibilidad de la misma vienen señalados en la misma Ley 244 de 1995, la misma no es tá prescrita, ya que el despacho err ó en contabilizar estos términos y declarar de oficio la excepción de prescripción de los derechos laborales del actor, máxime que nos desconoció que la demanda fue presentara ante la PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA – BOLIVAR, en fecha 16 de Diciembre de 2014.»6

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5. Alegatos de conclusión.

En auto de 22 de marzo de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De

alegar.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 1, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico. ¿Se configura el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho frente a las prestaciones sociales definitivas reclamadas por la demandante y la sanción moratoria que trata la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 , cuando la reclamación del 26 de agosto de 2011 e levada por la actora se configuró el silencio administrativo negativo o presunto?

Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo de la prescripción de los derechos laborales; 2.2. Antecedentes normativos de la sanción moratoria; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso concreto. 2.1. Marco normativo de la prescripción de los derechos laborales. La figura de la prescripción es el fenómeno jurídico mediante el cual el derecho se adquiere o se extingue con el transcurso del tiempo dispuesto por el

1 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».7

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legislador, ahora bien, en materia laboral, el legislador le confiere a los trabajadores “la oportunidad para reclamar el derecho que le ha sido concedido, pero ponen a dicha oportunidad un límite temporal, determinado por la inmediatez que emana de la relación laboral. Después de ese lapso, no hay un verdadero interés en el reclamo, puesto que no ha manife stado su pretensión dentro de un tiempo prudente para exteriorizar su razón jurídica2.” En ese sentido, la prescripción de los derechos laborales en el sector público lo determina el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, establece el término de tres (3) años, a partir del momento en que la obligación se hace exigible, así: “Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya

tres (3) años, a partir del momento en que la obligación se hace exigible, así: “Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escr ito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”. La norma que precede fue reglamentada por el Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, por el cual se dispuso la integración del sector público y privado en la seguridad social, así: “Artículo 102. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, inte rrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.” En igual sentido, lo señala el Código de Procedimiento Laboral, en el artículo 151, establece la prescripción de las “acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.” En conclusión, una vez causado el derecho, el titular de los derechos laborales cuenta con un lapso de tres años para hacerlo exigible ante la administración,

prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.” En conclusión, una vez causado el derecho, el titular de los derechos laborales cuenta con un lapso de tres años para hacerlo exigible ante la administración, por cuanto con la respectiva reclamación interrumpe el referido lapso, el cual se reanuda el término de tres años para acudir ante la jurisdicción.

2.2. Antecedentes normativos de la sanción moratoria.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-072 de 1994. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa.8

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En primer lugar, debe señalarse que las cesantías constituyen un derecho de carácter prestacional en favor de los trabajadores oficiales, consistente en el reconocimiento por parte del empleador de un mes de salario por cada año de servicios, o proporcionalmente por las fracciones de año. Esto, en cumplimiento de lo establecido en el literal f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945.

Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 65 de 1946 extendió dicho beneficio a todos los servidores públicos de carácter permanente del Estado, pertenecientes a cualquiera de las ramas del poder público, así como a los departamentos, comisarías, municipios y entidades particulares, convirtiéndose en una obligación estatal en favor de sus empleados.

Mediante el Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional de Ahorro, cuyo objeto principal fue la administración de los recursos destinados al pago

convirtiéndose en una obligación estatal en favor de sus empleados.

Mediante el Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional de Ahorro, cuyo objeto principal fue la administración de los recursos destinados al pago oportuno del auxilio de cesantía de l os empleados públicos y trabajadores oficiales, con el fin de proteger dichos recursos de la depreciación monetaria. Para ello, se dispuso que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado debían ser liquidadas y pagadas al Fondo. Así mismo, se ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social liquidar, con corte al 31 de diciembre de 1968, las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 33 del mencionado Decreto 3118 de 1968, se dio inicio al desmonte del régimen de cesantías retroactivas, estableciendo la li quidación anual de esta prestación para los servidores de las entidades allí referidas, así como la liquidación definitiva por la porción del tiempo laborado en el año de retiro. También se previó el reconocimiento de intereses anuales equivalentes al 9 %, liquidados al 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo del que disponga el empleado.

Adicionalmente, el Decreto 432 de 1998, que reorganizó el Fondo Nacional del Ahorro, ratificó su finalidad de administrar eficientemente las cesantías. Entre9

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Ahorro, ratificó su finalidad de administrar eficientemente las cesantías. Entre9

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sus funciones se incluyeron el recaudo, administración y pago del auxilio de cesantías a sus afiliados, así como la protección frente a la pérdida del poder adquisitivo. Este decreto también fijó el reconocimiento de intereses sobre los saldos depositados a título de cesantías.

Con la entrada en vigor de la Ley 244 de 1995 se establecieron términos para el pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos, así como las respectivas sanciones en caso de mora. El artículo 1° fijó un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la radicación completa de la solicitud del servidor público, para que la administración expida el acto de reconocimiento de las cesantías definitivas. Por su parte, el artículo 2° dispuso que, una vez en firme dicho acto, la entidad cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para efectuar el pago. En caso de incumplimiento, se genera una sanción equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, la cual se causará de forma continua hasta que se efectúe el pago correspondiente.

Posteriormente, la Ley 1071 de 2006 modificó y adicionó la Ley 244 de 1995, reiterando los términos para la expedición del acto administrativo de reconocimiento y orden de pago de cesantías definitivas y parciales. Se mantuvo el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la presentación

reiterando los términos para la expedición del acto administrativo de reconocimiento y orden de pago de cesantías definitivas y parciales. Se mantuvo el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la presentación completa de la solicitud, y, en caso de mora —esto es, cuando el pago se realice después de transcurridos cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la firmeza del acto admini strativo—, la entidad deberá reconocer y cancelar, con recursos propios, un (1) día de salario por cada día de retraso. Para la procedencia de esta sanción, basta acreditar el incumplimiento del plazo legal sin que se requiera prueba adicional.

2.2. Hechos probados.

El material probatorio incorporado al plenario da cuenta de la situación fáctica objeto de la presente demanda. En tal virtud, se destaca:

1. Mediante Decreto No. 0223 del 8 de mayo de 2008, el alcalde municipal de Magangué nombró en el cargo de Gerente de la Empresa Social del Estado

(E.S.E.) de ese municipio a la señora María Leticia Patiño Candanosa, quien10

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tomó posesión en esa misma fecha3.

1. La Oficina de Talento Humano de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) del municipio de Magangué certificó que la señora Patiño Candanosa se encontraba vinculada laboralmente a dicha entidad el 28 de febrero de 2010, desempeñándose en el cargo de Gerent e, con una asignación mensual de

municipio de Magangué certificó que la señora Patiño Candanosa se encontraba vinculada laboralmente a dicha entidad el 28 de febrero de 2010, desempeñándose en el cargo de Gerent e, con una asignación mensual de $3.930.797.

1. El 26 de agosto de 2011, la demandante presentó reclamación administrativa mediante la cual solicitó la liquidación definitiva de sus prestaciones sociales, tales como la prima de servicios, prima de navid ad, prima técnica, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías y la sanción moratoria por el no pago oportuno de estas últimas.

2.3. Caso concreto.

La señora María Leticia Patiño Candanosa, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende la nulidad del acto administrativo negativo configurado con ocasión de la petición elevada el 26 de agosto de 2011, mediante la cual solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de sus prestaciones sociales defin itivas, entre ellas: la prima de servicios, la prima de navidad, la prima técnica, las vacaciones, las cesantías, los intereses a las cesantías y la sanción moratoria por su no pago, con ocasión del vínculo laboral comprendido entre el 8 de mayo de 2008 y el 8 de agosto de 2010.

El Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda al considerar: (i) que se configuró la prescripción de los derechos laborales reclamados, en tanto que la reclamación del 26 de agosto de 2011 interrumpió la prescripción por un término de tres años, hasta el 26 de agosto de 2014, la

considerar: (i) que se configuró la prescripción de los derechos laborales reclamados, en tanto que la reclamación del 26 de agosto de 2011 interrumpió la prescripción por un término de tres años, hasta el 26 de agosto de 2014, la cual se suspendió el 15 de agosto de 2014 con la solicitud de conciliación extrajudicial. El 18 de noviembre de ese año se expidió constancia de agotamiento del requisito de proce dibilidad, restando solo 11 días para la presentación de la demanda, la cual fue interpuesta el 25 de agosto de 2015,

3 Folios 39 y 40 cuaderno 1 expediente digital11

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es decir, más de ocho meses después; y (ii) en cuanto al reconocimiento de la sanción moratoria, concluyó que la parte actora no presentó ningún reclamo ante la entidad demandada dentro de los tres (3) años siguientes para exigir su pago, por lo que se configuró el fenómeno de la prescripción, dado que este derecho se causa de manera autónoma.

Inconforme con la decisión de primera instancia , la parte actora presentó los siguientes reparos: (i) señaló que a finales de 2014 y comienzos de 2015 se presentó un paro judicial, lo que le impidió el acceso a los despachos judiciales, razón por la cual radicó la demanda el 16 de diciembre de 2014 ant e la Personería Distrital de Cartagena, entidad que la remitió a la Oficina Judicial

razón por la cual radicó la demanda el 16 de diciembre de 2014 ant e la Personería Distrital de Cartagena, entidad que la remitió a la Oficina Judicial el 25 de agosto de 2015; y (ii) respecto de la sanción moratoria, argumentó que no se configura la prescripción, en atención a lo dispuesto en la legislación especial cont enida en la Ley 244 de 1995, sin que pueda desconocerse el término de 65 días como plazo para hacer exigible este derecho. Reiteró que presentó la demanda el 16 de diciembre de 2014 ante la Personería Municipal.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se establece que la actora fue nombrada en el cargo de Gerente de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) del municipio de Magangué. Asimismo, de los hechos expuestos en la demanda se desprende que su vínculo laboral con dicha entidad finalizó el 8 de agosto de 2010 4. Y que la entidad demandada le adeuda la liquidación definitiva de sus prestaciones sociales, tales como la prima de servicios, las cesantías, los intereses a las cesantías, las vacaciones, la prima técnica, la prima de Navidad y la s anción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, en los términos establecidos por la Ley 244 de 1995.

Que la demandante, el 26 de agosto de 2011, presentó reclamación administrativa ante la Empresa Social del Estado (E.S.E.) del municipio de Magangué, solicitando el pago de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales correspondientes al período comprendido entre el 8 de mayo de 2008 y el 8 de agosto de 2010, en los siguientes términos:

Magangué, solicitando el pago de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales correspondientes al período comprendido entre el 8 de mayo de 2008 y el 8 de agosto de 2010, en los siguientes términos:

«1. Liquídense y páguense la liquidación definitiva de mis prestaciones sociales,

4 Hecho cuarto de la demanda “CUARTO: Que la Dra.- MARIA LETICIA PATIÑO CANDANOSA, se desempeñó en dicho cargo desde la fecha 08 de mayo de 2008 a 8 de agosto de 2010.12

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correspondientes a cuando (sic) desempeñe el cargo de GERENTE DE LA E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR del 8 de mayo de 2008 a 8 de agosto de 201 (sic), prestaciones sociales estas que corresponden a PRIMAS DE SERVICIOS, PRIMA DE NAVIDAD, VACACIONES, CESANTÍAS, INTERESES A LAS CESANTÍAS, PRIMA TÉCNICA entre otros conceptos adeudados por la entidad.

2. Expídase el acto administrativo de recon