CE - Sentencia 13001233300020150055801 de 2025

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00558-01 (28131)

Demandante: Fabcom S.A.S.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 13001-23-33-000-2015-00558-01 (28131) Demandante FABCOM S.A.S. Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2010. Principio de congruencia de las sentencias. Falta de motivación del acto administrativo. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 0011, que resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante. (…)” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 13 de abril de 2011, la demandante presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2010, liquidando un saldo a favor2.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 13 de abril de 2011, la demandante presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2010, liquidando un saldo a favor2. Posteriormente, la DIAN emitió el Requerimiento Especial nro. 062382013000033 del 24 de junio del 20133 a través del cual adicionó ingresos brutos no operacionales por enajenación de activos fijos, reconoció costos en cuantía superior a la declarada (correlativos a los activos enajenados) y liquidó el impuesto a cargo . También impuso sanciones por inexactit ud, a la tarifa del 160%, y al representante legal, determinando como consecuencia un saldo a pagar. El 27 de septiembre de 2013, la sociedad presentó declaración de corrección4 en la cual aceptó la adición de ingresos, e incrementó el valor reportado en el renglón de “otros costos”. Como se mantuvo el valor del saldo a favor declarado inicialmente, la corrección no incluyó sanciones. Dicho denuncio fue allegado con la respuesta al requerimiento especial. El 18 de marzo del 2014, la Administración profirió la Liquidación Oficial de Revisión nro.0624120140000185 que rechazó la declaración de corrección, dada la modificación en el renglón de costos , y confirmó las glosas propuestas en el requerimiento especial.

1 Samai, índice 13. 2 Fl. 55 Demanda, Anexos y Contestación (pdf). 3 Fl. 544 Caa cuaderno 2. 4 Fl. 580 Caa, cuaderno 2.

requerimiento especial.

1 Samai, índice 13. 2 Fl. 55 Demanda, Anexos y Contestación (pdf). 3 Fl. 544 Caa cuaderno 2. 4 Fl. 580 Caa, cuaderno 2. 5 Fl. 57 Demanda, Anexos y Contestación (pdf).Radicado: 13001-23-33-000-2015-00558-01 (28131)

Demandante: Fabcom S.A.S.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A continuación, la actora interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución nro. 900329 del 20 de abril de 2015 6, que confirmó la Liquidación Oficial. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones7: “A. Que se declare la nulidad total, por violación directa de normas constitucionales y legales, de la actuación administrativa integrada por los siguientes actos administrativos:

1. La Liquidación Oficial de Revisión N° 062412014000018 del 18 de marzo de 2014, proferida por la División de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de

Cartagena.

2. La Resolución N° 900329 del 20 de abril de 2015, proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, por medio de la cual se

Cartagena.

2. La Resolución N° 900329 del 20 de abril de 2015, proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, por medio de la cual se resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por mi representada el 19 de mayo de 2014 contra el acto administrativo determinado en el numeral anterior.

Dichos actos administrativos integran la actuación por medio de la cual la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena modificó la declaración del impuesto sobre la renta presentada por FABCOM S.A.S. por el año grava ble 2010 e impuso sanción por inexactitud.

B. Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de FABCOM S.A.S, en

los siguientes términos:

1. Se declare que está en firme la declaración del impuesto de la renta por el año grava ble 2010, presentada por FABCOM S.A.S. en forma oportuna EL 13 DE ABRIL DE 2011 e identificada con el formulario N° 1101001296949 y autoadhesivo N° 7495290013539.

2. De forma subsidiaria que se declare que se encuentra en firme la declaración de corrección presentada el 27 de septiembre de 2013 por FABCOM S.A.S. como respuesta al requerimiento especial.

3. Que se declare que no son de cargo de FABCOM S.A.S. las costas en que incurra la DIAN con relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso.” A los anteriores efectos, la demandante invocó la vulneración de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política ; 82, 617, 618, 709, 771 -2, 772 y 773 del Estatuto

A los anteriores efectos, la demandante invocó la vulneración de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política ; 82, 617, 618, 709, 771 -2, 772 y 773 del Estatuto Tributario; 13 y 15 del Decreto 2649 de 1993 ; y, 197 de la Ley 1907 de 2012 . Los motivos de inconformidad se resumen como sigue:

1. Existencia y legalidad de la adquisición y cesión de los derechos de la opción de compra del inmueble Comentó que los acuerdos suscritos con Navtech S.A. , para la adquisición de l derecho de la opción de compra de un inmueble ubicado en Cartagena; y, con C.I.

Vanoil S.A., para la cesión del mismo derecho, estaban ampliamente probados a través de documentos y la respectiva información exógena. Lo anterior , toda vez que Bancoldex, arrendador bajo el contrato de leasing financiero suscrito sobre el inmueble, y C.I. Vanoil aportaron los soportes del negocio ante el requerimiento de información que les hizo la DIAN.

6 Fl. 98, Demanda, Anexos y Contestación (pdf). 7 Ibidem.Radicado: 13001-23-33-000-2015-00558-01 (28131)

Demandante: Fabcom S.A.S.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Destacó que la demandada no cuestionó ninguno de los elementos de los negocios jurídicos de adquisición y cesión de derechos y que, dentro de los ingresos declarados se incluyeron los provenientes de la cesión del derecho de opción de

Destacó que la demandada no cuestionó ninguno de los elementos de los negocios jurídicos de adquisición y cesión de derechos y que, dentro de los ingresos declarados se incluyeron los provenientes de la cesión del derecho de opción de compra, así como los costos asociados a este, originados en la adquisición de ese derecho. Añadió que el registro contable de los ingresos por venta de activos fijos tiene un tratamiento especial, pues debe registrarse solamente la utilidad obtenida en el negocio, esto es, luego de restarle al precio de venta, el valor en libros del bien objeto de cesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 2650 de 1993. Al efecto, describió la dinámica de la cuenta 4245. Precisó que tanto contable como fiscalmente registró como ingreso el valor neto de la utilidad que ascendió a $169.226.000, sin llevar como costo el valor en libros de los activos , que ascendía a $4.649.101.000 ; por ello , el valor de los costos declarados era solo de $1.013.848.000. Acotó que, a partir de la factura expedida por Navtech S.A. realizó el registro contable. Explicó que las diferencias entre el valor que registró como ingreso por venta de activo fijo respecto a lo registrado por el comprador, y utilizado como prueba por la DIAN para aducir inconsistencias, se presenta por la forma en cómo deben registrarse contablemente la compra y la venta de este tipo de activo s. Al efecto, allegó una tabla con la explicación del registro contable y enfatizó en que la norma indica que la diferencia entre el valor de venta facturado y el valor en libros de los bienes vendidos debe registrarse en la cuenta de ingresos (424505), pero al

efecto, allegó una tabla con la explicación del registro contable y enfatizó en que la norma indica que la diferencia entre el valor de venta facturado y el valor en libros de los bienes vendidos debe registrarse en la cuenta de ingresos (424505), pero al comprador le indica que registre el activo (125095) por el valor total de compra facturado, lo cual justifica la diferencia de ingresos encontrada por la Administración. Adujo que al no registrar los ingresos totales ni los costos se genera un efecto neutro, es decir, no se modifica la renta líquida y no se genera lesividad, al no afectar el recaudo nacional; por lo tanto, la corrección efectuada no generaba sanción, pues simplemente se ajustaron los ingresos totales y los costos en libros.

2. Desconocimiento de los costos de la operación Reprochó que la DIAN adicionara ingresos y desconociera los costos que los generaron, los cuales estaban probados. Manifestó que en la corrección de la declaración registró fiscalmente lo que figuraba en la contabilidad, la cual no fue cuestionada por la d emandada y reflejaba la realidad de los negocios jurídicos celebrados en dicho año.

Adujo que estaba demostrado que, por instrucción de Navtech S.A., realizó pagos a terceros, situación no valorada por la DIAN, y que el costo estaba soportado en la factura de Navtech S.A. Alegó que la Administración desconoció la factura, los documentos soporte allegados por Bancoldex, C.I. Vanoil S.A. y C olmesa S.A. (primer vendedor del derecho de opción de compra a Navtech), y la contabilidad de la sociedad, sin que existiera explicación o fundamento de dicho proceder. Planteó que la DIAN desconoci ó costos registrados en su contabilidad y, en su lugar ,

(primer vendedor del derecho de opción de compra a Navtech), y la contabilidad de la sociedad, sin que existiera explicación o fundamento de dicho proceder. Planteó que la DIAN desconoci ó costos registrados en su contabilidad y, en su lugar , estableció en la Liquidación Oficial costos que no le pertenec ían, sino que correspondían a la sociedad Navtech y que se generaron cuando ésta adquirió los derechos de la sociedad Colmesa S.A. Indicó que todo lo anterior demuestra que no hubo una debida valoración probatoria, y que prevaleció la falta de motivación en el actuar de la Administración, en violación a las garantías procesales, pues “no se vislumbra, en ninguna parte de la actuación administrativa, ni mucho menos en los actos administrativos demandados, explicación, fundamento o siquiera comentario alguno de las razonesRadicado: 13001-23-33-000-2015-00558-01 (28131)

Demandante: Fabcom S.A.S.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que tuvo la DIAN para traer costos causados por un negocio jurídico perteneciente a otro año fiscal y causados en un negocio jurídico totalmente ajeno a la compañía FABCOM S.A.S” Insistió en que resulta contradictorio que la demandada reconozca los registros contables solo a efectos de los ingresos, y no para los costos, vulnerándose así el artículo 82 del Estatuto Tributario. Manifestó que , además de la factura, también aportó la contabilidad y el contrato, el cual no fue valorado ni tachado de falsedad . Agregó que la DIAN realizó cruces de información en los que determinó que

artículo 82 del Estatuto Tributario. Manifestó que , además de la factura, también aportó la contabilidad y el contrato, el cual no fue valorado ni tachado de falsedad . Agregó que la DIAN realizó cruces de información en los que determinó que Colmesa vendió a Navtech los derechos posteriormente enajenados a la demandante y vendidos a su vez por esta última a Vanoil. Subrayó que, si bien la demandada reconoció que la contabilidad era plena prueba de los costos y deducciones , incurrió en una contradicción al indicar que la única prueba de los costos era la factura y, al tiempo, reconocer que recibió los soportes documentales, todo lo cual evidencia una violación del principio de justicia e imparcialidad del funcionario. Insistió en que en el expediente obran los requerimientos de información a terceros y los documentos pertinentes ; no solo la factura. Censuró que la Administración presumiera un comportamiento fraudulento entre las compañías parte del acuerdo, lo que lleva a juicios parcializados y a desconocer pruebas de manera incorrecta. Acotó que la DIAN ratificó la factura como prueba del costo, pero desconoció sus efectos. Clarificó que con la mera suscripción del contrato no realizó ningún registro contable. Explicó qué son los comprobantes externos de la contabilidad , para advertir que el idóneo es la factura con el lleno de los requisitos que, además, soporta los costos o egresos. Reparó en que el contrato de ces ión de derechos y los oficios y registro de Bancoldex, son documentos que respaldan el comprobante externo que es la factura, y ratifican la realidad y valor de la transacción comercial. Se pronunció sobre la contabilidad como prueba 8 y expresó que en este caso la

los oficios y registro de Bancoldex, son documentos que respaldan el comprobante externo que es la factura, y ratifican la realidad y valor de la transacción comercial. Se pronunció sobre la contabilidad como prueba 8 y expresó que en este caso la misma era evidencia válida, dado que los libros estaban debidamente registrados en la Cámara de Comercio, los registros estaban respaldados en comprobantes internos y externos, reflejaban la situación del ente, no fueron desvirtuados por la DIAN, y se pusieron a disposición de esta. Insistió en que la demandada violó la Ley al no reconocer los costos que estaban probados y al omitir la valoración de las pruebas.

3. Verificación de los pagos hechos a acreedores Alegó que presentó una relación detallada de los pagos que realizó a los acreedores de Navtech S.A. , como parte del precio por la adquisición de los derechos, que dichos pagos fueron autorizados por Navtech en su calidad de cedente, y que además allegó los comprobantes de egreso de sus cuentas en el Banco Popular y Citibank, las solicitudes de pago, las constancias de que Navtech era el acreedor y facturas, consignaciones y recibos.

Sostuvo que hacer pagos a un acreedor, mediante pagos a terceros acreedores del aquel, es una práctica comercial legal en Colombia, aceptada por la DIAN . Explicó que dicha forma de pago se derivó de un acuerdo celebrado por la actora y Navtech S.A. Reprochó que, para rechazar las pruebas, la demandada se refirió de manera genérica a las mismas ( “algunos de los egresos ”, “algunos de tales pagos”) , sin individualizarlos, sin acusarlos de ilegalidad ni expresar específicamente sobre cada

genérica a las mismas ( “algunos de los egresos ”, “algunos de tales pagos”) , sin individualizarlos, sin acusarlos de ilegalidad ni expresar específicamente sobre cada

8 Citó la sentencia del 7 de abril de 2011, exp. 16622 del Consejo de Estado.Radicado: 13001-23-33-000-2015-00558-01 (28131)

Demandante: Fabcom S.A.S.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uno de ellos los motivos por los cuales se desvirtuaban, para que en su momento, se pudiera ejercer el derecho de defensa y contradicción. Advirtió que, si bien algunas de las facturas pueden ser de años anteriores, esto no afecta el hecho de que sean soporte de costos y deducciones. Agregó que algunas facturas expedidas por los terceros a Navtech son por mayor valor al pagado por la actora, pues esa compañía debió practicarles retención en la fuente o había pagado parte de ellas, siendo su obligación, de acuerdo con lo pactado, pagar únicamente el remanente. /Frente al hecho de que algunos pagos se realizaran a personas naturales y no se adjuntaran facturas o documentos equivalentes, señaló que sólo hizo transferencias a esos terceros para efectos del pago a su acreedor Navtech. Alegó que quien debe verificar la entrega de las facturas de los terceros es Navtech, y que, en todo caso, para comprobar que el costo de los derechos adquiridos a Navtech fue efectivamente pagado, debían verificarse los giros del Banco Popular y Citibank de sus cuentas bancarias, que obran como pruebas en el expediente, pero que no fueron debidamente valoradas.

efectivamente pagado, debían verificarse los giros del Banco Popular y Citibank de sus cuentas bancarias, que obran como pruebas en el expediente, pero que no fueron debidamente valoradas. Frente a la ausencia del pasivo con Navtech planteada por la DIAN, expuso que el valor de los pasivos registrados en los estados financieros es el consolidado de una cuenta de proveedores nacionales , es decir , es el resultado de la suma de las deudas con estos, en donde , entre otros, figura también Navtech. Resaltó que las cuentas son dinámicas y cada operación aumenta la deuda, y con el pago se reduce el saldo. Subrayó que la Administración no dio valor probatorio a los documentos soporte, ni a las pruebas que ella misma practic ó, tales como la inspección, al afirmar erróneamente que la única prueba que fungió en el expediente era la factura, con lo cual violó el principio de la unidad de la prueba.

4. Análisis de la liquidación de corrección desconocida Mencionó que la corrección presentada con la respuesta a l requerimiento especial reflejó los valores contables. Cuestionó que se desestimara entonces esa corrección por no haberse limitado a aceptar todos los valores propuestos por la DIAN, ya que, si bien incorporó los ingresos, tomó los costos soportados en l a contabilidad y no los establecidos por la Administración. Enfatizó en que aceptó parcialmente los planteamientos de la demandada y que el artículo 709 del Estatuto Tributario indica que la aceptación procede total o parcialmente sobre los hechos y no sob re los valores.

Advirtió que la corrección debía ser consecuente con el principio contable de asociación y por eso se consideraron los costos de los registros contables. Citó el

que la aceptación procede total o parcialmente sobre los hechos y no sob re los valores. Advirtió que la corrección debía ser consecuente con el principio contable de asociación y por eso se consideraron los costos de los registros contables. Citó el artículo 13 del Decreto 2649 de 1993 y puntualizó que era necesario que en la corrección que sugirió la DIAN se aplicara el principio de asociación , en lugar de incluir costos apartándose de las normas tributa rias y sin haber valorado correctamente las pruebas. Agregó que el examen de la corrección no debe ser únicamente formal, sino sustancial, considerando la realidad contable. Indicó que la demandada pretendía que la actora desconociera su realidad contable, financiera y económica y adoptaraRadicado: 13001-23-33-000-2015-00558-01 (28131)

Demandante: Fabcom S.A.S.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como suyos unos costos que no le pertenecen. Señaló que, al no aceptar su corrección, y pretender lo anterior, la DIAN violó su derecho de defensa. Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda9: Transcribió los artículos 26, 27, 28, 90, 178 y 596 del Estatuto Tributario, 5 de la Ley 57 de 1887, 136 del Decreto 2649 de 1993 y la sentencia del 23 de julio de 2009, rad. 25000-2327-000-2033-01168-01 del Consejo de Estado , para afirmar que

57 de 1887, 136 del Decreto 2649 de 1993 y la sentencia del 23 de julio de 2009, rad. 25000-2327-000-2033-01168-01 del Consejo de Estado , para afirmar que dichas normas regulan la forma de contabilización de los ingresos y la depuración de la renta líquida, sin que el declarante pueda definir a su antojo cuales ingresos declara u optar por registrar solo la utilidad de las transacciones . Señaló que la actora confesó en la respuesta al requerimiento especial que no registró los ingresos glosados por la Administración, sino que se limitó a registrar la utilidad de la venta del activo fijo. Aclaró que la actora pudo corregir su declaración y no lo hizo, conforme las normas tributarias pertinentes , dado que no era válido aumentar los costos diferentes al objeto de glosa. Recalcó que la actora aceptó la omisión de ingresos, pues manifestó que solo incluyó la utili dad en su declaración , y resaltó que en la declaración inicial ella si registró un total de costos que era acorde con sus asientos de contabilidad. Sostuvo que no glosó los costos, de tal forma que la demandante no podía incluirlos en la declaración de corrección provocada, al ser ese un punto diferente al planteado en el requerimiento especial. Insistió en que la actora no podía corregir la declaración para aumentar los costos qu e no fueron reportados en su denuncio inicial. Relató que los hechos económicos no declarados son ajenos al proceso de determinación oficial, que inicia con la presentación de la declaración. Añadió que la declaración de corrección provocada no surtió efecto legal y que la mención a la

inicial. Relató que los hechos económicos no declarados son ajenos al proceso de determinación oficial, que inicia con la presentación de la declaración. Añadió que la declaración de corrección provocada no surtió efecto legal y que la mención a la vinculación económica de las empresas no sustentó ninguna de las glosas, sino que se utilizó como prueba indicadora del propósito real de la operación. Reiteró que como el renglón de costos no fue glosado , no era aplicable el artículo 82 del Estatuto Tributario, que es una norma de aplicación opcional. Planteó que, si la demandante pretendía modificar los costos a su favor, debió hacerlo dentro de la oportunidad para realizar correcciones voluntarias , más no provocadas, y que la relación de pagos aportada con la respuesta al requerimiento especial no soportaba la adición de costos en la corrección que fue rechazada. Añadió que la relación de pagos a terceros no coincidía con los costos y gastos registrados en la contabilidad, tal como se evidencia de la respuesta a los requerimientos ordinarios. Adujo que se registraban pagos de 2011, 2013 y 2020, sin registrar pasivos a 31 de diciembre de 2010 , así como pagos previos a la suscripción del contrato de cesión de derechos de la opción de compra, bajo el cual la actora adquirió dichos derechos. Explicó que los pagos tampoco se reflejaron en el estado de resultados. Manifestó que valoró la contabilidad y todas las pruebas recaudadas en el proceso y que se le garantizó el debido proceso y el derecho de defensa a la actora.

9 Samai, índice 13.Radicado: 13001-23-33-000-2015-00558-01 (28131)

y que se le garantizó el debido proceso y el derecho de defensa a la actora.

9 Samai, índice 13.Radicado: 13001-23-33-000-2015-00558-01 (28131)

Demandante: Fabcom S.A.S.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Distinguió entre las correcciones voluntarias y provocadas10 para establecer que en las segundas el contribuyente solo puede corregir la liquidación sobre los puntos planteados en el requerimiento especial, con aceptación total o parcial de las glosas planteadas y reducción en la sanción por inexactitud, sin agregar o sustraer otros factores. Insistió en que la corrección provocada presentada por la actora varió la suma de los costos y no calculó sanción alguna, de manera que carecía de validez. Concluyó que los actos fueron debidamente motivados. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Bolívar, negó las pretensiones de la demanda , con fundamento en las siguientes consideraciones:11 Se refirió a los artículos 26, 27, 90, 178, 179 y 709 del Estatuto Tributario12 y reseñó las pruebas y actuaciones del proceso de fiscalización. Encontró probada la suscripción de los contratos de cesión de derechos de opción de compra suscritos entre Navtech y la demandante , y entre esta y CI Vanoil S.A. Acotó que la actora registró en la declaración inicial la ganancia neta percibida por la compra y que, a partir de las pruebas, estaba acreditado que los ingresos por la enajenación ascendieron a $4.600.000.000 y no fueron reportados como tales en la declaración.

registró en la declaración inicial la ganancia neta percibida por la compra y que, a partir de las pruebas, estaba acreditado que los ingresos por la enajenación ascendieron a $4.600.000.000 y no fueron reportados como tales en la declaración. Agregó que no se demostró el pago de la totalidad del precio a Navtech, ya que, si bien se alegó que se habían efectuado pagos a terceros acreedores de Navtech, y para esto se aportó una relación de pagos registrados como anticipos ; no se evidenció que es a modalidad de pago hubie ra sido autorizada bajo el contrato de cesión de la opción de compra, considerando que en el mismo se pactó que el pago se realizaría en cuatro cuotas iguales mediante transferencia bancaria. En consecuencia, consideró que no se comprobó que los ingresos y costos de la actora fueran equivalentes a lo incluido en la declaración de corrección provocada, y no afectaran la renta líquida. Sostuvo que además no hay documentos que den certeza sobre los pagos efectuados a Navtech, para acreditar que la actora incurrió en costos por el mismo valor de los ingresos, pues los pagos efectuados a terceros no están acompañados de comprobantes de consignación o transferencia bancaria . Concluyó que, con el material prob atorio, la actora solo acreditó costos adicionales por valor de $2.878.855.000. Precisó que los costos en realidad ascendían a $3.892.703.000, considerando los previamente registrados en la declaración inicial y los probados posteriormente. Estimó probada la omisión de ingresos y debidamente valoradas las pruebas por parte de la demandada, sin que se desconocieran garantías fundamentales de la actora.

considerando los previamente registrados en la declaración inicial y los probados posteriormente. Estimó probada la omisión de ingresos y debidamente valoradas las pruebas por parte de la demandada, sin que se desconocieran garantías fundamentales de la actora. Frente a la corrección, manifestó que esta incorporó costos distintos a los establecidos por la Administración sin alterar la renta líquida gravable, el saldo a pagar ni liquidar sanciones, cuando debió constreñirse a los valores propuestos por la Administración, circunstancia que no ocurrió, de tal forma que dicha corrección no era válida.

10 Al efecto citó la sentencia del 13 de septiembre de 2012, exp. 25000-2327-000-2033-01168-01, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez del Consejo de Estado y el Concepto DIAN 039151 de 25 de abril de 2000. 11 Samai, índice 13. 12 Citó las sentencias del 24 de febrero de 2022, rad. 25000 -2327-000-2033-01168-01, del 2 de diciembre de 2021, rad. 25000-2327-000-2033-01168-01 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 29 de abril de 2021, exp. 20745, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez del Consejo de Estado.Radicado: 13001-23-33-000-2015-00558-01 (28131)

Demandante: Fabcom S.A.S.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Condenó en costas a la demandante dado el resultado desfavorable del proceso. Recurso de apelación

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Condenó en costas a la demandante dado el resultado desfavorable del proceso. Recurso de apelación La demandante apeló la decisión de primera instancia13. Manifestó que la sentencia había vulnerado el principio de congruencia al no abordar el estudio de nulidad en la forma temporal y lógica planteada en la demanda, sin explicación alguna14, con lo cual violó el debido proceso. Anotó que la sentencia replicó los argumentos de la demandada, sin contrastarlos con pruebas. Reprochó que la sentencia no incluye ra dentro del marco normativo, las normas indicadas en la demanda como vulneradas, y que se le obligara a reconocer unos ingresos sin reconocer los costos que deben restarse de los mismos. Agregó que la sentencia no valoró las pruebas y que los argumentos frente al pago efectivo a Navtech están por fuera de los límites de la controversia y son irrelevantes, pues los percances en el cumplimiento de las condiciones del negocio no afectan lo declarado. Insistió en que reflejó la utilidad depurada en la declara ción, sin llevar los costos y en que, el registro contable se efectuó a partir de la factura expedida por Navtech , la cual cumplía todos los requisitos legales. Insistió en que, por decisión de Navtech, realizó pagos a los terceros acreedores de esta, como se acreditó en el expediente, situación no valorada debidamente. Recalcó que obraban diversos documentos que probaban la transacción y que la forma de pago del negocio era un problema ajeno al costo a reportar en la declaración, regulado por otras normas.

situación no valorada debidamente. Recalcó que obraban diversos documentos que probaban la transacción y que la forma de pago del negocio era un problema ajeno al costo a reportar en la declaración, regulado por otras normas. Afirmó que la sentencia desconoce el valor probatorio otorgado a la factura , pues esta nunca se tachó de fals a. Subrayó que las facturas están dotadas por ley de idoneidad probatoria, al igual que la contabilidad, y que dichos documentos gozan de presunción de autenticidad. Precisó que no se valoró el contrato y las respuestas a los cruces de información . Agregó que la DIAN reconoció dentro del proce