CE - Sentencia 13001233300020160057502 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022)

Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial1

Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces , mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Jorge Eliecer Fandiño Gallo presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 802 del 16 de junio de 2015, proferida por

de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 802 del 16 de junio de 2015, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena (Bolívar)4

1 En adelante DEAJ. 2 Índice 36 de Samai , archivo «36RECIBEMEMORIAL_00CuadernoPrincipalp(.pdf)» . La demanda fue presentada el 24 de junio de 2016. 3 En adelante CPACA. 4 En adelante DESAJ.2

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022) Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo y el acto ficto presunto negativo generado por la falta de respuesta al recurso de apelación presentado el 2 6 de junio de 2015 , con los que se negó el reajuste del salario y de las prestaciones sociales y el reconocimiento d e la prima especial de servicios en cuantía del 30% adicional a la asignación básica mensual.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago de los siguientes emolumentos : a) vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas de vacaciones y de navidad y bonificación por servicios prestados sobre el 100% del salario básico sin excluir el 30% que ha sido pagado como si se tratara de la prima especial de servicios sin carácter salarial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; y b) la prima especial de servicios en cuantía del 30% adicional a la asignación básica mensual;

carácter salarial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; y b) la prima especial de servicios en cuantía del 30% adicional a la asignación básica mensual; ii) la actualización del valor de la condena mes a mes de conformidad con el artículo 187 del CPACA; iii) el pago de los intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago efectivo de la condena, esto es el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y iv) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:

3.1. Jorge Eliecer Fandiño Gallo se desempeñó como juez administrativo del circuito de Barranquilla (Atlántico) entre el 1° de junio de 2006 y el 31 de octubre de 2007 , como magistrado del Tribunal Administrativo de Tunja (Boyacá) desde el 1° de noviembre de 2007 hasta el 30 de junio de 2012 , y como magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar desde el 1° de julio de 2012 «hasta la presente».

3.2. El 19 de enero de 2015 solicitó ante la DEAJ la reliquidación de los sueldos y prestaciones sociales percibidos, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica mensual y sin excluir de esa base de liquidación el 30% al que se le había catalogado como prima especial de servicios sin carácter salarial. Además, solicitó el reconocimiento de la citada prima, en cuantía del 30% adicional al salario básico.

básica mensual y sin excluir de esa base de liquidación el 30% al que se le había catalogado como prima especial de servicios sin carácter salarial. Además, solicitó el reconocimiento de la citada prima, en cuantía del 30% adicional al salario básico.

3.3. La DESAJ profirió la Resolución 802 del 16 de junio de 2015 en el que negó la anterior solicitud.

3.4. El demandante presentó recurso de apelación el 2 6 de junio de 2015, que fue resuelto a través de la Resolución 5404 del 9 de agosto de 20166, es decir, durante

5 Índice 36 de Samai, archivo «36RECIBEMEMORIAL_00CuadernoPrincipalp(.pdf)», páginas 1 a 14. 6 Notificada el 24 de agosto de 2016.3

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022) Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo el transcurso del presente medio de control.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señaló el preámbulo de la Constitución Política y los artículos 13, 53, 136, 150 y 209 ejusdem; 1, 2, 3, 4 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 127, 128 y 132 del Código Sustantivo del Trabajo; y las leyes 44 de 1980, 33 de 1985 y 50 de 1990 y los decretos 3135 de 1968, 1042 y 1045 de 1978.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

los decretos 3135 de 1968, 1042 y 1045 de 1978.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

5.1. Los actos administrativos demandados fueron expedidos de forma contraria al ordenamiento jurídico y constitucional y, por lo tanto, fueron falsamente motivados, toda vez que se profirieron en atención a una interpretación errónea del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 , pues aunque el empleador no podía reconocer sumas salariales diferentes a las consideradas por el gobierno nacional, que en virtud de los artículos 150 y 189 de la Constitución Política es el encargado de regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, no era posible que desconociera los derechos adquiridos.

5.2. Como consecuencia, la interpretación efectuada por el gobierno nacional generó que la liquidación de las prestaciones sociales se realizara sobre el 70% del salario, en atención a que determinó que la prima especial de servicios no tenía carácter salarial. En ese sentido, los derechos laborales fueron calculados sobre una base inferior a la que correspondía.

5.3. En todo caso, pese a la competencia del gobierno nacional , no era procedente que modificara a través de actos administrativos el Código Sustantivo del Trabajo apartándose de la definición de salario que allí se incluye y afectando la liquidación de las prestaciones sociales, y demás emolumentos pues se calcula a partir del salario básico.

5.4. Los actos demandados vulneraron el principio de igualdad, por cuanto establecieron una discriminación y un trato inequitativo, sin que exista una causal razonable, toda vez que se encuentra en la misma situación fáctica de los servidores

salario básico.

5.4. Los actos demandados vulneraron el principio de igualdad, por cuanto establecieron una discriminación y un trato inequitativo, sin que exista una causal razonable, toda vez que se encuentra en la misma situación fáctica de los servidores judiciales a quienes por vía judicial se les ha reconocido el pago de su salarios y prestaciones con el 100% de su salario básico.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se4

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022)

Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo

expresan a continuación7:

6.1. El Consejo de Estado 8 declaró la nulidad de unos artículos de los decretos salariales expedidos desde el año 1993 hasta el año 2007 que se refirieron a la prima especial, sin que se hubiese pronunciado sobre las disposiciones contenidas en los decretos posteriores emitidos entre los años 2008 y 2014.

6.2. Comoquiera que la anterior decisión fue expedida dentro de un proceso de nulidad, la corporación judicial no emitió pronunciamiento relacionado con el derecho a favor de persona determinada. Por consiguiente, no era posible efectuar el pago en relación con los años siguientes al 2007 , ya que los decretos salariales continúan vigentes y gozan de presunción de legalidad y, por ende, desde el año 2008 a la fecha la prima se ha liquidado correctamente y corresponde a la reglamentación que sobre el tema ha regulado el gobierno nacional.

6.3. Tampoco era procedente el reconocimiento de la aludida prima hasta el 31 de

2008 a la fecha la prima se ha liquidado correctamente y corresponde a la reglamentación que sobre el tema ha regulado el gobierno nacional.

6.3. Tampoco era procedente el reconocimiento de la aludida prima hasta el 31 de diciembre de 2007 puesto que se configuró la prescripción trienal , en tanto que, la reclamación administrativa se presentó el 19 de enero de 2015.

6.4. Proceden las excepciones de i) falta de causa para demandar; ii) prescripción; y iii) la innominada o genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces, en sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021 9, accedió parcialmente a las pretensiones de la

demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR NO FUNDADA la excepción formulada por la demandada, denominada Falta de Causa para demandar, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la excepción formulada por la demandada, denominada PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE LOS DERECHOS RECLAMADOS, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No802 del 16 de junio de 2015, “Por la cual se resuelve una petición” expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Cartagena, y de la Resolución No. 5404 del 09 de Agosto de 2016, “Por medio de la cual se Resuelve un Recurso de Apelación”

Seccional de Administración Judicial de Cartagena, y de la Resolución No. 5404 del 09 de Agosto de 2016, “Por medio de la cual se Resuelve un Recurso de Apelación”

7 Índice 36 de Samai, archivo «36RECIBEMEMORIAL_00CuadernoPrincipalp(.pdf)», páginas 89 a 95 8 Consejo de Estado, sentencia del 29 de abril de 2014, radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00. 9 Índice 36 de Samai, archivo «33RECIBEMEMORIAL_08Sentenciapdf(.pdf)»5

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022) Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo expedida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar al demandante, Dr. JORGE ELIECER FANDIÑO GALLO, desde el dieciocho (18) de Enero de Dos Mil Doce (2012) hasta la fecha de vinculación del demandante con la RAMA JUDICIAL, el CIEN POR CIENTO (100%) del salario básico legalmente previsto en los decretos anuales por el gobierno, sin superar el tope máximo establecido en el decreto 1251 de 2009 y demás que lo adicionen o modifiquen.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,

CONDENAR a la NACIÓN - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

adicionen o modifiquen.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar al demandante, Dr. JORGE ELIECER FANDIÑO GALLO, desde el dieciocho (18) de Enero de Dos Mil Doce (2012) hasta la fecha de vinculación del demandante con la RAMA JUDICIAL, la prima especial de servicio sin carácter salarial, en cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) de la asignación básica legal mensual, legalmente prevista en los decretos del Gobierno, teniéndolo como un plus o valor adicional sobre la misma y no como parte integrante de esta como hasta el momento lo ha hecho.

SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIALRAMA JUDICIAL, a reliquidar, reajustar y pagar al accionante, Dr. JORGE ELIECER FANDIÑO GALLO, desde el dieciocho (18) de Enero de Dos Mil Doce (2012) hasta la fecha en que sean niveladas las Cesantías pagadas al accionante o hasta la fecha de su desvinculación; en el evento de que dicha situación haya ocurrido con anterioridad a la presente providencia, la suma que resulte como diferencia existente entre lo pagado hasta ahora con el 70% de su remuneración mensual básica y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos que resulten teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que se le ha restado a esta para considerarlo como prima especial.

reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos que resulten teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que se le ha restado a esta para considerarlo como prima especial.

SÉPTIMO: Los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el Código Administrativo y de Procedimiento Administrativo, tomando como base la variación porcentual del índice de precios al consumidor, conforme a lo anotado en la parte motiva.

OCTAVO: CONDENAR EN COSTAS a la parte vencida, conforme lo establecido en los artículos 188 del CPACA y del 365 y 366 del CGP., los cuales incluirán el valor de las agencias en derecho fijadas en la parte motiva de la presente providencia judicial.

NOVENO: Ordenase a la demandada dar cumplimiento a esta sentencia dentro del término previsto en el artículo 192 del CPACA» (sic) [resaltado del original]

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. De acuerdo con los certificados salariales aportados al proceso, la DEAJ disminuyó el salario básico de Jorge Eliecer Fandiño Gallo en un 30% para denominarlo prima, con lo cual determinó el salario básico en un 70% con el que efectuó la liquidación de las prestaciones sociales «durante el tiempo en el que estuvo vinculado como juez, mientras que en el que permanece hasta la actualidad como6

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022) Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo magistrado de tribunal, se vio afectada la liquidación y pago de las cesantías anualizadas,

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022) Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo magistrado de tribunal, se vio afectada la liquidación y pago de las cesantías anualizadas, las cuales fueron liquidadas y consignadas con el 70% del sueldo básico del accionante y para ellas incluye las doceavas partes de las primas, que también han sido calculadas, con la remuneración básica reducida en un treinta por ciento (30%)». (sic)

8.2. La administración reconoc ió la existencia y vigencia de la prima especial de servicios en los actos administrativos demandados, así como en las nóminas y certificaciones de pago allegadas al proceso. Sin embargo, al efectuar su liquidación, incurrió en una irregularidad, pues el 30% del salario básico del demandante es contabilizado como parte de dicha prima, cuando en realidad corresponde a la asignación mensual, lo que hace que el pago de la prima sea solo aparente.

8.3. En cuanto a los aportes al sistema de pensiones, si bien estos se han efectuado sobre el 100% del salario básico, no se ha incluido la prima como factor del ingreso base de cotización, con lo que se desconoció lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 332 de 1996, según el cual este componente debe ser tenido en cuenta para efectos pensionales, aunque no tenga naturaleza salarial frente a otras prestaciones sociales.

8.4. La demandada le adeuda al actor el 30% de su salario básico que fue indebidamente disminuido , la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de dicho porcentaje, y el 30 % correspondiente a la prima especial de

8.4. La demandada le adeuda al actor el 30% de su salario básico que fue indebidamente disminuido , la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de dicho porcentaje, y el 30 % correspondiente a la prima especial de servicios, la cual solo debe hacer parte de la liquidación de los aportes a seguridad social en pensiones, pues dicho emolumento no tiene carácter salarial. Sobre esto último y, en otras palabras, el 30% adicional al 100% del salario reconocido en la sentencia solo se tendrá en cuenta para liquidar el IBC pensional del demandante y mensualmente como incremento al salario básico devengado.

8.5. Se configuró la prescripción de los derechos reclamados anteriores «al día 12 de marzo de 2012 teniendo en cuenta que la Reclamación Administrativa que interrumpe el término prescriptivo fue presentada el día 13 de marzo de 2015» (sic). Lo anterior con fundamento en la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019 que dispuso que, para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendría en cuenta la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerían hasta 3 años atrás.

8.6. «[T]eniendo en cuenta que el demandante fue vinculado a la Rama Judicial desde el día 01 de Junio de 2006 sin solución de continuidad, ostentando actualmente la calidad de Magistrado de Tribunal Administrativo; se reconocerá únicamente la diferencia de las cesantías que en calidad de magistrado fueron dejados de percibir por la accionante, a7

Magistrado de Tribunal Administrativo; se reconocerá únicamente la diferencia de las cesantías que en calidad de magistrado fueron dejados de percibir por la accionante, a7

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022) Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo partir del dieciocho (18) de Enero de Dos Mil Doce (2012) hasta la fecha en que sean nivelados los salarios y prestaciones sociales de la parte demandante o hasta la fecha de su desvinculación; en el evento de que dicha situación haya ocurrido con anterioridad a la presente providencia. Lo anterior, debido a que la reclamación administrativa fue presentada por la DRA. ROSIRIS LLERENA VÉLEZ, el día Diecinueve (19) de Enero de Dos Mil Quince (2.015) por lo que, en consideración a lo expuesto en la sentencia de unificación ya referenciada, se reconoce únicamente a partir de allí y solo tres (3) años atrás» (sic).

8.7. Finalmente, se cumplen los presupuestos descritos en l os artículos 188 del CPACA y 365 del CGP para emitir condena en costas, de conformidad con el criterio objetivo. Por ende, comoquiera que la parte demandante realizó actos procesales tendientes a defender sus intereses resultó procedente la condena en cosas de la parte vencida en el proceso.

1.4. El recurso de apelación

9. La DEAJ solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que en su lugar se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los

siguientes argumentos10:

9.1. Los ingresos de los magistrados de tribunal y cargos equivalentes no pueden

lugar se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos10:

9.1. Los ingresos de los magistrados de tribunal y cargos equivalentes no pueden sobrepasar el tope del 80% de los ingresos de los magistrados de las altas cortes, así lo dispuso la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el 2 de septiembre de 2019.

9.2. El reconocimiento de la reliquidación del salario o asignación básica de los magistrados de tribunales y cargos homólogos en un 30% desborda el marco legal vigente, por cuanto el Decreto 610 de 1998 [expedido en desarrollo de la Ley 4ª de 1992] estableció el mecanismo de nivelación correspondiente. Conforme con dicho decreto, los ingresos anuales de estos servidores fueron fijados en un 80% del total devengado por los magistrados de las altas cortes, lo que constituye un tope legal que no puede ser sobrepasado mediante el reconocimiento de la prima especial de servicios ni de ningún beneficio adicional de carácter económico laboral.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

10. En esta oportunidad procesal las partes guardaron silencio11.

10 Índice 36 de Samai, archivo «29RECIBEMEMORIAL_11RecursoApelacionpd(.pdf)» 11 Según constancia secretarial del 6 de diciembre de 2023, visible a índice 30 de Samai.8

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022)

Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo

1.6. El Ministerio Público

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022)

Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo

1.6. El Ministerio Público

11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia12.

2. Consideraciones 2.1. Problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 13, se circunscriben a establecer si ¿el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el articulo14 de la Ley 4 ª de 1992 como un valor adicional al salario básico podría desbordar el límite del 80% de lo que por todo concepto percibe un magistrado de alta corte?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República

12 Ibidem 13 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por

12 Ibidem 13 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».9

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022) Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 14 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y

Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

15. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

16. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

17. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes

14 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».10

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022)

de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».10

Radicado: 13001-23-33-000-2016-00575-02 (3125-2022) Demandante: Jorge Eliecer Fandiño Gallo de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

18. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006, 618 de 200715, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar16».

19. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abo gados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abog ado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

20. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30% del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos

básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspo