CE - Sentencia 13001233300020160118301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 13001233300020160118301 (66606)

Demandante: INVERSIONES LA SOLEDAD S.A.S.

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN

GENERAL MARITIMA

Tema: Afectación al derecho de propiedad por declaración de bien de uso público. El daño no tiene carácter de cierto. Se confirma sentencia que negó pretensiones. Condena en costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 28 de febrero de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo d e Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Inversiones La Soledad S.A.S. es propietaria del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-19087 de Cartagena, el cual fue arrendado en fecha indeterminada a la sociedad Administración Logística Andina S.A. Posteriormente, mediante decisión del 27 de julio de 2012, la Capitanía de Puerto de Cartagena declaró responsable a la Compañía Administración Logística Andina S.A. por la ocupación indebida sobre un bien de uso público sin autorización, le impuso a título

mediante decisión del 27 de julio de 2012, la Capitanía de Puerto de Cartagena declaró responsable a la Compañía Administración Logística Andina S.A. por la ocupación indebida sobre un bien de uso público sin autorización, le impuso a título de sanción una multa de 30 SMLMV y ordenó remitir las diligencias a la alcaldía de Cartagena para que adelantara las acciones de restitución.

Inversiones La Soledad S.A.S considera que la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General Marítima es patrimonialmente responsable por la afectación a su derecho de propiedad, pues alega que se declaró un inmueble suyo como bien de uso público en un procedimiento irregular en el que no estuvo vinculada.Radicado: 13001233300020160118301 (66606)

Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 9 de diciembre de 2016 1-2, inversiones La Soledad S.A.S., mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General Marítima ( en adelante la “DIMAR”), para que fuera declarada patrimonialmente responsable por la afectación a su derecho de propiedad , al declarar como bien de uso público el inmueble con el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-19087.

Como pretensiones de su demanda, la sociedad demandante solicita condenar a la entidad accionada a pagarle, por perjuicios materiales, la suma de $500.000.000 “o la suma que se logre probar dentro del proceso”.

Como pretensiones de su demanda, la sociedad demandante solicita condenar a la entidad accionada a pagarle, por perjuicios materiales, la suma de $500.000.000 “o la suma que se logre probar dentro del proceso”.

1 Fl. 1 a 16, C. 1. La demanda presentada por Inversiones La Soledad S.A.S. en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Dimar - Capitanía de Puerto tenía como pretensiones principales declarar la nulidad de los actos administrativos del 27 de julio y 31 de octubre de 2012 y del 18 de marzo de marzo de 2016 proferidos por la Capitanía de Puerto de Cartagena, y que a título de restablecimiento del derecho se le pagara la suma de $300.000.0000. Seguidamente, como pretensiones subsidiarias se solicitó: “1. Que se declare que la convocada es administrativamente responsable del daño antijuridico, causado a Inversiones La Soledad S.A.S., - bajo la condición de DAÑO ES PECIAL en que incurrió la parte convocada al expedir los actos administrativos: 27 de Julio de 2012, 31 de Octubre de 2012, y 18 de Marzo de 2016, que afectan y desconocen gravemente el derecho de propiedad privada, de Inversiones La Soledad S.A.S., respecto del bien arrendado a Administración Logística Andina S.A. ( hoy ALASA S.A.S.), al declararle como un bien de uso público de la Nación, - dentro de un procedimiento administrativo absolutamente irregular, en que jamás de vinculó a mi representada, siendo ésta la directa afectada por los resultados de la actuación.

2. Como consecuencia de lo anterior, la accionada es responsable patrimonial y administrativamente

absolutamente irregular, en que jamás de vinculó a mi representada, siendo ésta la directa afectada por los resultados de la actuación.

2. Como consecuencia de lo anterior, la accionada es responsable patrimonial y administrativamente por los perjuicios materiales: tanto de daño emergente como lucro cesante que con la actuación y los actos administrativos: 27 de julio de 2012, 31 de octubre de 2012, y 18 de marzo de 2016, se le han causado a Inversiones La Soledad S.A.S., - que cuestionan, y afectan, de modo directo su derecho de propiedad sobre el predio, individualizado al inicio de este memorial.

3. Que se condene a la accionada a pagar a Inversiones La Soledad S.A.S. como indemnización integral por los perjuicios materiales: daño emergente, lucro cesante, por el daño erigido la suma de quinientos millones de pesos m/cte ($ 500 .000.000.00) o la suma que se logre probar dentro del proceso.” 2 Fl. 126 a 130, C.1. Previo a decidir sobre la admisión de la demanda, mediante auto del 14 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió: 1. No acceder a la acumulación de pretensiones por no cumplirse lo establecido en el artículo 165 del CPACA; 2. Declarar la falta de competencia para conocer la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho en virtud del factor cuantía; y, 3. Dividir las “ dos pretensiones, la rela tiva a la nulidad y establecimiento del derecho, deberá enviarse a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cartagena y las pretensiones del medio de control de reparación directa, el conocimiento será asumido por este

derecho, deberá enviarse a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cartagena y las pretensiones del medio de control de reparación directa, el conocimiento será asumido por este Despacho (…)”. Se subrayaRadicado: 13001233300020160118301 (66606)

Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

3 En apoyo de las pretensiones, l a parte demandante afirma que “Inversiones La Soledad S.A.” es propietaria de un inmueble ubicado en el sector de Albornoz, vía industrial a Mamonal, sitio denominado Vitabono calle “Puerto Rico No. 110”, el cual adquirió de la sociedad “ Química Agrícola S.A. Quimagro ” mediante escritura pública No. 2931 del 30 de julio de 1982 , otorgada por la Notaría 6 del Círculo de Medellín, registrada en la oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-19087.

Manifiesta que en fecha indeterminada el anterior inmueble fue arrendado a la compañía Alasa S.A.S. antes denominada “Administración Logística Andina S.A.”.

Destaca que, mediante oficio del 5 de agosto de 2011, Inversiones La Soledad S.A.S. presentó una queja y solicitud de intervención ante la Capitanía de Puerto de Cartagena por la “ invasión y ocupación indebida de bienes de uso público por el lado occidental del predio”.

Sostiene que, en virtud de la mencionada queja, el 23 de agosto de 2011 y el 16 de enero de 2012, la Capitanía de Puerto de Cartagena efectuó inspecciones al área

lado occidental del predio”.

Sostiene que, en virtud de la mencionada queja, el 23 de agosto de 2011 y el 16 de enero de 2012, la Capitanía de Puerto de Cartagena efectuó inspecciones al área invadida y al predio de propiedad de Inversiones La Soledad S.A.S.

Resalta que, el 27 de enero de 2012 la Capitanía de Puerto de Cartagena - Área de Litorales y Áreas Marinas expidió un memorando “por ocupación ilegal en bienes de uso público de propiedad de la Nación en terrenos de bienes de uso público en el sector de Albornoz” , en el que mencionó la existencia de una ocupación indebida sobre bienes de uso público de la Nación y señaló “como responsables de la misma a Julio César Upegui y la empresa Logística al Día en 4.079.35 m2 y 13.762.08 m2 a cada uno respectivamente”.

Menciona que, como consecuencia de la expedición del anterior memorando, por un lado, el Capitán de Puerto de Cartagena solicitó al “ alcalde de la localidad industrial y de la bahía No. 3” llevar a cabo acciones de restitución del predio; y, por otro, abrió investigación administrativa sancionatoria contra la empresa “Logística al Día”, que en realidad es la compañía Administración Logística Andina S.A.Radicado: 13001233300020160118301 (66606)

Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

4 Señala que el 22 de febrero de 2012, “ la representante legal de la compañía Administración Logística Andina S.A. (impropiamente llamada Logística al día)” ,

4 Señala que el 22 de febrero de 2012, “ la representante legal de la compañía Administración Logística Andina S.A. (impropiamente llamada Logística al día)” , compareció ante la autoridad marítima y declaró que la sociedad que representaba era arrendataria del predio sobre el cual se estaba llevando a cabo la investigación, que solo estaba ocupando la parte del inmueble que le fue arrendado, que no estaba realizando construcciones ilegales y que el propietario del bien era Inversiones La Soledad S.A.S.

Resalta que, pese a que la Capitanía de Puerto de Cartagena tenía conocimiento que el inmueble so bre el cual estaba llevando a cabo una investigación administrativa era de propiedad de Inversiones La Soledad S.A.S., esa entidad se abstuvo de vincular al propietario a dicha investigación.

Refiere que, mediante decisión del 27 de julio de 2012, la Capi tanía de Puerto de Cartagena declaró responsable a la Compañía Administración Logística Andina S.A. por ocupación indebida sobre un bien de uso público sin autorización , le impuso a título de sanción una multa de 30 SMLMV y ordenó remitir las diligencias a la alcaldía de Cartagena para que adelantara las acciones de restitución.

Menciona que, contra la anterior decisión la Compañía Administración Logística Andina S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.

Indica que los anteriores recursos fueron decididos a través de decisiones del 31 de octubre de 2012 (que resolvió la reposición) y 18 de marzo de 2016 (que resolvió la apelación), respectivamente, en el sentido de confirmar la ocupación indebida sobre

octubre de 2012 (que resolvió la reposición) y 18 de marzo de 2016 (que resolvió la apelación), respectivamente, en el sentido de confirmar la ocupación indebida sobre un bien de uso público sin autorización por parte de la Compañía Administración Logística Andina S.A.

La sociedad demandante considera que la DIMAR es patrimonialmente responsable por la afectación a su derecho de propiedad, pues alega que se declaró un inmueble suyo como bien de uso público en un procedimiento irregular en el que no estuvo vinculada.Radicado: 13001233300020160118301 (66606)

Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

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Textualmente pretende: “Que se declare que la convocada es administrativamente responsable del daño antijuridico, causado a Inversiones La Soledad S.A.S., - bajo la condición de DAÑO ESPECIAL en que incurrió la parte convocada al expedir los actos administrativos: 27 de julio de 2012, 31 de octubre de 2012, y 18 de marzo de 2016, que afectan y desconocen gravemente el derecho de propiedad privada, de Inversiones La Soledad S.A.S., respecto del bien arrendado a Administración Logística Andina S.A. ( hoy ALASA S.A.S.), al de clararle como un bien de uso público de la Nación dentro de un procedimiento administrativo absolutamente irregular, en que jamás de vinculó a mi representada, siendo ésta la directa afectada por los resultados de la actuación”.

2. Contestaciones

El 18 d e diciembre de 2018 3-4 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda en cuanto a las pretensiones de reparación directa y ordenó su

por los resultados de la actuación”.

2. Contestaciones

El 18 d e diciembre de 2018 3-4 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda en cuanto a las pretensiones de reparación directa y ordenó su notificación a la demandada, a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y al ministerio público.

2.1. La DIMAR no contestó la demanda oportunamente.

3. Audiencia inicial

El 25 de octubre de 20185 el Tribunal Administrativo de Bolívar realizó la audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, declaró fallida la conciliación, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio. Frente a este último punto, señaló que se circunscribiría a determinar si: “¿Existe responsabilidad por parte del Estado , representado en este caso por la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección

3 Fl. 136 a 137, C. 1. 4 Fl. 126 a 130, C.1. Previo a decidir sobre la admisión de la demanda, mediante auto del 14 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió: 1. No acceder a la acumulación de pretensiones por no cumplirse lo establecido en el artículo 165 del CPACA; 2. Declarar la falta de competencia para conocer la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho en virtud del factor cuantía; y, 3. Dividir las “ dos pretensiones, la relativa a la nulidad y establecimiento del derecho, deberá enviarse a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cartagena y las pretensiones del medio de control de reparación directa, el conocimiento será asumido por este Despacho (…)”. Se subraya

derecho, deberá enviarse a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cartagena y las pretensiones del medio de control de reparación directa, el conocimiento será asumido por este Despacho (…)”. Se subraya 5 Fl. 151 a 154, C. 1.Radicado: 13001233300020160118301 (66606)

Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

6 General Marítima (Dimar), por el procedimiento irregular que llevó a que se declarara que el predio de propiedad de Inversiones La Soledad S.A. identificado con FMI No. 060-19087, fuera declarado como un bien de uso público?

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 25 de octubre de 20186 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El extremo activo7 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

4.2. La DIMAR8 argumentó que sus actuaciones se enmarcaron dentro de las competencias legales que la habilita para imponer sanciones por ocupación indebida de bienes de uso público, “que dicho sea de paso no se trata del predio del accionante sino de las zonas adyacentes al mismo, donde la sociedad Administración Logística Andina S.A . ejercía sin concesión alguna actividades de cargue y descargue, por ello es contra esta que se inicia la respectiva investigación y se impone la sanción pertinente”.

Seguidamente, la entidad demandada destacó que el bien del que dice ser la propietaria la accionante (Inversiones La Soledad S.A.S.) no ha sido objeto de declaración de bien de uso público mediante los actos administrativos de los cuales

Seguidamente, la entidad demandada destacó que el bien del que dice ser la propietaria la accionante (Inversiones La Soledad S.A.S.) no ha sido objeto de declaración de bien de uso público mediante los actos administrativos de los cuales deriva responsabilidad patrimonial. Por el contrario, esas decisiones administrativas impusieron una sanción económica a la sociedad infractora (Administración Logística Andina S.A.) por utilizar un bien de uso público sin contar con el permiso para ello.

4.3. El ministerio público guardó silencio.

6 Fl. 151 a 154, C. 1. 7 Fl. 178 a 183, C. 1. 8 Fl. 173 a 177, C. 1.Radicado: 13001233300020160118301 (66606)

Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

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4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de febrero de 20209 el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditó que el área declarada como bien de uso público por la DIMAR fuera de propiedad de la demandante, por lo que no se le podía imputar responsabilidad a la accionada.

Al efecto, en la sentencia manifestó: “Encuentra esta Sala que no es posible determinar, si el predio referido en el folio de matrícula identificado con No. 060-19087, descrito anteriormente, corresponde al declarado como bien de uso público de propiedad de la Nación por la Capitanía de Puerto de Cartagena, debido a que no se logró demostrar la titularidad que predica la demandante sobre la zona que se ordena restituir, toda vez que tanto en sede administrativa como en sede judicial no logró

propiedad de la Nación por la Capitanía de Puerto de Cartagena, debido a que no se logró demostrar la titularidad que predica la demandante sobre la zona que se ordena restituir, toda vez que tanto en sede administrativa como en sede judicial no logró probar ser la propietaria del área a restituir. Esto se afirma teniendo en cuenta lo siguiente: (i) Alega la demandante en los hechos de la demanda, que presentó una queja e intervención el 5 de agosto de 2011 ante la Capitanía de Puerto de Cartagena con radicado 152011104654, debido a la invasión y ocupación indebida de bienes de uso público por el lado occidental del predio, lo que conllevó a que la entidad llevara a cabo inspecciones en el área invadida y se elaborara informe concluyendo una ocupación ilegal en bienes de uso público de propiedad de la Nación en el sector de albornoz. Encuentra este Despacho inconsistencias en las afirmaciones realizadas en la demanda, debido a que en la solicitud del 5 de agosto manifiesta la actora haber iniciado un proceso de concesión para el uso de bienes de la Nación, es decir, tenía conocimiento de que el área pertenecía a la Nación. (ii) No se allegó prueba alguna o distinta a la petición radicada el 5 de agosto de 2011, donde se lograra demostrar las acciones tendientes a obtener la concesión o permiso para el uso del área de bien de uso público de la Nación. (iii) Por otro lado, la parte actora no allegó con la demanda un dictamen pericial que pudiera afirmar que el predio que alega ser de su propiedad, no fuera un bien de uso público; así como tampoco solicitó con la demanda una inspección judicial (…)”.

un dictamen pericial que pudiera afirmar que el predio que alega ser de su propiedad, no fuera un bien de uso público; así como tampoco solicitó con la demanda una inspección judicial (…)”.

9 Fl. 185 a 192, C. Ppal.Radicado: 13001233300020160118301 (66606)

Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

8 En la parte resolutiva, el Tribunal Administrativo de Bolívar condenó en costas a la parte demandante.

5. Recurso de apelación

El 23 de octubre de 202010, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 23 de noviembre de 202011 y admitido el 19 de marzo de 202112.

5.1. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionalmente, refirió que se demostró que Inversiones La Soledad S.A.S. era la propietaria del inmueble sobre el cual la DIMAR había ordenado una restitución por considerarlo bien de uso público. De hecho, sostuvo que “ tampoco es cierto que, para la prosperidad de la acción, la accionante debía demostrar los linderos del bien, puesto que no es este el punto que se discute, aquí lo que se demanda, es el daño que el arbitrario procedimiento le causa al titular del derecho de dominio del bien que la entidad accionada declara como de uso público, sin haber garantizado el ejercicio del derecho de defensa y las demás garantías constitucionales”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 14 de mayo de 202113 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 14 de mayo de 202113 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante14 y la Nación – Ministerio de Defensa - DIMAR15 reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso.

6.2. El ministerio público guardó silencio.

10 Fl. 196 a 202, C. Ppal. 11 Fl. 204, C. Ppal. 12 Fl. 210, C. Ppal. 13 Fl. 212, C. Ppal. 14 Índice 11, expediente digital, Samai. 15 Índice 10, expediente digital, Samai.Radicado: 13001233300020160118301 (66606)

Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

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III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y Competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 16 y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 200117.

jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 16 y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 200117.

En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la sentencia del 28 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de B olívar, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 18, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

16 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor públi co o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funcion es en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”

repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funcion es en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 17 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.” 18 Para el año en que la demanda se presentó (2016) el SMLMV era de $689.455, por lo que 500 SMMV correspondían a $344.727.500 y la pretensión de la demanda es de $500.000.000.Radicado: 13001233300020160118301 (66606)

Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

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2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un co ntrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 19 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos y omisiones imputables a la Nación – Ministerio de Defensa – DIMAR.

En efecto, es importante poner de presente que en esta demanda de reparación directa no se pretende la nulidad de actos administrativos proferidos por la Dimar. De hecho, es importante destacar que, previo a admitir la demanda presentada por los aquí accionantes, mediante auto del 14 de agosto de 2017 el Tribunal

directa no se pretende la nulidad de actos administrativos proferidos por la Dimar. De hecho, es importante destacar que, previo a admitir la demanda presentada por los aquí accionantes, mediante auto del 14 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió: 1. No acceder a la acumulación de pretensiones por no cumplirse lo establecido en el artículo 165 del CPACA; 2. Declarar la falta de competencia para conocer la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho en virtud del factor cuantía; y, 3. Dividir las “dos pretensiones, la relativa a la nulidad y establecimiento del derecho, deberá enviarse a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cartagena y las pretensiones del medio de control de reparación directa, el conocimiento será asumido por este Despacho (…)”.

19 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entid ad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,

particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.Radicado: 13001233300020160118301 (66606)

Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

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3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal20.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislad or, apuntando a la protección del interés general 21, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de ord en público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento d e dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 22, ofrecer estabilidad del

El establecimiento d e dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 22, ofrecer estabilidad del

20 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto e xtintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo

21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducid ad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C