CE - Sentencia 13001233300020170011301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS Radicación núm.: 13001-23-33-000-2017-00113-01

Demandantes: LUIS ALFONSO JIM ÉNEZ Z ÚÑIGA, JASMÍN

DURÁN BLANCO, BERNARDO JULIO ZAMBRANO, LUIS

JIMÉNEZ VENECIA Y ATILANO PEDROZA SANTANA

Demandados: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE

CARTAGENA DE INDIAS , CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE), AGUAS DE

CARTAGENA S.A. E.S.P., FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS

SOCIAL Y REFORMA URBANA DE CARTAGENA

(CORVIVIENDA), FIDUCIARIA POPULAR S. A., MINISTERIO DE

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Tema: derechos colectivos al goce de un ambiente sano, salubridad y seguridad pública, y acceso a la infraestructura de servicios que garanticen dicha salubridad / Pavimentación de canal de agua lluvia / Modificación de plazos para el cumplimiento de las órdenes – Reiteración jurisprudencia : principio de planeación / Corresponsabilidad de la comunidad

Sentencia de segunda instancia

/ Modificación de plazos para el cumplimiento de las órdenes – Reiteración jurisprudencia : principio de planeación / Corresponsabilidad de la comunidad

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias contra la sentencia de 31 de mayo de 2024 , proferida por la Sala de Decisión núm. 005 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Los señores Luis Alfonso Jiménez Zúñiga, Jasmín Durán Blanco, Bernardo Julio Zambrano, Luis Jiménez Venecia y Atilano Pedroza Santana, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, present aron demanda contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias , la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena (CORVIVIENDA), la Fiduciaria Popular S.A., el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , con el2

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Demandantes: Luis Alfonso Jiménez Zúñiga y otros

propósito de obtener la salvaguarda de los derechos establecidos en los literales a), g), h), y j) del artículo 4°1 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.

2. Los demandantes formularon las siguientes pretensiones:

propósito de obtener la salvaguarda de los derechos establecidos en los literales a), g), h), y j) del artículo 4°1 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.

2. Los demandantes formularon las siguientes pretensiones:

“[…] 1. A la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y a su Secretaría de Infraestructura, a Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. Nit. 800.252.396 -4 "Proceda a conectar las tuberías de drenaje de aguas residuales domésticas al alcantarillado sanitario del Sector Ciénaga de la Virgen”.

2.Que la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., y su Secretaría de Infraestructura, y Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. "Den cumplimiento cabal a las Resoluciones No. 0936 del 07 de noviembre de 2007 emanada de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE ; en cuanto a que procedan a conectar las tuberías de drenaje de aguas residuales domésticas al alcantarillado sanitario del sector (Ciénaga de la Virgen - Ricaurte); de no existir debe instalarlo primero para la conexión de las referidas tuberías(…).

3.Que las redes del alcantarillado del Sector Ciénaga de la Virgen - Ricaurte, sea extendida de la siguiente manera: En la carrera 56 desde la calle 38 esquina hasta el último poste de Energía Social: carrera 56A desde donde termina el último manjol – frente a la casa del señor Bernardo Julio Zambrano; carrera 56B desde el último manjol - frente a la vivienda de la señora Consuelo Zambrano; en la carrera 57 desde

frente a la casa del señor Bernardo Julio Zambrano; carrera 56B desde el último manjol - frente a la vivienda de la señora Consuelo Zambrano; en la carrera 57 desde el último manjol - frente a la vivienda del señor Juan Carlos Jiménez Zúñiga; en la carrera 58 desde el último manjol - frente a la vivienda del señor Edinson Gómez Jiménez y en la carrera 59 desdé (sic) el último manjol - frente a la vivienda de la señora Elena Matute Pérez, todos estos hasta donde terminan los postes de energía del Prone.

4.Que se ordene a quien corresponda la ampliación, pavimentación y/o emplaquetamiento del Caño Las Flores o El Tigre desde la Avenida Pedro Romero hasta la desembocadura del mencionado canal, por las razones expuestas en los hechos para hacerlo carreteable ya que impacta de manera negativa a la comunidad y a la Institución Educativa San Felipe Neri.

5.Que se compulsen copias de esta acción de cumplimiento a las siguientes autoridades de control: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y a la Superintendencia Bancada (sic) para que se realicen los trabajos de manera digna e integral.

6.Que se ordene al Fondo de Vivienda, Interés Social y Reforma Urbana DistritalCORVIVIENDA junto con la Fiduciaria Popular del Banco Popular a la devolución de los dineros y/o al mejoramiento integral de las 150 viviendas relacionadas en las Resoluciones 081 de 2013, 554 de 2013 y la 035 de 2015 […]”3.

los dineros y/o al mejoramiento integral de las 150 viviendas relacionadas en las Resoluciones 081 de 2013, 554 de 2013 y la 035 de 2015 […]”3.

1 “[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; […] g) La seguridad y salubridad públicas; […] h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; […] j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; […]” 2 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”. 3 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “007ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.pdf”.3

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Demandantes: Luis Alfonso Jiménez Zúñiga y otros

3. Indicaron que en el año 2006 varios miembros de la Junta de Acción Comunal Ciénaga de la Virgen – Sector Ricaurte, del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, solicitaron ante la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, en adelante CARDIQUE, la conexión de las tuberías de drenaje de aguas residuales domésticas al alcantarillado sanitario de ese sector, específicamente de las

de Indias, solicitaron ante la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, en adelante CARDIQUE, la conexión de las tuberías de drenaje de aguas residuales domésticas al alcantarillado sanitario de ese sector, específicamente de las viviendas ubicadas entre las carreras 56, 56 A, 56 B, 57, 58 y 59 y las calles 38B y 38C.

4. Señalaron que en el mismo año funcionarios de CARDIQUE realizaron una visita para constatar la situación descrita en la solicitud mencionada; mediante auto núm. 0595 de 4 de septiembre de 2006 avocaron conocimiento, y por auto núm. 0595/06 presentaron un concepto técnico en relación con los hechos, en el que pusieron de presente el vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos en las calles, provenientes de las viviendas, las cuales se represa ban y estancaban, generando olores fétidos y la proliferación de insectos y roedores causantes de enfermedades infectocontagiosas, así como la falta de un sitio especial donde ubicar los desechos para su posterior recolección y la ausencia del servicio de recolección de las basuras.

5. Expresaron que mediante la Resolución núm. 0936 de 7 de noviembre de 2006, CARDIQUE ordenó a la Alcaldía de Cartagena realizar la conexión de las tuberías de drenaje de aguas residuales domésticas del alcantarillado del sector, o su instalación previa en caso de no existir, para lo cual debía presentar un cronograma de actividades. No obstante, como el Distrito de Cartagena de Indias no cumplió con lo ordenado en dicho acto administrativo, CARDIQUE lo requirió mediante

instalación previa en caso de no existir, para lo cual debía presentar un cronograma de actividades. No obstante, como el Distrito de Cartagena de Indias no cumplió con lo ordenado en dicho acto administrativo, CARDIQUE lo requirió mediante Resolución núm. 0936 de 7 de noviembre de 2006.

6. Sostuvieron que desde que entró en funcionamiento el servicio de alcantarillado en el año 1997, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., cobra a todos los habitantes del sector una suma de dinero por los conceptos de acueducto, alcantarillado y aseo, sin tener en cuenta que hay habitantes que no cuentan con ese servicio, debido a su condición económica, quienes se han visto abocados a arrojar desechos al canal las Flores o el Tigre, o a depositarlas en bolsas para luego ser llevadas por el camión recolector de basura.

7. Mencionaron que la situación descrita anteriormente trae como consecuencia el taponamiento del canal, lo que ocasiona inundaciones en las calles y la afectación ambiental del mismo y que no obstante haber puesto en conocimiento a las entidades de la situación, no han sido atendidas las solicitudes, lo que conlleva a la vulneración de los derechos colectivos invocados.

8. Relataron que mediante Oficio núm. TE20-ACT-13059-2014 de 16 de mayo de 2016 la jefe del Departamento de Planeación del Distrito de Cartagena de Indias solicitó a CORVIVIENDA la ampliación de la red de alcantarillado de las carreras 56, 56 A, 56B, 57, 58 y 59 del barrio Olaya, Sector Ricaurte, para el proyecto “[…]

solicitó a CORVIVIENDA la ampliación de la red de alcantarillado de las carreras 56, 56 A, 56B, 57, 58 y 59 del barrio Olaya, Sector Ricaurte, para el proyecto “[…] Mejoramiento de Vivienda en la Modalidad Saneamiento Básico […]” , por un valor de $ 82.267.435, pero CORVIVIENDA excluyó de manera injusta del proyecto a 634

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Demandantes: Luis Alfonso Jiménez Zúñiga y otros

familias, y únicamente le entregó a algunas que cuentan con el servicio de alcantarillado, hasta $ 2.000.000 de los $ 6.733.091 que habían sido ordenados mediante Resolución núm. 081 del 10 de mayo de 2013.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

9. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena mediante auto de 27 de enero de 2017 4, declaró la falta de competencia y ordenó la remisión del proceso al Tribunal Administrativo de Bolívar.

10. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Bolívar mediante auto de 6 de julio de 2017 5, admitió la demanda , ordenó la notificación y el traslado correspondiente a los accionados , notificó al agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e informó de la acción a los miembros de la comunidad.

11. Mediante auto de 29 de octubre de 2019 , el magistrado sustanciador, repuso

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e informó de la acción a los miembros de la comunidad.

11. Mediante auto de 29 de octubre de 2019 , el magistrado sustanciador, repuso parcialmente la providencia de 6 de julio de 2017 6, declaró la existencia de cosa juzgada respecto de las pretensiones de conexión y/o mantenimiento del sistema de alcantarillado en el barrio Olaya sector Ricaurte . Asimismo, continuó en el proceso únicamente frente a las pretensiones dirigidas a obtener el amparo de los derechos colectivos mediante la pavimentación y/o empaquetamiento del caño las Flores o el Tigre desde la avenida Pedro Romero hasta la desembocadura del mencionado canal, para hacerlo carreteable, y la orden a CORVIVIENDA y a la FIDUCIARIA del Banco Popular para que procedan a la devolución de los dineros y/o al mejoramiento integral de las 150 viviendas relacionadas en las Resoluciones 081 de 2013, 554 de 2013 y la 035 de 2015.

12. En proveído de 9 de diciembre de 20217 se ordenó la notificación personal de la demanda al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y se adicionó el auto de 29 de octubre de 2019, en el sentido se señalar que las accionadas continúan vinculadas al proceso.

13. Por auto 29 de julio de 20228, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia especial de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida.

14. A través de auto de 14 de noviembre de 20229, dio apertura al período probatorio por el término de 20 días, resolvió tener como pruebas las documentales aportadas

de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida.

14. A través de auto de 14 de noviembre de 20229, dio apertura al período probatorio por el término de 20 días, resolvió tener como pruebas las documentales aportadas

4 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “8ED_01ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”, fol. 204 a 205. 5 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “8ED_01ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”, fol. 204 a 205. 6 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “9ED_02ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”, fol. 210 a 216. 7 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “11ED_04AutoOrdenaNotifica(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”. 8Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “022ED_15AutoReprogramaFech(.pdf) NroActua 2.pdf”. 9 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “40ED_33AutoPruebaspdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.5

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2017-00113-01

Demandantes: Luis Alfonso Jiménez Zúñiga y otros

por las partes, y decretó la práctica de una inspección judicial10 en el sitio objeto de

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2017-00113-01

Demandantes: Luis Alfonso Jiménez Zúñiga y otros

por las partes, y decretó la práctica de una inspección judicial10 en el sitio objeto de la presente acción popular, la cual se realizó el 2 de febrero de 2024.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Fiduciaria Popular S. A.

15. La entidad mediante escrito de 4 de agosto de 201711, se opuso a la prosperidad de la pretensión relacionada con la devolución de los recursos correspondientes al mejoramiento integral de las 150 viviendas relacionadas en las Resoluciones 081 de 2013, 554 de 2013 y la 035 de 2015, porque la sociedad realizó los pagos ordenados y autorizados por el supervisor del contrato, lo cual se evidenciaba en la comunicación de 22 de abril de 2016 emitida por ASMOR y la Fundación Misión

Habitad.

16. En relación con los hechos, indicó que, en virtud de la suscripción del contrato de Encargo Fiduciario para la administración y pagos denominado “Encargo fiduciario CORVIVIENDA”, no se enc ontraba en la obligación de realizar obras para el mejoramiento de vivienda de manera integral, sino que su objeto fue la administración, inversión y los pagos de los recursos correspondientes a los subsidios otorgados, los cuales realizó conforme con las instrucciones del fideicomitente con la autorización del supervisor del contrato.

17. Señaló que la Fiduciaria Popular S. A. es una sociedad anónima comercial de carácter privado, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera

fideicomitente con la autorización del supervisor del contrato.

17. Señaló que la Fiduciaria Popular S. A. es una sociedad anónima comercial de carácter privado, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, organizada como sociedad de servicios financieros, constituida de acuerdo con las leyes colombianas, autorizada por la superintendencia por medio de la Resolución núm. 3329 de 12 de septiembre de 1991, cuyo régimen aplicable es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero , los artículos 1226 y siguientes del Código de Comercio y la Circu lar Básica Jurídica 019 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás circulares externas.

18. Indicó que está autorizada , en cumplimiento de su objeto , a la realización de todas las operaciones autorizadas de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto Orgánico Financiero, entre ellas la celebración de toda clase de contratos fiduciarios, por lo tanto, y en desarrollo de su objeto social exclusivo, no presta servicios públicos ni cumple funciones públicas y su régimen aplicable es el derecho privado.

19. Indicó que el 19 de noviembre de 2013, suscribió entre la Asociación del Golfo de Morrosquillo “Asomor”, la Fundación Misión Hábitat y la Fiduciaria Popular S. A., un contrato cuyo objeto fue la constitución de un Encargo Fiduciario para la administración y pagos denominado "ENCARGO FIDUCIARIO CORVIVIENDA" el

10 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “58ED_51ActaInspeccionJudi(.pdf) NroActua 2”.

10 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “58ED_51ActaInspeccionJudi(.pdf) NroActua 2”. 11 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “9ED_02ExpedienteDigital(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”, fol. 24 y ss.6

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Demandantes: Luis Alfonso Jiménez Zúñiga y otros

cual se integraba con los recursos de subsidio Distrital de vivienda para el Proyecto "[…] Construcción de 150 mejoramientos de viviendas bajo la modalidad de saneamiento básico y la intervención en el entorno a través de la construcción y/o reconstrucción del equipamiento urbano (vías, andenes, bordillos, parques, plazas) en el Barrio Olaya Herrera Sector Ricaurte […]".

20. Presentó como excepciones, las que denominó: i) “[…] Inexistencia de la afectación de los derechos colectivos mencionados […]”; ii) “[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […]”; y iii) “[…] Excepción genérica […]”.

I.3.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

21. La entidad por medio de escrito de 9 de agosto de 2017 12, argumentó su oposición a las pretensiones de la demanda y señaló que la entidad no ha causado daño alguno. Indicó que la entidad llamada a responder, de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 13, es la Corporación

daño alguno. Indicó que la entidad llamada a responder, de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 13, es la Corporación Autónoma Regional, como encargada de la ejecución en el territorio de las políticas formuladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

22. Aclaró que la mencionada Corporación no es un ente adscrito ni vinculado al ministerio, además que esta goza de total independencia y que resultan ser organismos nacionales.

23. Precisó que el ministerio no es un órgano ejecutor sino un órgano encargado de fijar las políticas de regulación a nivel nacional sobre la protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente y no tiene dentro de sus funciones, objetivos y competencias las de ejecutar sus propias políticas, ello corresponde a las respectivas autoridades y/o entidades ambientales de la respectiva jurisdicción conforme a sus funciones y competencias.

24. Argumentó que con los medios de prueba no se dem ostraba que tuviera alguna participación o injerencia en los hechos narrados en la demanda y menos que haya intervenido en la lesión de los derechos colectivos presuntamente vulnerados.

25. Presentó como excepciones, las que denominó: i) “[…] Ausencia de responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”; ii) “[…] Inexistencia del nexo de causalidad entre el hecho dañoso y la actividad estatal ejercida a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […]” ; y iii) “[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […]”.

Inexistencia del nexo de causalidad entre el hecho dañoso y la actividad estatal ejercida a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […]” ; y iii) “[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […]”.

12 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “9ED_02ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”, fol. 91 y ss. 13 “[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones […]”.7

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2017-00113-01

Demandantes: Luis Alfonso Jiménez Zúñiga y otros

I.3.3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

26. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de escrito de 4 de agosto de 2017 14, se opuso a las preten siones de la demanda y manifestó que no es el responsable de la prestación de los servicios públicos, de los planes de ordenamiento territorial, seguridad y salubridad públicas ni de la conexión de tuberías de drenaje de aguas residuales al alcantarillado, sanitario de sector, servicios de recolección y transporte de residuos sólidos , ni impartir campañas de educación ambiental.

27. Sostuvo que no se le p odía endilgar responsabilidad sobre actuaciones que corresponden a otras entidades del orden territorial como el cumplimiento de

servicios de recolección y transporte de residuos sólidos , ni impartir campañas de educación ambiental.

27. Sostuvo que no se le p odía endilgar responsabilidad sobre actuaciones que corresponden a otras entidades del orden territorial como el cumplimiento de resoluciones expedidas por entidades del orden territorial, como la Resolución 0936 de 7 de noviembre de 2006 expedida por CARDIQUE.

28. Presentó como excepci ón, la que denominó: i) “[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […]”.

I.3.4. Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE)

29. CARDIQUE15 se opuso a las pretensiones de la demanda porque de conformidad con la Ley 9 9 de 1993 es la encargada de administrar, dentro el área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.

30. Indicó que mediante auto núm. 0595 de 4 de septiembre de 2006, avocó el conocimiento de la queja presentada por miembros del comité de deportes pertenecientes a la Junta de Acción Comunal sector Ricaurte de Ciénaga de la Virgen, realizando inspección técnica donde se observó entre otras, el vertimiento de aguas servidas a las calles y residuos sólidos provenientes de las viviendas.

31. La anterior situación genera el represamiento de residuos, la producción de olores ofensivos y la proliferación de insectos y roedores que llevan todo tipo de enfermedades infecciosas a la población, en especial a la infantil. Conceptuó que la falta del servicio de aseo domiciliario (recolección y transporte) de residuos sólidos

enfermedades infecciosas a la población, en especial a la infantil. Conceptuó que la falta del servicio de aseo domiciliario (recolección y transporte) de residuos sólidos así como del sistema de alcantarilla sanitario ha afectado de manera significativa el canal de las Flores o el Tigre , debido a la disposición de aguas residuales sin tratamiento y residuos sólidos que realiza la comunidad que habita ese sector.

32. Requirió por medio de la Resolución 0528 de 4 de junio de 2007 al Distrito de Cartagena de Indias y a Transcaribe S. A. para que cumpl ieran con lo establecido en la Resolución 0936 de 7 de noviembre de 2006.

14 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “9ED_02ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”, fol. 141 y ss. 15 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “9ED_02ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”, fol. 177 y ss.8

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2017-00113-01

Demandantes: Luis Alfonso Jiménez Zúñiga y otros

33. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.3.5. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

34. El distrito por medio de escrito de 7 de marzo de 2022 16, se opuso a las pretensiones de la demanda , argumentando que desde la administración se viene trabajando en concordancia con un plan de trabajo que responde al deber de

34. El distrito por medio de escrito de 7 de marzo de 2022 16, se opuso a las pretensiones de la demanda , argumentando que desde la administración se viene trabajando en concordancia con un plan de trabajo que responde al deber de planeación y a la disponibilidad de recursos públicos, que para el caso en específico ha arrojado una serie de resultados que determinan la inviabilidad de lo requerido por los actores.

35. En relación con los hechos, indicó que el caso de la margen ubicada al costado de la Ciénaga de la Virgen comporta una zona de deslizamiento o alta inun dación que no permite la extensión de redes de alcantarillado.

36. Sostuvo que realizó mesas de trabajo de forma conjunta entre el área de servicios públicos y el personal técnico de Aguas de Cartagena S. A. E. S. P. , sobre el proyecto de ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado en el sector Ciénaga de la Virgen – Ricaurte.

37. Solicitó a la empresa Aguas de Cartagena S. A. E. S. P. la elaboración del estudio de viabilidad del proyecto de ampliación de redes de acueducto y alcantarillado.

Como resultado obtuvo que no e ra posible realizar la extensión de las redes de alcantarillado por encontrarse en una zona de alto riesgo de inundación.

38. Señaló que ha planteado el diseño de las redes de alcantarillado en la zona suroriental en la parte aledaña a la Ciénaga de la Virgen hasta el límite de la vía perimetral, el cual está incluido en los proyectos a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, siempre que sea posible superar el riesgo de alta

suroriental en la parte aledaña a la Ciénaga de la Virgen hasta el límite de la vía perimetral, el cual está incluido en los proyectos a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, siempre que sea posible superar el riesgo de alta inundabilidad, que debe ser certificado por la Secretaría de Planeación.

39. Indicó que respecto de la prestación de los servicios públicos domici liarios se debía conminar a la Secretaría de Planeación para que reali zara los estudios y/o actualizaciones con la finalidad de contar con las certificaciones necesarias para solicitar la viabilización de los proyectos ante el Gobierno Nacional para su financiación.

40. Presentó como excepci ón, la que denominó: i) “[…] Imposibilidad de la administración de priorizar las obras por vía de acción popular […]” y “[…] La planeación y la priorización de obras […]”.

16 Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “14ED_07ContestacionDemand(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.9

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2017-00113-01

Demandantes: Luis Alfonso Jiménez Zúñiga y otros

I.3.6. Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena

(CORVIVIENDA)

41. CORVIVIENDA medio de escrito de 10 de agosto de 2017 17, se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento de vivienda se deb ía contar previamente con la conexión de los

41. CORVIVIENDA medio de escrito de 10 de agosto de 2017 17, se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento de vivienda se deb ía contar previamente con la conexión de los servicios básicos domiciliarios. Por lo anterior, media nte la Resolución núm. 0352015 de 10 de marzo de 2015 se admitió la renuncia de 150 familias que habían accedido al subsidio por la inexistencia de la conexión al acueducto de la ciudad.

42. Determinó como objeto principal la ejecución en todo el territorio del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias la aplicación de la reforma urbana en los términos previstos en la s Leyes 9 de 11 de enero de 198918, 3 de 15 de enero de 199119, 388 de 18 de julio de 199720 y las demás normas que la modifiquen o adiciones, así como promover las organizaciones populares de vivienda.

43. Señaló que el Decreto 1077 de 26 de mayo de 201521 definió en su artículo 2.1.1.1.1.1.2. como objeto mejorar las condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables, a través de las reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades competentes.

44. Indicó que la mencionada norma establece que para la aplicación del subsidio solo será viable cuando las unidades habitaciones se encuentren localizadas en barrios susceptibles de ser legalizados, de acuerdo con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial respectivo , siempre y cuando los predios cuenten con disponibilidad de servicios públicos domiciliarios o sistemas formales o alternativos

barrios susceptibles de ser legalizados, de acuerdo con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial respectivo , siempre y cuando los predios cuenten con disponibilidad de servicios públicos domiciliarios o sistemas formales o alternativos de abastecimiento de agua y disposición de aguas servidas.

45. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que no tiene competencia para la conexión e intervención del sistema de acueducto de la ciudad.

I.3.7. Aguas de Cartagena S. A. E. S. P.

46. No contestó la demanda.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

47. La Sala de Decisión núm. 005 del Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia de 31 de mayo