CE - Sentencia 13001233300020170034601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)

Demandante: Universidad de Cartagena Demandado: Josefina del Carmen Quintero Lyons Tema: Falta de competencia de los entes universitarios para regular el régimen salarial y prestacional de sus servidores públicos .

Decaimiento del acto administrativo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La sala de subsección resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 31 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Anular la Resolución 0411 del 23 de abril de 1992 1, por medio de la cual la Universidad de Cartagena le reconoció a la docente Josefina Quintero Lyons la bonificación por inhabilidad consagrada en el Acuerdo 22 de 1991.

3. Como restablecimiento del derecho , solicitó dejar sin efectos el acto administrativo acusado y, además, el no pago del emolumento desde la ejecutoria de la sentencia.

3. Como restablecimiento del derecho , solicitó dejar sin efectos el acto administrativo acusado y, además, el no pago del emolumento desde la ejecutoria de la sentencia.

4. Hechos. Mediante el Acuerdo 22 de 1991, el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena reconoció a todos los docentes de tiempo completo de la facultad de derecho -con título de abogado-, la «bonificación por inhabilidad legal» equivalente al 30% del salario y de los gastos de representación . En lo que corresponde a la demandada, ese emolumento fue otorgado a través de la Resolución 0411 del 23 de abril de 1992.

5. En el año 2007, la Procuraduría Regional de Bolívar demandó a través del medio de control de nulidad simple veintiocho (28) acuerdos y tres (3) resoluciones emitidas por el Consejo Superior Universitario. Lo anterior, por cuanto consideró que se arrogó competencias que no le correspondían, pues creó prestaciones extralegales en favor de los docentes y del personal administrativo de esa

1 Folio 14 del PDF 01ExpedienteCuaderno1. La carpeta contentiva con los documentos del expediente digital puede ser descargada en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)

Demandante: Universidad de Cartagena

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co institución. Entre los acuerdos enjuiciados se encontraba el que concibió la aludida bonificación.

www.consejodeestado.gov.co institución. Entre los acuerdos enjuiciados se encontraba el que concibió la aludida bonificación.

6. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia el 27 de abril de 2012, anulando, entre otros, el citado dispositivo. Contra esa providencia no se presentó recurso alguno. Sin embargo, la hoy demandada, en asocio con otros docentes, en calidad de tercero s con inter eses en las resultas del proceso , recurri eron en apelación esa decisión, pero esta fue rechazada.

7. En ese contexto, el ente educativo dejó de pagar a los beneficiar ios la «bonificación por inhabilidad legal», toda vez que se había configurado el decaimiento del acto administrativo. No obstante, algunos educadores presentaron acción de tutela en contra de la universidad, pero esta fue negada en primera instancia, ya que la sentencia que declaró la nulidad del acuerdo en cita se encontraba ejecutoriada.

8. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la decisión adoptada por el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena y, en su lugar, ordenó a la institución educativa restablecer el pago de la bonificación a todos sus beneficiarios, incluyendo los que no demandaron. Para el tribunal, el ente tutelado vulneró el debido proceso de los docentes, dado que el fallo ordinario de primer grado no se encontraba ejecutoriado, pues no se había resuelto el recurso de queja presentado contra la negativa en conceder la alzada.

9. Mediante proveído de 12 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado resolvió la queja y, en consecuencia, estimó bien denegada la concesión del recurso de

presentado contra la negativa en conceder la alzada.

9. Mediante proveído de 12 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado resolvió la queja y, en consecuencia, estimó bien denegada la concesión del recurso de apelación presentado contra la sentencia de nulidad arriba referenciada.

10. En consecuencia, el pago de l emolumento entre el 27 de abril de 2012 -fecha de la sentencia de primera instanciay el 26 de mayo de 2014 -auto a través del cual el tribunal obedeció y cumplió lo resuelto por el Consejo de Estado frente al recurso de queja-, se fundó en la sentencia de tutela arriba referenciada.

11. Obtenida la constancia de ejecutoria de la sentencia de nulidad, la universidad profirió la Resolución 3411 de 30 de septiembre de 2014, a través de la cual dio cumplimiento a aquella . Contra esta determinación, los docentes afectados presentaron recurso de reposición, el cual fue resuelto negativa mente mediante Resolución 3444 de 19 de diciembre de 2016.

12. Fundamentos de derecho . Se señalaron como vulneradas los siguientes artículos: 29 de la Constitución Política; numeral 1° del artículo 3°, numeral 6° del artículo 9 e inciso 2° del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 . Al desarrollar el

concepto de violación, expuso lo siguiente:

13. «La nulidad del acto que sustenta la decisión del reconocimiento de la Bonificación por inhabilidad legal – el Acuerdo 22 de 1991». Al respecto, sostuvo

concepto de violación, expuso lo siguiente:

13. «La nulidad del acto que sustenta la decisión del reconocimiento de la Bonificación por inhabilidad legal – el Acuerdo 22 de 1991». Al respecto, sostuvo que la Resolución 0411 del 23 de abril de 1992 es ilegal, pues el acuerdo que leRadicado: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)

Demandante: Universidad de Cartagena

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sirvió de fundamento fue emitido por el Consejo Superior Universitario, órgano colegiado que carecía de competencia para crear prestaciones salariales y sociales en favor de los empleados públicos del ente educativo, pues esa facultad está en cabeza exclusiva del Congreso de la República.

14. Comoquiera que el acto demandado no ha sido declarado nulo por esta jurisdicción, por la falta del consentimiento expreso de la beneficiaría, se inició esta acción.

15. «La sentencia del Tribunal Administrativo». Reiteró que el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad del Acuerdo 22 de 1991, por la falta de competencia de la entidad que lo expidió.

16. «La nulidad subsiguiente de los actos administrativos de carácter particular que reconocen a los docentes individualmente aquella prestación. Falta de competencia para la expedición de los actos administrativos enjuiciados – artículo 137 inciso 2-.

Transgresión del artículo 29 superior y del artículo 3 del CPACA». Con relación al cargo, indicó que lo accesorio sigue la suerte de lo principal , pues la anulación del

para la expedición de los actos administrativos enjuiciados – artículo 137 inciso 2-. Transgresión del artículo 29 superior y del artículo 3 del CPACA». Con relación al cargo, indicó que lo accesorio sigue la suerte de lo principal , pues la anulación del acto administrativo general que concibió aquella bonificación -por fa lta de competencia del órgano emisor -, también gener ó la nulidad de las decisiones particulares que extendieron sus beneficios a cada uno de los docentes, en tanto, frente a estos se pregona la aludida falta de competencia.

17. Contestación de la demanda 2. Dentro de la oportunidad legal , la señora Josefina del Carmen Quintero Lyons contestó la demanda , oponiéndose a las pretensiones en ella contenidas. Al respecto, fundamentó su defensa en los

siguientes términos:

18. La entidad demandante en el acápite de «fun damentos de derecho», sólo se limitó a desarrollar los vicios en los que incurrió el Acuerdo 22 de 1991, sin señalar los yerros en los cuales fundamentó la nulidad del acto administrativo cuestionado.

19. Afirmar que lo accesorio corre la suerte de lo principal, es desconocer los derechos adquiridos de la docente. Aceptar la tesis de la demandante conllevaría a la vulneración de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y legalidad.

20. La Universidad de Cartagena , con base en el Acuerdo 22 de 1991 , profirió la Resolución 0411 de 1992 reconociéndole la bonificación por inhabilidad legal , por lo que creó en su favor una situación particular y concreta.

21. De conformidad con la jurisprudencia del Con sejo de Estado y de la Corte

Resolución 0411 de 1992 reconociéndole la bonificación por inhabilidad legal , por lo que creó en su favor una situación particular y concreta.

21. De conformidad con la jurisprudencia del Con sejo de Estado y de la Corte Constitucional, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo no puede afectar las situaciones jurídicas concretas e individuales que se hayan producido en vigencia del acto anulado, toda vez que se vulnerarían los principios antedichos.

2 Folios 32 a 43 del PDF 02ExpedienteCuaderno2. La carpeta contentiva con los documentos del expediente digital puede ser descargada en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)

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22. La intangibilidad de los actos administrativos particulares, implica que estos no resulten afectados en cuanto a su validez y existencia, pese a que el acto general haya sido anulado.

23. En ese orden de ideas, el efecto de la declaratoria de nulidad del Acuerdo 22 de 1991 no se irradia sobre las situaciones jurídicas individuales consolidadas y contenidas en la Resolución 0411 de 1992.

24. Por otro lado, manifestó que el concepto de salario en el sector oficial comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador como contraprestación a sus servicios, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones, gastos de representación, etc., adicionales a la asignación básica

comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador como contraprestación a sus servicios, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones, gastos de representación, etc., adicionales a la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos.

25. El jefe de personal de la Universidad de Cartagena señaló en el oficio de fecha 4 de junio de 2012 con radicado SP -016-2012, que «la bonificación por inhabilidad legal aplicable a los docentes de planta de la facultad de derecho es utilizada como factor de liquidación salarial, en la causación de los aportes fiscales, parafiscales, prestaciones sociales y demás conceptos aplicables», lo cual es producto precisamente de que este es un emolumento habitual que constituye factor salarial y salario.

26. El artículo 1 27 del Código Sustantivo del Trabajo dispuso que para que las bonificaciones constituyan salario deben tener carácter de habitual. Por ello, para el caso en concreto, el beneficio otorgado mediante la Resolución 0411 de 1992 tiene la protección jurídica prevista en el artículo2 de la Ley 4ª de 1992.

27. Sentencia de primera instancia 3. El 31 de agosto de 2023 , el Tribunal Administrativo de Bolívar4 dictó sentencia en la que accedió a las pretensiones de

la demanda, en los siguientes términos:

28. Después de relacionar un marco normativo relativo a la «pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos» y «los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas aparentemente conso lidadas frente a la nulidad de un acto administrativo general que reconoció un derecho laboral de carácter extralegal»,

ejecutoriedad de los actos administrativos» y «los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas aparentemente conso lidadas frente a la nulidad de un acto administrativo general que reconoció un derecho laboral de carácter extralegal», sostuvo que el Acuerdo 22 de 1991 fue declarado nulo por el mismo tribunal a través de la sentencia del 27 de abril de 2012, providencia que quedó ejecutoriada el 26 de mayo de 2014, luego de que se resolviera desfavorablemente el recurso de queja presentado por los terceros intervinientes.

3 Ejusdem, PDF denominado «06SentenciaPrimeraInstancia». 4 El magistrado Luís Miguel Villalobos Álvarez salvó el voto, porque consideró que « el acto acusado, no resulta ilegal, frente al cargo invocado; y, si bien es cierto, se produjo la declaratoria de nulidad del Acuerdo No. 22 de 1991, por la falta de competencia de la autoridad que expidió el mencionado acuerdo, esta situación, como se explicó en acápite precedente, configura el evento consagrado en el numeral 2º del artículo 91 del CPACA, ocurriendo la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 0411 de 1992, y la extinción de sus efectos jurídicos por ley, lo que resta obligatoried ad a su contenido, y por ende, lo sustrae como título jurídico válido para alegar el amparo o protección del derecho reconocido, toda vez que este, se encuentra sujeto al mantenimiento de las condiciones que le dieron origen, esto es, el acto creador del derecho, Acuerdo Nº 22 de

1991, que se reitera ha sido declarado ilegal.»Radicado: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)

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29. Inepta demanda. A juicio de la docente, en la demanda no se establecieron con precisión los cargos y fundamentos que sustentan las pretensiones. En su sentir, la Universidad de Cartagena se limitó a fundamentar los vicios de ilegalidad del Acuerdo 22 de 1991, prescindiendo del explicar lo propio frente al acto administrativo acusado.

30. Para el tribunal, no prospera dicho cargo, toda vez que, al realizarse un análisis razonable e integral de la demanda, se concluyó que las pretensiones tienen como sustento dos argumentos a saber: i) la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo acusado y; ii) la falta de competencia de la Universidad de Cartagena para reconocer beneficios prestacionales a favor de sus empleados.

31. Falta de competencia. Indicó que la potestad para definir el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos recae en el Congreso de la República, quien tiene entre otras funciones, fijar los objetivos y criterios que debe seguir el Gobierno Nacional para delimitar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

32. En todo caso, le está prohibido a las demás instituciones del Estado determinar un régimen salarial diferente al concebido por el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, pues cualquier contraposición resultaría nula, de conformidad con

32. En todo caso, le está prohibido a las demás instituciones del Estado determinar un régimen salarial diferente al concebido por el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, pues cualquier contraposición resultaría nula, de conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 137 del CPACA.

33. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo que reconoció la bonificación por inhabilidad legal a favor de la demandada. Reiteró que la Resolución 0411 de 1992 reconoció la bonificación por inhabilidad legal a favor de la señora Josefina Quintero Lyons, cuyo fundamento de derecho fue el Acuerdo 22 del 13 de agosto de 1991 . S in embargo, este fue anulado por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante la sentencia del 27 de abril de 2012, providencia que quedó ejecutoriada el 26 de mayo de 2014.

34. La antedicha providencia afectó la eficacia de la Resolución 0411 de 1992. En consecuencia, la Universidad de Cartagena no estaba en la oblig ación de seguir pagando ese emolumento, decisión que pudo haber concretado de manera automática, aún sin declaración judicial, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Es importante poner de presente que el fallo produjo efectos ex tunc, es decir, desde siempre.

35. Derechos adquiridos. adveró que contrario a lo expuesto por la demandada, no se consolidó ninguna situación jurídica.

36. La pérdida de ejecutoriedad opera de pleno derecho, esta circunstancia no imposibilita el estudio de fondo sobre la legalidad del acto administrativo en sede judicial, más aún si se tiene en cuenta que, la resolución demandada cobró plenos efectos jurídicos desde la fecha de su expedición hasta el momento en que operó

imposibilita el estudio de fondo sobre la legalidad del acto administrativo en sede judicial, más aún si se tiene en cuenta que, la resolución demandada cobró plenos efectos jurídicos desde la fecha de su expedición hasta el momento en que operó su decaimiento.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)

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37. Recurso de apelación 5. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la parte demandada la recurrió en apelación. Con tales fines alegó que la sentencia

debe ser revocada por los siguientes motivos:

38. El acto administrativo enjuiciado no es ilegal, puesto que, cuando fue expedido se encontraba vigente el Acuerdo 022 de 1991, por lo que no resultaba contrario al contexto normativo existente. En ese orden, la demandada , al cumplir con los requisitos para que le fuera reconocida la prestación en mención, y al ser el rector de la Universidad de Cartagena la autoridad competente para otorgarla, resulta impróspero el único cargo de nulidad alegado por la accionante.

39. Reiteró que se crearon derechos adquiridos y se consolidaron situaciones jurídicas, las cuales no deben ser anuladas, en la medida que se vulneraron los principios constitucionales de la seguridad jurídica y la confianza legítima.

40. Contrario a lo considerado por el tribunal, los efectos de la sentencia deben ser ex nunc, esto es, hacia el futuro.

41. El acto administrativo demandado no fue permeado por alguna de las causales

40. Contrario a lo considerado por el tribunal, los efectos de la sentencia deben ser ex nunc, esto es, hacia el futuro.

41. El acto administrativo demandado no fue permeado por alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 137 de la Ley 143 7 de 2011, en especial, la de falta de competencia, como lo aleg ó la entidad accionante y lo interpretó el tribunal.

42. Teniendo en cuenta lo esbozado en el salvamento de voto hecho por el magistrado disidente, el acto administrativo acusado se expidió mientras el Acuerdo 022 de 1991 se encontraba vigente. Ese dispositivo establecía las condiciones para el reconocimiento de la bonificación por inhabilidad, por lo tanto, la expedición del acto enjuiciado no era contraria al contexto normativo existente , debido a que l a demandada cumplió con todos los requisitos estipulados en el referenciado acuerdo para el reconocimiento de la bonificación mencionada.

43. Además, el rector de la Universidad de Cartagena actuó a la luz del artículo 2° del mentado acuerdo y en uso de esas facultades otorgó legítimamente dicha prestación. Así, el único cargo de nulidad alegado por la parte accionante resulta infundado.

44. En ese orden, no puede el operador judicial traer a juicio otra c ausal de anulación distinta a la señalada por la parte actora, ya que el examen de legalidad está delimitado por las normas violadas y el concepto de violación señalado por esta en su demanda.

45. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el juez no puede fallar extra petita, dado que su competencia está delimitada por las pretensiones y los

en su demanda.

45. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el juez no puede fallar extra petita, dado que su competencia está delimitada por las pretensiones y los argumentos expuestos en la demanda.

5 PDF 10RecursoApelaciónDemandado. La carpeta contentiva con los documentos del expediente digital puede ser descargada en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)

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46. De conformidad con los principios de congruencia y legalidad, todas las actuaciones administrativas y judiciales deben estar fundamentadas en la ley.

47. Asimismo, el principio de justicia rogada implica que el actor asuma la carga procesal, lo que implica argumentar razonadamente la formulación de los cargos de nulidad contra el acto impugnado.

48. En lo relativo a los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas consolidadas a favor de la demandada, insistió en los argumentos de la contestación de la demanda, ya que se generó un beneficio subjetivo en cabeza de la docente Quintero Lyons por más de 25 años, constituyendo no solo un factor salarial, sino también salario, y por tanto, goza del principio de intangibilidad.

49. Si bien es cierto que el Acuerdo 22 de 1991 fue declarado nulo, no es cierto que esa decisión se irradie sobre las situaciones jurídicas individuales, conso lidadas y

49. Si bien es cierto que el Acuerdo 22 de 1991 fue declarado nulo, no es cierto que esa decisión se irradie sobre las situaciones jurídicas individuales, conso lidadas y contenidas en la Resolución 0411 de 1992 . Y es que en virtud de dicha resolución se le otorgó a la docente la bonificación por inhabilidad legal, lo que configur ó una situación particular y concreta a favor de esta.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

50. La admisión del recurso. Mediante auto del 25 de septiembre de 2024 6 se admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad conferida solo intervino el agente del ministerio público , quien solicitó confirmar la sentencia de primera instancia7.

51. Con tales fines, alegó que la Resolución 0411 de 1992 tiene claras afectaciones en su legalidad , pues fue expedida por un servidor público sin competencia para fijar regímenes salariales o prestacionales. Dicho acto administrativo no cuenta con los fundamentos legales para producir efectos en favor de la demandada , porque los perdió al declararse nulo el ordenamiento del cual emanaba, razón para no abundar en este argumento que ha sido materia de innumerables estudios por la otrora costumbre de las autoridades territoriales de expedir ordenamientos creadores de derechos sin tener la competencia para ello.

52. Control de legalidad 8. Luego de las revisiones de rigor, la sala no advierte ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

6 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.

ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

6 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI. 7 Actuación visible en el índice 10 de la plataforma SAMAI. 8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».Radicado: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)

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II. CONSIDERACIONES

53. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrati vo,9 esta sala de subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

54. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, 10 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el recurrente.

No obstante, en caso de que ambas partes hayas apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el asunto concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por la apoderada de la parte demandada, en su condición de apelante única.

superior resolverá sin limitaciones. En el asunto concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por la apoderada de la parte demandada, en su condición de apelante única.

55. Problemas jurídicos. De cara a los argumentos planteados por la demandada,

le corresponde a la sala determinar si:

56. ¿El a quo declaró la nulidad del acto demandado con sustento en unas disposiciones jurídicas y un concepto de violación que no fue desarrollado en la demanda?

57. ¿La bonificación por inhabilidad legal reconocida a la parte demandada en la resolución cuestionada, cons tituye un derecho adquirido en su favor y, por tanto, era intangible?

El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.

58. Primer i nterrogante: ¿El a quo declaró la nulidad del acto demandado con sustento en unas disposiciones jurídicas y un concepto de violación que no fue desarrollado en la demanda?

59. La sala responde que no le asiste razón a la recurrente, como pasa a explicarse.

60. Aunque en el acápite de «normas violadas» de la demanda se indicaron como disposiciones infringidas los artículo s 29 de la Constitución Política y los artículos 3.° (numeral 1.°), 9 (numeral 6.°) y 37 (inciso segundo), lo cierto es que , al desarrollar el concepto de violación, la abogada de la Universidad de Cartagena

señaló:

«[…] Conforme a lo anterior, son 3 los momentos en los que el acto administrativo atacado es lesivo del ordenamiento jurídico, tanto como el Acuerdo 22 de 1993,

señaló:

«[…] Conforme a lo anterior, son 3 los momentos en los que el acto administrativo atacado es lesivo del ordenamiento jurídico, tanto como el Acuerdo 22 de 1993, que fue atacado en su momento y excluido del orden jurídico, así:

9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 10 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]»Radicado: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)

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1. Al momento de su creación, porque el Consejo Superior la Universidad no tiene ni ha tenido competencia para crear o reglamentar situaciones de carácter salarial de los empleados públicos, toda vez que la misma le corresponde de forma privativa al Congreso.

2. Al expedirse el Estatuto del Abogado ibídem (sic), en donde tal y como se menciona, se facultó sin ningún inconveniente de orden legal a los docentes de tiempo completos (sic) a ejercer la profesión, desapareciendo los fundamentos de hecho que sustentab an el acto – Acuerdo 022 de 1993 (sic), que es el fundamento de derecho para la existencia del acto que hoy se demanda-.

3. Cuando se profiere la decisión del Tribunal Administrativo en primera y

de hecho que sustentab an el acto – Acuerdo 022 de 1993 (sic), que es el fundamento de derecho para la existencia del acto que hoy se demanda-.

3. Cuando se profiere la decisión del Tribunal Administrativo en primera y segunda instancia en donde así se reconoce la primera cond ición, requisito indispensable y exigido por el Código Contencioso Administrativo para sacar definitivamente del ordenamiento jurídico un acto administrativo lesivo del mismo.

[…]

Por esto, es claro que la misma tiene naturaleza de prestación salarial, toda vez que fue creada de la relación directa entre trabajador y empleador, con ocasión del servicio subordinado que le presta este a aquel, tal y como así mismo lo reconoce el Tribunal y con ocasión a este argumento fue declarada nula, toda vez que, el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, no tiene competencia para reglamentar conceptos salariales ni prestacionales de sus empleados públicos; este asunto le compete de forma preferente al Congreso de la República.

[…]

Bajo la certeza del ant erior supuesto, es decir, que se reconoció mediante un acto administrativo de carácter general emanado del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, una prestación correspondiente al régimen salarial de los empleados públicos, docentes de tiempo com pleto de la Facultad de Derecho, la decisión consideró que el órgano que expidió esta decisión NO tiene competencia para hacerlo.

Esto, conforme a que, si bien las universidades públicas tienen autonomía universitaria conforme al artículo 69 superior, es to no les habilita a interferir en el ámbito de competencia exclusiva del legislador, en cuanto a la reglamentación del régimen

Esto, conforme a que, si bien las universidades públicas tienen autonomía universitaria conforme al artículo 69 superior, es to no les habilita a interferir en el ámbito de competencia exclusiva del legislador, en cuanto a la reglamentación del régimen salarial de los empleados públicos que, por reserva legal le es atribuido al legislador de forma exclusiva y excluyente.

[…]

Si se declara la nulidad del Acuerdo 022 de 1991, acto creador de la Bonificación por Inhabilidad legal a los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena porque el Consejo Superior de la misma NO