CE - Sentencia 13001233300020170075601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicación: 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019)

Demandante: Laura Emir Cudris de Lora Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP1)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente. Plaza docente. Aplicación de la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018. Valoración probatoria de certificaciones laborales en contraste con actos administrativos de nombramiento.

Decisión: Se confirma parcialmente sentencia de primera instancia porque la demandante demostró haber ejercido durante un mínimo de 20 años como docente oficial de carácter territorial y/o nacionalizado . Se revoca condena en costas.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la entidad demandada en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 9 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. La actora ejercitó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. La actora ejercitó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho pretendiendo la nulidad de las Resoluciones RDP 008260 del 2 de marzo de 2017 y RDP 018057 del 28 de abril de 2017, por medio de las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada el reconocimiento de la prestación correspondiente a partir del 22 de junio de 2009, equivalente al 75% del promedio de los ingresos percibidos por concepto de salarios y otros factores devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo el sueldo básico, la prima de navidad y la prima de vacaciones .

1 En adelante UGPP. 2 Folios 32 a 38.2

Radicación: 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019) Demandante: Laura Emir Cudris de Lora Asimismo, requirió el pago de las mesadas causadas debidamente indexadas con los intereses moratorios correspondientes y la condena en costas.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, expuso que nació el 8 de mayo de 1950 y que desempeñó funciones como docente nacionalizada durante más de 20 años, esto es, desde el 26 de febrero de 1970 hasta el 1 de junio de 2011. Su trayectoria incluye las siguientes entidades y períodos: desde el 26 de febrero de 1971 hasta el 2 de marzo

esto es, desde el 26 de febrero de 1970 hasta el 1 de junio de 2011. Su trayectoria incluye las siguientes entidades y períodos: desde el 26 de febrero de 1971 hasta el 2 de marzo de 1977, en virtud del nombramiento realizado a través del Decreto 220 del 19 de febrero de 1971 emitido por la gobernación del departamento de Bolívar; y desde el 23 de junio de 1994 hasta el 1 de junio de 2011 conforme a lo ordenado en el Decreto 549 del 9 de junio de 1994 expedido por la alcaldía de Cartagena.

4. Agregó que el 18 de octubre de 2016 solicitó a la entidad el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada por la UGPP mediante los actos administrativos enjuiciados bajo el argumento de que no cumplía con los 20 años de servicio como docente de naturaleza territorial o nacionalizada.

Contestación de la demanda3

5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que los actos administrativos impugnados poseen plena validez. Afirmó que la relación legal y reglamentaria de la demandante con la alcaldía de Cartagena de Indias —establecida desde el 23 de junio de 1994 — fue de carácter nacional, lo que implica que se trata de un intervalo no apto para el reconocimiento de la prestación periódica solicitada.

6. A su vez, destacó la importancia de demostrar la naturaleza territorial o nacionalizada de las vinculaciones como docente ya que no todas son válidas para acceder al reconocimiento pensional. Además, mencionó que es necesario cumplir con el requisito de no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional toda vez que,

nacionalizada de las vinculaciones como docente ya que no todas son válidas para acceder al reconocimiento pensional. Además, mencionó que es necesario cumplir con el requisito de no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional toda vez que, en caso de percibir salarios de la Nación, no se tendrá derecho a ser beneficiario de la pensión gracia.

7. Finalmente, propuso las excepciones de «prescripción», «inexistencia de la causa petendi y cobro de lo no debido», «falta de derecho para pedir», «buena fe», y la

«genérica».

Sentencia apelada4

10. El Tribunal Administrativo de Bolívar dictó sentencia el 9 de agosto de 2019 mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda, fundamentándose en que la actora acreditó los requisitos para ser beneficiaria de la pensión reclamada, en especial, los 20 años de servicio como docente en el ámbito territorial y/o nacionalizado.

11. Al respecto, indicó que el tiempo servido como docente después del 23 de junio de 1994 se considera territorial en razón a que la demandante fue vinculada por una

3 Folios 51 a 65. 4 Folios 116 a 123 reverso.3

Radicación: 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019) Demandante: Laura Emir Cudris de Lora autoridad del orden distrital, a pesar de la intervención del Fondo Educativo RegionalFER.

12. Se hizo énfasis en que el tipo de vínculo depende del decreto de nombramiento y no de los certificados de salarios; en este sentido, del Decreto 549 del 9 de junio de 1994

FER.

12. Se hizo énfasis en que el tipo de vínculo depende del decreto de nombramiento y no de los certificados de salarios; en este sentido, del Decreto 549 del 9 de junio de 1994 se deduce que la designación realizada a la demandante es de carácter territorial, lo que le permite cumplir con los requisitos para el reconocimiento prestacional.

13. Con todo, se determinó la configuración d el fenómeno de la prescripción puesto que la pensión gracia se volvió exigible a partir del 22 de abril de 2010 y la solicitud de reconocimiento se presentó el 18 de octubre de 2016, es decir, por fuera del plazo de 3 años. Por lo tanto, las mesadas pensionales causadas antes del 18 de octubre de 2013 se encuentran prescritas.

14. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada de acuerdo con lo establecido en el artículo 365 del CGP, aplicado por remisión del artículo 188 del

CPACA5.

Recurso de apelación6

15. La entidad demandada apeló la sentencia considerando que el análisis de los antecedentes administrativos fue incorrecto ya que la actora no demostró los requisitos necesarios para ser beneficiaria de la pensión gracia. Afirmó que la sentencia ignor ó su calidad de docente nacional, la cual está debidamente acreditada en el expediente y, de manera inexplicable, el a quo le atribuy ó el carácter de territorial sin contar con un nombramiento de una autoridad competente en este ámbito.

16. Refirió que no se valoraron los certificados de tiempos de servicio emitidos por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, en los cuales se establece que la

nombramiento de una autoridad competente en este ámbito.

16. Refirió que no se valoraron los certificados de tiempos de servicio emitidos por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, en los cuales se establece que la demandante tuvo una vinculación de carácter nacional. Insistió en la relevancia de los certificados laborales junto con los actos de nombramiento y posesión, de los cuales se deduce el régimen prestacional al que pertenecen los docentes que buscan el reconocimiento de la pensión gracia.

17. Reiteró que no se demostró el requisito del tiempo de servicio departamental, municipal, distrital o nacionalizado para adquirir el derecho porque todos los servicios prestados desde 1994 fueron de carácter nacional.

18. Añadió que la actora no cumplió con todos los requisitos establecidos al momento de la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, citando lo dispuesto en la sentencia C -489 de 2000 de la Corte Constitucional.

19. Finalmente, pidió que se revoque la condena en costas impuesta en primera instancia, solicitando que se aplique el criterio subjetivo para su determinación.

5 Mediante providencia de l1 de octubre de 2019, no se accedió a la solicitud de corrección de la sentencia – folios 136 a 138 reverso 6 Folios 126 a 131.4

Radicación: 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019)

Demandante: Laura Emir Cudris de Lora

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto del 12 de noviembre de 2020 7 se admitió el recurso de apelación

Demandante: Laura Emir Cudris de Lora

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto del 12 de noviembre de 2020 7 se admitió el recurso de apelación y el 22 de abril de 2021 8 se corrió traslado a las partes, por el término de 10 días, para que presentaran sus alegatos de conclusión. As imismo, vencido dicho plazo, se ordenó poner a disposición del Ministerio Público el expediente para que emitiera el correspondiente concepto

21. En esta etapa, la parte demandada reiteró los argumentos presentados a lo largo del juicio. No obstante, añadió que el pago de los salarios correspondientes al Situado Fiscal del FER, actualmente conocido como Sistema General de Participaciones, implica que los períodos laborados tienen un carácter nacional.

22. Por su parte, la actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problemas jurídicos

24. Conforme a los cargos específicos expuestos en el recurso de apelación , la Sala procederá a evaluar si los períodos durante los cuales la demandante prestó sus servicios docentes tuvieron un carácter nacional o, en su defecto, si se limitaron al ámbito territorial y/o nacionalizado. Especialmente, se revisará el interregno que se originó con el

docentes tuvieron un carácter nacional o, en su defecto, si se limitaron al ámbito territorial y/o nacionalizado. Especialmente, se revisará el interregno que se originó con el nombramiento realizado en el distrito de Cartagena de Indias desde 1994.

25. Esta evaluación se realiza con el propósito de verificar el cumplimiento del requisito que establece que la solicitante debe haber ejercido durante un mínimo de 20 años como docente oficial de carácter territorial y/o nacionalizado, tal como lo estipulan las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

26. Igualmente, esta Sala comprobará la prosperidad de los reparos relacionados con la necesidad de cumplir con todos los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 y si el hecho de que los recursos que financiaron la plaza docente provengan del Situado Fiscal implica que la vinculación tenga carácter nacional.

27. Por lo demás, se verificará la procedencia de la condena en costas de acuerdo con el criterio objetivo que el a quo aplicó para su determinación.

7 Folio 153. 8 Folio 155.5

Radicación: 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019) Demandante: Laura Emir Cudris de Lora Análisis de los problemas jurídicos

• Análisis de los periodos servidos por la demandante

28. En el expediente se constata que, a través del Decreto 0220 del 19 de febrero de 19719, la demandante fue nombrada por el gobernador de Bolívar como subdirectora en

• Análisis de los periodos servidos por la demandante

28. En el expediente se constata que, a través del Decreto 0220 del 19 de febrero de 19719, la demandante fue nombrada por el gobernador de Bolívar como subdirectora en la Escuela Urbana Gabriela Mistral de El Carmen de Bolívar . Este cargo lo desempeñó desde su posesión el 26 de febrero de 197110 hasta el 9 de febrero de 1977 cuando se le aceptó la renuncia mediante el Decreto 170 del 2 de marzo de 197711.

29. Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral, emitido por la Secretaría de Educación de Bolívar el 8 de marzo de 2016, se informa que durante el periodo mencionado la actora desempeñó sus funciones docentes en propiedad en el nivel de primaria bajo un vínculo clasificado como «nacionalizado»12.

30. Ahora bien, tras la revisión del Decreto 0220 del 19 de febrero de 1971, se puede concluir que este fue expedido de forma autónoma por el gobernador de Bolívar, quien actuó en el ejercicio de sus facultades legales como autoridad nominadora en dicho ente territorial. No se observa ninguna intervención o delegación por parte del Ministerio de Educación Nacional, ni se ha certificado la disponibilidad de recursos para la designación por parte de algún representante de esa cartera ministerial.

31. El último aspecto mencionado es crucial para comprender que el nombramiento no pudo ser nacionalizado, a pesar de lo que erróneamente se indica en el Formato Único para la Expedición de Certificación de Historia Laboral. Esto se debe a que no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197513, que estipula la

para la Expedición de Certificación de Historia Laboral. Esto se debe a que no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197513, que estipula la necesidad de contar con la autorización previa del Ministerio de Educación Nacional para que el gobernador pudiera designar a la demandante como maestra. Además, no se hizo mención de que la plaza a ocupar requiriera recursos transferidos por el Gobierno Nacional a través de los Fondos Educativos Regionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la misma ley.

32. Inclusive, la posesión del cargo se llevó a cabo el 26 de febrero de 1971, mientras que la Ley 43 de 1975 fue sancionada y entró en vigencia el 11 de diciembre de 1975.

Por lo tanto, el vínculo se originó cuando no había comenzado en Colombia el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria, el cual fue implementado con la mencionada ley; es decir, en ese instante solo podía ser territorial o nacional. En consecuencia, al no evidenciarse en el expediente que, posterior a 1975, dicha plaza haya sido objeto de nacionalización, es claro que fue territorial.

33. Es importante destacar que tampoco se trató de una vinculación de carácter nacional dado que no se realizó a través de un nombramiento por parte del Gobierno

9 Folios 6. 10 Folio 7. 11 Folio 8. 12 Folios 13 a 14. 13 Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.6

el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.6

Radicación: 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019) Demandante: Laura Emir Cudris de Lora Nacional (Ministerio de Educación), tal como lo establece el artículo 1° de la Ley 91 de

1989.

34. En conclusión, los servicios docentes proporcionados por la demandante desde el 26 de febrero de 1971 hasta el 9 de febrero de 1977 , que suman un total de 5 años, 11 meses y 20 días, se clasifican como de carácter departamental (territorial).

35. Estos servicios son válidos para el cálculo de los 20 años de servicio requeridos por la Ley 114 de 1913. Por lo demás, le permiten a la actora demostrar la vinculación en dicha calidad antes del 31 de diciembre de 1980, tal como lo estipula el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

36. A continuación, se analiza un segundo periodo que surge a partir de la expedición del Decreto 549 del 9 de junio de 1994 14, suscrito por el alcalde mayor, el alcalde designado y la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias , invocando las facultades conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, en concordancia con el Decreto 2277 de 1976, la Ley 60 de 1993, el Decreto 2676 de 1993 y la Ley 115 de 1994.

Mediante este decreto se designó a la demandante como docente en propiedad de tiempo

Decreto 2277 de 1976, la Ley 60 de 1993, el Decreto 2676 de 1993 y la Ley 115 de 1994. Mediante este decreto se designó a la demandante como docente en propiedad de tiempo completo en la Escuela SAC No. 15 de esa ciudad, tomando posesión del cargo el 23 de julio de 199415.

37. El aludido acto administrativo de nombramiento se sustentó en consideración a lo estipulado en el parágrafo 1° del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, respecto a que los docentes temporales vinculados por contrato a los servicios educativos estatales antes

del 30 de junio de 1993 que llenen los requisitos de carrera docente serían incorporados a las plantas de personal de los departamentos distritos. Aunado a que mediante Decreto Distrital 547 de junio de 1994 se crearon 475 plazas para ser ocupadas por docentes temporales que cumplan los requisitos de la carrera docente.

38. Adicionalmente, se mencionó en la parte considerativa que el r epresentante del Ministerio de Educación ante el Fondo Educativo Regional de Bolívar, en oficio D.P. Inc.

Ley 60/93 N o. 312 del 27 de mayo de 1994 , certificó que exist ía disponibilidad presupuestal para la incorporación de 475 docentes en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena.

41. En paralelo, la Sala observa en el expediente el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 28 de marzo de 2016 16 emitido por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. En este certificado está marcada la casilla del régimen

Certificado de Historia Laboral del 28 de marzo de 2016 16 emitido por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. En este certificado está marcada la casilla del régimen de pensiones nacional; además, se confirma la existencia del referido nombramiento, los extremos temporales desde el 23 de junio de 1994 hasta el 1° de junio de 2011 y distintas novedades administrativas posteriores, así:

41.1. Nombramiento mediante el Decreto 549 del 9 de junio de 1994, en la institución educativa distrital denominada Sociedad Amor a Cartagena No. 15, desde el 23 de junio de 1994.

14 Folios 9 a 11. 15 Folio 12. 16 Folios 15-16.7

Radicación: 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019) Demandante: Laura Emir Cudris de Lora 41.2. Incorporación por medio del Decreto 0866 del 16 de agosto de 1996, en la misma escuela distrital, desde el 16 de agosto de 1996. 41.3. Traslado a la escuela Miguel Antonio Lengua de Cartagena mediante el Decreto 280 del 14 de abril de 1997, efectivizado en la misma fecha. 41.4. Organización y distribución en la misma institución educativa, a través del Decreto 0263 del 16 de noviembre de 2001. 41.5. Incorporaciones en la institución educativa Ciudad de Sincelejo ubicada en Cartagena de Indias, mediante los Decreto 0312 del 25 de mayo de 2003, 0057 del 23 de enero de 2004. 41.6. Organización y distribución en la misma institución educativa, por medio de la

Cartagena de Indias, mediante los Decreto 0312 del 25 de mayo de 2003, 0057 del 23 de enero de 2004. 41.6. Organización y distribución en la misma institución educativa, por medio de la Resolución 3575 del 16 de octubre de 2007. 41.7. Traslado, ascenso y continuidad a la institución Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Cartagena, mediante el Decreto 549 del 1° de marzo de 2008, Resolución 050 del 25 de marzo de 2009 y el Decreto 1055 del 4 de abril de 2011, respectivamente. Se certificar servicios hasta el 1° de junio de 2011.

39. A su vez, se vislumbra el Formato Único para la Expedición de Salarios del 21 de abril de 201617 expedido también por la Secretaría Distrital de Educación de Cartagena.

En este documento, se destaca como marcada la casilla correspondiente al tipo de vinculación docente, el cual fue clasificado como nacional.

40. Al evaluar en conjunto estas pruebas documentales, la Sala determina que el nombramiento realizado en 1994 se ajusta a la definición establecida en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 referente al personal nacionalizado , habida cuenta que fue efectuado por la entidad territorial cumpliendo con la autorización presupuestal previa del delegado del Ministerio de Educación Nacional, tal como lo estipulan los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975.

41. En efecto, la participación de dicho delegado no implicó que se tratara de un docente nacional sino que atiende a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, que estableció que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el

docente nacional sino que atiende a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, que estableció que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».

42. En relación con este tema, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 18, determinó que la condición de docente nacional no se adquiere simplemente por la participación de un delegado del Ministerio de Educación en el acto administrativo de nombramiento, ni por el hecho de que los salarios sean financiados con recursos del situado fiscal. De igual forma, no se considera relevante que las autoridades t erritoriales actúen como presidentes de las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales. Lo que

17 Folio 17. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).8

Radicación: 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019) Demandante: Laura Emir Cudris de Lora realmente importa es la plaza que se va a ocupar19. El criterio interpretativo se unificó en

estos términos:

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se

Demandante: Laura Emir Cudris de Lora realmente importa es la plaza que se va a ocupar19. El criterio interpretativo se unificó en

estos términos:

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

43. Ahora, pese a que el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 28 de marzo de 2016 tiene marcada la casilla del régimen de pensiones nacional, debe decirse que esta información no se erige como un elemento concluyente para determinar la naturaleza jurídica del vínculo docente en razón a que está orientada a informar sobre el régimen de seguridad social en materia de pensión de vejez aplicable a la profesora; cuestión que dista de los requisitos especiales para acceder a la pensión gracia que son de interés para la Sala.

44. Por otro lado, la recurrente sostiene que la certificación incluida en el Formato Único para la Expedición de Salarios del 21 de abril de 2016 demuestra la auténtica condición de docente nacional de la actora. Esto, según la apelante, llevó a una indebida valoración probatoria por parte del tribunal de primera instancia, especialmente debido a que se ha obviado la casilla correspondiente a la vinculación nacional.

condición de docente nacional de la actora. Esto, según la apelante, llevó a una indebida valoración probatoria por parte del tribunal de primera instancia, especialmente debido a que se ha obviado la casilla correspondiente a la vinculación nacional.

45. Sin embargo, dicho reparo no tiene la entidad suficiente para revocar la decisión apelada puesto que en la referida sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018 se establecieron directrices pertinentes a la prueba de la calidad docente,

consolidando la siguiente regla jurisprudencial:

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Negrillas de la Sala)

46. En consecuencia, en estos casos el juez debe examinar el expediente con el fin de verificar la existencia de actos administrativos que le permitan determinar la naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en cuestión. Esto es fundamental, toda vez que el contenido del acto administrativo de nombramiento proporciona al fallador información crucial sobre las condiciones jurídicas del cargo a desempeñar, así como las implicaciones a las que quedó sujeto el servidor. No obstante, en ausencia de estos documentos, el juez tiene la opción de recurrir a otros que deben ser analizados en conjunto bajo las reglas de la sana crítica, tales como las certificaciones emitidas por las

implicaciones a las que quedó sujeto el servidor. No obstante, en ausencia de estos documentos, el juez tiene la opción de recurrir a otros que deben ser analizados en conjunto bajo las reglas de la sana crítica, tales como las certificaciones emitidas por las

19 Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605– 2019).9

Radicación: 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019) Demandante: Laura Emir Cudris de Lora autoridades nominadoras, constatando que la veracidad de la información contenida en ellas sea indiscutible.

47. En relación con lo anterior, la Sala estima que, aunque la certificaci ón de salarios tiene marcada la casilla como docente nacional, esto no justifica otorgarle un mayor valor probatorio tras el examen realizado al contenido del Decreto 549 del 9 de junio de 1994 emitido por el alcalde mayor de Cartagena de Indias. Esta postura se fundamenta en que dicho acto administrativo proporcionó una mayor claridad a la Sala, permitiéndole formarse un libre convencimiento de que ese período no era nacional, sino nacionalizado.

48. Sin perjuicio de que justamente este tipo de certificados se fundamentan en los actos administrativos emitidos por la autoridad nominadora, por lo que es posible que al consultarlos directamente se obtenga una mayor c laridad sobre la naturaleza del

48. Sin perjuicio de que justamente este tipo de certificados se fundamentan en los actos administrativos emitidos por la autoridad nominadora, por lo que es posible que al consultarlos directamente se obtenga una mayor c laridad sobre la naturaleza del nombramiento realizado. Aparte de que en el certificado no se explica cuál fue el criterio empleado por la Secretaría de Educación para catalogar el periodo como nacional.

49. En este orden de ideas , se desvirtuó la presunción de veracidad de la referida certificación laboral a través de otra prueba documental que admitió lo contrario y que ofreció más elementos de juicio al fallador, siendo en este caso el acto administrativo de nombramiento donde constaba el vínculo docente20.

50. Por su parte, la Sala subraya que, a pesar de que entre el 23 de junio de 1994 y el 1° de junio de 2011 se llevaron a cabo diversas situaciones administrativas, tales como traslados, incorporaciones, reorganizaciones y distribuciones, la demandante logró mantener sin solución de continuidad su categoría de docente nacionalizada. Esto se debe a que el vínculo primigenio que la clasificó como tal nunca fue interrumpido, ni se presentó alguna situación administrativa que la reclasificara posteriormente como docente nacional.

51. Puestas de este modo las cosas, el intervalo comprendido entre el 23 de junio de 1994 y el 30 de julio de 2015 21, que abarca un total de 21 años, 1 mes y 8 días , se contabilizará como tiempo de servicio en calidad de docente nacionalizada. Por lo tanto, es válido para el acceso a la pensión gracia.

52. Al sumar este tiempo al anterior, que es de 5 años, 11 meses y 20 días, se obtiene

contabilizará como tiempo de servicio en calidad de docente nacionalizada. Por lo tanto, es válido para el acceso a la pensión gracia.

52. Al sumar este tiempo al anterior, que es de 5 años, 11 meses y 20 días, se obtiene un total de 27 años y 28 días. De este modo, se cumple con creces la exigencia de 20 años de servicios como docente territorial y/o nacionalizada.

• Reparo relacionado con la necesidad de cumplir con todos los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia antes de la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989

53. Uno de los argumentos en que la parte demandada sustenta el recurso de apelación se basa en la afirmación de que, para el 29 de diciembre de 1989, l