CE - Sentencia 13001233300020170080101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001-23-33-000-2017-00801-01 (6236-2023)

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

Demandado: Aníbal Federico Álvarez Sierra

Tema: Lesividad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la dema ndante contra la sentencia proferida el 27 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión número 7 , mediante la cual se accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Administradora Colombiana de Pensiones 1 presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad de la resoluci ón: i) GNR 56591 del 9 de abril de 2013, mediante la cual reconoció una pensión de vejez a favor de Aníbal Federico

Álvarez Sierra.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó

2013, mediante la cual reconoció una pensión de vejez a favor de Aníbal Federico Álvarez Sierra.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) «la devolución de la diferencia de lo pagado por el reconocimiento de la pensión de vejez ,

1 En adelante Colpensiones. 2 En adelante CPACA.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00801-01 (6236-2023) Demandante: Colpensiones ya que no se tuvo en cuenta la compartibilidad pensiona l a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados de la resolución GNR 56591 del 9 de abril de 2013, hasta que se ordene la suspensión provisional o se declare su nulidad y los valores producto del reconocimiento»; ii) el reintegro por parte de la entidad promotora de salud Famisanar E.P.S Ltda, a favor de Colpensiones «los valores girados por concepto de salud en favor del señor Aníbal Federico Álvarez Sierra, desde la fecha de inclusión en nómina de pensionados de la resolución GNR 56591 del 9 de abril de 2013, hasta que se orden e la suspensión provisional o se declare su nulidad »; y iii) la indexación o reconocimiento de intereses a favor de Colpensiones.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Mediante acta de conciliación número 0161 del 29 de diciembre de 1998, la Electrificadora de la Costa Atlántica, en la actualidad Electrif icadora del Caribe S.A. E.S.P - Electricaribe, reconoció una pensión voluntaria a Aníbal Federico Álvarez

Electrificadora de la Costa Atlántica, en la actualidad Electrif icadora del Caribe S.A. E.S.P - Electricaribe, reconoció una pensión voluntaria a Aníbal Federico Álvarez Sierra por una cuantía de $ 1.563.284 [ajuste IPC 1998 ] a partir del 1° de enero de 1999.

3.2. El 27 de marzo de 2013, Aníbal Federico Álvarez Sierra solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de vejez.

3.3. A través de la Resolución GNR 056591 del 9 de abril de 2013 , Colpensiones «reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de señor Álvarez Sierra Aníbal Federico, identificado con cédula de ciudadanía no. 9.079.160, en cuantía inicial $1,918,469.00 efectiva a partir del 10 de enero de 2013. La liquidación se realizó teniendo en cuenta 1.287 semanas cotizadas con tiempos desde el 01 de enero de 1970 al 30 de septiembre de 1998, con un Ingreso Base de Liquidación de $2,131,632.00, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 90%, en consonancia con lo previsto en el Decreto 758 de 1990.» (sic)

3.4. Mediante Resolución VPB 12184 del 28 de julio de 2014, Colpensiones resolvió «un recurso de apelación confirmando en todas y cada una de sus partes el Acto Administrativo Nro. GNR 056591 del 9 de abril de 2013» (sic).

3.5. A través de la Resolución GNR 280691 del 11 de agosto de 2014, Colpensiones

Administrativo Nro. GNR 056591 del 9 de abril de 2013» (sic).

3.5. A través de la Resolución GNR 280691 del 11 de agosto de 2014, Colpensiones solicitó a Aníbal Federico Álvarez Sierra, autorización para revocar la Resolución GNR 056591 del 9 de abril de 2013 «al considerar que la misma va en contravía con los preceptos legales ya que se concedió una pensión de vejez omitiendo que la misma debía tratarse como una prestación de carácter compartida de vejez de conformidad con los normado en los artículos 93 y 97 de la Ley 1437 de 2011» (sic).

3 Samai, expediente digital, índice 2 «ED_ONEDRIVE_1_2592023(.zip) NroActua 29Radicado: 13001-23-33-000-2017-00801-01 (6236-2023) Demandante: Colpensiones 3.6. El 5 de mayo de 2015, Aníbal Federico Álvarez Sierra, a través de su apoderado , solicitó «[…] se reforme parcialmente la resolución GNR 056591 de 9 de abril de 2013, en el sentido de reconocer la compatibilidad pensional existente para el caso de mi poderdante y consecuencialmente se ordene el pago a su favor, de la suma resultante por concepto de retroactivo dejado en suspenso, más los intereses que se causen desde la fecha en que se reconoció el mismo y hasta el momento en que se haga efectivo su pago […]».

3.7. El 21 de diciembre de 2015, Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P – Electricaribe S.A. E.S.P requirió «el reconocimiento y pago a favor de Electrificadora del Caribe S.A.

3.7. El 21 de diciembre de 2015, Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P – Electricaribe S.A. E.S.P requirió «el reconocimiento y pago a favor de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.PElectricaribe S.A.E.S.P, del retroactivo de la pensión de vejez concedida a An íbal Álvarez Sierra por el periodo comprendido entre el 20 de marzo de 2012 hasta el 30 de abril de 2014, debidamente indexado . Que se ordene el reconocimiento y pago a favor de Electrificadora del Cari be S.A. E.S.P – Electricaribe S.A. E.S.P, de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o los contemplados en el Código Civil Colombiano por la mora en el pago de las mesadas pensionales causadas entre 20 de marzo de 2012 hasta el 30 de abril de 2014. Que, de no acceder a la presente solicitud, en todo caso se abstenga de pagar el retroactivo al pensionado […]» (sic).

3.8. A través de la Resolución GNR 105405 del 14 de abril de 2016, Colpensiones se abstuvo de responder a las peticiones realizadas por An íbal Federico Álvarez Sierra y a la entidad Electricaribe – Electrificadora del Caribe S.A., E.S.P.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como disposiciones violadas invocó los artículos 48 de la Constitución Política ; 36 de la Ley 100 de 1993; Decreto 813 de 1994; y Decreto 758 de 1990.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:

5.1. La pensión reconocida con el acto demandado « va en contravía con los preceptos

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:

5.1. La pensión reconocida con el acto demandado « va en contravía con los preceptos legales ya que se reconoció una pensión de vejez omitiendo que la misma debía tratarse como una pensión de carácter compartida de ve jez al determinarse que mediante Acta de Conciliación Nro. 0161 del 29 de diciembre de 1998 se concedió una pensión de jubilación a favor del señor ÁLVAREZ SIERRA ANIBAL FEDERICO, por lo que resulta la decisión tomada en la citada resolución, abiertamente contraría la ley que causa un perjuicio al erario público por ser la Administradora de naturaleza pública, a l observarse una mesada superior a favor del beneficiario a la que en derecho corresponde. Y de igual manera, el disfrute de esta pensión compartida será a partir del cumplimiento m ínimo de requisitos; ([e]status de pensionado), lo anterior sin perjuicio de las reg las generales de disfrute en e l evento que e l afiliado haya efectuado cotizaciones al sistema general de pensiones en calidad de independiente o como dependiente con un empleador diferente a la entidad jubilante.» (sic)

1.2. Contestación de la demanda

6. Aníbal Federico Álvarez Sierra se opuso a las pretensiones de la demanda, por las

razones que se expresan a continuación4:

4 Samai, expediente digital, índice 2 «ED_ONEDRIVE_1_2592023(.zip) NroActua 2Radicado: 13001-23-33-000-2017-00801-01 (6236-2023)

Demandante: Colpensiones

6.1. Es acreedor de la pensión que le fue reconocida por Colpensiones, toda vez que,

Demandante: Colpensiones

6.1. Es acreedor de la pensión que le fue reconocida por Colpensiones, toda vez que, con el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, tenía derecho al reconocimiento de esta con sustento en el Decreto 758 de 1990, en tanto, «al momento que le reconocieran la pensión de vejez, tenía 1.287 semanas y cumplió los 60 años el 20 de marzo del 2012, cumpliendo los requisitos bajo el régimen de transición, obteniendo el estatus de pensionado para el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, que fue comp artida por la empresa» (sic).

6.2. Ahora bien, en cuanto a la compatibilidad y compartibilidad «la pensión que el I.S.S le reconoció […] est[á] compartida entre la empresa y la demandante, es decir que la empresa le paga menor valor y la demandada el mayor valor de la prestación reconocida, cabe aclarar que son dos prestaciones sociales, es una sola porque la suma de los dos pagos da como resultado el valor de la pensión de mi representado porque se aplica una subrogación pensional» (sic).

6.3. En el presente asunto, «no se puede desmejorar o rebajar la pensión que le reconocieron de carácter compartida, porque cuando esta fue reconocida su liquidación fue ajustado conforme a derecho, y, por otra parte, si le disminuye la pensión se le estaría violando (su) adquiridos» (sic).

6.4. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de: i) inexistencia de lo pedido; ii) buena fe; y iii) cobro de lo no debido.

1.3. La sentencia apelada

adquiridos» (sic).

6.4. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de: i) inexistencia de lo pedido; ii) buena fe; y iii) cobro de lo no debido.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión número 7, en sentencia del 27 de abril de 20235, declaró la nulidad de la resolución GNR 056591 del 9 de abril de 2013 y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a Colpensiones reconocer «la pensión de vejez a favor de Aníbal Federico Álvarez Sierra, de carácter compartida en los términos del decreto 758 de 1990 aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993; a partir del 20 de marzo de 2012 , teniendo en cuenta como tasa de reemplazo el 90% al haber cotizado más de 1250 semanas; y el IBL corresponde al promedio de los últimos 10 años anteriores al reconocimiento pensional, con inclusión de los factores salariales sobre los que se hayan efectuado aportes o cotizaciones al sistema pensional y que se encuentren consagrados expresamente en la ley, en ese entendido deben computarse los emolumentos indicados por el decreto 1158 de 1994. Así mismo, será de cuenta del empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por Colpensiones y la que se venía cancelando al pensionado.»

8. Asimismo, negó las demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

se venía cancelando al pensionado.»

8. Asimismo, negó las demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 758 de 1990 y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en virtud de la

5 Samai, expediente digital, índice 2 «ED_ONEDRIVE_1_2592023(.zip) NroActua 2Radicado: 13001-23-33-000-2017-00801-01 (6236-2023) Demandante: Colpensiones compartibilidad, una vez Colpensiones reconoce la pensión por vejez «el empleador se subroga de pagar la pensión; no obstante, si el monto que cancelaba el empleador es superior al concedido por la entidad pública, el primero debe pagarle al trabajador la diferencia resultante».

8.2. Así las cosas, le asiste razón al demandante en el acto a través del cual el empleador le reconoció una pensión voluntaria al demandado a partir del 1° de enero de 1991, precisó que «[l]a Empresa pagará exclusivamente la pensión hasta el momento en que cumpla el causante los 60 años de edad , pues es incompatible con cualquier pensión de vejez o sobrevivientes; y en el momento en que el ISS reconozca la pensión de vejez o sobrevivientes, solo quedará a cargo de la empresa el mayor valor si lo hubiere, y en ningún caso habrá dos pensiones simultáneas».

8.3. Adicionalmente, el ISS6 debió reconocer la pensión vitalicia de vejez compartida,

vejez o sobrevivientes, solo quedará a cargo de la empresa el mayor valor si lo hubiere, y en ningún caso habrá dos pensiones simultáneas».

8.3. Adicionalmente, el ISS6 debió reconocer la pensión vitalicia de vejez compartida, «siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado. El empleador por su parte, siguió efectuando cotizaciones al demandado hasta el 31 de diciembre de 20 12.» Sin embargo, a través de la resolución GNR 056591 del 9 abril de 2013, Colpensiones reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia de vejez «en cuantía inicial de $1,918,469.00, efectiva a partir del 10 de enero de 2013; teniendo en cuenta 1287 semanas cotizadas entre el 1º de enero de 1970 al 30 de septiembre de 1998, con un ingreso base de liquidación de $2.131.632.00, al cual se le aplicó u na tasa de reemplazo del 90%, en consonancia con lo previsto en el Decreto 758 de 1990. Pero no indicó dicho acto administrativo que se trataba de una subrogación pensional a cargo de COLPENSIONES, y no de una pensión adicional, y que dicha entidad sustituiría al empleador en el pago de la prestación periódica a partir de la fecha del reconocimiento.»

8.4. Respecto de la pretensión de ordenar el reintegro de los pagos efectuados, así como los valores girados por concepto de salud en su favor desde la fecha de inclusión en nómina «el principio de la buena fe señalado en el inciso segundo del artículo 136 del

como los valores girados por concepto de salud en su favor desde la fecha de inclusión en nómina «el principio de la buena fe señalado en el inciso segundo del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, incorpora una presunción legal que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo considera vulnerado, probar que el peticionario actuó de mal a fe; razón por la cual, cuando por error la administración concede un derecho a quien no reunía los requisitos legales para ello, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe». Por lo que, teniendo en cuenta que los valores fueron recibidos de buena fe por el demandado, Colpensiones no probó en sede administrativa, así como en la judicial la mala fe de Aníbal Federico Álvarez Sierra.

8.5. Finalmente, como consecuencia de la declaración de la nulida d de la resolución , ordenó a Colpensiones a reconocer la pensión de vejez de carácter compartida a favor de Aníbal Federico Álvarez Sierra, a partir del 20 de marzo de 2012, en los términos del Decreto 758 de 1990 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley

6 Samai, expediente digital, índice 2 «ED_ONEDRIVE_1_2592023(.zip) NroActua 2Radicado: 13001-23-33-000-2017-00801-01 (6236-2023) Demandante: Colpensiones 100 de 1993, con una tasa de reemplazo del 90% al haber cotizado más de 1250 semanas.

1.4. El recurso de apelación

9. Colpensiones solicitó que se revocara parcialmente la sentencia de primera instancia

semanas.

1.4. El recurso de apelación

9. Colpensiones solicitó que se revocara parcialmente la sentencia de primera instancia en relación con los numerales segundo, tercero y cuarto, y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se ordenara a la parte demandada devolver las sumas de dinero pagadas. Para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

9.1. En cuanto al ordinal segundo de la sentencia del tribunal, en el que orden ó a Colpensiones reconocer la pensión de vejez de carácter compartida de conformidad con el Decreto 758 de 1990 a Aníbal Federico Álvarez Sierra «omitiendo primero que en materia contencioso administrativa la justicia es rogada y esa pretensión no se encuentra enlistadas en la demanda, y segundo no permite que mi representada en sede administrativa y surtiendo los trámites correspondientes estudie la prestación.

[…]

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y al no existir prueba si quiera sumaria que acredite que Colpensiones, conocía las pretensiones de la demanda, se concluye que hay lugar a la configuración de los presupuestos procesal de la falta de legitimación por pasiva de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones y la falta de agotamiento de la reclamación administrativa.»

9.2. Adicionalmente, solicitó revocar el numeral tercero y cuarto de la sentencia apelada, toda vez que no ordenar la devolución de los dineros pagados en exceso al demandado causa un «perjuicio inminente en contra de la estabilidad financiera del sistema general de pensiones […] en la medida que dicho sistema debe de disponer de un flujo permanente de recursos que permita su mantenimiento y adecuado funcionamiento, y el no

demandado causa un «perjuicio inminente en contra de la estabilidad financiera del sistema general de pensiones […] en la medida que dicho sistema debe de disponer de un flujo permanente de recursos que permita su mantenimiento y adecuado funcionamiento, y el no recuperar los dineros pagados de más afecta gravemente su capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que si tienen derecho a su reconocimiento, vulnerando como consecuencia el principio de progresividad, y el acceso a las persones de todos los colombianos» (sic).

9.3. Igualmente, solicitó que se condene en costas a favor de Colpensiones, debido a que el demandado no autorizó revocar el acto administrativo y por lo tanto no actuó de buena fe.

1.6. Pronunciamientos en segunda instancia

10. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los

7 Samai, expediente digital, índice 2 «ED_ONEDRIVE_1_2592023(.zip) NroActua 2Radicado: 13001-23-33-000-2017-00801-01 (6236-2023) Demandante: Colpensiones extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

1.7. El Ministerio Público

11. En esta oportunidad, el Ministerio Público no emitió concepto.

4. Consideraciones

2.1 Cuestión previa

2.2.1. Tránsito normativo en cuanto al término de caducidad

11. En esta oportunidad, el Ministerio Público no emitió concepto.

4. Consideraciones

2.1 Cuestión previa

2.2.1. Tránsito normativo en cuanto al término de caducidad

12. Se advierte que el Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, con la que «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones » y mediante la cual modificó el término de caducidad «para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas » que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a par tir de la vigencia de esta ley».

13. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto, puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad de los actos con los que fue reconocida una pensión, se procederá a efectuar control de legalidad con el fin de verificar si es procedente proferir una sentencia que resuelva el fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el contrario, hay lugar a dar por terminado el asunto por falta de uno de los presupuestos procesales del medio de control, este es, por caducidad.

14. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica, implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los

14. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica, implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencim iento del plazo establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad d e acudir al aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos de manera tardía»8.

15. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023, proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00801-01 (6236-2023) Demandante: Colpensiones parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86 de la Ley 2381 de 20249, disposición según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas

de 20249, disposición según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocur rencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley . Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5 ) años a partir de la vigencia de esta ley.» [Se resalta]

16. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del presente medio de control, puesto que la pensión objeto de discusión fue reconocida mediante la Resolución 419828 del 9 de diciembre de 2014; VPB 23810 del 13 de marzo de 2015; y

medio de control, puesto que la pensión objeto de discusión fue reconocida mediante la Resolución 419828 del 9 de diciembre de 2014; VPB 23810 del 13 de marzo de 2015; y GNR 131800 del 3 de mayo de 2016, esto es, hace más de 5 años.

17. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo 150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte Constitucional10 esta atribución que le permite « regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general » tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de « reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho».

18. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:

«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los

9 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».

la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los

9 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones». 10 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00801-01 (6236-2023) Demandante: Colpensiones ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»

19. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.

20. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 entró a regir a partir de la fecha de su sanción [16 de julio de 2024]11 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86, en

20. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 entró a regir a partir de la fecha de su sanción [16 de julio de 2024]11 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86, en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se encuentren en curso « se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley] », se considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley

153 de 188712, según la cual:

«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [se resalta].

21. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado

dicha autoridad.» [se resalta].

21. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derecho s fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia. Lo

11 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2025. 12 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00801-01 (6236-2023) Demandante: Colpensiones contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera arbitraria y sin justificación alguna.

22. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el