CE - Sentencia 13001233300020170086701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado nœmero: 13001-23-33-000-2017-00867-01 (67099)

Demandante: Constructora EMMA L.T.D.A.

Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho — CPACA

TEMAS: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL TR`MITE DE UNA PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA - Alcance de la garantía de contradicción y defensa en el trÆmite de propuestas de concesión – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MINERO – Aplicación preferente del Código de Minas como rØgimen especial – Principio de prelación normativa – Aplicación supletoria del CPACA en aspectos no regulados expresamente. MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Procedencia frente a actos administrativos definitivos conforme al artículo 138 del CPACA – Improcedencia de control judicial de actos de trÆmite en tanto no crean, modifican o extinguen situaciones jurídi cas y se limitan a impulsar una actuación administrativa – La Sala se inhibe de pronunciarse sobre el Auto GCM nœm. 000799 de 2016, por tratarse de un acto de trÆmite - PROCEDENCIA DEL

DESISTIMIENTO T`CITO POR INCUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES –

Auto GCM nœm. 000799 de 2016, por tratarse de un acto de trÆmite - PROCEDENCIA DEL DESISTIMIENTO T`CITO POR INCUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES – Procedencia por incumplimiento de requerimiento de subsanación conforme al artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. ACTO ADMINISTRATIVO DE TR`MITE EN PROCEDIMIENTO MINERO – Naturaleza jurídica del requerimiento dentro del trÆmite de la propuesta de concesión – Notificación por estado conforme al artículo 269 del Código de Minas – Inaplicabilidad de la notificación personal. CULPA IN CONTRAHENDO – Improcedencia en actos de trÆmite – Inexistencia de ruptura ilegítima del proceso precontractual y ausencia de afectación de derechos sustanciales. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES – Protección del interØs pœblico – Observancia de los principios de eficacia, economía y transparencia en la gestión administrativa.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de œnica instanc ia dentro del proceso promovido contra la Agencia Nacional de Minería, con el propósito de que se declare la nulidad de los actos administrativos proferidos durante el trÆmite de una propuesta de contrato de concesión minera presentada por la parte actora, y se disponga el respectivo restablecimiento del derecho.

I. S˝NTESIS DEL CASO

El 14 de julio de 2014, la sociedad Constructora EMMA L.T.D.A. presentó ante l a Agencia Nacional de Minería una propuesta de contrato de concesión p ara la explotación de un yacimiento de materiales de construcción ubicado en el municipio

El 14 de julio de 2014, la sociedad Constructora EMMA L.T.D.A. presentó ante l a Agencia Nacional de Minería una propuesta de contrato de concesión p ara la explotación de un yacimiento de materiales de construcción ubicado en el municipio de TurbanÆ, Bolívar, trÆmite que fue identificado con la placa nœm. PGE-08581. Durante el estudio de la solicitud, la autoridad minera advirtió la existencia de u na superposición del Ærea solicitada y expidió el Auto GCM 000799 del 20 de mayo deRadicado: 13001-23-33-000-2017-00867-01 (67099)

Demandante: Constructora EMMA L.T.D.A.

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2016, mediante el cual requirió a la interesada para que emitiera pronunciami ento sobre si aceptaba el Ærea disponible, actuación que fue notificada por e stado. Ante la falta de respuesta por parte de la empresa proponente, la entidad declaró el desistimiento del trÆmite mediante la Resolución nœm. 002713 del 10 de ag osto de 2016, decisión que fue confirmada a travØs de la Resolución nœm. 000500 del 28 de marzo de 2017, que resolvió el recurso de reposición formulado contra esta medida. El 19 de septiembre de 2017, la sociedad proponente interpuso demand a en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con e l propósito de obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos mencionados, al considerar que el Auto GCM 000799 del 20 de mayo de 2016, por el cual la autoridad minera formuló el requerimiento, debió notificarse de mane ra

propósito de obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos mencionados, al considerar que el Auto GCM 000799 del 20 de mayo de 2016, por el cual la autoridad minera formuló el requerimiento, debió notificarse de mane ra personal y no por estado. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la suscripción del contrato de concesión minera y el reconocimiento de perjuicios materiales.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 19 de septiembre de 2017, la sociedad Constructora EMMA L.T.D.A. —en adelante EMMA —1 presentó demanda 2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de Minería — en adelante ANM—3, con el objeto de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Vicepresidencia de Contratación y Titulación del Grupo de Contratación Minera de dicha entidad: (i) Auto GCM 000799 del 20 de mayo de 2016 4, mediante el cual se efectuó un requerimiento en el expediente identificado con la placa nœm. PGE-08581; (ii) Resolución 002713 del 10 de agosto del mismo aæo, travØs de la cual se entendió por desistida la propuesta de contrato de concesión PGE-08581, por no haberse atendido el requerimiento for mulado; y (iii) Resolución 000500 del 28 de marzo de 2017, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión. A título de restablecimiento del derecho , solicitó que se ordenara a la ANM: (i) otorgar la licencia de concesión minera, y (ii) reconocer y pagar, por concepto del

reposición interpuesto contra la anterior decisión. A título de restablecimiento del derecho , solicitó que se ordenara a la ANM: (i) otorgar la licencia de concesión minera, y (ii) reconocer y pagar, por concepto del

1 Certificado de existencia y representación legal de la s ociedad, emitido por la CÆmara de Comercio de Cartagena, el 6 de diciembre de 2016. Archivo electrónico i dentificado con certificado E1479CA40B5D2AFB 66DD1FE77D052F4D C760A339CBFFD1C2, ubicado en el índice 2 del expe diente digital, en el aplicativo Samai. 2 Archivo electrónico identificado con certificado D1359D64549 58D60 E1479CA40B5D2AFB 66DD1FE77D052F4D C760A339CBFFD1C2, ubicado en el índice 2 del expe diente digital, en el aplicativo Samai. 3 Agencia estatal de naturaleza especial, del sector desce ntralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, creada mediante Decreto 4134 de 2011. 4 Archivo electrónico identificado con certificado D1359D64549 58D60 E1479CA40B5D2AFB 66DD1FE77D052F4D C760A339CBFFD1C2, ubicado en el índice 2 del expe diente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00867-01 (67099)

Demandante: Constructora EMMA L.T.D.A.

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daæo causado por pØrdida de la oportunidad, la suma de $1.087.970 .570 (mil

Demandante: Constructora EMMA L.T.D.A.

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daæo causado por pØrdida de la oportunidad, la suma de $1.087.970 .570 (mil millones ochenta y siete mil novecientos setenta mil quinientos setenta pesos), “con el compromiso de continuar y concluir la obra vial que se le contrató ”5. Como pretensión subsidiaria, pidió que se ordenara rehacer el trÆmite del requerimien to, para que el respectivo acto le fuera notificado en debida forma. 1.2. Como antecedentes fÆcticos la parte actora refirió, en síntesis, que la ANM expidió el Auto GCM 000799 del 20 de mayo de 2016, en el que la requirió para que completara su propuesta de contrato de concesión PGE-08581, en los tØrminos del artículo 17 6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA—, en el sentido de que emitiera pronunciamiento sobre si aceptaba el Ærea disponible luego del recorte efectuado por superposici ón parcial de Æreas; actuación que notificó por estado, de conformidad con el artículo 269 de la Ley 685 de 20017. Sin embargo, la empresa proponente no atendió el requerimiento en razón a que la notificación no se realizó de forma personal ni fue enviada al correo electrónico. Por tal razón, la autoridad minera declaró desistida la propuesta mediante la Resolución 002713 del 10 de agosto de 2016, decisión que fue confirmada a travØs de la Resolución 000500 del 28 de marzo de 2017, en la que resolvió el recurso de

002713 del 10 de agosto de 2016, decisión que fue confirmada a travØs de la Resolución 000500 del 28 de marzo de 2017, en la que resolvió el recurso de reposición presentado por la parte demandante, quien alegó la ineficacia de l Auto GCM 000799 debido a una indebida notificación8. 1.3. Como concepto de violación la parte actora adujo lo siguiente: La entidad accionada incurrió en vulneración de normas superiores al descon ocer lo dispuesto en el artículo 209 Superior, en lo relativo a los principios d e igualdad,

5 Ibidem. 6 LEY 1437 DE 2011, artículo 17. “ Peticiones incompletas y desistimiento tÆcito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada estÆ incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trÆmite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirÆ al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el tØrmino mÆximo de un (1) mes. // A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivarÆ el tØrmino para resolver la petición. // Se entenderÆ que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un tØrmino igual. // Vencidos los tØrminos establecidos en este artículo, sin que el petici onario haya cumplido el requerimiento, la autoridad

salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un tØrmino igual. // Vencidos los tØrminos establecidos en este artículo, sin que el petici onario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretarÆ el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificarÆ personalmente, contra el cual œnicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales”. 7 LEY 685 DE 2001, artículo 269. “Notificaciones. La notificación de las providencias se harÆ por estado que se fijarÆ por un (1) día en las dependencias de la autoridad minera. HabrÆ notificación personal de las que rechacen la propuesta o resuelvan las oposiciones y de las que dispongan la comparecencia o intervención de terceros. Si no fuere posible la notificación personal, se enviarÆ un mensaje a la residencia o negocio del compareciente si fueren conocidos y si pasados tres (3) días despuØs de su entrega, no concurriere a notificarse, se harÆ su emplazamiento por edicto que se fijarÆ en lugar pœblico por cinco (5) días. En la notificación personal o por edicto, se informarÆ al notificado de los recursos a que ti ene derecho por la vía gubernativa y del tØrmino para interponerlos”. 8 Archivo electrónico identificado con certificado D1359D645495 8D60 E1479CA40B5D2AFB 66DD1FE77D052F4D C760A339CBFFD1C2, ubicado en el índice 2 del exped iente digital en el aplicativo

8 Archivo electrónico identificado con certificado D1359D645495 8D60 E1479CA40B5D2AFB 66DD1FE77D052F4D C760A339CBFFD1C2, ubicado en el índice 2 del exped iente digital en el aplicativo Samai.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00867-01 (67099)

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celeridad y publicidad que orientan la función administrativa. La ANM no oto rgó un trato igualitario a la sociedad proponente en el proceso de declaratoria d e desistimiento de la propuesta de contrato de concesión. A pesar del retraso de dos aæos en el trÆmite de la concesión, la propuesta se declaró desistida, sin que la entidad haya actuado con la celeridad exigida ni haya corregido la fa lta de notificación en debida forma. La autoridad minera infringió la norma estatutaria sobre el derecho fundamental de petición y la notificación electrónica de las decisiones. La Ley 1755 de 2015 —art. 16— exige dejar constancia del envío y la recepción de comunicaciones electrónicas cuando el administrado acepta este medio. Aunque se indicó la dirección electrónica, autorizando su uso, la entidad no remitió las decisiones por es e canal, lo que quebrantó el principio de publicidad y afectó el derecho a contratar, al haberse declarado desistida la propuesta de contrato de concesión por una mora q ue no le era imputable9. La ANM transgredió de forma directa las normas procedimentales y el pri ncipio de prevalencia del derecho sustancial en materia minera. Desconoció lo dispuesto en

era imputable9. La ANM transgredió de forma directa las normas procedimentales y el pri ncipio de prevalencia del derecho sustancial en materia minera. Desconoció lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley 685 de 2001, que establece como finalida d del procedimiento garantizar el derecho del proponente a solicitar y ejecuta r eficazmente el contrato de concesión. La entidad emitió un requerimiento sin notificación vÆlida, lo que impidió su oponibilidad y lo utilizó como fundamento para declarar desistida la propuesta de concesión. La accionada vulneró el interØs contractual legítimo del solicitante en la et apa precontractual al finalizar de forma intempestiva el proceso de contratación. Mediante un requerimiento no publicitado, la entidad declaró desistida la propuesta, lo que impidió continuar con el perfeccionamiento del contrato. Esta actu ación configuró una culpa in contrahendo y generó un perjuicio que da lugar a una responsabilidad patrimonial del Estado. Por œltimo, la ANM violó el principio de especialidad y especificidad al aplicar normas generales sobre el derecho de petición y su cómputo, en lugar de la legislación especial correspondiente. Al fijar el plazo para que el proponente manifestara su aceptación del Ærea de concesión, se utilizó un tØrmino general, inapropiado segœn el artículo 273 del Código de Minas, que regula específicamente los tØrminos y su cómputo. AdemÆs, el auto No. 000799 de mayo de 2016 estableció un tØrmino de

9 En la demanda se indicó que el fundamento del cargo era el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015; sin embargo,

cómputo. AdemÆs, el auto No. 000799 de mayo de 2016 estableció un tØrmino de

9 En la demanda se indicó que el fundamento del cargo era el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015; sin embargo, del anÆlisis del argumento expuesto, la Sala advierte que en realidad corresponde al artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art. 1 de la Ley 1755 de 2015, referido al Contenido de las peticiones.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00867-01 (67099)

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un mes en días calendario, sin considerar los días hÆbiles, lo que contradijo la norma especial que fija el tØrmino en treinta días hÆbiles.

2. TrÆmite ante el Tribunal Administrativo de Bolívar 2.1 El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar, autoridad judicial que, en auto del 14 de noviembre de 201710, admitió la demanda, y ordenó su notificación personal y traslado por un plazo de treinta (30) días a la ANM, al Ministerio Pœblico y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado —ANDJE—, y dispuso su notificación por estado a la parte demandante. 2.2. La ANM no contestó la demanda11. 2.3. El 6 de marzo de 201912, el Tribunal fijó, como fecha para celebrar la audiencia inicial, el 30 de abril del mismo aæo, y reconoció personería al apoderado d e la ANM. En dicha diligencia, la referida autoridad tuvo como pruebas los docum entos

inicial, el 30 de abril del mismo aæo, y reconoció personería al apoderado d e la ANM. En dicha diligencia, la referida autoridad tuvo como pruebas los docum entos aportados al expediente, decretó una prueba testimonial, y fijó como fecha para celebrar la audiencia de pruebas, el 25 de julio siguiente13. 2.4. En la audiencia de pruebas, celebrada en la fecha antes indicada, el Tribunal (i) otorgó un plazo de dos (2) días, para que se allegaran los soportes de la prueba testimonial; (ii) cerró el debate probatorio, (iii) prescindió de la audiencia de alegatos y juzgamientos de conformidad con el artículo 181 del CPACA14, y (iv) corrió traslado a las partes para que, en un plazo de diez (10) días, presentaran sus alegatos d e conclusión15. 2.5. La ANM16 y EMMA 17 presentaron sus alegatos de conclusión y el Ministerio Pœblico guardó silencio en esta oportunidad procesal. 2.5.1. La ANM sostuvo, en síntesis, que reafirmaba la presunción de legalidad de

10 Archivo electrónico identificado con certificado CD3A857D6D48E0A3 C454D6E10FE314C6 60198FABB9EE5548 2B8176479F22702A, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 LEY 1437 DE 2011, artículo 181. “Audiencia de pruebas. n la fecha y hora seæaladas para el efecto y con la dirección del Juez o Magistrado Ponente, se recaudarÆn toda s las pruebas oportunamente solicitadas y

14 LEY 1437 DE 2011, artículo 181. “Audiencia de pruebas. n la fecha y hora seæaladas para el efecto y con la dirección del Juez o Magistrado Ponente, se recaudarÆn toda s las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas. La audiencia se realizarÆ sin interrupción dura nte los días consecutivos que sean necesarios, sin que la duración de esta pueda exceder de quince (15) días. // Las pruebas se practicarÆn en la misma audiencia, la cual excepcionalmente se podrÆ suspender en los siguientes casos: // 1. En el evento de que sea necesario dar traslado de la prueba, de su objeción o de su tacha, por el tØrmino fijado por la ley. // 2. A criterio del juez y cuando atendiendo la complejidad lo considere necesario. // En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, seæalarÆ fecha y hora para la audiencia de al egaciones y juzgamiento, que deberÆ llevarse a cabo en un tØrmino no mayor a veinte (20) días, sin perjuicio d e que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictarÆ sentencia en el tØrmino de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos. En las mismas oportunidades seæaladas para alegar podrÆ el Mi nisterio Pœblico presentar el concepto si a bien lo tiene”. 15 Ibidem. 16 Ibidem. 17 Ibidem.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00867-01 (67099)

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15 Ibidem. 16 Ibidem. 17 Ibidem.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00867-01 (67099)

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las Resoluciones Nos. 002713 del 10 de agosto de 2016 y 000500 del 28 de marzo de 2017, al concluir que su emisión se ajustó al marco normativo a plicable y el respeto del debido proceso administrativo. La actuación de la entidad se sustentó en la facultad legal para declarar el desistimiento tÆcito de solicitudes incompletas, conforme al artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 y a lo dispuesto en el Código de Minas. La presunta irregularidad alegada por la parte actora, consistente en la indebid a notificación del Auto GCM No. 000799 de 2016, carece de sustento dado que dicho auto corresponde a una actuación de trÆmite, cuya notificación se efectu ó vÆlidamente por estado, segœn lo previsto en el artículo 269 del Código de M inas. AdemÆs, el proponente incumplió con las cargas procedimentales que le eran exigibles, lo cual justificó plenamente la declaratoria de desistimiento. En consecuencia, los actos administrativos cuestionados se dictaron conforme a derecho, sin contravenir la normatividad superior ni los principios que rigen la actuación administrativa. 2.5.2. La sociedad EMMA insistió en los argumentos expuestos en la demanda en el sentido de que l a ANM incurrió en una serie de vulneraciones normativas al declarar el desistimiento de la propuesta de contrato de concesión, contrariando los

2.5.2. La sociedad EMMA insistió en los argumentos expuestos en la demanda en el sentido de que l a ANM incurrió en una serie de vulneraciones normativas al declarar el desistimiento de la propuesta de contrato de concesión, contrariando los principios constitucionales previstos en el artículo 209 de la Constitución. La autoridad minera no garantizó un trato equitativo ni actuó con la dilig encia exigida, omitiendo la notificación vÆlida del Auto No. 000799 de 2016 de manera personal y sin remitir comunicaciones electrónicas pese a la autorización expresa del proponente, en contravía del artículo 16 de la Ley 1755 de 201518. Dado que la notificación del referido requerimiento no se efectuó conforme a las formalidades legales exigidas, dicho acto administrativo, aunque vÆlido, carece de eficacia jurídica. En consecuencia, al no haberse perfeccionado su notificación, el acto no produce efectos legales. AdemÆs, desconoció lo dispuesto en el artículo 258 del Código de Minas, al impedir el ejercicio efectivo del derecho a contratar mediante un requerimiento carente de oponibilidad, lo cual dio lugar a una actuación intempestiva en la etapa precontractual que vulneró el interØs legítimo del solicitante. 2.6. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 001, profirió sentencia de primera instancia el 12 de febrero de 2021 19, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones cuestionadas, y ordenó su revocación en aquello relacionado con el

a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones cuestionadas, y ordenó su revocación en aquello relacionado con el

18 En el escrito de alegatos se indicó que el fundamento del cargo era el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015; sin embargo, del anÆlisis del argumento expuesto, la Sala advierte que en realidad corresponde al artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art. 1 de la Ley 1755 de 2015, referido al Contenido de las peticiones. 19 Archivo electrónico identificado con certificado E055D550A11 2C273 675A121CF5796884 705FDB1C2BD9E102 C0370D633502A907, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 13001-23-33-000-2017-00867-01 (67099)

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requerimiento para la aceptación de la modificación del Ærea a contratar. No obstante, negó el reconocimiento del daæo protestado por pØrdida de la oportunidad al no estar debidamente probado20. 2.7. El 15 de abril de 2021, la ANM presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y pidió su revocatoria con el fin de que se n egaran las pretensiones de la demanda21. 2.8. El Tribunal Administrativo de Bolívar concedió la alzada mediante proveído del 13 de mayo de 202122.

3. TramitØ ante el Consejo de Estado y declaratoria de nulidad de todo lo actuado por falta de competencia funcional del Tribunal Administrativo de

13 de mayo de 202122.

3. TramitØ ante el Consejo de Estado y declaratoria de nulidad de todo lo actuado por falta de competencia funcional del Tribunal Administrativo de Bolívar 3.1. El 20 de agosto de 2021 esta Corporación admitió el recurso de apelación formulado por la ANM23. 3.2. No obstante, al encontrarse el proceso para proferir la respectiva decisión de fondo, el Despacho sustanciador advirtió la existencia de una causal de nulidad por falta de competencia funcional del Tribunal Administrativo de Bolívar para conocer del asunto en primera instancia. Por lo tanto, mediante providencia del 8 de octubre de 202424, así lo declaró, con fundamento en las siguientes razones: 3.2.1. Como la demanda se presentó el 19 de septiembre de 2017, para ese momento la normativa vigente era el Código de Procedimiento Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo —CPACA—, sin las modificaciones respecto de la competencia, que la Ley 2080 de 2021 25 introdujo y que son aplicables para las demandas presentadas a partir del 25 de enero de 202226 .

20 Ibidem. 21 Archivo electrónico identificado con certificado 4C7B7F6E44D84 041 31F40342977D019C 57D4D72B16AB778B FC4D1F1FFB7637DC, ubicado en el índice 2 del exp ediente digital, en el aplicativo Samai. 22 Archivo electrónico identificado con certificado 2AB518215 84A03BC 4AB3007F7737D041 5D56809AA2A57D7E E3C3D033C2B6F267, ubicado en el índice 3 del e xpediente digital, en el aplicativo Samai.

5D56809AA2A57D7E E3C3D033C2B6F267, ubicado en el índice 3 del e xpediente digital, en el aplicativo Samai. 23 Archivo electrónico identificado con certificado 7DBB6114167 05E5F B44BD774D84C6DE6 05BC4893EC63B445 90BBF1A0786C1A12, ubicado en el índice 4 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 24 Archivo electrónico identificado con certificado B2034BC838 587D3A 9936E07B1564FDD5 725C8A330985C4F6 3096A66412CEC47F, ubicado en el índice 9 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 25 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -LEY 1437 DE 2011Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCIÓN”. 26 LEY 2080 DE 2021. “Artículo 86. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarÆn respecto de las demandas que se pre senten un aæo despuØs de publicada esta ley. // Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la ref orma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administr ativo, se aplicarÆn a partir de la publicación de la

nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la ref orma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administr ativo, se aplicarÆn a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trÆmites iniciados en vi gencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no seRadicado: 13001-23-33-000-2017-00867-01 (67099)

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3.2.2. La competencia para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en asuntos mineros, distintos de los contractuales, corresponde al Consejo de Estado en œnica instancia, en virtud del artículo 295 del Código de Minas —Ley 685 de 2001 27—. Lo anterior, en razón a que la Ley 1437 de 2011 —CPACA—, como norma general y posterior, guardó silencio sobre la competencia funcional en esta materia y no derogó ni modificó expresamente las disposiciones especiales previas. AdemÆs, el artículo 293 ejusdem dispone que las acciones relativas a contratos de concesión cuyo objeto sea la exploración y explotación de minas deberÆn ser conocidas, en primera instancia, por los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar donde se haya celebrado el respectivo contrato28. La anterior postura fue reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera, que reconoció el carÆcter subsidiario del CPACA frente a regímenes especiales como el minero29. 3.2.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar carecía de competencia funcional para

que reconoció el carÆcter subsidiario del CPACA frente a regímenes especiales como el minero29. 3.2.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar carecía de competencia funcional para conocer del caso presentado por la Constructora EMMA Ltda., relativo a la legalidad de actos administrativos expedidos en el trÆmite previo a la adjudicación de un contrato de concesión minera, razón por la cual le corresponde a esta Corporación asumir el conocimiento del asunto en œnica instancia. En consecuencia, (i) declaró la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolíva r, así como de todo lo actuado ante el Consejo de Estado; (ii) dispuso que las demÆs actuaciones realizadas ante el referido Tribunal conserven su validez, conforme a lo previsto en el artículo 138 del Código General del Proceso y, (iii) avocó el conocimiento del asunto para ser resuelto en œnica instancia.

III. CONSIDERACIONES

La Sala abordarÆ el siguiente orden para resolver el asunto puesto a su consideración: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5) conclusión y (6) costas.

hayan decretado pruebas. // De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. // En estos mismos procesos, los recursos interpuestos,

anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. // En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la prÆctica de pruebas decretadas, las audiencias convoc adas, las diligencias iniciadas, los tØrminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estØn surtiendo, se regirÆn por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los tØrminos, se promoviero n los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”. 27 LEY 685 DE 2001, artículo 295. “COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contrac tuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado