CE - Sentencia 13001233300020170090701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)

Actor: WALTER SIERRA PÉREZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MIN. DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTATemas: DAÑO DERIVADO DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS / DESPLAZAMIENTO FORZADO – Desplazamiento forzado de carácter masivo ocurrido en el corregimiento de Bajo Grande, municipio de San Jacinto, Bolívar / CADUCIDAD EN EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO - La cesación del desplazamiento forzado se produce cuando se verifica la superación del estado de vulnerabilidad, lo que comporta la consolidación o estabilización socioeconómica de la población afectada al retornar a su lugar de origen o reubicarse en un lugar en donde pueden habitar en unas condiciones dignas que garanticen su subsistencia / CADUCIDAD EN EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO - La Corte Constitucional en la sentencia SU-429 de 2024, reajustó la regla jurisprudencial, en el sentido de señalar que el juez de la causa debe considerar, en su análisis de las barreras de acceso a la administración de justicia que pudo

reajustó la regla jurisprudencial, en el sentido de señalar que el juez de la causa debe considerar, en su análisis de las barreras de acceso a la administración de justicia que pudo enfrentar la parte demandante, todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del desplazamiento forzado / ANÁLISIS DEL CON TEXTO COMO FACTOR DE PREVISIBILIDAD DEL DAÑO OCASIONADO POR EL TERCERO - El análisis de cumplimiento o incumplimiento del deber de prevención de las autoridades públicas respecto del desplazamiento, aunque este sea atribuible a un tercero, debe necesariamente partir del contexto en el cual ocurre. Ello implica valorar la coyunt ura de orden público, violencia sistemática y la condición socioeconómica e incluso geográfica del lugar donde tiene lugar el desplazamiento.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y negó las pretensiones de la demanda frente a las demás entidades demandadas.Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507) Actor: Walter Sierra Pérez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa

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I. SÍNTESIS DEL CASO

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I. SÍNTESIS DEL CASO

El 22 de octubre de 1999, integrantes de un grupo paramilitar incursionaron en el corregimiento de Bajo Grande, jurisdicción del municipio de San Jacinto (Bolívar), lugar en el que procedieron a quemar viviendas y a asesinar a cuatro personas, lo que generó el desplazamiento de varios pobladores, entre quienes se encontraban los aquí demandantes.

II. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

En escrito presentado el 29 de septiembre de 2017 (fls. 1 a 10 c. 1), los señores Walter Sierra Pérez, Bladimir Enrique Sierra Caro, María Ángel Sierra Caro y Mateo David Sierra Caro, por conducto de apoderado judicial (fl. 12 c. 1), interpusieron demanda en contra de la Nación -Ministerio del Interior, Ministerio de DefensaEjército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional - para que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

Primera: Que se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a pagar indemnización a los demandantes por concepto de perjuicios morales y materiales por haber incurrido en fallas en la prestación del servicio por acción y omisión, que dieron como resultado la masacre y el desplazamiento masivo, ocurrido el día 22 de octubre de 1999, en

concepto de perjuicios morales y materiales por haber incurrido en fallas en la prestación del servicio por acción y omisión, que dieron como resultado la masacre y el desplazamiento masivo, ocurrido el día 22 de octubre de 1999, en el asentamiento de BAJO GRANDE – BOLÍVAR, corregimiento del Municipio

de SAN JACINTO – BOLÍVAR, COLOMBIA.

Segunda: Ordenar a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación realizar las gestiones necesarias a fin de obtener de entidades nacionales e internacionales recursos que tengan vocación de reparación, conforme a lo que establezca la ley.

Tercera: Que se indexen las pretensiones.

En el acápite de la estimación razonada de la cuantía, se especificaron las pretensiones de índole económico, así:

Por concepto de perjuicios morales solicitaron una suma equivalente a cien (100) s.m.l.m.v., para cada uno; a título de “daño a la vida de relación” pidieron una suma equivalente a cien (100) s.m.l.m.v., para cada uno; por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se deprecó a favor de señor WalterRadicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507) Actor: Walter Sierra Pérez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa

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Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa

3 Sierra Pérez, la suma de $402’377.219 y a título de daño emergente, la suma de $4’053.000.

Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron, en síntesis, los siguientes:

Mis poderdantes WALTER SIERRA PÉREZ, BLADIMIR ENRIQUE SIERRA CARO, MARÍA ÁNGEL SIERRA CARO Y MATEO DAVID SIERRA CARO, vivían en el Corregimiento de BAJO GRANDE – Bolívar hasta el día 22 de octubre fecha en que se vieron obligados a abandonar sus tierras, d ados los hechos en los que terminaron cuando mis poderdantes se vieron obligados a abandonar sus hogares, animales y todo lo que habían trabajado hasta ese momento por las amenazas y demás hechos acaecidos.

Los demandados LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, supieron todo el tiempo los hechos que se llevaban a cabo en la zona y no intervinieron para salvaguardar los derechos de lo s convocantes, sino que por el contrario colaboraron para llevar a cabo esos delitos, los miembros de EL MINISTERIO DEL INTERIOR, LA ARMADA NACIONAL, EL EJÉRCITO NACIONAL y la POLICÍA NACIONAL, fueron testigos presenciales de los hechos, luego entonces tod os colaboraron de manera activa en la

miembros de EL MINISTERIO DEL INTERIOR, LA ARMADA NACIONAL, EL EJÉRCITO NACIONAL y la POLICÍA NACIONAL, fueron testigos presenciales de los hechos, luego entonces tod os colaboraron de manera activa en la masacre y el desplazamiento forzado que se llevó a cabo el día 22 de octubre de 1999.

Debido a las fallas en la prestación del servicio por acción y omisión, por parte de LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, que dieron como resultado la masacre y el desplazamien to forzado el día 22 de octubre de 1999, en hechos ocurridos en el Corregimiento de BAJO GRANDE – Bolívar, hombres fuertemente armados pertenecientes al Grupo armado al margen de la ley, comandados por SERGIO MANUEL CÓRDOBA ÁVILA, alias “El Gordo”, pertene cientes al Bloque Norte de las “Autodefensas Unidas de Colombia AUC”, paramilitares al mando de SALVATORE MANCUSO, llegaron al corregimiento de BAJO GRANDE – Bolívar, con el objeto de secuestrar, desplazar y darle muerte a los habitantes del corregimiento donde vivían mis poderdantes y sus grupos familiares, también los obligaron a salir de su hogar amenazándolos diciéndoles que si regresaban los matarían también.

Los grupos paramilitares y los agentes del Estado, procedieron a reunir la población en la plaza y con una lista en mano empezaron a llamar a los habitantes dándole muerte a cuatro (4) miembros de la comunidad de nombre,

Los grupos paramilitares y los agentes del Estado, procedieron a reunir la población en la plaza y con una lista en mano empezaron a llamar a los habitantes dándole muerte a cuatro (4) miembros de la comunidad de nombre,

FRANKLIN BOLAÑOS RIVERA, RAFAEL ANT ONIO CASTELLAR TORRES,

MARCOS MANUEL RIVERA ARIÑA, ANTONIO DE JESÚS RIVERA ARIÑA y

FELIPE MARÍA GARCIA MARTÍNEZ, (Q.E.P.D.).

Los demandantes fueron víctimas del robo de su ganado vacuno, porcino caballar, lanar, fueron incendiadas todas las hortalizas, rosas de agricultura, minadas sus parcelas, se perdieron todas las aves de corral.

Mis poderdantes junto a sus hijos, se encuentran incluidos en el Registro Único de Población Desplazada de Vivanto.

(…)

Los convocantes no han podido volver al corregimiento a su vida productiva anterior, a volver a hacer lo que saben y donde realmente se sienten realizados,Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507) Actor: Walter Sierra Pérez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa

4 por temor a represalias, actualmente están diseminados en todo el mundo donde no se han podido adaptar.

2.- El trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante

4 por temor a represalias, actualmente están diseminados en todo el mundo donde no se han podido adaptar.

2.- El trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante providencia del 13 de febrero de 2018, que se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fls. 25 a 26 c. 1).

La Policía Nacional contestó oportunamente la demanda, para lo cual señaló que, de acuerdo con el acervo probatorio y las circunstancias fácticas descritas por la parte actora, no le asistía responsabilidad por cuanto el hecho dañoso no provino de una actu ación y omisión que le fuera atribuible, ya que no existía prueba que permitiera determinar que el desplazamiento sufrido por los actores proviniera de su mal funcionamiento.

En virtud de lo anterior, alegó que en el presente caso se configuraba la causal eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un tercero y aseguró que se daban los presupuestos de ese medio exceptivo, esto es, la irresistibilidad, la exterioridad y la imprevisibilidad (fls. 38 a 53 c. 1).

El Ministerio del Interior contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y, en síntesis, argumentó que no tenía relación con las causas determinantes que produjeron los hechos dañosos que se alegaban en el libelo introductorio, los cuale s fueron realizados en todo caso por terceros ajenos a la administración.

Adicionalmente, propuso las siguientes excepciones:

• Caducidad del medio de control de reparación directa, porque los hechos

introductorio, los cuale s fueron realizados en todo caso por terceros ajenos a la administración.

Adicionalmente, propuso las siguientes excepciones:

• Caducidad del medio de control de reparación directa, porque los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 1999 y la demanda fue interpuesta el 29 de septiembre de 2017, cuando ya habían transcurrido los dos años establecidos en la ley.

• Falta de legitimación en la causa por pasiva, en consideración a que no estaba dentro de sus funciones, según la Constitución y la ley, el control directo del orden público, el cual estaba radicado en cabeza del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Policía Nacional (fls. 61 a 74 c. 1).Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507) Actor: Walter Sierra Pérez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa

5 Al contestar la demanda, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Armada Nacionalse opuso a las pretensiones, porque los daños se produjeron como consecuencia de la incursión de un grupo al margen de la ley, lo cual configuraba la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero.

Propuso las siguientes excepciones:

• Caducidad, porque a pesar de que el desplazamiento se trataba de un daño continuado, no quería decir que no operara la caducidad, porque en la zona donde

Propuso las siguientes excepciones:

• Caducidad, porque a pesar de que el desplazamiento se trataba de un daño continuado, no quería decir que no operara la caducidad, porque en la zona donde ocurrieron los hechos se crearon condiciones para que los afectados pudieran volver a sus lugares de origen, dado que el Gobierno Nacional creó políticas de atención y protección de la población desplazada -restitución de tierras, proceso de justicia y paz y otros mecanismos que buscaban el restablecimiento de sus condiciones de vida-.

• Falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el Ejército Nacional y la Armada Nacional no tenían funciones de seguridad y protección personal para el grupo demandante, las cuales se encontraban en cabeza de los organismos de seguridad y de policía.

• Hecho de un tercero, en consideración a que la entidad no era responsable de la conducta causada por un grupo al margen de la ley (fls. 101 a 112 c. 1).

3. Audiencia inicial

El 14 de octubre de 2020, se realizó la audiencia inicial, oportunidad en la que se procedió al saneamiento del proceso. Posteriormente, se fijó el litigio en los siguientes términos:

¿Determinar si debe ser declarada la responsabilidad extracontractual de las accionadas, por el desplazamiento forzado de los demandantes, y si el daño antijurídico es imputable a las entidades demandadas?

Acto seguido, se declaró fracasada la etapa de conciliación, por no existir ánimo de concertación entre las partes. Se tuvieron como pruebas las documentales allegadas con la demanda y sus respectivas contestaciones y se decretó la prueba

Acto seguido, se declaró fracasada la etapa de conciliación, por no existir ánimo de concertación entre las partes. Se tuvieron como pruebas las documentales allegadas con la demanda y sus respectivas contestaciones y se decretó la prueba testimonial solicitada en la demanda (fls. 186 a 195 c. 1).

El 20 de mayo de 2021 se adelantó la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, en desarrollo de la cual se corrió traslado a los sujetosRadicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507) Actor: Walter Sierra Pérez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa

6 procesales de las pruebas documentales aportadas por las partes. No se recepcionó la prueba testimonial por falta de asistencia de los declarantes. Adicionalmente, se ordenó a las partes que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito (fls. 209 a 214 c. 1).

La parte demandante manifestó que las demandadas tenían conocimiento de la situación de vulnerabilidad del corregimiento de Bajo Grande, Bolívar, puesto que no se trató de un hecho aislado, sino parte de un desplazamiento sistemático en toda la región, pue s un mes antes ocurrió un desplazamiento en el corregimiento de Las Palmas, el cual se encontraba a pocos metros de distancia (fls. 232 a 238 c. 2).

toda la región, pue s un mes antes ocurrió un desplazamiento en el corregimiento de Las Palmas, el cual se encontraba a pocos metros de distancia (fls. 232 a 238 c. 2).

En su intervención, el Ministerio del Interior insistió en que no le asistía legitimación en la causa por pasiva, porque no le correspondía el control del orden público; además, indicó que se había configurado la caducidad del medio de control, en consideración a que los demandantes conocieron de la participación del Estado por omisión, el mismo día de ocurrencia de los hechos, sin que las pruebas obrantes en el proceso demostraran la ocurrencia de alguna circunstancia desde el punto de vista material que l es hubiera impedido el acceso a la Administración de Justicia (fls. 216 a 219 c. 2).

En esta oportunidad, la Policía Nacional sostuvo que no obraba prueba en el expediente que permitiera determinar que el desplazamiento forzado sufrido por los demandantes proviniera de un mal funcionamiento de la institución, sino que fue ocasionado por un grupo al margen de la ley, lo que configuraba la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero (fls. 221 a 226 c. 2).

El Ministerio de Defensa -Ejército Nacional – Armada Nacionalargumentó que la parte actora no probó la existencia de amenazas y tampoco una solicitud de protección frente al peligro que presuntamente corrían sus vidas (fls. 228 a 230 c. 2).

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de

2).

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasivaRadicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507) Actor: Walter Sierra Pérez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa

7 del Ministerio del Interior y negó las pretensiones de la demanda frente a las demás entidades demandadas.

En cuanto a la caducidad del medio de control, consideró que el Ministerio de Defensa no aportó pruebas que demostraran que, en efecto, estaban dadas las condiciones para que los demandantes regresaran a su lugar de origen, porque el Gobierno Nacional habr ía creado aparentemente sendas políticas de atención y protección a la población desplazada -restitución de tierras y proceso de justicia y paz-.

Al lado de lo anterior, puntualizó que no se demostró que la parte actora hubiera retornado al lugar del que fueron desplazados, ni tampoco que se arraigaron en otro lugar del país o que se hubiera producido el restablecimiento de sus condiciones de vida.

De otra parte, sostuvo que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio del Interior tenía vocación de prosperidad, en

otro lugar del país o que se hubiera producido el restablecimiento de sus condiciones de vida.

De otra parte, sostuvo que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio del Interior tenía vocación de prosperidad, en atención a que los argumentos planteados en la demanda, no correspondían con las funciones que ejecutaba esta entidad.

En cuanto al fondo del asunto, precisó que se encontraba demostrado el daño alegado en la demanda, pues en la herramienta tecnológica VIVANTO, la cual era administrada por la Red Nacional de Información de Víctimas de la Violencia, se apreciaba que los act ores se encontraban incluidos en el Registro Único de Víctimas -RUVdesde el 1º de diciembre de 2014, por el hecho victimizante del desplazamiento forzado ocurrido el 22 de octubre de 1999, lo que también resultaba corroborado con la certificación expedida por el Personero Municipal de San Jacinto (Bolívar) y con el oficio de 3 de febrero de 2021, Radicado No. 20211123149571, expedido por el Coordinador – Grupo Defensa Judicial – Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Frente a la imputación, argumentó que no se allegó prueba alguna que indicara que en el desplazamiento forzado hubo participación activa de miembros de la fuerza pública, razón por la cual lo manifestado por los actores en la demanda no dejaba de ser una simple afirmación sin sustento ni soporte probatorio alguno.

En el mismo sentido, advirtió que tampoco fue acreditado que las demandadas

pública, razón por la cual lo manifestado por los actores en la demanda no dejaba de ser una simple afirmación sin sustento ni soporte probatorio alguno.

En el mismo sentido, advirtió que tampoco fue acreditado que las demandadas tuvieran conocimiento de la situación de vulnerabilidad de los demandantes frenteRadicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507) Actor: Walter Sierra Pérez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa

8 a grupos armados ilegales, en razón de amenazas o por el riesgo en que se encontraba la población civil en la zona.

Con fundamento en los anteriores argumentos, concluyó que no les asistía responsabilidad a las demandadas a título de falla en el servicio por acción u omisión en el deber de protección, toda vez que las pruebas obrantes en el plenario no daban certeza de que tuvieran conocimiento previo de alguna situación de riesgo de los demandantes o de una solicitud de protección que hubiera sido desconocida (Samai-Índice 002 Tribunal)1.

4. El recurso de apelación

De manera oportuna, la parte demandante impugnó la decisión de primera instancia, porque el a quo no tuvo en cuenta que antes del suceso, la Fuerza Pública no desarrollaba actuaciones militares en la zona, a pesar de que “ la situación de vulnerabilidad se presumía cognoscible y previsible ” en el corregimiento de Bajo Grande, municipio de San Jacinto – Bolívar.

Pública no desarrollaba actuaciones militares en la zona, a pesar de que “ la situación de vulnerabilidad se presumía cognoscible y previsible ” en el corregimiento de Bajo Grande, municipio de San Jacinto – Bolívar.

Sostuvo que en la orden fragmentaria 049 de 25 de octubre de 1999 se hizo referencia a los desplazamientos ocurridos en las Palmas y Bajo Grande; por tanto, tenía que descartarse la falta de conocimiento de las autoridades sobre la situación de vulnerabilidad de los habitantes del corregimiento de Bajo Grande, más cuando a la zona se habían movilizado unidades militares desde el 8 de octubre de 1999.

Igualmente, expresó su discrepancia con la sentencia de primera instancia porque las unidades militares tenían conocimiento del desplazamiento ocurrido en el corregimiento de Las Palmas y de la incursión de grupos subversivos en la zona desde 1994, por lo que era evidente que la población del corregimiento de Bajo Grande se encontraba en situación extraordinaria de riesgo y, en este sentido, no era un requisito indispensable la interposición de denuncias.

Destacó que en el “informe del observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, publicado en 2004” se señaló que “En Montes de María la mayor intensidad de la violencia producida por las autodefensas y las guerrillas se registró entre 1999 y 2000” y que “Han sido especialmente afectados Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, así como María la Baja”, situación que corroboraba que el desplazamiento forzado objeto de la demanda, no se trató de

San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, así como María la Baja”, situación que corroboraba que el desplazamiento forzado objeto de la demanda, no se trató de

1 ED_38SENTENCIA(.pdf) NroActua 2Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507) Actor: Walter Sierra Pérez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa

9 una situación aislada, sino que fue sistemática; por tanto, al ser una población en situación extraordinaria de riesgo, debió ser atendida con prioridad y diligencia por parte de las entidades demandadas.

Por último, señaló que “el desplazamiento ocurrido en el corregimiento de Bajo Grande debe ser evaluado con subjetividad y analizando el contexto social que tenía la población, donde se incluía desplazamientos sistematizados, muertes y violencia por parte de grupos armados insur gentes, lo que según las pruebas aportadas no era desconocido por parte del Estado, incluso el mismo estaba haciendo labores de vigilancia en la región (Samai-Índice 002 Tribunal)2.

5. El trámite en segunda instancia

El 31 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar concedió la apelación interpuesta (Samai -Índice 002 Tribunal) 3. El recurso fue admitido por esta Corporación el 14 de marzo de 2023, además se consideró que no había lugar a

interpuesta (Samai -Índice 002 Tribunal) 3. El recurso fue admitido por esta Corporación el 14 de marzo de 2023, además se consideró que no había lugar a dar traslado para alegar de conclusión, por lo que se pasó el expediente para dictar sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 247-5 de la Ley 1437 de 2011 (Samai-Índice 006 CE).

El Ministerio Público sostuvo que operó el fenómeno de la caducidad, en consideración a que desde el momento mismo de los hechos los demandantes consideraron que hubo un actuar omisivo de la Fuerza Pública, dado que en esa fecha se configuró el daño que produjo el desplazamiento, esto es, las ejecuciones sumarias de pobladores del corregimiento de Bajo Grande, aspecto que incidió en la decisión de abandonar el pueblo para poder salvaguardar sus vidas, incluso los actores afirmaron que el Ejército Nacional t enía conocimiento de la situación de riesgo en que se encontraba la población por diversos hechos de violencia acaecidos con anterioridad a dicha fecha en otros corregimientos del mismo municipio, como en el corregimiento Las Palmas un mes antes, al punto de que consideran que si se hubiera prestado una debida protección no habrían ocurrido los trágicos hechos del 22 de octubre de 1999.

Finalmente, explicó que también se debía considerar si los afectados estaban en imposibilidad material para acudir a la jurisdicción, en atención a la situación de desplazamiento; sin embargo, no era posible presumirlo y se debía probar

2 ED_42APELACIONSENTENCIA(.pdf) NroActua 2

imposibilidad material para acudir a la jurisdicción, en atención a la situación de desplazamiento; sin embargo, no era posible presumirlo y se debía probar

2 ED_42APELACIONSENTENCIA(.pdf) NroActua 2 3 ED_46AUTOCONCEDERECURS(.pdf) NroActua 2Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507) Actor: Walter Sierra Pérez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa

10 debidamente, pero esa circunstancia no fue expuesta ni demostrada en el plenario por la parte demandante (Samai-Índice 0012 CE).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, debido al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la cuantía 4, en razón a que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda (29 de septiembre de 2017) 5, para que un proceso de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación.

2.- El ejercicio oportuno de la acción

(29 de septiembre de 2017) 5, para que un proceso de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación.

2.- El ejercicio oportuno de la acción

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

En el presente asunto, para la época de ocurrencia de los hechos –22 de octubre de 1999-, estaba vigente el artículo 136 del Decreto 01 de 1984 6, que establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de 2 años,

4 Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se solicitó para el señor Walter Sierra Pérez la suma de $402’377.219. 5 Para la fecha de presentación de la demanda equivalían a $368’858,500. 6 Decreto 1 de 1984: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> “(…)

6 Decreto 1 de 1984: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> “(…) “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507) Actor: Walter Sierra Pérez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa

11 contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho u omisión al que se atribuye el daño, en este caso, determinado por el desplazamiento forzado de los demandantes, hechos que tuvieron lugar, según la demanda, por la omisión del Estado de velar por la protección de sus asociados.

Es importante resaltar que la Sección Tercera de esta Corporación unificó su jurisprudencia en lo concerniente a la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y