CE - Sentencia 13001233300020170095501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 13001233300020170095501 (69935)

Demandante: GABRIEL ARTURO GARCÍA TAPIA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Y

OTRO

Tema: Responsabilidad del Estado por lesiones físicas causadas a menor de edad . Activación de mina antipersonal instalada por grupos subversivos. Graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Amputación de miembro inferior izquierdo y lesión escrotal. Límites al recurso de apelación. Omisión en la adopción de medidas de prevención y precaución para alertar a la población civil sobre presencia de minas antipersonales. No se acreditó una falla del servicio. No se probó un riesgo excepcional. Hecho exclusivo y determinante de un tercero. Remisión al DAICMA. Sin costas en segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El 15 de marzo de 2015, Gabriel Arturo García Tapi a pisó una mina antipersona l

Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El 15 de marzo de 2015, Gabriel Arturo García Tapi a pisó una mina antipersona l mientras se desplazaba por un camino “maltrecho” circundante a un predio rural de propiedad de su familia, ubicado en el municipio de Norosí (Bolívar). Como consecuencia de este lamentable hecho, el menor García Tapia sufrió graves lesiones en su miembro inferior derecho y en su testículo izquierdo.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el municipio de Norosí (Bolívar) son patrimonialmente responsables por2

Radicado: 13001233300020170095501 (69935)

Demandante: Gabriel Arturo García Tapia y otros

las lesiones ocasionadas a Gabriel Arturo García Tapia, pues alegan que ellas se produjeron porque i) las demandadas no adoptaron medidas de precaución y prevención para alertar a la población civil sobre la presencia de minas antipersonales en el área donde ocurrió el siniestro y ii) el artefacto explosivo “iba dirigido a miembros de la fuerza pública con el fin de ocasionarles daño o la muerte”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 15 de diciembre de 2016 1, Manuel Gregorio García Solipa y Maritza de Jesús Tapia Ayala, en nombre propio y en representación de Yovanis Andrés García Tapias; y Gabriel Arturo, Roger Miguel, Blanca Rosa, Donaldo Darío, Yarisnela, Jhony William, Jhon Jaider, Ludis María, Hernán Dar ío y Germán Ramón García

Tapias; y Gabriel Arturo, Roger Miguel, Blanca Rosa, Donaldo Darío, Yarisnela, Jhony William, Jhon Jaider, Ludis María, Hernán Dar ío y Germán Ramón García Tapia, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (en adelante la “Policía Nacional” ) y del municipio de Norosí (Bolívar), para que se les declarara patrimonialmente responsables por las lesiones físicas sufridas por el menor Gabriel Arturo García Tapia.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la s entidades demandadas a pagar a cada uno de los accionantes, por perjuicios morales, 400 SMMLV; por daño a la vida de relación, 400 SMLMV; y por daño a bienes convencional y constitucionalmente protegidos, daño emergente y lucro cesante, las sumas que resulten probadas en el proceso.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que , el 15 de marzo de 2015, Gabriel Arturo García Tapia pis ó una mina antipersonal mientras se desplazaba por un camino “maltrecho” circundante a un predio rural de propiedad de su familia, ubicado en el municipio de Norosí (Bolívar).

1 1 a 26, C.1.3

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Demandante: Gabriel Arturo García Tapia y otros

Refiere que, por lo anterior, el menor García Tapia fue conducido a la E.S.E. Hospital la Divina Misericordia de Norosí (Bolívar) donde, tras ser valorado por el personal

Demandante: Gabriel Arturo García Tapia y otros

Refiere que, por lo anterior, el menor García Tapia fue conducido a la E.S.E. Hospital la Divina Misericordia de Norosí (Bolívar) donde, tras ser valorado por el personal médico de esa institución, fue diagno sticado con una amputación traumática del miembro inferior derecho y una lesión escrotal.

Concluye que, como consecuencia de dicho insuceso, Gabriel Arturo García Tapia “perdió” su pie derecho y sufrió lesiones en su testículo izquierdo.

Los demandantes consideran que la Policía Nacional y el municipio de Norosí son patrimonialmente responsables por las lesiones causadas a Gabriel Arturo García Tapia, pues afirman que ellas s e ocasionaron por que i) las demandadas no adoptaron medidas de precaución y prevención para alertar a la población civil sobre la presencia de minas antipersonales en el área donde ocurrió el siniestro y ii) el artefacto explosivo “iba dirigido a miembros de la fuerza públ ica con el fin de ocasionarles daño o la muerte”.

2. Contestación

El 2 de abril de 20182 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y ordenó su notificación a la s entidades accionadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al ministerio público.

2.1. La Policía Nacional3 se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se acreditó la falla del servicio, ni tampoco un vínculo causal existente entre la omisión alegada y las lesiones físicas sufridas por el menor. Además, afirmó que el hecho lesivo no le era

servicio, ni tampoco un vínculo causal existente entre la omisión alegada y las lesiones físicas sufridas por el menor. Además, afirmó que el hecho lesivo no le era imputable, en tanto este se produjo por el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

2.2. El municipio de Norosí, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (en adelante la “ANDJE”) y el ministerio público guardaron silencio.

2 Fl. 72 a 74, C.1. 3 Fl. 83 a 89, C.1.4

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Demandante: Gabriel Arturo García Tapia y otros

3. Audiencia inicial

El 8 de mayo de 20194, el Tribunal Administrativo de Bolívar celebró audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría a determinar si, en efecto, “son patrimonialmente responsables las autoridades demandadas debido a los daños sufridos por los demandantes con ocasión de la detonación de un artefacto explosivo instalado por grupos subversivos de la zona (sic) y en el cual resultó herido el demandante”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 6 de agosto de 20195 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La Policía Nacional 6 reiteró lo expuesto en el escrito de contestación a la demanda.

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La Policía Nacional 6 reiteró lo expuesto en el escrito de contestación a la demanda.

4.2. El municipio de Norosí 7 argumentó que el daño alegado no le era imputable toda vez que no tuvo injerencia en su causación. En sustento, afirmó que frente a ese ente territorial no se s atisfacía el presupuesto procesal de legitimación en la causa por pasiva.

4.3. La parte demandante, la ANDJE y el ministerio público guardaron silencio.

4 Fl. 106 a 108, C.1. 5 Fl. 119 a 121, C.1. 6 Fl. 125 a 127, C.1. 7 Fl. 128 a 135, C.1.5

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5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de mayo de 20228, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, pues consideró que los medios de convicción no permitieron acreditar que el artefacto que causó las lesiones al menor fue instalado por las autoridades demandadas, así como tampoc o que estas hubieran conocido con antelación a la ocurrencia del siniestro de la presencia de este tipo de explosivos en la zona. Agregó, además, que las lesiones sufridas por el menor tampoco resultaban atribuibles al Estado a título de riesgo excepcional , toda vez que no se acreditó que “la mina antipersonal hubiere tenido como destino a miembros de la Policía Nacional o alguna entidad pública”.

tampoco resultaban atribuibles al Estado a título de riesgo excepcional , toda vez que no se acreditó que “la mina antipersonal hubiere tenido como destino a miembros de la Policía Nacional o alguna entidad pública”.

6. Recurso de apelación

El 8 de marzo de 20239, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 9 de mayo de 202310 y admitido el 8 de junio siguiente11.

6.1. La recurrente 12 afirmó que las lesiones físicas sufridas p or el menor eran imputables a la Policía Nacional toda vez que no adoptó medidas de precaución y prevención para alertar a la población civil sobre la presencia de minas antipersonales en el área donde ocurrió el accidente y porque el artefacto explosivo “fue dirigido contra miembros de la fuerza pública”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 13 y habida cuenta que no se

8 Fl. 156 a 179, C.1. 9 Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado 10 Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado 11 Índice No. 4, SAMAI – Consejo de Estado 12 Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado 13 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará6

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sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará6

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Demandante: Gabriel Arturo García Tapia y otros

decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 1 3 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación14, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 152 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrati vo, según lo dispone el artículo 140 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán

Administrativo.

de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recu rso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia”. 14 La pretensión mayor de la demanda se estimó en 5200 SMLMV por concepto de perjuicios morales. 15 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imput able a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del7

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El medio de control procedente es el de reparación directa, puesto que se pretende la reparación de un daño por hechos imputables a la Policía Nacional y al municipio de Norosí.

El medio de control procedente es el de reparación directa, puesto que se pretende la reparación de un daño por hechos imputables a la Policía Nacional y al municipio de Norosí.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal16.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el t iempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 17, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de

daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 16 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los inter eses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguie nte, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En est a medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En est a medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden públ ico lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”8

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Demandante: Gabriel Arturo García Tapia y otros

las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte , en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administr ación de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objet ivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y d e no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.9

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Demandante: Gabriel Arturo García Tapia y otros

reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley proce sal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo21, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento del medio de control de

de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento del medio de control de reparación directa, teniendo en cuenta: i) que el 15 de marzo de 2015, Gabriel Arturo García Tapia sufrió unas lesiones físicas por la activación de una mina antipersonal (hechos probado s 7.1.1. y 7.1.2. ); ii) que el 29 de julio de 2016 los accionantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 65 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bolívar 22, la cual se declaró fallida el 27 de septiembre siguiente 23; y iii) que la demanda se presentó el 15 de diciembre de 201624.

20 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin p resentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades proces ales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.

pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades proces ales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”. 21 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. 22 Fl. 58 a 60, C.1. 23 Fl. 58 a 60, C.1. 24 1 a 26, C.1.10

Radicado: 13001233300020170095501 (69935)

Demandante: Gabriel Arturo García Tapia y otros

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis25.

4.1. Gabriel Arturo García Tapia (víctima), Manuel Gregorio García Solipa (padre), Maritza de Jesús Tapia Ayala (madre) y, Yovanis Andrés, Roger Miguel, Blanca Rosa, Donaldo Darío, Yarisnela, Jhony William, Jhon Jaider, Ludis María, Hernán Darío y Germán Ramón García Tapia (hermanos), son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se d ebate en este proceso y están legitimados en la

Darío y Germán Ramón García Tapia (hermanos), son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se d ebate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, pues está acreditado que el primero fue quien resultó lesionado por la activación de una mina antipersonal (hecho s probados 7.1.1. y 7.1.2. ) y los demás conforman su núcleo familiar, según d an cuenta copias de sus correspondientes registros civiles de nacimiento26.

4.2. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, pues, además de los fines previstos en el artículo 213 27 de la Constitución Política, integra la Comisión Intersectorial Nacional para Acción contra las Minas Antipersonal y por ello, le corresponde, entre otras, promover las acciones para la destrucción de estos artefactos y realizar campañas de concientización sobre los mismos (artículos 5 y 6 de la Ley 759 de 2002 28). Además, por ser una de las autoridades a quien se le atribuye la causación del daño antijurídico alegado en la demanda.

25 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia de legitimación material en l a causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver

de legitimación material en l a causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18. 26 Fl. 38 a 52, C. 1. 27 Artículo 218: “La Ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestación y disciplinario”. 28 Por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal.11

Radicado: 13001233300020170095501 (69935)

Demandante: Gabriel Arturo García Tapia y otros

4.3. El municipio de Norosí está legitima do en la causa por pasiva porque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 de la Constitución Política, el alcalde es la primera autoridad de policía y, además, es quien le corresponde conservar el orden público del municipio. Además, por ser otr a de las autoridades a quien se le atesta la causación del menoscabo alegado, en tanto, a juicio de los accionantes ,

es la primera autoridad de policía y, además, es quien le corresponde conservar el orden público del municipio. Además, por ser otr a de las autoridades a quien se le atesta la causación del menoscabo alegado, en tanto, a juicio de los accionantes , las lesiones sufridas por el menor se produjeron porque el ente territorial no adoptó medidas de precaución y prevención para alertar a la población civil sobre la presencia de minas antipersonales en el área donde ocurrió el siniestro.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las lesiones sufridas por Gabriel Arturo García Tapia producto de la activación de una mina antipersonal son imputables a la Policía Nacional o si, por el contrario, estas se debieron al hecho exclusivo y determinante de un tercero.

No se e studiará la eventual responsabilidad que podría asistir le al municipio de Norosí frente a las lesiones sufridas por Gabriel Arturo García Tapia, pues ello no fue objeto de reparo en el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32829 del Código General del Proceso, exclusivamente habrá lugar a resolverse los cargos formulados contra la decisión recurrida.

6. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre i) la responsabilidad patrimonial del Estado; ii) la responsabilidad que a este le asiste por la acción de grupos armados insurgentes ; iii) la responsabilidad de la Administración por daños causados po r la instalación y/o

29 Artículo 328 . “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba

responsabilidad de la Administración por daños causados po r la instalación y/o

29 Artículo 328 . “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…) El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (…)”.12

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