CE - Sentencia 13001233300020170107201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 130012333000201701072-01 (68654)

Demandante: Jamer Ramón Herrera Arias y Sandra Patricia Mendoza

Mercado

Demandado: Nación – Ministerio del Interior, Nación -Ministerio de Defensa

– Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional

Proceso: Reparación directa

CADUCIDAD EN DESPLAZAMIENTO FORZADO -Alcance de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera d el Consejo de Estado. CADUCIDAD EN DESPLAZAMIENTO FORZADO-Al ser un daño continuado, el término se contará a partir de su consolidación. DECLARACIÓN DE PARTE-Valor probatorio. CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL -Es válida por autorización del poderdante. CONFESIÓN-Valor probatorio. COSTAS-Se imponen porque el recurso de apelación no prosperó.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad del medio de control, conforme a lo expuesto precedentemente.

el Tribunal Administrativo de Bolívar, que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad del medio de control, conforme a lo expuesto precedentemente.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa promovida por el Ministerio del Interior, conforme a lo expuesto precedentemente.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones de rigor, ARCHIVAR el expediente”.Radicación: 130012333000201701072-01 (68654)

Demandante: Jamer Ramón Herrera Arias y Sandra Patricia

Mendoza Mercado

Demandado: Nación – Ministerio del Interior, Nación -Ministerio

de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional

Proceso: Reparación directa

2

SÍNTESIS DEL CASO

El 22 de octubre de 1999 , un grupo ilegal al margen de la ley perpetró un acto de terrorismo contra la población del corregimiento de Bajo Grande, en el municipio de San Jacinto -Bolívar, situación que forzó a los demandantes a desplazarse de su lugar de origen.

ANTECEDENTES

El 24 de noviembre de 2017 1, Jamer Ramón Herrera Arias y Sandra Patricia Mendoza Mercado , a través de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio de l medio de control de reparación directa , con el fin de declarar patrimonialmente responsab les a la Nación – Ministerio del Interior, NaciónMendoza Mercado , a través de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio de l medio de control de reparación directa , con el fin de declarar patrimonialmente responsab les a la Nación – Ministerio del Interior, NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional. E n los siguientes términos se presentaron las pretensiones:

“PRIMERO: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a pagar indemnización integral a la víctima por concepto de Perjuicios morales y materiales por haber incurrido en fallas en la prestación del servicio por acción u omisión, que dieron como resultado la masacre y el desplazamiento masivo, ocurrido el día 22 de octubre de 1999, en el asentamiento de BAJO GRANDE – BOLÍVAR, corregimiento del Municipio de SAN JACINTO – BOLÍVAR, COLOMBIA.

SEGUNDO: Condenar a los demandados la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL a pagar a mi poderdante, por concepto de lucro cesante, daño emergente, daño moral, daño a la vida en relación, pérdida de oportunidad como consecuencia del desplazamiento forzado al que fue sometido.

TERCERO: Ordenar a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación realizar las gestiones necesarias a fin de obtener de entidades nacionales e internacionales recursos que tengan vocación de reparación, conforme a lo establezca la ley.

TERCERO: Ordenar a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación realizar las gestiones necesarias a fin de obtener de entidades nacionales e internacionales recursos que tengan vocación de reparación, conforme a lo establezca la ley.

CUARTO: En firme la sentencia, expídanse copias ante las autoridades correspondientes, con el fin de que sean restituidos los derechos de mis poderdantes”.

1 SAMAI, expediente digital, índice 2, ed_05actadereparto.Radicación: 130012333000201701072-01 (68654)

Demandante: Jamer Ramón Herrera Arias y Sandra Patricia

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Demandado: Nación – Ministerio del Interior, Nación -Ministerio

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Proceso: Reparación directa

3 (i) La cuantía de las pretensiones fue indicada en aparte separado dentro del documento de la demanda, suma que fue estimada en $464.321.962 por concepto de lucro cesante, $3.923.000 por pérdidas materiales y $287.094.800 por concepto de daño moral y daño a la vida en relación.

Hechos

La parte activa expuso, como hechos base de sus pretensiones , los que a continuación se relatan:

El 22 de octubre de 1999, un grupo armado al margen de la ley denominado Autodefensas de Colombia mató a cuatro personas en la plaza del corregimiento de Bajo Grande del municipio de San Jacinto -Bolívar. Según la parte actora, la actividad de este grupo criminal era conocida por agentes del Estado , quienes omitieron adelantar acciones para prevenirla. Como consecuencia de este hecho,

de Bajo Grande del municipio de San Jacinto -Bolívar. Según la parte actora, la actividad de este grupo criminal era conocida por agentes del Estado , quienes omitieron adelantar acciones para prevenirla. Como consecuencia de este hecho, los accionantes se vieron forzados a desplazarse de su vivienda y fueron víctimas del robo de ganado, animales de producción y productos vegetales.

El libelo alegó que las víctimas se encontraban inscritos en el Registro Único de Población Desplazada de Vivanto y que , al momento de la presentación de la demanda, no habían podido regresar a su lugar de asentamiento original.

Contestaciones de la demanda

Nación - Ministerio de Defensa Nacional–Policía Nacional2

Excepcionó hecho de un tercero y señaló que la Policía Nacional no se encontraba legitimada en la causa por pasiva, pues no había incurrido en algún acto u omisión que diera lugar a imputarle los perjuicios deprecados en la demanda.

NaciónMinisterio del Interior3

Propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva , en razón a que “el objeto

2 Documento 08 del Expediente digital, índice 2 de Samai. 3 Documento 09 del Expediente digital, índice 2 de SamaiRadicación: 130012333000201701072-01 (68654)

Demandante: Jamer Ramón Herrera Arias y Sandra Patricia

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Demandado: Nación – Ministerio del Interior, Nación -Ministerio

de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional

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4 de la presente demanda escapa a la competencia del Ministerio del Interior”.

de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional

Proceso: Reparación directa

4 de la presente demanda escapa a la competencia del Ministerio del Interior”.

Nación - Ministerio de Defensa Nacional–Ejército y Armada Nacional4

Solicitó que se integrara el litisconsorcio necesario con el Municipio de San Jacinto-Bolívar, donde se encuentra ubicado el corregimiento de Bajo Grande donde ocurrieron los hechos, en razón a que el alcalde de dicho ente territorial era la primera autoridad de policía obligada a tomar medidas para conservar la seguridad de los ciudadanos.

Igualmente, propuso como medio de defensa la caducidad, por considerar que , si bien el desplazamiento forzado se trataba de un hecho continuado, para el caso concreto las condiciones de seguridad en la región se habían restablecido, por lo que las razones que dieron lugar al traslado de su domicilio ya habían cesado y los demandantes bien pudieron retornar al lugar de origen.

Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que, según su dicho, ni el Ejército ni la Armada Nacional llevaron a cabo algún hecho u omisión que diera lugar a los perjuicios solicitados. Además de señalar que no es función de estos organismos garantizar la seguridad de los particulares, misión que es desempeñada por la Policía Nacional.

Sentencia de primera instancia

El 30 de septiembre de 2021 , el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia en l os términos transcritos al inicio de esta providencia , negando las pretensiones de la demanda.

Antes de abordar las razones por las cuales decidió lo anunciado, el juez de

sentencia en l os términos transcritos al inicio de esta providencia , negando las pretensiones de la demanda.

Antes de abordar las razones por las cuales decidió lo anunciado, el juez de primer grado estudió la procedencia de la caducidad en el caso concreto . Explicó que, teniendo en cuenta que el desplazamiento forzado era un hecho continuado , “se evidencia de un lado que la parte actora no ha logrado el retorno al lugar de origen conforme a la certificación expedida por el Personero Municipal de San

4 Documento 11 del Expediente digital, índice 2 de SamaiRadicación: 130012333000201701072-01 (68654)

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5 Jacinto (Bolívar); ni el arraigo por cuenta de su reubicación como lo observa la demandada, pues no aparecen pruebas como por ejemplo la adquisición de una vivienda; cuestión esta última que le concernía acreditar a quien alega la excepción, así como también la circunstancia de que en el lugar de los hechos del desplazamiento, se hubiere logrado el restablecimiento de las condiciones de vida de las personas afectadas, y aun considerando esa hipótesis, no sería posible declarar la caducidad, comoquiera que no existen fechas precisas en que supuestamente se dieron las condiciones para regresar al lugar de origen”.

Así, resolvió de fondo , negando las pretensiones de la demanda por considerar que no se había acreditado la imputación material para declarar la responsabilidad

supuestamente se dieron las condiciones para regresar al lugar de origen”.

Así, resolvió de fondo , negando las pretensiones de la demanda por considerar que no se había acreditado la imputación material para declarar la responsabilidad de las demandadas, toda vez que a partir de los elementos probatorios allegados al plenario no se lograba determinar que el daño sufrido por los demandantes fuera imputable a aquellas bajo el régimen de falla del servicio por omisión . Añadiendo que “en lo referente a la participación por activa de miembros de la fuerza pública en estos hechos, la Sala no encuentra acreditado este hecho, pues no se allegó prueba alguna que indique que en los desplazamientos forzados hubo participación activa de miembros de la fuerza pública”.

Recurso de apelación presentado por la parte demandante

La parte actora censuró el fallo de primera instancia por estimar que no se había tomado en consideración todo el acervo probatorio que daba cuenta de la responsabilidad en la que había incurrido el Estado, aseveración que sustentó así:

En el informe rendido por el Ministerio de Defensa en respuesta al oficio 788/2018, consta que las fuerzas militares no actuaron para prevenir los hechos ocurridos en el municipio de San Jacinto, “dando el resultado más cercano el municipio de Zambrano-Bolívar, municipio que según el informe del OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, publicado en 2004, no era uno de los municipios de mayor acción de los grupos insurgentes, lo cual indica un trato ineficiente de acciones tendientes a restaurar las condiciones en el municipio ”. Adicionando que “no obstante, no obra denuncia de la situación

2004, no era uno de los municipios de mayor acción de los grupos insurgentes, lo cual indica un trato ineficiente de acciones tendientes a restaurar las condiciones en el municipio ”. Adicionando que “no obstante, no obra denuncia de la situación presentada (…) esta situación se presume cognoscible y previsible en losRadicación: 130012333000201701072-01 (68654)

Demandante: Jamer Ramón Herrera Arias y Sandra Patricia

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6 municipios donde existe la presencia de estos grupos armados”.

Posteriormente, aludió a la orden fragmentaria 049 del 25 de octubre de 1999 “donde se hace alusión a los desplazamientos de las Palmas y Bajo Grande, y aunque la fecha de la orden es de 25 de octubre de 1999, es irrisorio pensar que siendo el desplazamiento de un corregimiento un evento de gran magnitud, los encargados de resguardar la seguridad e integridad de los individuos del estado, se hayan enterado de esta situación, casi un mes después del primer desplazamiento (…) una reacción más temprana y suficiente, hubiera evitado el desafortunado desenlace, por lo cual se deduce que hubo negligencia del estado por su reacción tardía”.

En esta línea, más adelante señaló: “se descarta la falta de conocimiento puesto que se observa que se habían desplazado a esta zona unidades militares desde el 8 de octubre de 1999, tal como se demuestra en la copia de orden de operaciones No. 66 / CBACIM31 -S3-375, tiempo prudente para conocer la situación real de

que se observa que se habían desplazado a esta zona unidades militares desde el 8 de octubre de 1999, tal como se demuestra en la copia de orden de operaciones No. 66 / CBACIM31 -S3-375, tiempo prudente para conocer la situación real de estos corregimientos, y para lograr ubicar la ruta que tomaron los responsables de la masacre y desplazamiento de Las Palmas. Por tal hecho reiteramos que las autoridades no fueron diligentes en su actuar y así evitar el desafortunado desplazamiento de la población del corregimiento de Bajo grande (Bolívar), de manera que si estaban haciendo estricta vigilancia de manera diligente, las autoridades se han debido dar cuenta que “un grupo de 50 “S” presuntos integrantes de Autodefensas, (copia Resumen diario de inteligencia del departamento de inteligencia BRIM1 del 25 de octubre de 1999), se infiltraran desplazando a la población”.

Señaló que la población de San Jacinto se encontraba en una “situación extraordinaria de riesgo” pues ya había ocurrido un desplazamiento en la zona de las Palmas’, ubicada cerca del corregimiento de Bajo Grande. Así mismo, relacionó unos “antecedentes jurisprudenciales”, como la sentencia No. 183 de 28 de agosto de 2018, del Juzgado 5 Administrativo de Cartagena, con radicado 13001-33-33-005-2015-00245-00, que cita el informe de OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, publicado en 2004, donde se señala que en 1999 el proceso de implantación d el grupo armadoRadicación: 130012333000201701072-01 (68654)

Demandante: Jamer Ramón Herrera Arias y Sandra Patricia

2004, donde se señala que en 1999 el proceso de implantación d el grupo armadoRadicación: 130012333000201701072-01 (68654)

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7 de las Autodefensas se torn ó especialmente violent o generando “durante varios años un grave problema de desplazamiento forzado en el departamento de Bolívar, ya que se concentra el 11% de los desplazamientos individuales y el 10 % de los desplazamientos masivos ocurridos en el país entre enero de 1994 y noviembre de 2004… En este periodo, La red de Solidaridad social registro un total de 124.388 personas expulsadas de los municipios de Bolívar en desplazamientos individuales y 39.957 en desplazamientos masivos”.

Mas adelante indicó “Si a esto se suma las acusaciones que debieron ser estudiadas por este Juzgado, donde se evidencia la responsabilidad de la infantería de marina en el desplazamiento del corregimiento de las Palmas (…) para lo cual se aporta la copia del periódico El Universal de Cartagena, en su edición digital bajo el título: “INFANTES DE MARINA, CAUSANTES DE ASESINATOS Y DESPLAZAMIENTO EN LAS PALMAS” (…) donde además de exponer que el siniestro fue cometido por infantes de marina que se hicieron pasar por un grupo armado ilegal, evidencia que eran comandados desde el corregimiento de Bajo Grande, hecho que señala una situación análoga en el

exponer que el siniestro fue cometido por infantes de marina que se hicieron pasar por un grupo armado ilegal, evidencia que eran comandados desde el corregimiento de Bajo Grande, hecho que señala una situación análoga en el corregimiento objeto de la demanda, sobre todo si se tiene en cuenta la proximidad de tiempo y lugar”.

Trámite de segunda instancia

El 22 de abril de 2022 , el Tribunal concedió el recurso de apelación 5 y el 17 de febrero de 2023 , el Despacho lo admitió6. Por auto de 23 de junio de 2023, el Despacho sustanciador profirió auto por el cual negó pruebas solicitadas en segunda instancia por improcedentes 7. El 26 de julio de 2023 se informó que el proceso había ingresado al Despacho para elaborar proyecto de sentencia8.

CONSIDERACIONES

1. Habida consideración que la demanda se presentó el 24 de noviembre de 2017, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

5 SAMAI, ED_44CONCEDEAPELACIONSE(.pdf) NroActua 2. 6 SAMAI, índice 4. 7 SAMAI, índice 11. 8 SAMAI, índice 15.Radicación: 130012333000201701072-01 (68654)

Demandante: Jamer Ramón Herrera Arias y Sandra Patricia

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8 Contencioso Administrativo , que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012 .

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8 Contencioso Administrativo , que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012 . Adicionalmente, conforme al artículo 306 del CPACA , en los aspectos no regulados se seguir á el Códig o General del Proceso 9, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1.Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción Contencioso Administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104

CPACA. En tal virtud, habida consideración que las entidades demandadas son de naturaleza estatal esta es la jurisdicción que debe conocer del asunto.

3. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del presente asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión mayor, que corresponde a $464’321.962, supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es $368’858.500, para el año de presentación de la demanda.

2. Medio de control procedente

4. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

2. Medio de control procedente

4. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo ilegal, en este caso por acciones y omisiones imputables a una entidad pública , de conformidad con el artículo 140 del CPACA.

9 Debe recordarse la providencia del Consejo de Estado, Sala Plena, Auto del 25 de junio 2014, M. P. Enrique Gil Botero, expediente 25000233600020120039501 (49299), en donde se indicó: “la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014”.Radicación: 130012333000201701072-01 (68654)

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9 En este sentido, las pretensiones se fundan en una supuesta acción u omisión de parte del Estado y como base de este petitum, relató hechos relacionados con el desplazamiento forzado sufrido por los demandantes, por lo que, en efecto, el medio de control procedente es la reparación directa, conforme se precisará. 2.1. Interpretación oficiosa de la demanda

desplazamiento forzado sufrido por los demandantes, por lo que, en efecto, el medio de control procedente es la reparación directa, conforme se precisará. 2.1. Interpretación oficiosa de la demanda

5. La Sala advierte que en la demanda no se elevaron pretensiones declarativas, situación que, en principio no es compatible con la naturaleza del medio de control impetrado.

6. Con el propósito de precisar el alcance y contenido de las súplicas invocadas, resulta menester acudir a la facultad oficiosa del juez para interpretar la demanda, desentrañar la verdadera intención del extremo activo, en desarrollo de lo cual corresponde encauzarlas en atención a los hechos y aspiraciones que le sirven de fundamento. Este ejercicio halla su razón de ser en la necesidad que el operador judicial esclarezca lo materialmente pretendido y determine el camino procesal idóneo para definir el conflicto. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado: “[Al] encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la cusa petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos”10.

7. El sistema legislativo procesal vigente igualmente ha consagrado ese mismo deber en el numeral 5 del artículo 42 del C.G.P., al tenor del cual le concierne al juez “[a]doptar las medidas (…) para (…) interpretar la demanda de manera que

7. El sistema legislativo procesal vigente igualmente ha consagrado ese mismo deber en el numeral 5 del artículo 42 del C.G.P., al tenor del cual le concierne al juez “[a]doptar las medidas (…) para (…) interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia”.

8. No obstante, la anterior garantía no puede traducirse en un desconocimiento del principio de congruencia, por cuya cuenta se altere la causa petendi. Subyace la obligación de analizar las particularidades de cada caso, si n apartarse o variar los

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019, expediente SL 960-2019, M.P. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez.Radicación: 130012333000201701072-01 (68654)

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10 elementos fácticos en que descansa la controversia, atendiendo al daño que se pide indemnizar y la fuente del que proviene.

9. Llegados a este punto de la controversia, la Sala encuentra que a partir de una interpretación armónica del libelo demandatorio, abordada desde una lectura integrada de las pretensiones y los fundamentos fácticos, se puede evidenciar que lo que procura la actora es la declaratoria de responsabilidad de los demandados por el hecho del desplazamiento forzado del cual presuntamente fueron víctimas .

integrada de las pretensiones y los fundamentos fácticos, se puede evidenciar que lo que procura la actora es la declaratoria de responsabilidad de los demandados por el hecho del desplazamiento forzado del cual presuntamente fueron víctimas . Así, es claro que se trata de un declarativo de responsabilidad patrimonial del Estado y, por este cauce se adelantará el análisis del sub lite.

3. Demanda en tiempo

10. El término para formular pretensiones en ejercicio del medio de control de reparación directa, según el artículo 164 numeral 2 literal i del CPACA, es de dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior.

11. La situación del desplazamiento forzado ha recibido un especial tratamiento por parte de la ley y la jurisprudencia. En esta materia, la Corte Constitucional profirió la Sentencia de Unificación 254 del 24 de abril de 2013, en donde analizó ampliamente la reparación integral y demás derechos que debían serle reconocidos a las víctimas de desplazamiento forzado, unificando la posición sobre el alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, en lo relativo a la indemnización administrativa a favor de las víctimas del mencionado delito.

En esta oportunidad, la Corte Constitucional también unificó la regla del conteo de la caducidad para las acciones derivadas de los hechos de desplazamiento forzado y, en esta medida, estableció:

“Ahora bien, teniendo en cuenta que por primera vez la Corte Constitucional, a través de una sentencia de unificación de su jurisprudencia, fija el sentido y

forzado y, en esta medida, estableció:

“Ahora bien, teniendo en cuenta que por primera vez la Corte Constitucional, a través de una sentencia de unificación de su jurisprudencia, fija el sentido y alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena precisa que los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales ante la jurisdicción contenciosoRadicación: 130012333000201701072-01 (68654)

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11 administrativa, sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse, como antes se explicó, de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta”.

En mérito de lo anotado, resolvió:

“VIGÉSIMO CUARTO. - DETERMINAR que para efectos de la caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta”.

cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta”.

Así, la regla impuesta por esta providencia consistió en que el término de la caducidad del medio de control de reparación directa, que como se anunció previamente, corresponde a dos años, se contaría desde la ejecutoria de la sentencia. Dicha ejecutoria se produjo el 19 de mayo de 2013, día en que se publicó la providencia en un periódico de amplia circulación del país, tal como lo indicó la misma Corte en el Auto 182 del 13 de junio de 201411.

12. En este sentido, los interesados cuyos hechos hubieran ocurrido antes de la ejecutoria de la sentencia, tenían hasta el 19 de mayo de 2015 para acudir ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Salvo que el hecho del desplazamiento forz ado no hubiera cesado, pues debe recordarse que: “el desplazamiento forzado constituye un daño continuado, en virtud del cual el término de caducidad de la demanda de reparación se cuenta a partir de la condena de sus responsables o desde el momento en el que este cesa, lo primero que ocurra, es decir, cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno o el restablecimiento al lugar de origen, independientemente de que los afectados procedan o no de conformidad”12 o cuando “se logra la consolidación y estabilización

11 Cabe anotar que la fecha del 19 de mayo de 2013 ha sido tenida en cuenta para el conteo de la caducidad

origen, independientemente de que los afectados procedan o no de conformidad”12 o cuando “se logra la consolidación y estabilización

11 Cabe anotar que la fecha del 19 de mayo de 2013 ha sido tenida en cuenta para el conteo de la caducidad en la Sección Tercera del Consejo de Estado, verbi gratia en la providencia del 23 de noviembre de 2022, con ponencia del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, expedient