CE - Sentencia 13001233300020170107601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (XXXX)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: POLICARPO SÁNCHEZ SIERRA Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Tema: Daños causados por desplazamiento forzado en el corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto

(Bolívar). Caducidad del medio de control de reparación directa en eventos de lesa humanidad. Aplicación de las sentencias de unificación del 29 de ene ro de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y SU 429 del del 10 de octubre de 2024, dictada por la Corte Constitucional. No se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 22 de octubre de 1999, hombres fuertemente armados pertenecientes al “Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC ”, se presentaron en el corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto (Bolívar), con el objeto de

Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC ”, se presentaron en el corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto (Bolívar), con el objeto de secuestrar, desplazar y ulti mar habitantes del lugar. Por ello, Policarpo Sánchez Sierra y su núcleo familiar, residentes en dicho municipio, desde ese día y por amenazas contra su vida se vieron obligados a abandonar su hogar.

Los demandantes endilgan una falla del servicio a la Nación – Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa – Policía, Ejército y Armada Nacional, pues afirman queRadicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

2 esas autoridades tenían conocimiento de acciones y amenazas de los “paramilitares” contra la población de San Jacinto (Bolívar), pero no eje cutaron acciones para evitar los hechos del 22 de octubre de 1999 e incluso, que “ fueron colaboradores de los actores armados ilegales”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 15 de noviembre de 20171, Policarpo Sánchez Sierra, Rosmira del Rosario Díaz Rivera, Anderson de Jesús Sánchez Díaz, y Viannys Marcela y María José Sánchez Meza, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio del Interior (en adelante el “Ministerio del Interior”) y del Ministerio de Defensa – Policía, Ejercito y Armada Nacional, para que se les declarara patrimonialmente responsables por el desplazamiento forzado que sufrieron desde el 22 de octubre de 1999, en hechos

adelante el “Ministerio del Interior”) y del Ministerio de Defensa – Policía, Ejercito y Armada Nacional, para que se les declarara patrimonialmente responsables por el desplazamiento forzado que sufrieron desde el 22 de octubre de 1999, en hechos ocurridos en esa mi sma fecha en el corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto (Bolívar).

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicitó condenar a las entidades demandadas a pagarles, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; por “daño a la vida de relación”, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; por daño emergente, la suma de $1.354.000 a Policarpo Sánchez Sierra; y por lucro cesante, la suma de $384.391.190 a Policarpo Sánchez Sierra.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 22 de octubre de 1999, hombres fuertemente armados pertenecientes al “ Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC”, se presentaron en el corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto (Bolívar) con el objeto de secuestrar, desplazar y ult imar habitantes del lugar. Por ello, Policarpo Sánchez Sierra y su núcleo familiar, residentes en dicho municipio, desde ese mismo día y por amenazas contra su vida se vieron obligados a abandonar su hogar de forma definitiva.

1 Páginas 1 a 14, C.1. – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.Radicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

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1 Páginas 1 a 14, C.1. – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.Radicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

3 Señala que, el 22 de octubre de 1999 los “ paramilitares” y agentes del Estado, reunieron a la población en la plaza del pueblo y con lista en mano llamaron a varios de los habitantes y dieron muerte a 4 de ellos.

Sostiene que “ las fuerzas armadas colombianas Armada Nacional – Policía Nacional y el Ejército Nacional, eran conocedores de los hechos que se daban lugar en ese momento y no hicieron nada para que este hecho no diera lugar, por el contrario, fueron colaboradores de los ahora ex paramilitares”.

Afirma que, ese mismo d ía, fueron víctimas del hurto de ganado vacuno, porcino caballar, y lanar. Asimismo, que se perdieron aves de corral, que fueron incinerados cultivos de hortalizas y rosas de agricultura, y que sus parcelas fueron sembradas con minas antipersona.

Los dem andantes atribuyen una falla del servicio al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa – Policía, Ejercito y Armada Nacional, pues afirman que dichas autoridades conocían de acciones y amenazas de los “ paramilitares” contra la población de San Jac into (Bolívar), pero no ejecutaron acciones para evitar los hechos del 22 de octubre de 1999, incluso que “fueron colaboradores de los actores armados ilegales”.

2. Contestación

El 12 de marzo de 20182 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y

hechos del 22 de octubre de 1999, incluso que “fueron colaboradores de los actores armados ilegales”.

2. Contestación

El 12 de marzo de 20182 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.

2.1. El Ministerio del Interior 3 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que dentro de sus funciones no se encontraban las de protección a la población y control del orden público. Formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad del medio de control de reparación directa y “ausencia de nexo causal”.

2 Fl. 34 a 36, C.1. – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 3 Fl. 70 a 83, C.1. - Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.Radicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

4 2.2. La Policía Nacional4 se opuso a las pretensiones de la demanda, advirtiendo que los demandantes no acreditaron que, para la época en que ocurrieron los hechos, residieran en el corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto (Bolívar). Asimismo, indicó que no era cierto que esa entidad tuviera conocimiento previo de la situación de orden público que se presentaba en esa zona. Formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva y “ hecho exclusivo y determinante de un tercero”.

2.3. El Ministerio de Defensa , en representación del Ejército y Armada Nacional 5,

como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva y “ hecho exclusivo y determinante de un tercero”.

2.3. El Ministerio de Defensa , en representación del Ejército y Armada Nacional 5, se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que los daños alegados no le eran imputables, toda vez que estos se produjeron por el actuar ilegal de grupos subversivos, constituyéndose así la causal exonerativa del “ hecho del tercero”. Formuló como excepcionas las de caducidad del medio de control, “hecho de un tercero” y “falta de elementos necesarios de imputación”.

3. Audiencia inicial

El 19 de noviembre de 20206 el Tribunal Administrativo de Bolívar celebró audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría a “(…) determinar si debe ser declarada la responsabilidad extracontractual a las accionadas por el presunto desplazamiento forzoso de la parte demandante y si dicho daño antijurídico puede ser imputable a las entidades demandadas”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 20 de mayo de 2021 7, se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4 Fl. 48 a 63, C.1. - Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 5 Fl. 91 a 102, C.1. - Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.

4 Fl. 48 a 63, C.1. - Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 5 Fl. 91 a 102, C.1. - Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 6 Archivo No. 4 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.

7 Anexo No. 5 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.Radicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

5 4.1. La parte demandante 8, el Ministerio del Interior 9, la Policía Nacional 10 y, el El Ministerio de Defensa, en representación del Ejército y Armada Nacional 11, reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de este, respectivamente.

4.2. El ministerio público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021 12 el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se probó la falla del servicio endilgada a las autoridades accionadas, pues lo demostrado en el proceso no permitió establecer que, con antelación a los hechos, estas hubieran conocido “la situación de vulnerabilidad de los demandantes, así como del presunto riesgo en que se encontraba la población civil”.

Respecto al cómputo de l ejercicio del derecho de acción en aquellas hipótesis en las que se discute la responsabilidad del Estado por desplazamiento forzado, refirió que, en el caso en concreto, no había lugar a declarar la caducidad del medio de

Respecto al cómputo de l ejercicio del derecho de acción en aquellas hipótesis en las que se discute la responsabilidad del Estado por desplazamiento forzado, refirió que, en el caso en concreto, no había lugar a declarar la caducidad del medio de control porque, a su juicio , “los hechos del desplazamiento forzado sufrido por la actora tienen el carácter de daño continuado”.

6. Recurso de apelación

El 12 de marzo de 202213, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 22 de abril de 202214 y admitido el 15 de julio siguiente15.

6.1. La recurrente16 afirmó que, distinto a lo considerado por el a quo, lo probado en el proceso permitió constatar la falla del servicio endilgada a las demandadas, así

8 Fl. 237 a 243, C.1. Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 9 Fl. 221 a 224, C.1. Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 10 Fl. 226 a 231, C.1. Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 11 Fl. 233 a 235, C.1. Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 12 Archivo No. 6 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 13 Archivo No. 8 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 14 Archivo No. 9 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 15 Índice No. 4, SAMAI – Consejo de Estado.

13 Archivo No. 8 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 14 Archivo No. 9 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado. 15 Índice No. 4, SAMAI – Consejo de Estado. 16 Archivo No. 8 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.Radicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

6 como el nexo causal entre estas y los menoscabos alegados. En sustento, precisó que las autoridades no tomaron medidas oportunas y suficientes para contrarrestar la acción beligerante, y que la difícil situación de orden público en el municipio de San Jacinto era un hecho notorio y conocido por las autoridades.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 17, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia.

7.1. No obstante, lo anterior, la parte demandante18 “alegó de conclusión” reiterando lo expuesto en el recurso de apelación. Agregó, además, que por tratarse de un asunto en el que se ventilaban posibles delitos de lesa humanidad, no prosperaba la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa y que, comoquiera que la demanda se presentó antes del año 2020, no le aplicaba la

asunto en el que se ventilaban posibles delitos de lesa humanidad, no prosperaba la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa y que, comoquiera que la demanda se presentó antes del año 2020, no le aplicaba la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

7.2. El ministerio público19 conceptuó que debía revocarse la s entencia de primera instancia que negó las pretensiones para, en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, toda vez que transcurrieron más de dos (2) años desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia SU-254 de 2013, proferida por la Corte Constitucional y la presentación de la demanda.

17 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado par a alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.” 18 Índice No. 12, SAMAI – Consejo de Estado. 19 Índice No. 13, SAMAI – Consejo de Estado.Radicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

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19 Índice No. 13, SAMAI – Consejo de Estado.Radicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, puesto que la cuantía 20 supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 152, numeral 6, y 157, inciso 2, de la Ley 1437 de 2011.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 14021 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de unos daños por hechos imputables al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa – Policía, Ejército y Armada Nacional.

20 La cuantía excede de los 500 SMLMV (lo cual equivale a $368’858.500, para el 15 de noviembre de 2017 cuando se presentó la demanda) que se exige para que un proceso tenga vocación de doble

20 La cuantía excede de los 500 SMLMV (lo cual equivale a $368’858.500, para el 15 de noviembre de 2017 cuando se presentó la demanda) que se exige para que un proceso tenga vocación de doble instancia, y la pretensión mayor es de $384.391.190 por lucro cesante. 21 “Artículo 140. Reparación directa . En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u om isión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabaj os públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuaci ón de un particular o de otra entidad pública. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”Radicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

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3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el presente asunto, operó el fenómeno preclusivo de caducidad de la pretensión de reparación directa o si, por el contrario,

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3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el presente asunto, operó el fenómeno preclusivo de caducidad de la pretensión de reparación directa o si, por el contrario, al tratarse de un caso en el que se invoca el desplazamiento forzado de los accionantes, el término de vigencia del mencionado medio de control no es exigible como presupuesto procesal para el estudio de la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia del medio de control y la caducidad de la pretensión de reparación directa frente a presuntas conductas de lesa humanidad.

5. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 22, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, pe rentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evi tar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

9 controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción23, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el op erador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, r esultando como una sanción ipso iure 24 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia25, cuya consecuencia, por demandar más

23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El tér mino de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos

necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el liti gio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 25 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[ s]i el actor deja transcurrir los plazos f ijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés gene ral. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce

ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.Radicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

10 allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Ahora bien, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época de los hechos, señalaba que la acción de reparación directa c aducaría al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

A su turno, artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, determinó que “La demanda deberá ser presentada: […] so pena de que opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”. Lo anterior, con excepción del término para formular la pretensión de re paración directa derivada del delito de

conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”. Lo anterior, con excepción del término para formular la pretensión de re paración directa derivada del delito de desaparición forzada, que “se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pre tensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

Ahora bien, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012 26, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA 27; así como las disposiciones del CGP 28, en virtud de la

26 La demanda se presentó el 15 de noviembre de 2017. 27 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigor. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 28 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su

de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 28 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales seRadicado: 13001233300020170107601 (68657)

Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

11 integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados29.

Con relación a la caducidad, debe tenerse en cuenta que los términos que hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior deben computarse de conformidad con ella, en atención a lo consagrado en el artículo 624 del CGP30, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, de ahí que al sub lite, en este puntual aspecto, le resulte aplicable el numeral 8º artículo 136 del Decreto 01 de 1984 (CCA)31, comoquiera que los supuestos de hecho constitutivos del daño antijuridico alegado en la demanda ocurrieron el 22 de octubre de 1999, según se acredita más adelante.

Finalmente, debe resaltarse que la caducidad no se suspende, salvo con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 32, y sólo se

resolverán con la norma vigente al momento en que inici ó el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo

conciliador, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 32, y sólo se

resolverán con la norma vigente al momento en que inici ó el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299. 29 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 30 Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así: “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que