CE - Sentencia 13001233300020170113801 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 13001-23-33-000-2017-01138-01 (4395-2024)

Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

Demandada: Distrito de Cartagena

Vinculado Departamento de Bolívar

Temas:

Pensión por aportes.

Sentencia

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 1 de diciem bre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. Antonio Santos Teherán Beleño presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2 en orden a que se declarara la nulidad de los oficios AMC-OFI-0009984-2017 del 14

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2 en orden a que se declarara la nulidad de los oficios AMC-OFI-0009984-2017 del 14 de febrero de 2017 , AMC-OFI-0062405-2017 del 20 de junio de 2017 y de las resoluciones 1477 del 3 de mayo de 2011 y 3639 del 29 de septiembre de 2011, actos administrativos por medio de los cuales el Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.

2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes «u otra pensión por favorabilidad » a partir del 1 de agosto de 2007 en cuantía equivalente a

1 Índice 2, Samai. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 13001 23 33 000 2017 01138 01 (4395-2024)

Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co $2.286.621,93 «que incluy[a] todos los factores salariales devengados en el último año de servicios»; (ii) el pago de las mesadas pensionales causadas desde el 1 de agosto de 2007, con la inclusión de las mesadas 13 y 14, la respectiva indexación

de servicios»; (ii) el pago de las mesadas pensionales causadas desde el 1 de agosto de 2007, con la inclusión de las mesadas 13 y 14, la respectiva indexación y los intereses previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; (iii) el traslado del bono pensional a favor del Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena por los empleadores o fondos de previsión que deben concurrir al pago de la prestación social; (iv) la condena en costas a la demandada; y (v) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se indicaron los siguientes:

3.1. Antonio Santos Teherán nació el 9 de mayo de 1946, por lo que cumpli ó 60 años en el año 2006, y era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

3.2. Laboró en distintas entidades del sector público y privado y con la suma de las cotizaciones hechas en amb os completó 1.159,28 semanas, es decir, 20 años.

3.3. A partir del 13 de mayo de 1969 se afilió al Instituto de los Seguros Sociales y para el 1 de abril de 1994 tenía más de 750 semanas cotizadas.

3.4. El 9 de diciembre de 1998 se afilió a Colfondos.

3.5. En los años siguientes prestó los servicios como conductor en el cuerpo de bomberos de Cartagena, en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República [2001 a 2007].

3.5. En los años siguientes prestó los servicios como conductor en el cuerpo de bomberos de Cartagena, en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República [2001 a 2007].

3.6. Solicitó a Fonprecon el reconocimiento de la pensión de jubilación [no indicó la fecha de la solicitud]. La entidad l o negó a través de las resoluciones 211 del 21 de febrero de 2005 y del 31 de marzo de 2008 [sin identificar] por no completar 20 años de servicio.

3.7. A través de la Resolución 1477 del 3 de mayo de 2011, el Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena negó la petición [no se identificó] en la que solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes . La entidad consideró que había acreditado 18 años, 4 meses y 25 días de cotización y que el fondo responsable de reconocer la pensión era el Fond o Departamental de Pensiones de Bolívar por ser el que recibió cotizaciones por más de 6 años, según lo previó el Decreto 2709 de 1994.

3.8. Contra la decisión anterior presentó recurso de reposición [no señaló la fecha de presentación], pues había completado cotizaciones por 21 años.

3.9. Con la Resolución 3639 del 29 de septiembre de 2011, el fondo distrital confirmó la Resolución 1477 del 3 de mayo de 2011 al encontrar acreditado un tiempo de servicio de 19 años, 10 meses y 11 días. No obstante, la entidad no tuvo en cuenta las semanas cotizadas cuando prestó el servicio en los Bomberos de Cartagena y en el Senado de la República que en total arrojaban 131.3

tuvo en cuenta las semanas cotizadas cuando prestó el servicio en los Bomberos de Cartagena y en el Senado de la República que en total arrojaban 131.3

Radicado: 13001 23 33 000 2017 01138 01 (4395-2024)

Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3.10. En el año 2013 [no especificó la fecha exacta] solicitó la pensión de vejez a Colpensiones. La entidad negó la prestación con la Resolución GNR 235544 del 18 de septiembre de ese año con el argumento de que estaba afiliado a Colfondos.

3.11. El 5 de mayo de 2017 y en virtud de lo señalado en la sentencia SU -062 de 2010, Colfondos permitió su regreso a Colpensiones y con él respetó su garantía de ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

3.12. Por lo anterior, el 31 de diciembre de 2016 solicitó de nuevo al Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes . La entidad negó la peti ción el 14 de febrero de 2017 con el Oficio AMC-OFI-0009984-2017 y argumentó que ya había decidido ello en la Resolución 1477 del 3 de mayo de 2011.

3.13. El 31 de mayo de 2017 presentó ante el fondo otra petición de reconocimiento pensional. La entidad respondió con el Oficio AMC-OFI-0062405la Resolución 1477 del 3 de mayo de 2011.

3.13. El 31 de mayo de 2017 presentó ante el fondo otra petición de reconocimiento pensional. La entidad respondió con el Oficio AMC-OFI-00624052017 del 20 de junio de 2017 que ya había resuelto lo pedido con la respuesta del 14 de febrero de ese año y que la responsable de un eventual reconocimiento sería la alcaldía de Cartagena.

3.14. El 12 de julio de 2017 pidió a esta última que le concediera la pensión por aportes. La entidad a través del Oficio AMC-OFl-0084941-2017 del 11 de agosto de 2017 respondió que e ra el Fondo Territorial del Distrito d e Cartagena el responsable directo de reconocer y pagar la pensión.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 29, 48 de la Constitución Política; artículo 7 de la Ley 71 de 1988; 10 del Decreto 2709 de 1994; y 93 del CPACA.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. Al calcular las semanas cotizadas , la entidad no incluyó en las resoluciones 1477 y 3639 de 2011 los aportes que hizo cuando prestó el servicio en el Senado de la República y en el cuerpo de Bomberos de Cartagena que acumulaban más de 1.029 semanas. Con tal actuación vulneró su derecho a la seguridad social al desconocer su historia laboral.

5.2. Por disposición del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994 le correspondía al

de 1.029 semanas. Con tal actuación vulneró su derecho a la seguridad social al desconocer su historia laboral.

5.2. Por disposición del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994 le correspondía al Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, puesto que la última entidad en la que estuvo afiliado no aportó por un tiempo superior a los 6 años. En ese sentido, por ser el fondo en el que más aportes hizo en su historial laboral era el encargado del trámite.

5.3. El oficio AMC -OFl-0009984-2017 del 14 de febrero de 2017 era nulo porque la pensión de jubilación , por ser una prestación periódica, podía reclamarse en cualquier tiempo. Por lo tanto, el fondo no podía dejar de decidir la petición con el argumento de que ya la había resuelto con las resoluciones 1477 y 3639 de 2011 y que la decisión estaba en firme.4

Radicado: 13001 23 33 000 2017 01138 01 (4395-2024)

Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5.4. Por iguales razones el Oficio AMC -OFI0 0062405 -2017 del 20 de junio de 2017 estaba viciado de nulidad, pues la entidad negó la petición porque ya lo había hecho con el Oficio AMC -OFl-0009984-2017 del 14 de febrero de 2017.

2017 estaba viciado de nulidad, pues la entidad negó la petición porque ya lo había hecho con el Oficio AMC -OFl-0009984-2017 del 14 de febrero de 2017. Esta actuación desconoció que «[t]oda pensión es reclamable en cualquier tiempo y el hecho de que se haya negado una vez no es óbice para que ese acto administrativo quede firme y el actor no pueda reclamar o peticionar cuando él considere que ya tiene o cumple con los requisitos que le faltaban para acceder a la misma».

5.5. El Oficio AMC-OFl-0084941-2017 del 11 de agosto de 2017 proferido por la Alcaldía de Cartagena era contrario al ordenamiento jurídico, por cuanto al negar la pensión por no ser la competente debió remitir la petición al fondo que sí lo era.

5.6. Las resoluciones 1477 y 3639 de 2011 al no incluir los tiempos laborados en el Senado de la República y el Cuerpo de Bomberos de Cartagena y señalar que el responsable de reconocer y pagar la pensión era el departamento de Bolívar desconoció el tiempo cotizado [21 años], el contenido de la L ey 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, puesto que los aportes al departamento no fueron superiores a los 6 años.

1.2. Contestación a la demanda

1.2.1. Distrito de Cartagena3

6. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes razones: 6.1. El demandante no acreditó haber cumplido con los requisitos que exigía el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para obtener el derecho pensional, pues no probó que había completado 20 años de servicio.

siguientes razones: 6.1. El demandante no acreditó haber cumplido con los requisitos que exigía el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para obtener el derecho pensional, pues no probó que había completado 20 años de servicio.

7. Excepciones propuestas:

7.1. «Indebida presentación de la demanda »: aunque el distrito expidió los actos administrativos enjuiciados, era el Fond o Territorial de Pensiones del departamento de Bolívar el que debía responder por la pensión de jubilación en caso de un eventual reconocimiento en cumplimiento del Decreto 2709 de 1994, por cuanto el demandante efectuó a este el mayor aporte pensional.

7.2. «Caducidad de la acción»: las resoluciones 1477 y 3639 de 2011 debieron ser demandadas dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de esta última, esto es, entre el 5 de noviembre de 2011 y el 5 de marzo de 2012. Por lo tanto, al demandarse en el año 2017 se configuró la caducidad del medio de control.

1.2.2. Departamento de Bolívar4

8. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso en su defensa

los siguientes argumentos:

3 Índice 2, Samai. Archivo «expediente digitalizado», folios 133 a 137 [141 a 144 PDF]. 4 Índice 2, Samai. Archivo «expediente digitalizado», folios 172 a 179 [186 a 193 PDF].5

Radicado: 13001 23 33 000 2017 01138 01 (4395-2024)

Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

Radicado: 13001 23 33 000 2017 01138 01 (4395-2024)

Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.1. Los tiempos de servicio que en la demanda se aseveró que fueron aportados al departamento de Bolívar debían ser probados, pues en las bases de datos de la enti dad no se registró que hubiese existido algún vínculo laboral con el demandante.

9. Excepciones propuestas:

9.1. «Falta de legitimación en la causa por pasiva»: la entidad no era la que debió ser llamada a responder por la pensión reclamada, puesto que el Fondo Territorial de Pensiones informó que en sus bases de datos no existía solicitud alguna pensional presentada por el demandante ni archivos relacionados con él; la Dirección Administrativa de Función Pública del departamento señaló que en sus bases de datos no h abía evidencia de la vinculación con el ente territorial de Antonio Santos Teherán.

9.2. «Inexistencia de derecho para pedir»: porque no existió una relación laboral entre el demandante y el departamento de Bolívar según lo certificó l a Dirección Administrativa de Función Pública. Por lo tanto, no era cierto lo manifestado por el Distrito de Cartagena sobre que el mayor tiempo laborado por este fue en el departamento.

10. Finalmente alegó la tacha de falsedad sobre los documentos de información laboral aportados al proceso que daban cuenta de tiempos de servicio prestados en la gobernación del departamento de Bolívar.

departamento.

10. Finalmente alegó la tacha de falsedad sobre los documentos de información laboral aportados al proceso que daban cuenta de tiempos de servicio prestados en la gobernación del departamento de Bolívar.

11. Ello, toda vez que « las copias aportadas son ilegibles y que la información en ella contenida no permite elaborar ningún juicio de valor, ello confrontándolo con las respuestas entregadas por parte de la Dirección de Función Pública de la Gobernación de Bolívar por me dio de oficio GOBOL 20 019728 de 18 de julio de 2020 donde manifiestan que revisadas los archivos no encuentran vinculación laboral del actor al servicio de mi poderdante» (sic). 1.3. Sentencia de primera instancia5

12. El Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia del 1 de diciembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda. No condenó en costas.

13. La decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

13.1. Antonio Santos Teherán Beleño no era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , por cuanto se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al afiliarse a Colfondos, trabajó un total de 764,72 semanas [14 años, 7 meses y 29 días] antes del 1 de abril de 1994 y no completó las 782,143 [15 años] que exigía el artículo 3 del Decreto 3800 de 2013 para conservar el beneficio transicional.

13.2. El cálculo del tiempo de servicio se hizo con fundamento en las certificaciones que se alleg aron con la demanda y que no fueron refutadas por las demandadas.

3800 de 2013 para conservar el beneficio transicional.

13.2. El cálculo del tiempo de servicio se hizo con fundamento en las certificaciones que se alleg aron con la demanda y que no fueron refutadas por las demandadas.

5 Índice 2, Samai. Archivo 40 «expediente digitalizado».6

Radicado: 13001 23 33 000 2017 01138 01 (4395-2024)

Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13.3. El demandante no probó la razón por la cu al fue trasladado de nuevo del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al de Prima Media con Prestación Definida. Por lo tanto, « no se puede presumir que hubo una ineficacia en el traslado que inicialmente hizo el demandante a COLFONDOS. Este supuesto de hecho era importante corroborarlo, ya que al no acreditar que el actor conservó los beneficios del régimen de transición, no se pu ede entrar a analizar si cumple con los requisitos de la pensión de jubilación por aportes» (sic).

13.4. Por lo anterior, su situación debió regirse por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que exigía para obtener la pensión de vejez la edad de 62 años y 1.300 semanas de cotizaci ón. Este último requisito no se cumplió , toda vez que el demandante acreditó con los certificados laborales y de cotización un total de 1.159,84 semanas. Por lo tanto,

último requisito no se cumplió , toda vez que el demandante acreditó con los certificados laborales y de cotización un total de 1.159,84 semanas. Por lo tanto, no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez.

13.5. No procedía la condena en costas porque la demanda fue debidamente sustentada.

1.4. Recurso de apelación6

14. Antonio Santos Teherán Beleño interpuso el recurso de apelación y expuso como argumentos para la revocatoria de la sentencia los siguientes:

14.1. La Corte Constitucional indicó en la sentencia SU-062 de 2010 que se podía recuperar el régimen de transición si se cumplía con 2 requisitos: (i) tener 15 años de servicio o 750 semanas cotizadas antes del 1 de abril de 1994; y (ii) trasladar las cotizaciones existentes en el fondo privado a Colpensiones.

14.2. En el presente caso, el demandante completó 765 semanas antes de la fecha indicada de acuerdo con la historia la boral aportada, por lo que cumplió con la condición de las semanas cotizadas. El a quo exigió 782 sin justificar el cambio en la postura jurisprudencial , en contravía del parágrafo 4 del artículo 48 de la Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005 que requería 750 semanas de cotización para conservar el régimen de transición.

14.3. En el año 2017 Colpensiones aceptó el traslado del demandante por haber completado el tiempo de cotización, lo que evidenció que estaba en el supuesto de la sentencia SU-062 de 2010 y que recuperó su derecho a ser beneficiario del

14.3. En el año 2017 Colpensiones aceptó el traslado del demandante por haber completado el tiempo de cotización, lo que evidenció que estaba en el supuesto de la sentencia SU-062 de 2010 y que recuperó su derecho a ser beneficiario del régimen de transición por cumplir con las semanas de cotización antes del 1 de julio de 1995, fecha establecida por el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 para que comenzara a regir para los servidores públicos. No le era aplicable el límite del 1 de abril de 1994.

14.4. Por lo anterior, «el aquo erró al aplicarle la vigencia de un trabajador particular y desconocer de facto las pruebas arrimadas al expediente que detallaban que sus cotizaciones se hicieron al ISS después de julio 01 de 1995 » (sic). Además, no consideró el tiempo laborado entre abril y junio de 1995 en el Fondo de Tránsito y Transporte, lo que generó una incongruencia en la sentencia.

6 Índice 2, Samai. Archivo 42 «expediente digitalizado».7

Radicado: 13001 23 33 000 2017 01138 01 (4395-2024)

Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14.5. El tribunal aplicó un criterio restrictivo y desfavorable al exigir que se probara la razón por la cual se produjo el traslado del R égimen de Ahorro Individual a Colpensiones « ya que confunde la pretensión de nulidad de un traslado con la

la razón por la cual se produjo el traslado del R égimen de Ahorro Individual a Colpensiones « ya que confunde la pretensión de nulidad de un traslado con la existencia del traslado mismo, es decir, la demanda nace pero con la existencia de que el actor ya logró el traslado mismo por cumplimiento de requisitos y era innecesario verificarlos no solo porque nadie lo pidió, lo alegó o fue objeto de pronunciamiento previo judicial sino porque ya hizo tránsito a cosa juzgada al generarse la confianza en el actor y el fondo mismo, situaciones que son desconocidas por el a quo-» (sic).

14.6. La sentencia era incongruente porque exigió que se probara la razón del traslado a Colpensiones, pero no vinculó a esta entidad. Es a sí además porque la prueba documental aportada indicó que «Colpensiones lo aceptó por cumplimiento de su propia legislación interna que no es má s que la misma que le impuso la corte constitucional en la sentencia su 062 de 2010» (sic). En ese sentido, señalar que no cumplió con los requisitos del traslado equivalía a aceptar que no existió vinculación con Colpensiones y la anulación de la expectativa legítima de adquirir el derecho por haber completado las semanas de cotización. Además , era incongruente la sentencia porque en la demanda no se buscó probar la afiliación ilegal a Colfondos, sino el reconocimiento pensional. Lo que el a quo hizo fue «señalar que el traslado existente de Colfondos hacia Colpensiones e[r]a nulo de forma tácita» (sic).

14.7. El tribunal vulneró los principios de confianza legítima, in dubio pro operario

«señalar que el traslado existente de Colfondos hacia Colpensiones e[r]a nulo de forma tácita» (sic).

14.7. El tribunal vulneró los principios de confianza legítima, in dubio pro operario y favorabilidad cuando aplicó para el reconocimiento prestacional la Ley 797 de 2003, puesto que el demandante conservó su derecho al régimen de transición desde su traslado a Colpensiones en el año 2017, solo cotizó a Colfondos durante 9 meses y luego de tener 950 semanas en Colpensiones y para el 2014, fecha límite que fijó el Acto Legislativo 01 de 2005 para beneficiarse de aquel , ya contaba con la edad y más de 100 0 semanas de cotización , por lo que había alcanzado el estatus pensional. Nada de ello fue analizado en la sentencia.

14.8. El tribunal debió vincular a Colpensiones porque cuestionó el traslado que se hizo desde Colfondos, de modo que ejerciera su derecho de defensa. Al no hacerlo, la sentencia le era inoponible a esta entidad porque no pudo pronunciarse y las entidades demanda das no refutaron nunca la validez del traslado.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

15. Las partes no se pronunciaron dentro del término otorgado por el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo traslado a las partes para alegar, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas.

1.6. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervinieron.8

traslado a las partes para alegar, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas.

1.6. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervinieron.8

Radicado: 13001 23 33 000 2017 01138 01 (4395-2024)

Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. CONSIDERACIONES

2.1. Problemas jurídicos

16. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:

(i) ¿El tribunal vulneró el principio de congruencia al estudiar si el demandante era beneficiario del régimen de transición reglado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

(ii) ¿Antonio Santos Teherán Beleño tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes previst a en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Trámite para el traslado de régimen pensional. Protección de los derechos a los beneficiarios del régimen de transición

17. El artículo 48 de la Constitución Política dispuso que la seguridad social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Al mismo tiempo, le confiere el carácter de derecho irrenunciable para todos los habitantes del territorio nacional.

18. En ese contexto, el legislador dispuso que el reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en la Ley 100 de 1993 son el medio a través del cual se

todos los habitantes del territorio nacional.

18. En ese contexto, el legislador dispuso que el reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en la Ley 100 de 1993 son el medio a través del cual se busca brindar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. Este es precisamente el objeto del Sistema General de Pensiones dentro del cual se inscriben dos regímenes excluyentes, a los cuales se pueden afiliar las personas de manera libre y voluntaria, estos son:

18.1. a. Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida7, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, así como por las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, respecto de sus afiliados.

18.2. b. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, con el modelo de capitalización « de ahorro individual con solidaridad »8, administrado por las sociedades de fondos de pensiones y cesantías (AFP). Entre las características del sistema, el legislador previó la obligación de afiliación que implica el deber de hacer los aportes y la libertad de selección inicial en cualquiera de los regímenes, quienes para el efecto deben «[…] manifestar por escrito su elección al momento de

7 En adelante RPM. El artículo 31 de la Ley 100 de 1993, lo definió como «[…] aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas». El artículo 32 literal b) ibidem señaló que en este régimen los aportes de sus afiliados constituyen «[…] un fondo común de

sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas». El artículo 32 literal b) ibidem señaló que en este régimen los aportes de sus afiliados constituyen «[…] un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gasto s de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley […]». 8 En lo sucesivo RAIS. Definido en el artículo 59 ejusdem como «[e]l conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados […]».9

Radicado: 13001 23 33 000 2017 01138 01 (4395-2024)

Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la vinculación o del traslado »9, y luego pueden trasladarse del uno al otro, con la limitación de permanencia mínima de 3 años en cada régimen, con la prohibición de distribución simultánea de las cotizaciones obligatorias en virtud de la incompatibilidad entre regímenes10.

19. El Decreto reglamentario 692 del 29 de marzo de 1994 señaló que la «[…] selección de uno cualquiera de los regímenes es libre y voluntaria por parte del afiliado».

Así en su artículo 11 previó que cuando el afiliado se «[…] traslade por primera vez del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro

Así en su artículo 11 previó que cuando el afiliado se «[…] traslade por primera vez del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones», y h abrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales (artículo 15 literal a).

20. Así mismo, a las personas vinculadas al ISS o a cualquier otra caja previsional, fondo o entidad del sector público al 31 de marzo de 1994, se les permitió continuar en aquel sin necesidad de diligenciar el formulario de traslado y no les era aplicable la prohibición de traslado de régimen antes de 3 años, referida previamente, de tal manera que podían ejercer en cualquier momento la opción de traslado.

21. Si, por el contrario, el traslado se produjo del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida, aquel debe certificar el número de semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos y el bono pensional, cuando sea del caso

(artículo 15 literal b).

22. Luego de la solicitud de vinculación, la administradora debe comunicar al interesado si no cumple con los requisitos mínimos. Ahora, si dentro del mes siguiente a la solicitud no hay pronunciamiento alguno, se entiende surtida la afiliación (artículo 12), la cual no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios períodos, pero podrá pasar a la categoría de afiliados inactivos, cuando tenga más de seis meses de no pago de cotizaciones (artículo 13).

afiliación (artículo 12), la cual no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios períodos, pero podrá pasar a la categoría de afiliados inactivos, cuando tenga más de seis meses de no pago de cotizaciones (artículo 13).

23. Es de resaltar que el artículo 17 prohibió expresamente la múltiple vinculación, razón por la cual, determinó que cuando el afiliado cambie de régimen antes del término legal, será válida la última y a esta se deben transferir la totalidad de saldos en la forma señalada por la Superintendencia Financiera. En el parágrafo facultó a las administradoras para establecer sistemas de control de multiafiliación, sin perjuicio de la potestad que le asiste a la Superfinanciera para dirimir en casos especiales los conflictos originados por esa causa.

24. Más adelante, el gobierno nacional expidió el Decreto 1406 de 1999 que frente al traslado entre las entidades administradoras preceptuó lo siguiente:

«Artículo 42. El traslado entre entidades administradoras estará sujeto al cumplimiento de los requisitos sobre