CE - Sentencia 13001233300020180015401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servic io docente.

Naturaleza de la vinculación docente. Carga de la prueba. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Revocar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 15 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión 002, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones UGM 048035 del 28 de mayo de 2012 , RDP 049006 del 27 de diciembre del 2016, RDP 008697 del 07 de marzo de 2017, RDP 013533 del 30 de marzo de 2017 por medio de las

cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

del 07 de marzo de 2017, RDP 013533 del 30 de marzo de 2017 por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia , y resolvió negativamente los recursos de reposición y de apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, el reajuste de l as mesadas dejadas de percibir, la indexación de las sumas adeudadas conforme al IPC. Y finalmente, que se condene en costas a la UGPP.

1 Págs. 2-8 del expediente físicoReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor Manuel Vicente Warin Montesino manifestó que fue nombrado como docente por medio del Decreto 350 del 25 de abril de 1979 en el periodo comprendido desde el 25 de abril de 1979 hasta el 30 de diciembre de 1981; luego, fue vinculado como docente a través de órdenes de prestación de servicios desde el año 1982 hasta 1985 y desde el año 1991 hasta 1996; por último, mediante Decreto 014 del 12 de diciembre de 1996 fue nombrado docente en el municipio San Martín de Loba hasta la fecha de presentación de la demanda.

el año 1982 hasta 1985 y desde el año 1991 hasta 1996; por último, mediante Decreto 014 del 12 de diciembre de 1996 fue nombrado docente en el municipio San Martín de Loba hasta la fecha de presentación de la demanda.

5. Manifestó que nació el 22 de noviembre de 1955, cumpliendo los 50 años de edad el 22 de noviembre de 2005 , sin embargo, hasta el año 2008 alcanzó el estatus pensional con más de 20 años de servicio como docente del orden nacionalizado y municipal; que, además, desempeñó el cargo con honradez y buena conducta, por lo que estima cumple los requisitos para obtener la pensión gracia.

6. Finalmente afirma que radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta de manera negativa con los actos hoy demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

7. Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los artículos 2, 25 y 53 de la Constitución Política, así como las Leyes 57 y 153 de 1987, 114 de 1913, 4 de 1966, 5 de 1969, 33 de 1985, 37 de 1933; y el Decreto 2304 de 1989 que modificó el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Expuso que se cumplieron todos los req uisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el derecho en clara omisión de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el asunto.

1.4. Contestación de la demanda

gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el derecho en clara omisión de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el asunto.

1.4. Contestación de la demanda

8. Luego de presentada la demanda el 30 de agosto de 2017, y admitida el 21 de junio de 2018 , la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, una vez notificada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando que el demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para hacerse acreedor de la pensión gracia, en especial no probó su vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 de carácter departamental, distrital o municipal, toda vez que se allegaron certificados incompletos e inconsistentes.

9. Concluyendo entonces que, conforme lo dispuesto en la Ley 114 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, no es posible el reconocimiento de la pensión gracia.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

10. Finalmente, propuso las excepciones de i) prescripción; ii) inexistencia d e la causa petendi y cobro de lo no debido; iii) falta del derecho para pedir; iv) buena fe; y v) la genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión 002 con sentencia de 15 de mayo de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda. En ese orden, i)

1.5. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión 002 con sentencia de 15 de mayo de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda. En ese orden, i) declaró la nulidad de las Resoluciones UGM 048035 del 28 de mayo de 2012, RDP 049006 del 27 de diciembre del 2016, RDP 008697 del 07 de marzo de 2017, RDP 013533 del 30 de marzo de 2017.

1. A título de restablecimiento del derecho ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia con el 75% del promedio de asignación básica y factores salariales percibidos durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional; iii) declaró la presc ripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 18 de agosto de 2013; iv) dispuso el cumplimiento de l a decisión judicial en los términos del artículo 192 del CPACA; y v) condenó en costas a la parte demandada.

12. Para llegar a tales conclusiones, encontró el fallador de instancia que de l os certificados traídos al proceso se constata que el demandante acreditó tiempo de servicios, edad, además de tener buena conducta, pues respecto a ello no obraba prueba en contrario. Además, señaló que no le asiste razón a la entidad, en cuanto a que para acceder a lo pretendido debían reposar los actos administrativos para determinar la naturaleza de la plaza ocupada, pues, de los certificados de tiempos de servicios se podía establecer ello, como así ocurrió.

1.6. Recurso de apelación

13. A modo de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión

de servicios se podía establecer ello, como así ocurrió.

1.6. Recurso de apelación

13. A modo de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia, alegando que la parte actora incumplía con los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913, concretamente, haber prestado servicios como docente departamental, distrital, municipal o nacionalizado con anterioridad a l 31 de diciembre de 1980, y por un término no menor a 20 años.

14. Adujo que los certificados de tiempos de servicios allegados con anterioridad y posterioridad al 31 de diciembre de 1980 presentan inconsistencias, en vista que, siendo la misma entidad territorial la que certifica, lo hace en documentos distintos y no se encuentra n firmados por el mismo funcionario , adicional a lo anterior se presentan en copia simple, no se indica la fuente de los recursos ni el tipo de vinculación, y no se adjuntaron los actos de nombramiento o acta de posesión correspondiente a este periodo.

15. Para culminar, afirmó que los requisitos para obtener el reconocimiento de la pensión gracia debían ser acreditados por el interesado antes de la entrada en vigorReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

de la Ley 91 de 1989; lo cual no ocurrió en el presente caso, no estando demostrado

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

de la Ley 91 de 1989; lo cual no ocurrió en el presente caso, no estando demostrado para dicha data la exigencia de 20 años de servicios ya mencionada. En punto a la condena en costas, se limitó a mencionar que “apelo la condena en costas, dado que hubo prosperidad parcial de la excepción de prescripción.”

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

16. Mediante auto de 16 de marzo de 2021, se admitió el recurso de apelació n presentado por la entidad demandada.

17. En esta instancia intervino el apoderado de la UGPP reiterando su petición de revocar la sentencia de primera instancia, en tanto aduce que el sustento de lo pedido carece de fundamentos fácticos y jurídicos al n o cumplir con los requisitos legales para acceder a tal prestación.

18. Por su parte, el actor y el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación allegaron memoriales solicitando confirmar la sentencia de primera instancia, en razón a que los certificados aportados dan cuenta que aquel estuvo vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y prestó el servicio docente con una vinculación del orden territorial y nacionalizado por 20 años.

19. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

20. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

20. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2 Cuestión Previa

21. En el presente asunto, la UGPP solicita se emita una sentencia de unificación jurisprudencial3 en la que se defina qué debe entenderse como «plaza docente», así como sus requisitos y lineamientos. Esto con el fin de precisar cuáles son las

2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 3 Solicitud presentada el 2 5 de abril de 2022, visible en el índice 1 6 de la sede electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial.

condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial.

22. Una vez revisado lo anterior y en ejercicio de los principios de eficacia y celeridad, advierte esta Sala que de manera reiterada y previa, fueron presentadas las mismas solicitudes ante varios procesos adelantados en esta instancia judicial con similares argumentos, las cuales se resolvieron mediante el auto del 20 de octubre de 20224, y en providencias del 26 de octubre de 20225, en los que se indicó que tal y como lo prevé el CPACA en su artículo 2716, puede adelantarse el trámite que permite dar impulso a la función unificadora del Consejo de Estado, con miras a la aplicación vinculante de la jurisprudencia del Máximo Tribunal de lo Contencioso

Administrativo.

23. Sin embargo, al realizar el estudio de las condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ -11-S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial, se estimó que no estaban dadas las condiciones para avocar el asunto con el fin de emitir una sentencia de unificación, dado que la posición asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sido un ánime, consistente y pacífica en torno a los parámetros que se deben observar, con el propósito de definir cuándo un docente tiene derecho a la pensión gracia.

24. En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en las providencias suscritas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de

pensión gracia.

24. En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en las providencias suscritas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no se le dará trámite a la solicitud de unificación y se insta a estarse a lo dispuesto en el auto del 20 de octubre de 2022 7, reiterado en providencias del 26 de octubre de 2022.

2.3 Problema jurídico

25. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Manuel Vicente Warin Montesino, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho reconocimiento.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001 -23-33-000-201300344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 76001 -23-31-000-201001800-01 (4070-2013), demandante: Luz del Carmen Perea de Martínez; Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 20220, radicación: 13001-23-33-000-2013-00116-01 (2743-2015), demandante: Nelcy

del Carmen Peña Mercado. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014); demandante: Polidoro Grosso Buitrago. 6 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, la cual se encontraba vigente para el momento de la solicitud de unificación.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

2.4 Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.4.1. Pensión gracia

26. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

27. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.

28. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la

reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.

28. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

29. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

30. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento

vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).

31. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

32. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos

jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

32. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia

S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»8

33. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente

(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20189 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas — situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

34. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculaciónReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

Radicado: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».10

35. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

36. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4.2. Contratos de prestación de servicio docente

37. Sobre la suscripción de órdenes o contratos de prestación de servicio docente, la Corte Constitucional en sentencia C – 555 de 1994, al estudiar la legalidad de los artículos 6 de la Ley 60 y 105 de la Ley 115 de 1994, señaló: «[…] El ejercicio permanente de una función pública, como ocurre con los " docentes temporales", no sólo se revela en el afán del legis lador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su incorporación

«[…] El ejercicio permanente de una función pública, como ocurre con los " docentes temporales", no sólo se revela en el afán del legis lador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la leyque no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y responsabilidades (CP art. 123). A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la función pública (CP art. 125) Por lo visto, los requerimientos inst itucionales inmanentes a la función pública, no confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art. 13), frente a sujetos que se encuent ren colocados en una misma situación, se torna arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta, comparten una misma naturaleza y características.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

Radicado: 13001 23 33 000 2018 00154 01 (0425-2021)

Demandante: Manuel Vicente Warin Montesino

17. La libre voluntad de los educadores -contratistas, puede alegarse como fundamento de una diferencia predicable de los supuestos enfrentados.

Empero, la libertad de acceso al servicio público educativo es común a las dos categorías. Un elemento signi ficativo del tratamiento al cual se sujetan los docentes -temporales, por su propia voluntad, es la ausencia de prestaciones sociales y estabilidad laboral. Es sabido, sin embargo, que en punto al trabajo los mencionados derechos y garantías son irrenunciab les (CP art. 53). De otro lado, el carácter público y permanente del servicio educativo estatal, dentro del cual se insertan los docentes -temporales, no se concilia con su regulación puramente contractual en la que particip