CE - Sentencia 13001233300020180027301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: DEYANIRA MELÉNDEZ BELTRÁN Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por daños ocasionados por miembros de la fuerza pública. Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Lesiones provocadas a civiles en el marco de un procedimiento policial. Límites al recurso de apelación. Armas de dotación oficial. Lesiones a civil por un impacto de bala. No se probó una falla del servicio. No se acreditó que integrantes de la fuerza pública hubieran accionado sus armas de dotación oficial ni tampoco que las lesiones se causaron con aquellas. No procede la atribución bajo la óptica de la responsabilidad objetiva.

No se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El 31 de enero de 2016, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo un

Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El 31 de enero de 2016, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo un procedimiento en el barrio “Olaya Herrera” del distrito de Cartagena de Indias (Bolívar), durante el cual se presentó un altercado entre algunos uniformados y unos civiles que allí s e encontraban. Según lo narrado en la demanda, como consecuencia de ese insuceso, Anderson José Ospina Meléndez Ospino y Elías Manuel Ospino Terán sufrieron varias lesiones físicas debido a golpes “propinados” por los policiales, y Deyanira Meléndez Beltrá n fue impactada en su piernaRadicado: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: Deyanira Meléndez Beltrán y otros

2 izquierda por un proyectil que, a su juicio, provino de un arma percutida por uno de los uniformados.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable por i ) las lesiones padecidas por Anderson José Ospina Meléndez Ospino y Elías Manuel Ospino, pues aducen que ello se produjo por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, y ii) por las lesiones físicas sufridas por Deyanira Meléndez Beltrán, pues afirma n que estas fueron ocasionadas con un proyectil percutido con un arma de dotación oficial.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 9 de abril de 20181, Elías Manuel Ospino Terán, Anderson José Ospino Meléndez

fueron ocasionadas con un proyectil percutido con un arma de dotación oficial.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 9 de abril de 20181, Elías Manuel Ospino Terán, Anderson José Ospino Meléndez y, Deyanira, Ledis María, Javier y Luis Alfonso Meléndez Beltrán, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (en adelante la “ Policía Nacional ”), para que fuera decla rada patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por Anderson Ospina Meléndez Ospino, Elías Manuel Ospino y Deyanira Meléndez Beltrán.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad pública accionada a pagarl e, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Elías Manuel Ospino Terán, Deyanira Meléndez Beltrán y Anderson José Ospino Meléndez, y 50 SMLMV a los demás libelistas; por daño a la salud, 100 SMLMV a Elías Manuel Ospino Terán, Deyanira Meléndez Beltrán y Anderson José Ospino Meléndez, y 50 SMLMV a los demás libelistas; y por “daño a los derechos fundamentales” que “se realice un acto público y simbólico, donde se pida perdón al núcleo familiar como a los vecinos afectados por el actuar irresponsable de los agentes”.

1 Fl. 1 a 18, y 179, C.1.Radicado: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: Deyanira Meléndez Beltrán y otros

1 Fl. 1 a 18, y 179, C.1.Radicado: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: Deyanira Meléndez Beltrán y otros

3 En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante afirma que, el 31 de enero de 2016, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo un procedimiento en el barrio “Olaya Herrera” del distrito de Cartagena de Indias (Bolívar).

Sostiene que, durante el citado procedimiento, se presentó un altercado entre algunos uniformados y unos civiles que allí se encontraban.

Refiere que, resultado de ese insuceso, Anderson José Ospina Meléndez Ospino y Elías Manuel Ospino Terán sufrieron varias lesiones físicas de bido a golpes “propinados” por los policiales. Además, que Deyanira Meléndez Beltrán fue impactada en su miembro inferior izquierdo por un proyectil que, a su juicio, provino de un arma percutida por uno de los uniformados.

Destaca que el impacto de bala provocó a la señora Meléndez Beltrán una fractura de la tibia y peroné de su pierna izquierda.

Los accionantes consideran que la Policía Nacional es patrimonialmente responsable por i) las lesiones padecidas por Anderson José Ospina Meléndez Ospino y Elías Manuel Ospino, pues aducen que ello se produjo por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, y ii) por las lesiones físicas sufridas por Deyanira Meléndez Beltrán, pues afirman que estas fueron ocasionadas con un proyectil percutido con un arma de dotación oficial.

2. Contestación

Meléndez Beltrán, pues afirman que estas fueron ocasionadas con un proyectil percutido con un arma de dotación oficial.

2. Contestación

El 17 de mayo de 20182 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad pública accionada y al ministerio público.

2.1. La Policía Nacional3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que los daños alegados no le era n atribuibles, toda vez que no se acreditó ningún actuar irregular de la Administración. Precisamente, señaló que lo expuesto por los demandantes carecía de respaldo probatorio y que la sola afirmación de esos

2 Fl. 181, C.1. 3 Fl. 191 a 197, C.1.Radicado: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: Deyanira Meléndez Beltrán y otros

4 hechos era insuficiente para atribuirle respon sabilidad. En esta oportunidad, no formuló excepciones.

3. Audiencia inicial

El 26 de agosto de 20204, el Tribunal Administrativo de Bolívar celebró la audiencia inicial en la que, entre otras, realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar: “[…] si, en el caso en concreto, se configuraron los requisitos que enmarcan la responsabilidad estatal y, en caso positivo, si hay lugar a conceder las pretensiones solicitadas; o si, por el contrario, se estructuraron eximentes de responsabilidad”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

enmarcan la responsabilidad estatal y, en caso positivo, si hay lugar a conceder las pretensiones solicitadas; o si, por el contrario, se estructuraron eximentes de responsabilidad”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 18 de noviembre de 2020 5 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante 6 y la Policía Nacional 7 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de este, respectivamente.

4.2. El ministerio público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 24 de febrero de 20238, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, al constatar que ninguna de las pruebas decretadas y practicadas en el proceso permitieron evidenciar un actuar irregular de

4 Fl. 239 a 244, C.1. 5 Fl. 373 a 375, C.1. 6 Fl. 380 a 383, C.1. 7 Fl. 377 a 379, C.1. 8 Fl. 1 a 18, C.2.Radicado: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: Deyanira Meléndez Beltrán y otros

5 la demandada. Por otra parte, estimó que las lesiones sufridas por Deyanira Meléndez Beltrán no eran imputables a la Policía Nacional, toda vez que no se probó que estas hubieran sido ocasionadas con un proyectil percutido con un arma de dotación oficial.

6. Recurso de apelación

Meléndez Beltrán no eran imputables a la Policía Nacional, toda vez que no se probó que estas hubieran sido ocasionadas con un proyectil percutido con un arma de dotación oficial.

6. Recurso de apelación

El 28 de agosto de 2023 9 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 27 de febrero de 202410 y admitido el 10 de mayo siguiente11

6.1. La parte recurrente 12 se limitó a señalar que el a quo erró al negar las pretensiones de la dem anda, toda vez que “no valoró integralmente las pruebas aportadas” que daban cuenta que las lesiones sufridas por Deyanira Meléndez Beltrán fueron ocasionadas por miembros de la Policía Nacional. Respecto a las supuestas lesiones padecidas por Anderson Osp ina Meléndez Ospino y Elías Manuel Ospino Terán no formuló reparo y/o cargo alguno.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 13 y habida cuenta que no se decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

En esta instancia, el ministerio público 14 manifestó que las lesiones sufridas por Deyanira Meléndez Beltrán no eran imputables a la Policía Nacional toda vez que

9 Fl. 1 a 3, C.2. 10 Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado. 11 Índice No. 4, SAMAI – Consejo de Estado.

9 Fl. 1 a 3, C.2. 10 Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado. 11 Índice No. 4, SAMAI – Consejo de Estado. 12 Fl. 1 a 3, C.2. 13 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia”. 14 Índice No. 12, SAMAI – Consejo de Estado.Radicado: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: Deyanira Meléndez Beltrán y otros

6 ninguna de las pruebas obrantes en el expediente permitió constatar, con grado de certeza, que el proyectil que las causo provino de un arma de dotación oficial y/o que un agente de la institución policial hubiere sido quien lo percutió.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de febrero de 2023, proferida por el

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia a nte esta Corporación 15, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa porque se reclama la reparación de perjuicios por unos hechos imputables a la Policía Nacional.

15 La pretensión mayor de la demanda se estimó en 500 SMLMV. 16 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación

la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de esta. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y en tidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.Radicado: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: Deyanira Meléndez Beltrán y otros

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3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verif icar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal y, por ende, ha de ser examinado de oficio17.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 18, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, i mprorrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud

razonables, perentorios, preclusivos, i mprorrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 19, ofrecer estabili dad del

17 “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 21093. 18“La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en

potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derecho s subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2002. 19 “(...) e l derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesadoRadicado: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: Deyanira Meléndez Beltrán y otros

8 derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, d e carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y

los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, d e carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 20 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia21, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por l a ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que el medio de control de reparación directa deberá

el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la se guridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. Consejo de Estado, sentencia del 23 de febrero de 2006, expediente 6871-05.

a la se guridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. Consejo de Estado, sentencia del 23 de febrero de 2006, expediente 6871-05. 20 “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la p osibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conduc ta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. Consejo de Estado, sentencia del 30 de enero de 2013. 21 “(…) [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por

causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998.Radicado: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: Deyanira Meléndez Beltrán y otros

9 presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el presente asunto, se estima que el ejercicio del derecho de acción se ejerció en tiempo, toda vez que: i) el 31 de enero de 2016, ocurrieron los hechos que aquí se debaten y que, según se alega, habrían sido la causa de unas lesiones físicas a Elías Manuel Ospino Terán, Anderson José Ospino Meléndez y Deyanira Meléndez Beltrán; ii) que el 30 de enero de 201822 los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida el 6 de abril siguiente 23; y, iii) que la demanda se presentó el 9 de abril de 201824, esto es, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la

la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis25.

4.1. Elías Manuel Ospino Terán (víctima y padre de Anderson José Ospino Meléndez), Anderson José Ospino Meléndez (víctima e hijo de Elías Manuel Ospina Terán y Deyanira Meléndez Beltrán) y Deyanira Meléndez Beltrán (víctima y madre de Anderson José Ospino Meléndez) y, Ledis María, Javier y Luis Alfonso Meléndez Beltrán (hermanos de Deyanira Meléndez Beltrán y tíos de Anderson José Ospino Meléndez) están legitimados en la causa por activa, pues los tres (3) primeros fueron quienes sufrieron las lesiones físicas cuyo resarcimiento se pretende y los

22 Fl. 19 a 22, C.1. 23 Fl. 19 a 22, C.1. 24 Fl. 1 a 18, y 179, C.1. 25 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver

de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.Radicado: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: Deyanira Meléndez Beltrán y otros

10 demás, conforman su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento26.

4.2. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Subsección 27, pues se afirma en la demanda que las lesiones sufridas por Elías Manuel Ospino Terán, Anderson José Ospino Meléndez y Deyanira Meléndez Beltrán fueron provocadas por agentes de esa institución.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso en concreto, la Policía Nacional es patrimonialmente responsa ble por las lesiones físicas sufridas por Deyanira Meléndez Beltrán, pues, según se afirmó en la demanda, estás fueron ocasionadas por un impacto de bala proveniente de un arma de dotación oficial.

No se estudiará la eventual responsabilidad que le podría asistir a la entidad demandada respecto de las lesiones físicas sufridas por Elías Manuel Ospino Terán

por un impacto de bala proveniente de un arma de dotación oficial.

No se estudiará la eventual responsabilidad que le podría asistir a la entidad demandada respecto de las lesiones físicas sufridas por Elías Manuel Ospino Terán y Anderson José Ospino Meléndez, pues ello no fue objeto de reparo en el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 28 del Código General del Proceso, exclusivamente habrá lugar a resolverse los cargos formulados contra la decisión recurrida.

26 Fl. 23 a 32, C.1. 27 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 20420. 28 Artículo 328 . “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…) El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (…)”.Radicado: 13001233300020180027301 (71183)

Demandante: Deyanira Meléndez Beltrán y otros

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6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre: i) la responsabilidad patrimonial del Estado; ii) el régimen de

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6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre: i) la responsabilidad patrimonial del Estado; ii) el régimen de responsabilidad de la Administración por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza; y iii) el régimen de responsabilidad del Estado por daños causados con armas de dotación oficial.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 29 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fór mula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro componente necesario para establecer la responsabilidad y es el referido a su atestación a qui en deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejer cicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la

anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejer cicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocu rre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros30.

29 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acci ón o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra ést e”. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.Radicado: 13001233300020180027301 (71183) Demanda