CE - Sentencia 13001233300020180029401 de 2025

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00294-01 (29062)

Demandante: KMA Construcciones S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2018-00294-01 (29062)

Demandante: KMA Construcciones S.A.S.

Demandado: Distrito de Cartagena

Temas: Impuesto de industria y comercio año 2013 . Ingresos en otros municipios. Sanción por inexactitud.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación1 interpuestos por ambas partes en contra de la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 4, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y negó la condena en costas.

La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente2:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. AMC-RES-000004-207 de enero 3 de 2017, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda Pública Distrital de

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. AMC-RES-000004-207 de enero 3 de 2017, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda Pública Distrital de Cartagena profirió la liquidación de revisión mediante la cual determinó y liquidó el Impuesto de Industria y Comercio a cargo de la sociedad KMA Construcciones por el año 2013; así como de la Resolución AMC-RES-004251 de octubre 30 de 2017, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración contra la decisión anterior.

SEGUNDO: Como (sic) como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del

derecho:

2.1 ORDENAR al Distrito de Cartagena realizar la reliquidación del impuesto de industr ia y comercio del año gravable 2013, con el nuevo saldo de “INGRESOS OBTENIDOS

FUERA DEL DISTRITO” ($158.987.896.000).

2.2 ORDENAR al Distrito de Cartagena realizar la reliquidación de la sanción por inexactitud impuesta con base en el artículo 288 de la Ley 1819 / 16 “La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor”.

TERCER: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. […]

1 Ingresó al despacho el 19 de julio de 2024. SAMAI CE. Índice 3. 2 SAMAI CE, Índice 2. Sentencia.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00294-01 (29062)

1 Ingresó al despacho el 19 de julio de 2024. SAMAI CE. Índice 3. 2 SAMAI CE, Índice 2. Sentencia.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00294-01 (29062)

Demandante: KMA Construcciones S.A.S.

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ANTECEDENTES

Actuación administrativa

El 30 de abril de 2013 la demandante presentó declaración del impuesto de industria y comercio – ICA del Distrito de Cartagena, en la que determinó $206.747.492.000 de ingresos obtenidos fuera del municipio, $298.704.000 de impuesto a cargo, para un total a pagar de $7.212.0003.

El 3 de enero de 2017 la demandada emitió la Resolución Liquidación de Revisión AMC-RES-000004-2017 en la que determinó valor de $0 de ingresos obtenidos fuera del municipio, $ 2.316.558.000 de impuesto a cargo, $3.228.566.000 de sanción por inexactitud, para un total a pagar de $5.246.420.0004.

El 7 de marzo de 2017 la demandante presentó recurso de reconsideración en contra de la liquidación de revisión enunciada 5. Sin embargo, el 30 de octubre de 2017 la demandada expidió la Resolución AMC-RES-004251-2017 en la que modificó el acto recurrido, en reconocer $121.036.107.000 de ingresos obtenidos fuera del municipio,

demandada expidió la Resolución AMC-RES-004251-2017 en la que modificó el acto recurrido, en reconocer $121.036.107.000 de ingresos obtenidos fuera del municipio, estableció $1.135.245.000 de impuesto a cargo, $1.343.499.000 de sanción por inexactitud, para un total a pagar de $2.183.186.0006.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones7:

PRIMERA. Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 137 de la ley 1437 de 2011, se declare la nulidad de los Actos Adm inistrativos demandados, proferidos por la Alcaldía de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural – Secretaría de Hacienda Pública Distrital de Cartagena de Indias – División de Impuestos Distritales (la “Secretaría de Hacienda”), por medio de los cuales se modificó la declaración privada del impuesto de industria y comercio presentada por KMA en Cartagena para la vigencia 2013 y que son los siguientes:

1. Resolución No. AMC-RES-000004-2017 de enero 3 de 2017 notificada en enero 10 de 2017, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda Pública de Cartagena profirió liquidación oficial de revisión mediante la cual determinó y liquidó el impuesto de industria y comercio a cargo de la sociedad KMA Construcciones S.A.S., por el año 2013. ii. Resolución AMC-RES-004251 de octubre 30 de 2017, notificada personalmente

impuesto de industria y comercio a cargo de la sociedad KMA Construcciones S.A.S., por el año 2013. ii. Resolución AMC-RES-004251 de octubre 30 de 2017, notificada personalmente en enero 31 de 2018, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda pública Distrital de Cartagena resolvió el recurso de reconsideración interpuesto y modificó la liquidación contenida en la Resolución AMC -RES-000004-2017 de enero de 2017.

SEGUNDA. Que, con fundamento en lo establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 y como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los Actos Administrativos Demandados, se restablezca el derecho de la sociedad KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., y se declare que su declaración del i mpuesto de industria y comercio correspondiente al

3 SAMAI CE, Índice 2. Cuaderno 1. pp 133. 4 Ibidem. pp. 128 a 134. 5 Ibidem. pp. 45 a 51. 6 Ibidem. pp. 34 a 43. 7 Ibidem. pp. 1 a 15.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00294-01 (29062)

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3 año gravable 2013 en el Municipio de Cartagena , se encuentra en firme y que, por consiguiente, por esa vigencia fiscal, no está obligada a pagar un mayor impuesto de industria y comercio, ni intereses de mora ni la sanción de inexactitud.

año gravable 2013 en el Municipio de Cartagena , se encuentra en firme y que, por consiguiente, por esa vigencia fiscal, no está obligada a pagar un mayor impuesto de industria y comercio, ni intereses de mora ni la sanción de inexactitud.

1.2. Primera subsidiaria

Que, en caso de que no se acoja las anteriores pretensiones principales , de manera subsidiaria, se declare que KMA está obligada únicamente a pagar un valor total de cinco millones ochocientos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($5.800.654), discriminados así

Ingresos no acreditados por KMA $368.540.859 Tarifa ICA $8 x 1000 Mayor valor impuesto $2.900.327 Sanción por inexactitud (100%) $2.900.327 Total $5.800.654

1.3 Segunda Subsidiaria

Que, en caso de que no se acojan las anteriores pretensiones principales ni la primera subsidiaria a todas éstas, se declare que KMA está obligada únicamente a pagar un valor total de siete millones quinientos cuarenta mil ochocientos cincuenta pesos ($7.5 40.850), discriminados así:

Ingresos no acreditados por KMA $368.540.859 Tarifa ICA $8 x 1000 Mayor valor impuesto $2.900.327 Sanción por inexactitud (160%) $4.640.523 Total $7.540.850

1.4 Tercera Subsidiaria

Que, en caso de que no se acojan las anteriores pretensiones principales y subsidiarias, de manera subsidiaria, se declare lo siguiente:

Que, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 647 del Estatuto

Que, en caso de que no se acojan las anteriores pretensiones principales y subsidiarias, de manera subsidiaria, se declare lo siguiente:

Que, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 647 del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que la inexactitud se debe a una interpretación razonable de la Ley, no hay lugar a la sanción por inexactit ud que pretende imponer la Secretaría de Hacienda.

1.5 Cuarta Subsidiaria

Que, en caso de que no se acoja n las anteriores pretensiones principales y subsidiarias, de manera subsidiaria a ésta, con fundamento al principio de favorabilidad aplicable en materia sancionatoria, se declare que la sanción de inexactitud aplicable es la establecida por el artículo 28 8 de la Ley 1819 de 2016 y que asciende al cien p or ciento (100%) del mayor valor del impuesto a cargo de KMA.

Invocó como vulnerados los artículos 29 de la Constitución Política; 741, 746, y 755 del Estatuto Tributario; 32 de la Ley 14 de 1983; 59 de la Ley 788 de 2002 y 5 de la Ley 1006 de 2006, bajo el siguiente concepto de violación8:

Alegó que los actos demandados fueron expedidos con falsa motivació n, porque a pesar de que el municipio se encuentra obligado a aplicar las normas de procedimiento del Estatuto Tributario Nacional creó una tarifa legal al negar los pagos de ICA en otros municipios. Además, de acuerdo con el artículo 746 del Estatuto Tributario la carga de la prueba era de la Administración, debido a que no existe ningún documento que

del Estatuto Tributario Nacional creó una tarifa legal al negar los pagos de ICA en otros municipios. Además, de acuerdo con el artículo 746 del Estatuto Tributario la carga de la prueba era de la Administración, debido a que no existe ningún documento que

8 Ibidem. Junto con reforma de la demanda SAMAI CE, Índice 2. Cuaderno 3. pp. 410 a 437.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00294-01 (29062)

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4 soporte los supuestos ingresos que se obtuvieron en Cartagena, por lo que en caso de cualquier duda probatoria se debió de fallar a favor del contribuyente de acuer do con el artículo 745 de dicho estatuto.

Señaló que el artículo 99 del Acuerdo 41 de 2006 establece una tarifa legal al ordenar que solo con la prueba de pago de ICA en otros municipios se puede determinar los ingresos por fuera del Distrito de Cartagen a. Además, solicita que no se tengan en cuenta como ingresos de dicho distrito los obtenidos por participación en empresas, ya que de acuerdo con los artículos 27 y 28 del Estatuto Tributario no son ingresos fiscales.

Advirtió que el funcionario que expidió los actos demandados no era competente, ya que el Decreto 1701 de 2015 expedido por el alcalde de Cartagena no lo facultaba para expedir los actos demandados. Adicionalmente, a legó que la sanción por

que el Decreto 1701 de 2015 expedido por el alcalde de Cartagena no lo facultaba para expedir los actos demandados. Adicionalmente, a legó que la sanción por inexactitud no es procedente, debido a que existe una diferencia de criterios en relación con las pruebas remitidas al expediente, pero no se realizó ninguna de las conductas sancionadas en el artículo 647 del Estatuto Tributario.

Explicó que los actos demandados violan los artículos 640 y 647 del Estatuto Tributario, porque no permiten aplicar el principio de favorabilidad para reducir la sanción del 160% al 100%. En el mismo sentido, alegó violación al principio al debido proceso, debido a que no se estudiaron la totalidad de las pruebas remitidas, que soportan el valor de los ingresos adquiridos por fuera de Distrito de Cartagena y que se deben aceptar los ingresos de consorcios en otras jurisdicciones.

Contestación de la demanda

El Distrito de Cartagena se opuso a las pretensiones de la demanda9, a cuyos términos explicó que el proceso administrativo tuvo como fuente el Estatuto Tributario del Distrito de Cartagena, y la demandante no probó por medio de certificado bancarios y corrección de declaraciones el pago de ICA en otros municipios.

Indicó que los actos administrativos están debidamente motivados, ya que desde el requerimiento especial se señalaron claramente las pruebas faltantes que justifican la modificación la declaración presentada . Además, todos los actos del proceso administrativo guardan coherencia entre sí, lo que le permitió a la demandante ejercer su derecho a intervenir en cada etapa procesal . P or lo tanto, consideró que se

modificación la declaración presentada . Además, todos los actos del proceso administrativo guardan coherencia entre sí, lo que le permitió a la demandante ejercer su derecho a intervenir en cada etapa procesal . P or lo tanto, consideró que se respetaron las garantías al debido proceso y derecho de defensa. Asimismo, manifestó que procede la sanción por inexactitud impuesta.

Sentencia Apelada

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y negó la condena en cosas10 al explicar que las partes no remitieron el Decreto 1701 de 2015 de la alcaldía del Distrito de Cartagena, por lo que no se puede determinar con exactitud la competencia de los funcionarios que emitieron los actos demandados.

9 SAMAI CE, Índice 2. Cuaderno 4. p.p. 645 a 649 junto con respuesta a la reforma de la demanda SAMAI CE Índice 2. Cuaderno 4. p.p. 696 a 700. 10 SAMAI CE, Índice 2. Sentencia.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00294-01 (29062)

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5 Manifestó que los actos demandados no están falsamente motivados, debido a que el Distrito de Cartagena con fundamento en las pruebas recaudadas desvirtuó la declaración privada. Además, el artículo 99 del Acuerdo 41 de 2006 no creó una tarifa legal, norma que debe ser interpretada en consonancia con el artículo 684 del Estatuto

declaración privada. Además, el artículo 99 del Acuerdo 41 de 2006 no creó una tarifa legal, norma que debe ser interpretada en consonancia con el artículo 684 del Estatuto Tributario, el cual faculta a las Autoridades Tributarias para solicitar información a los contribuyentes.

Aclaró que la demandada desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración, pues resultaba válido que solicitara pruebas del pago de ICA en otros municipios. Además, luego de realizar un estudio de l material probatorio aportado por la demandante , determinó que están probados ingresos fuera del Distrito de Cartagena por cuantía de $158.987.896.000.

Respecto a las pruebas de ingresos por participación en consorcios , consistentes en certificados de revisor fiscal y contador público, señaló que no son prueba suficiente porque no indican los soportes contables, libros o información en los que se respaldan. Adicionalmente, el dictamen pericial que fue remitido junto con la reforma de la demanda no cumple con los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso -CGP-, ya que no cuenta con los documentos soporte de la experiencia y el título académico de la perito, y debido a que la prueba no fue sometida a contradicción.

En el mismo sentido , explicó que de oficio se solicitó dictamen pericial, pero dicha prueba no respondió los problemas jurídicos planteados y no hizo referencia a ninguna de las pruebas remitidas al expediente, por lo que no fue tenido en cuenta para la decisión11. Adicionalmente, advirtió que varios de los argumentos de la demanda y su reforma no fueron expuestos en vía de recursos administrativos.

Concluyó que no se violó el debido proceso, toda vez que no están demostrados los

decisión11. Adicionalmente, advirtió que varios de los argumentos de la demanda y su reforma no fueron expuestos en vía de recursos administrativos.

Concluyó que no se violó el debido proceso, toda vez que no están demostrados los ingresos derivados de la participación en otras sociedades , cuyo tratamiento fiscal difiere del contable. Adicionalmente estimó que no es posible reconocer deducciones que no fueron solicitadas por la demandante, sobre todo si se tiene en cuenta que el rubro que está en discusión es el de ingresos.

Aclaró que la sanción por inexactitud es procedente, porque no existió una diferencia de criterios entre las partes sino una falta de acreditación del origen de los ingresos . No obstante, en aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, introducido por la Ley 1819 de 2018, redujo la tarifa de la sanción del 160% al 100%.

Finalmente, declaró que no procede condena en costas, porque las pretensiones prosperaron parcialmente.

Recurso de Apelación

La demandante apeló la decisión del a quo 12 a cuyo efecto alegó que la demandada no desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración tributaria, toda vez que no aportó pruebas que contradijeran los datos declarados por el contribuyente, y en ese sentido, cualquier duda proveniente de un vacío probatorio, debe resolverse a favor de este.

11 Mediante Audiencia de Pruebas 1 del 14 de marzo de 2022 el Tribunal incorporó como prueba el dictamen pericial que fue decretado de oficio y el aportado por el Distrito de Cartagena y advirtió que su valor y eficacia se ponderarían en la sentencia.

11 Mediante Audiencia de Pruebas 1 del 14 de marzo de 2022 el Tribunal incorporó como prueba el dictamen pericial que fue decretado de oficio y el aportado por el Distrito de Cartagena y advirtió que su valor y eficacia se ponderarían en la sentencia. 12 SAMAI CE, Índice 2. Apelación.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00294-01 (29062)

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Consideró que el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria, pues si bien no tuvo en cuenta la declaración de ICA del municipio de Ciénaga de Oro por corresponder al año 2012 y no al 2013, en el expediente obran otros medios de prueba que soportan la totalidad de los ingresos adquiridos en otros municipios por valor de $162.648.658.000, como son: los certificados de ingresos, el dictamen pericial técnico y contable y la prueba técnica de oficio.

Manifestó que, se deben reconocer también como ingresos de otros municipio s los recibidos por participación en consorcios en cuantía de $33.594.935.141, los cuales se encuentran acreditados en: certificado de revisor fiscal, certificado de contador público, dictamen pericial técnico contable, y prueba técnica de oficio.

Del mismo modo, s olicitó tener en cuenta que dentro de los ingresos recibidos fuera del distrito también están los ingresos por método de participación que ascienden a $10.177.132.000 y están soportados en el certificado de revisor fiscal, el certificado de

Del mismo modo, s olicitó tener en cuenta que dentro de los ingresos recibidos fuera del distrito también están los ingresos por método de participación que ascienden a $10.177.132.000 y están soportados en el certificado de revisor fiscal, el certificado de contador público, el dictamen pericia l técnico cont able, la Nota 3 de los estados financieros, y la prueba técnica de oficio.

Sumado a lo anterior , se debe n reconocer como ingresos en otros municipios los ajustes respecto a l método de depreciación contable por $258.634.990, respecto de los cuales el a quo guardó silencio.

Advirtió que , con fundamento en las pruebas enunciadas previamente , también se deben aceptar como ingresos de otros municipios : $65.016.198 por concepto de indemnización por pérdida de vehículo, $20.200.766 por participación en el Consorcio Telecomunicaciones, $726.520 por ingresos recibidos en Tocancipá, y $1.225.000 por ingresos recibidos en Barrancabermeja.

En consecuencia, señaló que en total deben reconocerse ingresos obtenidos fuera del Distrito de Cartagena por $206.766.528.615, que es el valor declarado y que se encuentra soportado.

Explicó que en vía de recursos administrativos la demandada sol amente solicitó las declaraciones de otros municipios, por lo que el Tribunal debió evaluar todas las demás pruebas que se remitieron.

Señaló que los certificados de revisor fiscal cumplen con todos los requisitos técnicos, para que sean reconocidos como prueba válida, así mismo, el dictamen pericial cumple con los requisitos de los artículos 226 del CGP y 220 del CPACA. R emitió diploma y

Señaló que los certificados de revisor fiscal cumplen con todos los requisitos técnicos, para que sean reconocidos como prueba válida, así mismo, el dictamen pericial cumple con los requisitos de los artículos 226 del CGP y 220 del CPACA. R emitió diploma y certificado de vigencia de tarjeta profesional y los estados financieros que soportan la información de los ingresos de los consorcios.

Alegó que no se estudiaron todas las pruebas del expediente, como las declaraciones de ICA de los consorcios, un certificado de ingresos , estados financieros, método de depreciación y la indemnización por pérdida de automóvil.

Expresó que no procede la sa nción por inexactitud y en todo caso debe reducirse al 100% en aplicación del principio de favorabilidad.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00294-01 (29062)

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7 La demandada apeló la sentencia de primera instancia 13, alegó que desde el requerimiento especial las pruebas de las declaraciones remitidas no cumplían con los sellos y soportes necesarios para su aceptación. Además, señaló que en el presente caso no procede aplicar favorabilidad en la sanción por inexactitud, por tratarse de una decisión extra petita.

Pronunciamientos finales

Las partes y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

decisión extra petita.

Pronunciamientos finales

Las partes y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

En los términos de los recursos de apelación, se debe establecer (i) si los actos demandados son violatorios al debido proceso, por indebida valoración probatoria y (ii) si la sanción por inexactitud es procedente.

Cuestión previa

La demandante remitió adjunto al escrito de apelación la hoja de vida y el acta de grado de la perito designada con el fin de acreditar su calidad de contadora pública y su experticia como perito.

En relación con las pruebas en segunda instancia el artículo 212 del CPACA dispone lo siguiente:

Art. 212. Oportunidades probatorias: Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código. […]

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de c omún acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las prueba s de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

De acuerdo con la norma transcrita, se requiere que las pruebas en segunda instancia cumplan con alguno de los requisitos enunci ados. Sin embargo, en el presente caso

13 SAMAI CE, Índice 2. ApelaciónDd.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00294-01 (29062)

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8 la demandante solo remitió documentos y no sustentó las razones por las que considera que se encuentra incursa dentro de alguno de los supuestos previstos en la norma transcrita, por lo que las pruebas que anexó a la apelación no serán valoradas.

De los ingresos obtenidos fuera del Distrito de Cartagena. Valoración probatoria

La demandante alegó que los actos demandados vulneran el debido proceso porque

norma transcrita, por lo que las pruebas que anexó a la apelación no serán valoradas.

De los ingresos obtenidos fuera del Distrito de Cartagena. Valoración probatoria

La demandante alegó que los actos demandados vulneran el debido proceso porque no desvirtúan la presunción de veracidad de la declaración en discusión, y advirtió que las pruebas remitidas al expediente prueban el valor real de los ingresos obtenidos fuera del municipio.

La Sala advierte que en el presente caso no se discuten si los ingresos fueron recibidos en la jurisdicción de Cartagena o si las actividades realizadas por la demandante son comerciales, industriales o de servicios , ya que el único renglón de la declaración de ICA en discusión por las parte s desde vía administrativa correspondiente al “total de ingresos obtenidos fuera del Distrito” (renglón 2 de la declaración). Además, se aclara que la demandante declaró cero pesos ($0) en el renglón 5 que corresponde a “Deducciones, exenciones y actividades no sujetas”, valor que no fue cuestionado en los actos demandados.

En cuanto a la presunción de veracidad de las declaraciones, el artículo 746 del Estatuto Tributario señala lo siguiente:

Art. 746. Presunción de veracidad: Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que, sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija.

En con cordancia con la norma transcrita el artículo 745 del Estatuto Tributario establece lo siguiente:

requerimientos administrativos, siempre y cuando que, sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija.

En con cordancia con la norma transcrita el artículo 745 del Estatuto Tributario establece lo siguiente:

Art. 745. Las dudas provenientes de vacíos probatorios se resuelven a favor del contribuyente. Las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes en el momento de practicar las liquidaciones o de fallar los recursos, deben resolverse, si no hay modo de eliminarlas, a favor del contribuyente, cuando éste no se encuentre obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las normas del capítulo III de este título.

Sobre la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias esta Sala en sentencia del 8 de febrero de 2024, explicó lo siguiente14:

Frente a la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias establecida en el artículo 746 del ET, la Sala ha dicho que es legal, en tanto el contribuyente no está exento de acreditar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias, correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos; es decir, que dicha presunción admite prueba en contrario y que la autoridad tributaria, para asegurar el «efectivo cumplimiento de las normas sustanciales», puede desvirtuarla mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 ib.

Así pues, es a la autoridad tributaria a quien corresponde desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias y de las respuestas a los requerimientos; y ante una comprobación especial o una exigencia legal, esto corresponde al contribuyente. […]

Así pues, es a la autoridad tributaria a quien corresponde desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias y de las respuestas a los requerimientos; y ante una comprobación especial o una exigencia legal, esto corresponde al contribuyente. […]

14 Exp. 26288. C.P. Stella Jeannette Carvajal BastoRadicación: 13001-23-33-000-2018-00294-01 (29062)

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9 De acuerdo con el criterio de esta Sala, la presunción de veracidad de las declaraciones puede ser desvirtuada por las autoridades tributarias por medio del ejercicio de sus facultades de fiscali zación, por lo que los contribuyentes deben dar respuesta a los requerimientos para acreditar la información suministrada.

En el presente caso, se observa que desde el requerimiento especial la Administración solicitó la comprobación de los ingresos recibidos por fuera de Cartagena, del valor del anticipo y del valor descontado del impuesto en el año 2013. Con fundamento en esta solicitud y la respuesta dada por la sociedad, expidió la liquidación oficial y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración15.

La demandada desvirtuó la presunción de ve racidad de la declaración, con fundamento en las pruebas recaudadas y así, determinó el impuesto a cargo. Además, de acuerdo con las pruebas que obtuvo en el recurso de reconsideración disminuyó el valor del tributo en discusión, por lo que no se evidencia falsa motivación de los actos.

de acuerdo con las pruebas que obtuvo en el recurso de reconsideración disminuyó el valor del tributo en discusión, por lo que no se evidencia falsa motivación de los actos.

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