CE - Sentencia 13001233300020180038201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2018-00382-01 (4714-2023)

Demandante: Tania Rosa Díaz Sabbagh

Demandado: Empresa de Sistema Integrado de Transporte Masivo de

Cartagena

Tema: Declaratoria de insubsistencia de empleo de libre nombramiento y remoción. Naturaleza del empleo de secretario general de

Transcaribe S.A.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Tania Rosa Díaz Sabbagh presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad del acta de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Empresa de Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena2 128 del 2 de noviembre de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad del acta de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Empresa de Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena2 128 del 2 de noviembre de 2017, «en lo que concierne a la decisión de nombrar en su reemplazo a la abogada Mónica Patricia Manrique Montaño».

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro al empleo que venía desempeñando , sin solución de continuidad ; ii) el

1 En adelante CPACA. 2 En adelante Transcaribe S.A.Radicado: 13001-23-33-000-2018-00382-01 (4714-2023) Demandante: Tania Rosa Díaz Sabbagh pago de los emolumentos salariales con sus incrementos anuales dejados de percibir desde la fecha de su retiro [14 de noviembre de 2017]; iii) la actualización de las sumas adeudadas de conformidad con el artículo 187 del CPACA; y iv) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Transcaribe S.A. fue constituida, mediante escritura pública 654 del 15 de julio de 2003, como una «una sociedad anónima de carácter comercial e industrial estatal de orden distrital».

3.2. La Cámara de Comercio de Cartagena adelantó el proceso de selección «por méritos» con el fin de proveer el empleo de secretaria general de Transcaribe S.A., como consecuencia del cual, mediante acta 018 del 2 de noviembre de 2005 , Tanía

méritos» con el fin de proveer el empleo de secretaria general de Transcaribe S.A., como consecuencia del cual, mediante acta 018 del 2 de noviembre de 2005 , Tanía Rosa Díaz Sabbagh fue designada en el empleo, del cual tomó posesión el 15 de noviembre de esa anualidad.

3.3. La demandante ocupó el empleo de secretaria general de Transcaribe S.A. entre el 15 de noviembre de 2005 y el 14 de noviembre de 2017, esto es, durante 12 años y 9 días.

3.4. El 2 de noviembre de 2017, como consta en el acta 128 de la reunión ordinaria de la junta directiva de Transcaribe S.A., fue designada en su reemplazo Mónica Patricia Manrique Montaño.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como disposiciones violadas invocó los artículos 2,13, 25, 48, 125, 209 y 280 de la Constitución Política; y 3, 44, 137, 138 y 179 del CPACA.

5. El concepto de violación se sustentó en los siguientes argumentos:

5.1. El acto a través del cual fue retirada del servicio fue expedido con desviación de poder, porque si bien el empleo de secretaria general era de libre nombramiento y remoción el ejercicio de esta facultad discrecional debía «ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza»; sin embargo, no se consideró «la optimización de ese servicio como último fin», toda vez que la persona que fue designada en su reemplazo no contaba con «las condiciones que le fueron exigidas [a la demandante]» durante el proceso

norma que la autoriza»; sin embargo, no se consideró «la optimización de ese servicio como último fin», toda vez que la persona que fue designada en su reemplazo no contaba con «las condiciones que le fueron exigidas [a la demandante]» durante el proceso de selección y, en su lugar «se nombra directamente a una abogada, sin experiencia en el cargo, sin bilingüismo, sin doble titulación profesional, sin que pasara por un proceso previo de meritocracia».

3 Para mayor comprensión los hechos se sintetizarán de acuerdo con el material probatorio allegado.Radicado: 13001-23-33-000-2018-00382-01 (4714-2023)

Demandante: Tania Rosa Díaz Sabbagh

5.2. Con la expedición del acto demandado se desconoció el principio de igualdad porque se «se flexibiliz[aron] los requisitos para acceder al cargo, toda vez que mientras a la demandante se le exigió el conocimiento del idioma inglés, a quien se nombra en su sustitución no se le exigió».

5.3. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado «la entidad pública que retira del servicio a un funcionario con una muy buena hoja de vida, con amplia experiencia acumulada en una misma función pública, bilingüe, con dos títulos profesionales que guardan relación con las funciones del cargo, con ingreso al servicio por méritos previamente calificados, le corresponde probar cómo ha de mejorar el servicio que el separado prestó eficientemente».

5.4. Transcaribe S.A. desconoció su derecho al trabajo y con ello que es «madre, esposa e hija, su suste nto y el de su familia lo provee del salario que devengaba en la entidad demandada, y esa situación de vida para ella y su núcleo familiar fue abruptamente

e hija, su suste nto y el de su familia lo provee del salario que devengaba en la entidad demandada, y esa situación de vida para ella y su núcleo familiar fue abruptamente interrumpida por el acto de separación del servicio».

1.2. Contestación de la demanda

6. 1.2.1. Transcaribe S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones , con

fundamento en lo siguiente:

6.1. La pretensión de nulidad se sustentó en que la causal de desviación de poder «asociado al derecho al trabajo, a la igualdad y a parámetros de proporcionalidad y racionalidad, argumentando los límites que tiene la discrecionalidad», para lo cual se limitó a referirse a « parámetros conceptuales de la desviación de poder, para lo cual, la única prueba que presenta es la hoja de vida de la demandante».

6.2. En el caso en estudio «no existe mala fe, no se desmejoró el servicio, no ha habido acto inmoral o antiético que trasgreda los principios de la función administrativa. Aquí lo que ocurre, es que alguien afectado en su interés particular, so pretexto de ser idónea y super cualificada, desea supeditar a la Transcaribe S.A., a mantenerla en el cargo, como si tuviera una escritura sobre el mismo, o hubiera concursado en un cargo de carrera administrativa, s o pretexto además, de haberse evaluado en su momento, su hoja de vida».

6.3. Finalmente, propuso la excepción que denominó «ejercicio constitucional, legal y estatutario de una competencia funcional».

7. 1.2.2. Mónica Patricia Manrique Montaño solicitó ser desvinculada por carecer de

6.3. Finalmente, propuso la excepción que denominó «ejercicio constitucional, legal y estatutario de una competencia funcional».

7. 1.2.2. Mónica Patricia Manrique Montaño solicitó ser desvinculada por carecer de legitimación en la causa por pasivo por que desde el 19 de diciembre de 2018 fue desvinculada del empleo de secretaria general de Transcaribe S.A.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el 30 deRadicado: 13001-23-33-000-2018-00382-01 (4714-2023) Demandante: Tania Rosa Díaz Sabbagh septiembre de 2022 , negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los

siguientes argumentos:

8.1. Si bien la dem andante sustentó la configuración la causal de desvío de poder en que la persona que fue designada en su reemplazo tenía menos calidades académicas y de experiencia, tal argumento no estaba llamado a prosperar, comoquiera que en el proceso solo quedó acreditado que Mónica Manrique Montaño cumplía con los requisitos mínimos del empleo; sin embargo no se aportó la hoja de vida que permitiera constatar que en efecto «no tuviera más calidades académicas o de otro tipo que superaran las de la accionante».

8.2. Adicionalmente, «el hecho de que la señora Díaz Sabbagh tuviera estudios y experiencia adicional no implicaban automáticamente la modificación de las condiciones del manual de funciones de la entidad; y que, por lo tanto, la próxima persona a elegir para ocupar el cargo debiera tener una hoja de vida más nutrida que la de la secretaria anterior».

adicional no implicaban automáticamente la modificación de las condiciones del manual de funciones de la entidad; y que, por lo tanto, la próxima persona a elegir para ocupar el cargo debiera tener una hoja de vida más nutrida que la de la secretaria anterior».

8.3. De acuerdo con los estatutos de la empresa el empleo de secretaria general era de libre nombramiento y remoción «elegidos por la Junta Directiva, para periodos de un año, reelegibles para el periodo siguiente», por lo que la designación efectuada a Tania Rosa Díaz Sabbagh no era indefinida sino que estaba sometida a un periodo de 1 año, tras el cual podía ser reelegida «esto, nos lleva a concluir que, lo que aquí sucedió fue que a la demandante no se le reeligió para continuar en el cargo, luego de vencido su periodo».

8.4. En relación con la afectación al principio de igualdad, este no se configuró en el sub judice porque «el hecho de que la Junta Directiva aprobara la realización de un concurso de méritos, es mero ejercicio de la autonomía de dicho órgano decisorio, puesto que no existe norma que lo obligue a que siempre se debe elegir de esa forma ». Adicionalmente, esta exigencia no fue establecida en los estatutos de la empresa.

8.5. Finalmente, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, se abstuvo de condenar en costas al encontrar que la demanda contaba con fundamentos para demandar.

1.4. El recurso de apelación

9. Tania Rosa Díaz Sabbagh solicitó que se revo cara la sentencia proferida por el tribunal y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda, con sustento en

los siguientes argumentos:

9. Tania Rosa Díaz Sabbagh solicitó que se revo cara la sentencia proferida por el tribunal y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda, con sustento en

los siguientes argumentos:

9.1. Los actos a través de los cuales el nominador ejerce la facultad discrecional para nombrar y remover empleados se presumen legales e inspiradas en la mejora del servicio público, «ante lo cual nos preguntamos. ¿Qué pasó que para nombrar al remplazo de la accionante, ya no fue menester el conocimiento del idioma inglés como segunda lengua?, igualmente nos preguntamos. ¿Qué pasó que para nombrar a quien había de suceder en el cargo a mi asistida, no fue menester abrir un concurso de mérito para que a este cargoRadicado: 13001-23-33-000-2018-00382-01 (4714-2023) Demandante: Tania Rosa Díaz Sabbagh accediera el mejor preparado?» [sic].

9.2. Al a quo le co rrespondía « observar desde las pruebas el acto de nombramiento, amparado de presunción de legalidad, y el acto de desvinculación igualmente amparado de legalidad, estaba en el deber la Sala bajo la óptica del artículo 187 del Cpaca de analizar las razones que tuvo TRA NSCARIBE SA, para eliminar los requisitos extras que le exigió a mi asistida y a todos aquellos que se inscribieron en el concurso de mérito para proveer el cargo a través de ese mecanismo, así como la exigencia de conocimiento de una segunda lengua (inglés).- Será que para proveer el cargo del cual es separada del servicio mi poderdante, esos requisitos ya no se requerían, y con ello la presunción de legalidad del acto de su

(inglés).- Será que para proveer el cargo del cual es separada del servicio mi poderdante, esos requisitos ya no se requerían, y con ello la presunción de legalidad del acto de su nombramiento perdió validez.- Lastimosamente para el buen suceso de administrar justicia la SALA no se pronunció sobre el acto de nombramiento, no analizó ni cuestionó la eliminación de los requisitos extras, y si la optimización del servicio público es el fin último de la discrecionalidad para nombrar y remover, correspondía inevitablemente discernir las razones para que esos requisitos extras que optimizaron el servicio cuando fue nombrada mi poderdante perdieran actualidad cuando la separan y nombran a su remplazo».

9.3. El tribunal concluyó que la demandante tenía la carga de aportar la hoja de vida de quien fue nombrada en su reemplazo para efectos de determinar que «no tuviera más calidades académicas o de otro tipo que superaran las de la accionante», sin embargo, ese documento se encontraba en poder de la demandada, por lo que era esta la que tenía la obligación legal de aportarlo con la contestación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del CPACA.

9.4. En la sentencia de primera instancia se concluyó que , según los estatutos de la empresa demandada, la designación del secretario general estaba sometida a 1 año, sin embargo, esto fue reformado a través del acta del 10 de marzo de 2007, protocolizada a través de la escritura pública 0872 del 22 de julio de 2011, a partir de la cual desapareció «el período fijo de un (1) año del cargo».

9.5. En el fallo de instancia no se emitió pronunciamiento en relación con la

la cual desapareció «el período fijo de un (1) año del cargo».

9.5. En el fallo de instancia no se emitió pronunciamiento en relación con la jurisprudencia del Consejo de Estado, según los cuales , en casos como el que es objeto de estudio, la hoja de vida de la demandante es prueba suficiente para demostrar que el nominador con la expedición del acto acusado desbordó la proporcionalidad del ejercicio de la facultad discrecional que le confiere la ley. Como sustento citó la sentencia proferida por la Sección Segunda el 8 de mayo de 2000 «actor: Doris Isabel Ceballos contra ISS, expediente 2459».

1.5. Tramite en segunda instancia

10. El recurso de apelación se admitió el 23 de enero de 2024 , de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021.

11. A través del recurso de apelación, la demandante solicitó que se requiriera a Transcaribe SA para que remit iera la hoja de vida de Mónica Manrique Montaño, a efectos de compar ar las calidades académicas y profesionales con las de laRadicado: 13001-23-33-000-2018-00382-01 (4714-2023) Demandante: Tania Rosa Díaz Sabbagh demandante. Asimismo, en dicha impugnación aportó i) la escritura pública 0872 del 22 de julio de 2011 de la Notaría 6 del Círculo Notarial de Cartagena, por medio de la cual se suprimió de los estatutos sociales de Transcaribe SA, el periodo fijo de un año para, entre otros, el cargo de secretario general de la entidad, ello con el fin de

cual se suprimió de los estatutos sociales de Transcaribe SA, el periodo fijo de un año para, entre otros, el cargo de secretario general de la entidad, ello con el fin de esclarecer que el a quo se valió de una norma derogada, esto es, el artículo 61 de la escritura pública 985 del 31 de agosto de 2005, para negar las pretensiones de la demandante; y ii) el certificado de registro en la Cámara de Comercio de Cartagena de la escritura pública anterior.

12. Dicha solicitud probatoria fue negada con sustento en las siguientes

consideraciones:

«Al revisar el expediente, el despacho encuentra que la parte demandante no acreditó que la hoja de vida de Mónica Manrique Montaño, que ahora pretende hacer valer, fuera solicitada en la oportunidad probatoria correspondiente en primera instancia, esto es, en términos del artículo 212 del CPACA, en «la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último ev ento circunscritas a la cuestión planteada […]». Por tanto, no es procedente decretarla mediante este medio excepcional, pues con ello se desconocería el principio de oportunidad probatoria.

Entonces, al no demostrase la causal 4 establecida en el artículo 212 del CPACA para la procedencia excepcional de las pruebas en segunda instancia, es innecesario estudiar los requisitos generales de toda prueba previstos en el artículo 168 del CGP, esto es, pertinencia, conducencia y utilidad.

De otro lado, frente a la escritura pública 0872 del 22 de julio de 2011 de la Notaría Sexta

requisitos generales de toda prueba previstos en el artículo 168 del CGP, esto es, pertinencia, conducencia y utilidad.

De otro lado, frente a la escritura pública 0872 del 22 de julio de 2011 de la Notaría Sexta del Círculo Notarial de Cartagena y el certificado de registro en la Cámara de Comercio de Cartagena, que la demandante aportó junto con el escrito de la demanda, se observa que, la primera documentaría obraba en el proceso7 y la segunda no demostró la imposibilidad de solicitarla en la oportunidad procesal pertinente y, en todo caso, este certificado de registro no es de utilidad, ya que con la referida escritura e stá suficientemente probado el argumento expuesto por la demandante en el recurso de alzada.»

1.6. El Ministerio Público

13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta instancia.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

14. Se circunscribe a establecer: ¿si la decisión de declarar insubsistente el nombramiento de Tania Rosa Díaz Sabbagh está viciada de nulidad por desviación de poder porque esta decisión no tuvo como fin mejorar el servicio?

2.2. Marco normativo. Aspectos generales de la función públicaRadicado: 13001-23-33-000-2018-00382-01 (4714-2023)

Demandante: Tania Rosa Díaz Sabbagh

2.2.1. Naturaleza jurídica de los empleos públicos

15. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 125 4 que, por

2.2.1. Naturaleza jurídica de los empleos públicos

15. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 125 4 que, por

regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

16. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención, el legislador expidió las leyes 27 de 19925, 443 de 19986 y 909 de 20047, y en el artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función pública los

empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y iv) los temporales.

17. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación de los empleos públicos 8 en la función pública goza de reserva legal, pues es del resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de cada entidad, tales como el g rado de confianza, la responsabilidad que se adquiere en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si son meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias exigidas para su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una diferencia sustancial

4 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás

4 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido». 5 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras disposiciones». 6 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones». 7 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones».

disposiciones». 6 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones». 7 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones». 8 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado» .Radicado: 13001-23-33-000-2018-00382-01 (4714-2023) Demandante: Tania Rosa Díaz Sabbagh entre los empleos que la conforman. De esta manera se establece la siguiente clasificación:

18. i) De carrera . Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de personal tiene como fin principa l garantizar la materialización de los principios de eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública 9, pues a través de este la administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que están a su cargo.

19. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio de sus funciones. En efecto, históricamente10 este mecanismo respondió a la pugna que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la

pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio de sus funciones. En efecto, históricamente10 este mecanismo respondió a la pugna que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad discrecional del nominador 11; de manera que, para contrarrestar los excesos burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del trabajador para realizar una labor.

20. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:

«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna».

21. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través del

sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la estabilidad del empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus funcione s observe y

solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus funcione s observe y cumpla la Constitución, la ley y el reglamento interno, no será removido de él12.

9 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa. 10 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscit ario de 1957, la creación de la carrera administrativa para acceder a la función pública. 11 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max. 12 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.Radicado: 13001-23-33-000-2018-00382-01 (4714-2023) Demandante: Tania Rosa Díaz Sabbagh Además, la administración cuenta con la seguridad de que la función pública será prestada acorde con los principios de eficiencia y eficacia.

22. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto es, implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.

23. ii) De libre nombramiento y remoción . Ahora bien, ante la necesidad de contar con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función

implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.

23. ii) De libre nombramiento y remoción . Ahora bien, ante la necesidad de contar con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una

excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se encuentre legalmente previsto como tal, lo que brinda al nominador la discrecionalidad para designar (elegir o nombrar) al empleado al cual se le confiarán ciertas funciones, toda vez que el cargo a ocupar exige plena confianza o implica una decisión política13, esto es que la naturaleza de las labores que desempeñan obedece a una relación subjetiva con el nominador quien demanda siempre de plena confianza de sus colaboradores14. La provisión de dichos cargos responde a la facultad discrecional de la autoridad nominadora, es decir, sin sujeción a ciertas formalidades para su designación.

24. El constituyente de 1991 enumeró algunos casos específicos, tales como el de los ministros, los directores de departamento administrativo, el gerente o director de establecimiento público, entre otros. Sin embargo, facultó al legislador para fijar los criterios que permita n identificar los cargos en mención, los cuales actualmente se encuentran previstos en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004.

25. Así las cosas, para considerar que un empleo es de libre nombramiento y remoción, la Corte Constitucional 15 en reiteradas oportunidades, ha señalado que el cargo a ocupar, según su naturaleza, debe reunir los siguientes requisitos: i) tener fundamento

legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de carrera; ii) las funciones

la Corte Constitucional 15 en reiteradas oportunidades, ha señalado que el cargo a ocupar, según su naturaleza, debe reunir los siguientes requisitos: i) tener fundamento legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de carrera; ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u orientación institucional; iii) las funciones asignadas deberán tener un alto nivel de confianza, el cual deberá ser superior al que se le puede exigir a cualquier otro servidor.

26. A propósito de lo anterior, es necesario distinguir los empleos de libre nombramiento y remoción según la naturaleza de las funciones encomendadas, los cuales se pueden clasificar, a su vez, así: a) de naturaleza política, en el cual se ejercen labores de dirección, conducción u orientación institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices , es decir, establece lineamientos institucionales de acción ; y b) de naturaleza administrativa, aquellos que realizan actividades profesionales de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, siempre que se encuentren adscritos al servicio directo e inmediato de los altos funcionarios.

13 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 14 Sentencia T-317 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 15 Entre otras, las Sentencias C-195 de 1994 C-1177 de 2001, C161 de 2003, C-312 de 2003,