CE - Sentencia 13001233300020180040602 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2018-00406-02 (0881-20251)

Demandante: Ledys Lucía Rodelo Vásquez

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992 . Fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: procedencia de la reliquidación de prestaciones sociales. Subtema 2: reconocimiento de la prima especial a partir de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021. Subtema 3: extensión de los efectos de las sentencias que regulan el régimen salarial y prestacional de la Nación, Fiscalía General de la Nación. Subtema 4: condena en costas en primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar, el 11 de octubre de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Ledys Lucía Rodelo Vásquez , en su condición de fiscal delegada ante los jueces

octubre de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Ledys Lucía Rodelo Vásquez , en su condición de fiscal delegada ante los jueces municipales y promiscuos, a partir del 11 de agosto de 2010 y hasta la fecha, solicit ó la reliquidación y pago de su salario mensual, de la prima especial mensual, así como de sus prestaciones sociales, en particular, la prima de navidad, la prima de servicios, la prima de vacaciones, la bonificación por servicios y las cesantías. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda al aducir que ha cumplido las disposiciones del régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores de la Nación, Fiscalía General de la Nación y planteó como excepciones, entre otras, la prescripción trienal y la carencia de objeto para pedir, porque a partir del año 2003 liquidó el salario y las prestaciones sociales con el 100%.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Ledys Lucía Rodelo Vásquez presentó demanda 2 en ejercicio del medio de

1 Expediente digital. 2 Samai, exp. 13001-23-33-000-2018-00406-02, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180040(.zip) NroActua 2, 01CuadernoPrincipal.pdf, páginas 1 a 11 del archivo digital.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00406-02 (0881-2025)

Demandante: Ledys Lucía Rodelo Vásquez

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Demandante: Ledys Lucía Rodelo Vásquez

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, el 23 de mayo de 20183, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad del Oficio núm. 31460-20540-0147 del 6 de octubre de 2017 mediante el cual la Nación, Fiscalía General de la Nación le negó el reajuste salarial.

(ii) Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del derecho:

2.2.1. Se ordene a la demandada a que liquide y pague las sumas que se dejarán anotadas en el respectivo acápite de explicación razonada de la cuantía 4 y que proceden, en virtud de la sentencia de nulidad simple proferida por SALA DE CONJUECES DEL CONSEJO DE ESTADO Sección Segunda, de fecha abril 29 de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00, M.P. Dra María Carolina Rodríguez Ruiz (Conjuez), por medio d e la cual se declaró la nulidad de todos y cada uno de los artículos de los actos administrativos generales que fijaron la prima especial en el equivalente al 30% del salario básico desde el año 1.993 hasta la fecha.

(iii) Ordenar la indexación de las sumas reconocidas de conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

equivalente al 30% del salario básico desde el año 1.993 hasta la fecha.

(iii) Ordenar la indexación de las sumas reconocidas de conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el pago de intereses de mora, así como ordenar a futuro el pago de los derechos salariales y prestacionales «considerando la prima especial y todos los demás emolumentos salariales como factor para su liquidación».

(iv) Condenar en costas a la entidad demandada de acuerdo con el artículo 188 del CPACA y ordenar dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 ibidem.

(v) Que el incremento a futuro se reconozca mientras permanezca vinculada en la Nación, Fiscalía General de la Nación.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente:

(i) Presta sus servicios en la Nación, Fiscalía General de la Nación en calidad de fiscal delegada ante los jueces municipales y promiscuos a partir del 11 de agosto de 2010.

(ii) El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 creó la prima especial sin carácter salarial. No obstante, el Gobierno nacional la incluyó como parte del salario básico por lo que restó el 30% para liquidar las prestaciones sociales. Sin embargo, esta prima debe ser un aumento del salario básico y no una disminución de este.

3 Samai, exp. 13001-23-33-000-2018-00406-02, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180040(.zip)

un aumento del salario básico y no una disminución de este.

3 Samai, exp. 13001-23-33-000-2018-00406-02, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180040(.zip) NroActua 2, 01CuadernoPrincipal.pdf, sello de recibido que obra en la página 1 del archivo digital. 4 En este acápite, la demandante relacionó las sumas correspondientes a los años de 2010 a 2016, en los siguientes términos: (i) salario mensual devengado; (ii) prima especial de servicio (mensual); (iii) prima especial de servicio (anual); (iv) diferencia de la prima de navidad; (v) diferencia de la prima de servicios; (vi) diferencia de la prima de vacaciones; (vii) diferencia de la bonificación por servicios; y (viii) diferencia de las cesantías.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00406-02 (0881-2025)

Demandante: Ledys Lucía Rodelo Vásquez

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3 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes , extraídas de la sentencia de nulidad proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado el 29 de abril de 2014: Constitución Política, artículos 13, 53, 136, 150, numeral 19, inciso 1

sentencia de nulidad proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado el 29 de abril de 2014: Constitución Política, artículos 13, 53, 136, 150, numeral 19, inciso 1 y literal e) y 209, Ley 4ª de 1992, artículos 1, 2, 3, 4 y 14, leyes 44 de 1980, 33 de 1985 y 50 de 1990, Código Sustantivo del Trabajo, artículos 127, 128 y 132 y decretos extraordinarios 3135 de 1968, 1042 y 1045 de 1978. Adicionalmente, refirió que las siguientes normas eran aplicables al caso: CPACA, artículos 3, incisos 1, 2, 3, 4, 8, 11 y 12, 137 y 138 y Constitución Política, artículos 2, 13, 29 y 53.

4. En el concepto de violación, la señora Ledys Lucía Rodelo Vásquez indicó que el acto administrativo demandado debía anularse por ser contrario al orden jurídico y constitucional sobre el cual debió fundamentarse y estar falsamente motivado. En este sentido, la entidad demandada debía hacer un esfuerzo para corregir la indebida aplicación de la normativa que creó la prima especial sin carácter salarial, y la incluyó en el salario básico, con lo cual restó el 30% para liquidar las prestaciones sociales.

5. Así pues, en la práctica, el Gobierno nacional descompuso el salario básico en dos factores: un 70% correspondiente a este y el restante 30% que no creó algún beneficio, sino que fraccionó la remuneración percibida. En contraposición, la prima de

dos factores: un 70% correspondiente a este y el restante 30% que no creó algún beneficio, sino que fraccionó la remuneración percibida. En contraposición, la prima de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es un componente que no tiene carácter salarial para el cómputo de las prestaciones sociales, y debe ser un aumento entre el 30% y el 60% del salario básico, no una disminución de este. Bajo este entendido, la prima es un adicional que perciben los funcionarios enlistados en la citada normativa.

6. Por estas razones, el acto demandado modificó disposiciones superiores que prevén el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, lo que representa una evidente transgresión al principio de igualdad por disminución injustificada de las remuneraciones de ciertos empleados, en comparación con otros a quienes sí se les reconocen íntegramente sus salarios y prestaciones sin alguna disminución.

2.2. Contestación de la demanda

7. La apoderada de la entidad demandada afirmó que es ciert a la vinculación de la demandante a la entidad y refirió que ha aplicado a cabalidad el régimen salarial y prestacional pertinente, porque a partir del año 2003 se suprimió de los artículos de los decretos salariales anuales el 30% de prima especial, de ahí que no podría efectuar un reconocimiento que la ley no prevé , el cual, además, desconocería la presunción de legalidad de los referidos decretos.

8. Adicionalmente, destacó que no podían confundi rse los decretos salariales de la Nación, Rama Judicial con los de la entidad en los términos en que la actora planteó

de legalidad de los referidos decretos.

8. Adicionalmente, destacó que no podían confundi rse los decretos salariales de la Nación, Rama Judicial con los de la entidad en los términos en que la actora planteó sus pretensiones, porque esta fue nombrada luego de la vigencia del Decreto 53 de 1993, que le resulta aplicable , y no el Decreto 57 de ese mismo año que rige a los empleados de la Nación, Rama Judicial. Por tanto, pidió que no se empleara la sentencia del 29 de abril de 2014 que era propia del régimen de la Nación, Rama

Judicial.

9. Se opuso a todas las pretensiones y planteó como excepciones la prescripción trienal, la carencia de objeto para pedir, porque desde el año 2003, en adelante, seRadicación: 13001-23-33-000-2018-00406-02 (0881-2025)

Demandante: Ledys Lucía Rodelo Vásquez

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4 eliminó de los decretos salariales la prima especial como factor no salarial de forma tal que ha liquidado los salarios y las prestaciones con el 100%, la ineptitud sustantiva de la demanda, al considerar que esta se formuló a partir de una proposición jurídica incompleta5, y el cumplimiento de un deber legal6.

2.3. Sentencia anticipada de primera instancia

10. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia anticipada7 del 11 de octubre de 2024, resolvió:

2.3. Sentencia anticipada de primera instancia

10. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia anticipada7 del 11 de octubre de 2024, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio 31460 - 20540 – 0147 del 06 de octubre de 201(sic), suscrita por la Subdirección Regional de Apoyo Caribe de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se denegó la reclamación salarial y prestacional de la demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR, en consecuencia, a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a RECONOCER y PAGAR, retroactivamente, en favor de la señora LEDYS LUCIA RODELO VASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 33.105.751, desde el 03 de octubre de 2014 hasta la fecha en que se haya

desempeñado como Fiscal Delegado, lo siguiente:

a) La diferencia existente entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin carácter salarial, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un agregado o valor adicional.

b) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, entre otras) sobre el 100 % de su salario

b) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, entre otras) sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

c) Las sumas resultantes de esta condena serán ajustadas en su valor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aplicando para ello la fórmula matemática indicada en l a parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR que se hagan los descuentos de ley a la parte demandante, respecto de las sumas que reciba tras la reliquidación que dispuso este despacho, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

5 La Nación, Fiscalía General de la Nación, para sustentar el planteamiento de su excepción, individualizó determinados actos y se refirió a supuestos que no corresponden al caso de la aquí demandante, motivo por el cual el conjuez ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar profirió auto el 13 de octubre de 2022 en el que declaró no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. En particular refirió que los oficios mencionados no corresponden con el acto demandado por la señora Ledys Lucía Rodelo Vásquez y consideró que este último corresponde con aquel que le negó a la actora el derecho reclamado. Samai, exp. 13001-23-33-000-2018-00406no corresponden con el acto demandado por la señora Ledys Lucía Rodelo Vásquez y consideró que este último corresponde con aquel que le negó a la actora el derecho reclamado. Samai, exp. 13001-23-33-000-2018-0040602, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180040(.zip) NroActua 2, 16AutoDecideExcepciones.pdf. 6 Samai, exp. 13001-23-33-000-2018-00406-02, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180040(.zip) NroActua 2, 04ContestacionDemanda.pdf. 7 El conjuez ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar dictó auto el 18 de enero de 2023 en el que dispuso que dictaría sentencia anticipada al estar reunidos los requisitos dispuestos en el artículo 182ª del CPACA adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. Samai, exp. 13001-23-33-000-2018-00406-02, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180040(.zip) NroActua 2, 21AutoSentenciaAnticipada.pdf.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00406-02 (0881-2025)

Demandante: Ledys Lucía Rodelo Vásquez

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CUARTO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, a partir del 03 de octubre de 2014 hacia atrás, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva

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CUARTO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, a partir del 03 de octubre de 2014 hacia atrás, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Por consiguiente, las sumas causadas con anterioridad al 03 de octubre de 2014 se encuentran prescritas.

QUINTO: CONDENAR en Costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 8 […]

11. El Tribunal encontró demostrado que la señora Ledys Lucía Rodelo Vásquez presentó reclamación administrativa el 3 de octubre de 2017 en la que solicitó el reajuste salarial y prestacional de la Ley 4ª de 1992 , con la inclusión de la prima especial como factor salarial. Además, que la Subdirección Regional de Apoyo Caribe de la Nación, Fiscalía General de la Nación la negó.

12. También tuvo por acreditado que la demandante labora en propiedad como fiscal delegada ante los jueces municipales y promiscuos desde el 11 de agosto de 2010 y, de forma continua, hasta la interposición de la demanda, según se extrae del certificado que emitió el subdirector regional de apoyo carib e el 29 de diciembre de 2017, y que devengó determinadas prestaciones en el período comprendido entre los años 2010 a 2017.

13. En este contexto, determinó que el acto administrativo demandado desconoció la normativa y el «precedente jurisprudencial» del Consejo de Estado, según el cual la prima especial es un incremento del salario básico de los servidores públicos beneficiarios de esta. De ahí que como la entidad demandada suprimió el pago de la

la normativa y el «precedente jurisprudencial» del Consejo de Estado, según el cual la prima especial es un incremento del salario básico de los servidores públicos beneficiarios de esta. De ahí que como la entidad demandada suprimió el pago de la prima especial del 30% del salario básico, a partir del año 2004, resulta procedente el reconocimiento de esta como un sobresueldo del salario básico , derivado de que existió una desmejora en los derechos laborales de la demandante.

14. Adicionalmente, precisó que, la prima de que trata la Ley 4ª de 1992 no constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, sino únicamente para la pensión de jubilación en los términos de la sentencia « de unificación SUJ-023-CES2-2020 del 15 de diciembre de 2020». En igual sentido, acogió la citada providencia para resolver el caso concreto , según la cual a partir del año 2003 la entidad liquidó todas las prestaciones sociales sobre el 100% del salario básico porque se suprimió el artículo que previó el 30% como prima especial sin carácter salarial.

15. No obstante, accedió a la reliquidación de las prestaciones sociales, porque encontró demostrado que la entidad demandada las ha pagado indebidamente según los certificados de devengados y deducidos que obran en el expediente. De ahí que estas debían cancelarse, no con el 70% de la asignación básica, sino con el 100% de esta, es decir, con la sumatoria de lo percibido como salario y prima, ya que esta última «erróneamente se viene teniendo en cuenta como parte de la asignación básica misma».

16. En sustento de lo anterior, analizó la línea jurisprudencial desarrollada por la

«erróneamente se viene teniendo en cuenta como parte de la asignación básica misma».

16. En sustento de lo anterior, analizó la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en particular, en la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020», en punto a la cual destacó que entre 1993 a 2002, la Nación, Fiscalía General de la Nación interpretó indebidamente la Ley 4ª de 1992, pero a partir del año 2003, eliminó la prima

8 Transcrito textualmente con errores.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00406-02 (0881-2025)

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6 especial de los decretos salariales anuales, de modo que redujo del salario este beneficio en contravía del mandato legal.

17. Con todo, expresó que esta declaratoria de nulidad no implicó que la prima se convirtiera en factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, porque solo tenía estos efectos en materia pensional. De ahí que lo dispuesto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación es qu e procede la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% del salario básico, esto es con el 70% tenido en cuenta más el 30% que se excluyó bajo la denominación de prima especial.

18. En línea con lo argumentado, Tribunal declaró no probadas las excepciones de

prestaciones sociales sobre el 100% del salario básico, esto es con el 70% tenido en cuenta más el 30% que se excluyó bajo la denominación de prima especial.

18. En línea con lo argumentado, Tribunal declaró no probadas las excepciones de carencia de objeto, cumplimiento de un deber legal y la genérica, debido al fraccionamiento del salari o básico con exclusión del 30% de prima especial . Por su parte, encontró acreditada parcialmente la excepción de prescripción, frente a la cual hizo referencia a la sentencia del 2 de septiembre de 2019 , y expresó que como la demandante radicó reclamación el 3 de octubre de 2017, operó la prescripción extintiva de las sumas reclamadas antes del 3 de octubre de 2014 . En este orden accedió al reconocimiento del derecho desde la citada fecha, en adelante, y hasta que la actora permaneciera vinculada como fiscal, con la precisión de que esto no era impedimento para anular el acto demandado.

19. Por los motivos expuestos, el Tribunal declaró la nulidad del acto demandado y le ordenó a la Nación, Fiscalía General de la Nación que reliquidara los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por la señora Ledys Lucía Rodelo Vásquez en el período en el cual ejerció como fiscal delegada ante los jueces municipales, promiscuos y del circuito, con la diferencia del 30% de prima especial.

20. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada por concepto de gastos del proceso y de agencias en derecho a favor de la demandante, las cuales fijó en un 5% de conformidad con el artículo 5° del Acuerdo núm. PSAA 16 - 10554 del 5 de

del proceso y de agencias en derecho a favor de la demandante, las cuales fijó en un 5% de conformidad con el artículo 5° del Acuerdo núm. PSAA 16 - 10554 del 5 de agosto de 2016, al tener en cuenta la ausencia de actividades dilatorias, la naturaleza del asunto, la cuantía de las pretensiones y la duración del proceso9.

2.4. Recurso de apelación

21. La apoderada de la entidad demandada solicitó revocar parcialmente el fallo de primera instancia, comoquiera que le generó un agravio por no precisar los alcances de la declaratoria de nulidad, así como acceder a la reliquidación de las prestaciones sociales sin observar los cambios normativos y la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2020 para la Nación, Fiscalía General de la Nación. En concreto, discrepó frente a lo resuelto en los ordinales segundo y quinto de la providencia , con los

siguientes motivos de inconformidad10:

22. El Tribunal profirió condena hasta que la señora Ledys Lucía Rodelo Vásquez estuviera vinculada en el cargo que le otorga el beneficio a percibir la prima especial.

Sin embargo, pasó por alto que le ha pagado a la actora la prima especial del 30%, en calidad de fiscal delegada ante los jueces desde la vigencia del Decreto 272 del 11 de

9 Samai, exp. 13001-23-33-000-2018-00406-02, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180040(.zip) NroActua 2, 31SentenciaPrimeraInstancia.pdf. 10 La Sala reorganiza los cargos para una lectura fluida de la providencia y para garantizar un orden metodológico

NroActua 2, 31SentenciaPrimeraInstancia.pdf. 10 La Sala reorganiza los cargos para una lectura fluida de la providencia y para garantizar un orden metodológico en punto a la formulación de los problemas jurídicos que subyacen al recurso de apelación.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00406-02 (0881-2025)

Demandante: Ledys Lucía Rodelo Vásquez

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7 marzo de 2021, que surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2021, En razón a esto, de confirmarse la condena esta tendría que limitarse al 31 diciembre de 2020. En igual sentido, destacó que t ampoco era posible ordenar el pago hasta la terminación del vínculo laboral con la entidad porque esto desconocía, precisamente, lo realizado conforme al Decreto ibidem.

23. La demandante es empleada de la entidad de conformidad con la certificación laboral que obra en el expediente y su régimen salarial y prestacional corresponde con aquel previsto en el Decreto 53 de 1993. En este orden, las constancias laborales acreditan que desde el año 2003, a la fecha, no se le descontó el 30% de su asignación básica por concepto de prima, esto es, no se le pagó entre los años 2003 a 2020 la prima especial, de manera que se le liquidaron sus prestaciones sociales con el 100% de la asignación básica y no como erróneamente lo interpretó el Tribunal, desde antes

prima especial, de manera que se le liquidaron sus prestaciones sociales con el 100% de la asignación básica y no como erróneamente lo interpretó el Tribunal, desde antes de la fijación del litigio, en contravía de la sentencia del 15 de diciembre de 2020.

24. En punto a esto, agregó que solo sería viable reliquidar las prestaciones sociales de la demandante entre 1999 y 2002 por el fraccionamiento indebido del sueldo, en contravía de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, más no a partir del 2003, porque se eliminó de los decretos salariales anuales este beneficio en virtud de un mandato legal, de modo que la prima especial solo es factor salarial para efectos de la pensión de jubilación, más no para liquidar las prestaciones sociales. Por tanto, no es procedente reliquidar las prestaciones sociales de la señora Ledys Lucía Rodelo Vásquez como lo ordenó la sentencia apelada.

25. Seguidamente, el fallo confundió los regímenes salariales y prestacionales aplicables a la Nación, Rama Judicial y a la Nación, Fiscalía General de la Nación, de ahí que no hizo un análisis minucioso de las sentencias dictadas el «09 (sic) de septiembre de 2019» y el 15 de diciembre de 2020, esta última aplicable, por un lado, a quienes se acogieron al régimen salarial y prestacional del Decreto 53 de 1993 , y, por otro lado, a quienes se vincularon con posterioridad a su vigencia.

26. En consecuencia, el Tribunal no debió extender los efectos de la sentencia del 2 de septiembre de 2019 a este caso porque esta contuvo unas obligaciones para la

por otro lado, a quienes se vincularon con posterioridad a su vigencia.

26. En consecuencia, el Tribunal no debió extender los efectos de la sentencia del 2 de septiembre de 2019 a este caso porque esta contuvo unas obligaciones para la entidad que debían ser revisadas según determinados criterios. En cambio, tuvo que aplicar el fallo del 15 de diciembre de 2020 , «coincidente con las reglas fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ -023-CE-S2-202012», de conformidad con el régimen al que pertenece la demandante, a partir de su vinculación, el cual contiene situaciones diferentes a las aplicables a los jueces de la Nación, Rama

Judicial.

27. Finalmente, está en desacuerdo con la condena en costas impuesta en primera instancia, porque no encontró probados los supuestos que permiten acceder a esta de acuerdo con el artículo 188 del CPACA que remite al artículo 365 del CGP, como lo relativo a la causación de los gastos del proceso y a la actividad desplegada por el apoderado de la parte demandante, en aplicación del criterio objetivo. Adicionalmente, no se advierte una conducta que amerite la imposición de la condena11. Para sustentar esta posición, trajo a colación lo resuelto por el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá,

11 Samai, exp. 13001-23-33-000-2018-00406-02, índice 2, 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180040(.zip) NroActua 2, 34RecursoApelacion.pdf.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00406-02 (0881-2025)

Demandante: Ledys Lucía Rodelo Vásquez

NroActua 2, 34RecursoApelacion.pdf.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00406-02 (0881-2025)

Demandante: Ledys Lucía Rodelo Vásquez

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Sección Segunda, en la sentencia del 6 de agosto de 202412.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

28. Mediante auto del 8 de julio de 2025 13, la magistrada ponente de esta Subsección admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dispuso que si las partes no solicitaban la práctica de pruebas en el término de ejecutoria de esta decisión no había lugar a correr traslado para alegar y el expediente ingresaría al despacho para dictar el fallo. En consecuencia, e l expediente ingresó al despacho para proferir sentencia el 22 de julio de 202514.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

29. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

30. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Nación, Fiscalía General de la Nación, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante 15, la Sala procede a resolver los siguientes problemas

jurídicos:

31. ¿La señora Ledys Lucía Rodelo Vásquez tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima especial , prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un factor adicional al salario bási