CE - Sentencia 13001233300020180074501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 13001-23-33-000-2018-00745-01 (28626) Demandante ANADARKO COLOMBIA COMPANY SUCURSAL COLOMBIA Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Tributos a duaneros. Acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos de América. Silencio administrativo positivo. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 002, que decidió lo siguiente1: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda incoadas bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de la demandante Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas.

[…].

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia (en adelante Anadarko Colombia)

los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas.

[…]. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia (en adelante Anadarko Colombia) presentó, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y mediante una agencia de aduanas , la declaración de importación con autoadhesivo 09045050013081 el 9 de diciembre de 2014 . Con ella, introdujo al territorio aduanero nacional la mercancía descrita como tubería para perforación, clasificada en la subpartida arancelaria 7304.23.00.00, liquidó un IVA del 16% y un arancel del 0% e indicó como país de origen a los Estados Unidos de América (en adelante EUA) con el código 249. Previo emplazamiento de la autoridad aduanera , la sucursal presentó declaración de corrección con autoadhesivo 23831019121885 el 24 de abril de 2017, en la que reclasificó mercancía en la subpartida 7304.29.00.00 y se acogió al tratamiento arancelario preferencial del acuerdo de promoción comercial entre Colombia y EUA (tratado de libre comercio, tratado o TLC), por lo que determinó de nuevo un arancel del 10%. Empero, en el oficio 148201245-1121 del 28 de abril de 2017 la DIAN indicó que no era procedente otorgar el trato arancelario preferencial, pues el certificado de origen presentaba errores y no fue anexado junto con la declaración inicial. Por lo anterior, la demandante solicitó a la autoridad aduanera que le fuera aplicado el trato arancelario preferencial frente a la declaración inicial, mediante escrito del

de origen presentaba errores y no fue anexado junto con la declaración inicial. Por lo anterior, la demandante solicitó a la autoridad aduanera que le fuera aplicado el trato arancelario preferencial frente a la declaración inicial, mediante escrito del

1 Samai, índice 2. Documento PDF 8ED_SENTENCIA_12SENTENCIAPDF, página 25.Radicado: 13001-23-33-000-2018-00745-01 (28626)

Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 de mayo de 2017 2. Sin embargo , la entidad negó esta petición en el oficio 100227340-772 del 23 de junio del mismo año. La autoridad aduanera profirió el requerim iento especial aduanero 1-03-238-419434-2-0005169 del 18 de octubre de 2017 , que propuso modificar la liquidación inicial con el fin de liquidar un mayor valor por concepto de arancel e IVA, e imponer la sanción del numeral 2.2 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999 3. Anadarko Colombia presentó oposición a esta actuación, mediante escrito del 7 de noviembre de 2017. La DIAN expidió la liquidación oficial de revisión 1-03-241-201-640-01-0576 del 3 de abril de 2018 , mediante la cual acogió las modificaciones propuestas en el requerimiento especial . Este acto fue notificado mediante correo entregado a la demandante el día 6 del mismo mes y año. La sucursal interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión el 26

requerimiento especial . Este acto fue notificado mediante correo entregado a la demandante el día 6 del mismo mes y año. La sucursal interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión el 26 de abril de 2018, el cual fue resuelto la mediante la resolución 005294 del 10 de julio de 2018, en donde se confirmó la liquidación oficial. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 ), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:

A. PRINCIPAL.

1. A TÍTULO DE NULIDAD.

Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que se declare la Nulidad Absoluta de la Resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración al haber sido proferida por un funcionario carente de competencia temporal para ello. La falta de competencia temporal se configuró en razón a que la Liquidación Oficial de Revisión No. 1 -03-241-201-640-01-0576 del 3 de abril de 2018 fue notificada por fuera del término preclusivo y perentorio de cuarenta y cinco (45) días a partir del día siguiente a la notificación del auto que cerró el período probatorio de conformidad con lo expresamente regulado en los artículos 587, 588 y 609 del Decreto 390 de 2016.

2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Respetuosamente solicito que se decrete la firmeza de la declaración de importación privada con autoadhesivo No. 090450 50013081 del 09 de diciembre de 2014 presentada por

2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Respetuosamente solicito que se decrete la firmeza de la declaración de importación privada con autoadhesivo No. 090450 50013081 del 09 de diciembre de 2014 presentada por Anadarko, en razón a la falta de competencia temporal de la Autoridad Aduanera para proferir la Liquidación Oficial de Revisión y del Silencio Administrativo Positivo, ambas consecuencias jurídicas derivadas de la inexistencia de una Liquidación Oficial de Revisión debidamente notificada del término perentorio y preclusivo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del día siguiente a la notificación del auto que cierra el período probatorio.

Por lo tanto, insto a su Honorable Despacho a que declare configurado el Silencio Administrativo Positivo en favor de mi representada bajo los términos estrictos del artículo 609 del Decreto 390 de 2016 y por ende declare la firmeza de la declaración privada.

2 La demandante informó que fue el 5 de mayo de 2017. Empero, en el oficio que resuelve la solicitud se indicó que fue el día 12 del mismo mes y año. Cfr. Samai, índice 2, Documento PDF 19_ED_CUADERNOA_04DIANTOMO24PDF, página 60. 3 Además, propuso imponer sanción al agente de aduanas, pero este aspecto no es objeto del presente litigio. 4 Samai, índice 2. Documento PDF 1ED_CUADERNOP_01CUADERNOPRINCIPALP, páginas 4 a 6.Radicado: 13001-23-33-000-2018-00745-01 (28626)

Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

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Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

B. SUBSIDIARIA.

1. A TÍTULO DE NULIDAD.

Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que, como consecuencia de estar plenamente probada la ilegalidad de los Actos Administrativos Demandados, se sirva declarar la Nulidad Absoluta de: (i) la Liquidación Oficial de Revisión No. -03-241-201-640-01-0576 [sic] expedida el 3 de abril de 2018 por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, y de (ii) la Resolución No. 005294 del 10 de julio de 2018 proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, pertenecientes ambas divisiones a la U.A.E. – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, las cuales rechazaron el Tratamiento Arancelario Preferencial solicitado por Anadarko Colombia y liquidaron un mayor valor por concepto de arancel e impuesto sobre las ventas. En caso [de] que se acepten parcialmente los argumentos expuestos por Anadarko Colombia durante este proceso, solicito respetuosamente se declare la Nulidad Parcial de los Actos Administrativos antes mencionados, derivada de los fundamentos aceptados.

2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Solicito respetuosamente a su Despacho , se sirva declarar la firmeza de la declaración de corrección con autoadhesivo No. 23831019 121885 del 24 de abril de 2017, mediante la cual

Solicito respetuosamente a su Despacho , se sirva declarar la firmeza de la declaración de corrección con autoadhesivo No. 23831019 121885 del 24 de abril de 2017, mediante la cual se modificó la declaración de importación presentada el 09 de diciembre de 2014 con autoadhesivo No. 09045050013081, y en consecuencia que se restablezca a mi representada el derecho al reconocimiento del tratamiento arancelario preferencial para las mercancías importadas mediante las declaraciones de importación anteriormente referenciadas, el cual se encuentra amparado el certificado de origen respectivo, así como también a que se archive el proceso definitivamente en razón a que la Compañía obró conforme con la normativa aduanera aplicable, motivo por el cual no debe suma alguna por concepto de aranceles, IVA, sanciones, e intereses en relación con esta declaraciones de importación. En caso [de] que se acepten parcialmente los argumentos expuestos por Anadarko Colombia durante este proceso, solicito respetuosamente se determine el importe relacionado con las modificaciones consideradas por su Honorable Despacho.

C. COSTAS DEL PROCESO Y AGENCIAS EN DERECHO COMUNES A LAS PRETENSIONES PRINCIPALES

Y SUBSIDIARIAS.

Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que, teniendo en cuenta que los Actos Administrativos demandados contradicen el ordenamiento jurídico en forma flagrante, se condene en costas a la parte Demandada, como consecuencia de la declaratoria de Nulidad Absoluta o Parcial de los Actos Administrativos demandados. Las costas y agencias en derecho se solicitan de conformidad con el contenido normativo determinado en los artículos 361, 363, 364, 365, y 366 del Código General del Proceso, y en

Absoluta o Parcial de los Actos Administrativos demandados. Las costas y agencias en derecho se solicitan de conformidad con el contenido normativo determinado en los artículos 361, 363, 364, 365, y 366 del Código General del Proceso, y en concordancia con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura. Para estos efectos, la demandante invocó como violados los artículos 6, 29, 95 (numeral 9), 228 y 363 de la Constitución Política; el 3, 42, 52, 103, 137, y 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 7, 164, 165, 167 y 176 del Código General del Proceso ; 3, 558, 556, 559, 577, 588 y 609 del Decreto 390 de 2016; 683, 742, 743 y 744 del Estatuto Tributario; 264 de la Ley 223 de 1995 ; 5 de la Ley 489 de 1998 ; 4 de la Ley 169 de 1986 ; Circular 175 de 2001; 4.15 (numerales 2 y 5), 4.16 (literal B) y 4.19 (numeral 5) del tratado de libre comercio entre Colombia y EUA; 478, 482, 499, 507 y 509 del Estatuto Aduanero; y 197 de la Ley 1607 de 2012. El concepto de la violación de esas disposiciones se resume, a continuación:Radicado: 13001-23-33-000-2018-00745-01 (28626)

Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

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El concepto de la violación de esas disposiciones se resume, a continuación:Radicado: 13001-23-33-000-2018-00745-01 (28626)

Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que la demandada incurrió en falta de competencia temporal 5 porque «notificó»6 la liquidación oficial de revisión 50 días después de que se «notificó»7 del auto que dispuso el cierre de la etapa probatoria. Para sustentar lo anterior, explicó que el artículo 588 del Decreto 390 de 2016 establece que la autoridad aduanera dispone de 45 días para «expedir»8 la liquidación oficial a partir de la notificación del acto que cierra el periodo de pruebas, y el artículo 609 ibidem prevé que el incumplimiento de lo anterior da lugar al silencio administrativo positivo. Sostuvo que, en este caso, el auto que cerró la etapa probatoria fue notificado el 23 de enero de 2018, por lo que el término en que «debió ser notificada en debida forma»9 la liquidación oficial era el 28 de marzo de 2018, pero la administración la profirió el 3 de abril de 2018 y la notificó el 6 del mismo mes. Agregó que el Consejo de Estado10 concluyó que, durante el plazo legal, se debe proferir y notificar el acto administrativo que resuelva de fondo la cuestión, por ser fundamental su publicidad para el cumplimiento del debido proceso y del derecho de defensa. Manifestó que la DIAN incurrió en falta de aplicación de las normas aplicables, porque

administrativo que resuelva de fondo la cuestión, por ser fundamental su publicidad para el cumplimiento del debido proceso y del derecho de defensa. Manifestó que la DIAN incurrió en falta de aplicación de las normas aplicables, porque no valoró el certificado de origen, afirmando que se aportó con posterioridad al inicio del procedimiento de fiscalización, lo cual era motivo suficiente para no valorar la prueba. Sin embargo, la demandada ignoró que esa prueba fue allegada con la oposición al requerimiento especial aduanero, que es una oportunidad probatoria, conforme los artículos 3 y 558 del Decreto 390 de 2016 . Citó las oportunidades probatorias previstas en el Esta tuto Tributario Nacional y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Además, expuso que se trató de una prueba documental, que no ostenta ningún régimen jurídico especial. Advirtió que fue violado el principio de prelación de la sustancia sobre la forma , consagrado en el artículo 228 de la Constitución y en la circular 175 de 2001 de la DIAN, porque la administración negó el tratamiento preferencial por no indicarse en la casilla 67 de la declaración de importación11, aunque acepta que la mercancía es importada desde los EUA. Citó sentencias del Consejo de Estado de los años 2008, 2015 y 2017 que, a su juicio, sustentan su posición. Manifestó que fue inaplicado el acuerdo de promoción comercial entre Colombia y EUA. Para esto, p recisó que, al momento de la presentación de la declaración de importación inicial , no allegó el certificado de origen por que no era necesario acreditar el tratamiento arancelario preferencial , pues la mercancía fue clasi ficada

EUA. Para esto, p recisó que, al momento de la presentación de la declaración de importación inicial , no allegó el certificado de origen por que no era necesario acreditar el tratamiento arancelario preferencial , pues la mercancía fue clasi ficada en la subpartida 7304.23.00.00 a la cual se le aplica un arancel del 0%. No obstante, al presentar corrección de la declaración y modificar la clasificación por la subpartida 7304.29.00.00, el arancel era del 10% y el IVA de del 16%, por lo que el certificado sí cobraba relevancia para obtener el beneficio del TLC. Destacó que dicho documento contaba con una vigencia de 4 años por mandato del artículo 4.1 5 del tratado, no de 1 año, como lo indicó la demandada; y que el literal b del artículo 4.16 ibidem indica que ninguna parte podrá exigir una certificación de origen cuando la

5 Para lo pertinente citó sentencia del 16 de junio de 2011, exp. 17467, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 6 Samai, índice 2, Documento PDF 1ED_CUADERNOP_01CUADERNOPRINCIPALP, página 21. 7 Ibidem. 8 Ibidem, página 17. 9 Ibidem, página 19. 10 Citó sentencias del 14 de diciembre de 2009, exp. 76001-23-31-000-2005-01747-01, del 19 de enero de 2012, exp. 8500123-31-000-2007-00120-01, del 31 de julio de 2014, exp. 25000 -23-24-000-2003-00048-01, sin identificar ponentes. Y la C-096 de 2001.

23-31-000-2007-00120-01, del 31 de julio de 2014, exp. 25000 -23-24-000-2003-00048-01, sin identificar ponentes. Y la C-096 de 2001. 11 En lo referente al principio citó las sentencias del 8 de junio de 2017, exp. 20878, del 20 de febrero de 2017, exp. 21153, del 4 de mayo de 2015, exp. 19008, del 6 de marzo de 2008, exp. 16047, sin identificar ponentes.Radicado: 13001-23-33-000-2018-00745-01 (28626)

Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mercancía no requiera que se presente dicha información, lo que sustenta la presentación del certificado solo con la declaración de corrección. Indicó que la autoridad aduanera aplicó de forma indebida el numeral 5 del artículo 4.19 del TLC, con lo que sostuvo que el término para aportar el certificado de origen era de un año contado desde la declaración de importación ; empero, esta norma regula los eventos en los cuales se solicita el reembolso de los tributos aduaneros pagados, lo que no ocurrió en este caso porque las declaraciones de importación liquidaron inicialmente el arancel en cero y la solicitud de tratamiento arancelario preferencial tuvo lugar solo una vez la autoridad aduanera solicitó realizar el cambio de subpartida arancelaria. Consideró violado el principio de legalidad , ya que la DIAN se extralimitó en el ejercicio de sus facultades por haber rechazado la procedencia y los efectos

de subpartida arancelaria. Consideró violado el principio de legalidad , ya que la DIAN se extralimitó en el ejercicio de sus facultades por haber rechazado la procedencia y los efectos jurídicos derivados del certificado de origen aportado con la respuesta al requerimiento especial, puesto que actuó sin fundamento normativo que sustentara la decisión. Reiteró lo dicho en el cargo 5, sobre la oportunidad y requisitos para el certificado de origen, y aseguró que en este caso es aplicable la vigencia por cuatro años de ese documento12. Adujo que la autoridad aduanera inaplicó el precedente de la sentencia del 8 de junio del 2017 proferida por el Consejo de Estado, por considerar que no era relevante para resolver la controversia, lo que a su juicio una violación al régimen jurídico en cuanto a lo relacionado la vinculación y efectos de la juri sprudencia. Afirmó que es procedente que una sola sentencia expedida por el Consejo de Estado pueda ser tenida en cuenta como precedente, siempre que la misma determine una subregla de derecho 13, lo que en el caso concreto ocurrió, porque definió la posibilidad de aportar el certificado de origen con posterioridad al término de un año contado desde la importación. Citó tres sentencias del Consejo de Estado. Sostuvo que la administración incurrió en indebida valoración probatoria . Resaltó que la DIAN solo podrá tomar decisiones de fondo con base en presupuestos de hecho probados a partir de medios conducentes, pertinentes y útiles, que deben ser valorados con base en el principio de la sana critica , por lo que el omitir o valorar indebidamente los elementos de pruebas constituye una causal de nulidad absoluta14. Entonces, en este caso, fue demostrado que la mercancía objeto de

valorados con base en el principio de la sana critica , por lo que el omitir o valorar indebidamente los elementos de pruebas constituye una causal de nulidad absoluta14. Entonces, en este caso, fue demostrado que la mercancía objeto de discusión es originaria de los EUA, que el certificado de origen solo fue necesario cuando se realizó el cambio de la subpartida arancelaria y que no se solicitó una disminución ni un reembolso de tributos aduaneros . Por lo anterior, se acreditó el cumplimiento de los requisitos del TLC para acceder al trato arancelario preferencial y, al no ser tenidos en cuenta por la demandada, se vulneró el debido proceso. Señaló que fue violado el derecho de defensa y contradicción. Expuso que el artículo 577 del Decreto 390 de 2016 determinó que, en los casos en que se i ncurriera en errores u omisiones en la declaración de importación, el procedimiento aplicable es el de la liquidación oficial de corrección . Sin embargo, la Administración reconoció que en la etapa administrativa había resuelto asuntos relacionados con la procedencia del trato preferencial respecto de las mercancías importadas, por lo que es claro que se omitió dar el trámite al procedimiento estrictamente reglado.

12 Sobre el principio de legalidad, citó las sentencias C-564, y del 8 de junio de 2017, sin identificar expediente, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 13 Para estos efectos citó la sentencia del 19 de febreri de 2015, exp. 11001-03-15-000-2013-02690-01, Sección Quinta. 14 Citó la sentencia SU-447 de 1997.Radicado: 13001-23-33-000-2018-00745-01 (28626)

14 Citó la sentencia SU-447 de 1997.Radicado: 13001-23-33-000-2018-00745-01 (28626)

Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que fueron desconocidos los principios tributarios. Anunció que el artículo 683 del Estatuto Tributario reguló el espíritu de justicia que debe seguir la actividad de liquidación y recaudo de los tributos, por lo que estableció que la autorid ad tributaria no podía exigir a los contribuyentes mayores cargas que las señaladas en la ley. De igual modo, insistió en los principios de justicia y equidad tributaria del artículo 95 de la Constitución. Destacó que no solo no era legalmente exigible la solicitud de un tratamiento arancelario preferencial en la casilla 91, por cuanto el instructivo de diligenciamiento de la declaración de importación no lo señalaba así, sino que tampoco era exigible que se marcara en la casilla 67 que se acogía a un tratamiento arancelario preferencial o que acreditado el origen de la mercancía mediante un certificado de origen, puesto que el tratado determina expresamente que todo esto no tiene lugar cuando no sea necesario. Resaltó que, dado que una vez se corrigió la subpartida arancelaria, se hizo exigible presentar una certificación de origen, lo cual efectuó dentro de la oportunidad. Adujo que la autoridad aduanera incurrió en falsa motivación , porque desconoció que fue acreditado que la mercancía proviene de los EUA, pues la declaración inicial y la corrección así lo indicaron y el embarque que transportó las mercancías

Adujo que la autoridad aduanera incurrió en falsa motivación , porque desconoció que fue acreditado que la mercancía proviene de los EUA, pues la declaración inicial y la corrección así lo indicaron y el embarque que transportó las mercancías declaradas también transportó productos con otras dos declaraciones de importación y frente a las cuales fue presentado un solo certificado que acreditaba que su origen era EUA. A dicionalmente, manifestó que la DIAN utilizó premisas fácticas inexistentes por haber enmarcado el caso en un menor pago de derech os aduaneros, cuando ya ha sido demostrado que en el caso en concreto no hubo pago alguno, pues el arancel inicialmente declarado fue del 0%. Consideró que operó la caducidad de la acción sancionadora que, conforme con los artículos 52 de la Ley 1437 de 2011 y 478 del Decreto 2685 de 1999 , opera a una vez transcurran tres años contados desde que ocurrieron los hechos investigados . En este caso, se tiene que la declaración de importación fue presentada el 9 de diciembre de 2014 , por lo que la DIAN tenía hasta el 9 de diciembre de 2017 para ejercer lo de su competencia ; sin embargo, la liquidación oficial fue notificada el 6 de abril de 2018, superando el plazo establecido en la norma15. Afirmó que es improcedente la sanción de inexactitud porque no se configuró la infracción prevista en el artículo 482 del Estatuto Aduanero , toda vez que, para incurrir en esta, se deben de incluir datos o factores falsos, equivocados , incompletos o desfigurados . Empero, esto no se presentó en el litigio de la

incurrir en esta, se deben de incluir datos o factores falsos, equivocados , incompletos o desfigurados . Empero, esto no se presentó en el litigio de la referencia, porque la información registrada en el certificado de origen fue veraz, correcta y completa, más aún cuando la administración no cuestionó la realidad o veracidad de los valores indicados en la declaración de importación. Determinó que la DIAN impuso la sanción únicamente con fundamento en criterios objetivos, ya que no demostró en ningún momento que la sucursal hubiese actuado en contravía de la norma ni que se afectara el recaudo nacional por una conducta antijuridica. Agregó que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han sostenido que en derecho administrativo sancionador se debe tener en cuenta también el ánimo defraudatorio, la ausencia de perjuicio, la diferencia de criterios, entre otros16.

15 Citó la sentencia del 29 de septiembre de 2011. Sin identificar ponente ni expediente, y la Sentencia de Unificación del 29 de septiembre de 2009, exp. 2003-00442-01, sin identificar ponente. 16 Citó la sentencia C-690 de 1996.Radicado: 13001-23-33-000-2018-00745-01 (28626)

Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Oposición de la demanda La DIAN17 solicitó negar las pretensiones de la demanda. Para exponer sus argumentos de defensa, la entidad agrupó distintos cargos y expuso lo siguiente:

www.consejodeestado.gov.co Oposición de la demanda La DIAN17 solicitó negar las pretensiones de la demanda. Para exponer sus argumentos de defensa, la entidad agrupó distintos cargos y expuso lo siguiente: Sobre la nulidad por falta de competencia temporal , indicó que la demandante no desarrolló adecuadamente este cargo, pues anunció una indebida interpretación normativa, pero omitió indicar a cuál disposición se refería. Luego, resaltó que el artículo 588 del Decreto 390 de 2016 dispuso de 45 días para expedir la liquidación oficial, pero precisó que para este término no se incluiría n los términos requeridos para la notificación de la decisión. Entonces, para el caso concreto, a dvirtió que el auto 0000168 del 17 de enero de 2018, mediante el cual se cerró la etapa probatoria, se notificó el 25 del mismo mes y año, por lo que el plazo para proferir la liquidación oficial se extendió hasta el 3 de abril de 2018 , fecha en la que se profirió la liquidación oficial de revisión. En cuanto a la falta de aplicación de las normas aplicables, a la violación del principio de prelación de la sustancia sobre la forma, a la indebida aplicación del acuerdo de promoción comercial entre Colombia y EUA, a la aplicación indebida del numeral 5 del artículo 4.19 del TLC y al principio de legalidad, señaló que el usuario no invocó la voluntad de acogerse al tratamiento preferencial en el momento de la presentación de la declaración de importación y transcurrió más de un (1) año al momento de solicitar la aplicación de dicho acuerdo; el certificado de origen no puede presentarse en cualquier tiempo para solicitar una preferencia arancelaria y que

de la declaración de importación y transcurrió más de un (1) año al momento de solicitar la aplicación de dicho acuerdo; el certificado de origen no puede presentarse en cualquier tiempo para solicitar una preferencia arancelaria y que para acogerse al beneficio arancelario , la demandante debía presentar oportunamente ese documento dentro del año siguiente a la importación, lo cual no hizo. Además, sostuvo que la anterior exigencia no es meramente formal, toda vez que dichos tratamientos cuentan con procedimientos, normas y requisitos que regulan su procedencia, que exigen la presentación de una petición directa del importador. Respecto a la falta de valoración del certificado de origen, precisó que es el TLC y el Decreto 2685 de 1999 establecen las oportunidades y f ormalidades de dicho documento, y que la administración no se limita a verificar el origen de la mercancía, sino que también estudia el cumplimiento de todos los presupuestos del beneficio. Frente a la inaplicación del precedente, adujo que la sentencia citada por la sucursal demandante no puede tener carácter de precedente vinculante, porque el problema jurídico difiere al del caso bajo examen. Precisó que en el antecedente se presentó una circunstancia que imposibilitó el interesado contar con los certificados de origen al momento de la importación, cuestión que en el presente proceso no ocurre, puesto que fue el contribuye nte quien no invocó el acuerdo y no presentó voluntariamente el certificado de origen. Respecto de la violación a los derechos de defensa y contradicción y de los principios de justicia y equidad tributaria , destacó que los actos administrativos demandados fueron proferidos por la autoridad competente, en estricto cumplimiento de las normas internacionales e internas, respetando el derecho de

principios de justicia y equidad tributaria , destacó que los actos administrativos demandados fueron proferidos por la autoridad competente, en estricto cumplimiento de las normas internacionales e internas, respetando el derecho de defensa y contradicción del contribuyente y en atención dentro los parámetros legales correspondientes a los principios constitucionales y legales. Aclaró que la controversia no se funda en el origen de la mercancía , sino en la clasificación arancelaria, por lo que resulta procedente el proceso de liquidación de revisión.

17 Samai, índice 2. Documento PDF 2ED_CUADERNOP_02CUADERNOPRINCIPALP, páginas 124 a 156.Radicado: 13001-23-33-000-2018-00745-01 (28626)

Demandante: Anadark