CE - Sentencia 13001233300020190017001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 3001-23-33-000-2019-00170-01 (6807-2023)

Demandante : Marqueza Ricaurte Vanegas Demandada : E.S.E. Rio Grande de la Magdalena de Magangué Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema

Decisión

: : Reconocimiento sanción moratoria Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se declaró la nulidad del acto ficto o presunto derivado de la petición del 6 de junio de 2018, sin lugar al restablecimiento del derecho por haber operado la prescripción ; y se negó la nulidad del acto administrativo del 25 de junio de 2018.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones. La señora Marqueza Ricaurte Vanegas, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de: (i) el acto administrativo del 25 de junio de

restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de: (i) el acto administrativo del 25 de junio de 2018, mediante el cual se negó el pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías y demás acreencias laborales ; y (ii) el acto ficto o presunto configurado con ocasión de la petición presentada el 1° de diciembre de 2017.2

Nº Interno: 6807-2023

Demandante: Marqueza Ricaurte Vanegas

Demandado: E.S.E. Rio Grande de la Magdalena de Magangué

A título de restablecimiento del derech o, solicitó: (i) el reconocimiento y pago de las cesantías causadas durante el período comprendido entre el 15 de abril de 2003 y el 30 de julio de 2014; (ii) ordenar el pago de las prestaciones sociales, incluyendo la bonificación por servicios prestados, prima semestral, prima de vacaciones, prima de Navidad, bonificación por antigüedad, vacaciones, bonificación por pensión e intereses a las cesantías; (iii) ordenar el pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías retroactivas; (iv ) actualizar la condena conforme al índice de precios al consumidor (IPC); (v) disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y (vi) condenar en costas, incluidos los honorarios del apoderado judicial e intereses derivados de la ejecutoria de la sentencia. 1.2. Hechos en que se fundan las pretensiones: Señala la demandante que fue nombrada mediante la Resolución No. 005 del

del apoderado judicial e intereses derivados de la ejecutoria de la sentencia. 1.2. Hechos en que se fundan las pretensiones: Señala la demandante que fue nombrada mediante la Resolución No. 005 del 15 de abril de 2003, en el cargo de auxiliar de farmacia de la ESE Municipal de Magangué (Bolívar ), en virtud de la transferencia efectuada por la Secretaría de Salud del mismo ente territorial. Indica que, previamente, se encontraba afiliada al régimen de cesantías retroactivas previsto en la Ley 50 de 1990; no obstante, al iniciar su vinculación con la ESE de Magangué, fue afiliada de forma unilateral al Fondo Nacional del Ahorro, modificándose su régimen al de cesantías anualizadas. Que la ESE del municipio de Magangué , Bolívar liquidó las cesantías definitivas en la suma de $ 19.232.040, aplicando «el régimen de retroactividad de cesantías, cuando ya ellos unilateralmente habían cambiado a la actora del régimen de retroactividad de cesantías, al régimen de cesantías anualizadas al afiliarla al Fondo Nacional del Ahorro, por lo que al hace r esta afiliación automáticamente ella cambia de régimen de cesantías» Asegura que presentó renuncia al cargo y fue aceptada mediante Resolución del 1181 de 17 de julio de 2014, con efectos a partir de 1 de agosto de ese año y prestó sus servicios entre el 15 de abril de 2003 a 30 de agosto de 2014. Precisa que el 1° de diciembre de 2017 radicó ante la entidad un derecho de petición mediante el cual reclamaba formalmente las acreencias laborales que consideraba adeudadas. Esta solicitud fue respondida por la entidad mediante

Precisa que el 1° de diciembre de 2017 radicó ante la entidad un derecho de petición mediante el cual reclamaba formalmente las acreencias laborales que consideraba adeudadas. Esta solicitud fue respondida por la entidad mediante oficio fechado el 10 de enero de 2018.3

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Demandante: Marqueza Ricaurte Vanegas

Demandado: E.S.E. Rio Grande de la Magdalena de Magangué

Indica que, debido a que la entidad omitió dar respuesta a algunos de los puntos planteados en la solicitud inicial, presentó una nueva reclamación el 6 de junio de 2018, la cual fue negada mediante oficio del 25 de junio de ese mismo año. Resalta, además, que con anterioridad había solicitado el reconocimiento de las acreencias adeudadas en fechas 4 de agosto de 2014 y 4 de febrero de 2016. 1.3. Normas violadas y concepto de violación Como fundamento normativo, se invocan las siguientes disposiciones: Ley 1071 de 2006, mediante la cual se adiciona la Ley 244 de 1995; Ley 65 de 1946; Ley 153 de 1887; Ley 57 de 1887; Ley 6 de 1945; Decreto 1160 de 1947; Decreto 3135 de 1968 y Decreto 1848 de 1969. Como concepto de violación, el apoderado de la parte actora señaló que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad por las siguientes razones: Asegura que «los actos administrativos acusados de nulidad acto administrativo ficto o presunto que incurrió la E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE

acto acusado se encuentra viciado de nulidad por las siguientes razones: Asegura que «los actos administrativos acusados de nulidad acto administrativo ficto o presunto que incurrió la E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUEBOLIVAR, al no dar respuesta de fondo a la reclamación administrativa que en fecha 1 de diciembre de 2017 presento el actor ante esta entidad, al igual que el acto administrativo expreso de fecha 25 de junio de 2018, violan el Artículo 6 de la Constitución Política al no cancelar las cesantías al actor, sin tener en cuenta que las mismas estaban ya liquidadas en fecha 1 de octubre de 2014, liquidadas de parte de este ente, sin la expedición del acto administrativo que ordenaba que reconocieran las mismas, por lo que estas cesantías no habían sido giradas de parte de la entidad a un Fondo de Cesantías estando vigente la relación laboral con el actor, que en virtud de la Ley 244 de 1995, señala que cu ando son cesantías debidas al finalizar la relación de trabajo ya no deben ser giradas sino pagadas directamente al funcionario por ser debidas y no giradas, la norma constitucional antes señala “los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones” por lo que omitir el pago de las cesantías del actor se hace acreedor de las sanciones de Ley, la cual es el pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías, de acuerdo a lo previsto en la Ley 244 de 1995.» Precisa que : «el auxilio de las cesantías, como prestación social dada a favor de los

de las cesantías, de acuerdo a lo previsto en la Ley 244 de 1995.» Precisa que : «el auxilio de las cesantías, como prestación social dada a favor de los trabajadores en general y en particular a favor de los ex servidores del Estado, es una ayuda para que el ex – trabajador o un ex servidor público sobreviva o pueda solucionar sus necesidades, tanto el cómo su familia durante el periodo en que este cesante, y observamos que la decisión de la entidad accionada o demandada es vulnerasteis (sic) del periodo de gracia contenido en el Artículo 1° de la Ley 244 de 1995, por presunción al tratarse de un acto4

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ficto que se presume que esta negando las pretensiones de la reclamación administrativa de fecha 1 de diciembre de 2017, al igual que expresamente en el acto administrativo de fecha 25 de junio de 2018, las niega directamente y expresament e al manifestar que solo reconoce la sanción moratoria si le viene ordenada por una autoridad judicial, por lo que acusamos este acto administrativo de ilegalidad, ya que el contenido de la Ley 244 de 1995 es claro, en el sentido de manifestar que solo basta probar que no han cancelado las cesantías, para que se configure la sanción moratoria por el no pago de las mismas, máxime si observamos que mi cliente venia con un régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990, como el régimen de retroactividad de cesantía s, y la entidad al acogerla, de lela (sic) venir transferida

cliente venia con un régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990, como el régimen de retroactividad de cesantía s, y la entidad al acogerla, de lela (sic) venir transferida unilateralmente la paso de régimen y procedió afiliarla al Fondo Nacional del Ahorro, sin que le transfiriera estas cesantías a este fondo, ni que las cancelara al momento de finalización del vínculo laboral en fecha 30 de julio de 2014, por lo que si jamás se las transfirió al FNA, debió habérselas cancelado al finalizar el vínculo laboral» Detalló que se cumplen todos los presupuestos para el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías, al esgrimir: «lo cual está siendo vulnerado por los actos administrativos acusados de nulidad en esta acción, de donde examinado el asunto tenemos que a la actora se le deben las cesantías del periodo del 15 de abril de 2003 a 30 de juli o de 2018, como cesantías debidas de cuando prestó sus servicios de AUXILIAR DEL AREA DE SALUD de la entidad por lo que corresponde a las cesantías definitivas como ex empleada de esta entidad y prestaciones sociales que debe la entidad a través de la liquidación definitiva que de las mismas hizo la entidad en fecha 1 de octubre de 2014, certificación y liquidación esta que se aporta a esta demanda como prueba de que las mismas se debe de parte de la entidad y de la liquidación de las misma.» Señala que , se cumplen los presupuestos para el pago de la sanción moratoria: 1. «En fecha 4 de enero de 2016 el actor presento su solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas y de la sanción moratoria por el no pago de las sus cesantías.

moratoria: 1. «En fecha 4 de enero de 2016 el actor presento su solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas y de la sanción moratoria por el no pago de las sus cesantías.

2. En fecha 4 de agosto de 2014, una vez más el actor requirió el pago de sus cesantías definitivas, de lo cual la entidad al igual que la primer vez guardo silencio al respecto pese a estar liquidadas, las mismas.

3. En vista que la actora ya las había reclamado en dos oportunidades es cuando en fecha 1 de diciembre de 2017, presenta una reclamación en la que manifiesta ala (sic) entidad que ha venido haciendo la reclamación de sus cesantías debidas, a la cual la entidad guarda silencio.

4. Posteriormente radica un derecho de petición en la que reclama las mismas, y es cuando la entidad expide el acto administrativa (sic) expreso de fecha 25 de junio de5

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2018, en el que manifiesta que solo cancelara esta sanción moratoria por no pago de cesantías, si una autoridad judicial se lo ordena.

5. Transcurrieron 15 días hábiles sin que la entidad expidiera el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías definitivas.

6. Que han transcurrido los 45 días que gozaba la entidad para pagar las cesantías definitivas, los cuales están vencidos con creces.» Concluye que , los actos acusados están viciados por falsa motivación, desviación de poder y abuso de autoridad, en la medida en que la entidad negó

definitivas, los cuales están vencidos con creces.» Concluye que , los actos acusados están viciados por falsa motivación, desviación de poder y abuso de autoridad, en la medida en que la entidad negó el pago de la sanción moratoria al rechazar el reconocimiento de las prestaciones sociales definitivas a favor de la actora, las cuales fueron liquidadas el 1 de octubre de 2014.

2. Contestación de la demanda.

La demandada no contestó la demanda.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia de 30 de mayo de 2023, declaró (i) «la nulidad del Acto Administrativo Ficto o Presunto, producto del escrito petitorio del demandante radicado el día 6 de junio de 2018, por el cual se entendió negada la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías con régimen retroactivo y sus intereses […]» (ii) «[…] no hay lugar a restablecimiento del derecho, por haber operado la prescripción […]» y (iii) « no declarar la nulidad del Oficio del 25 de junio de 2018 que negó el pago de la sanción moratoria y como consecuencia de ello, NEGAR esta pretensión […]» (sin condena en costas), por cuanto: Centro el problema jurídico 1 en determinar si «¿tiene derecho la señora Marquesa Ricaurte Vanegas al reconocimiento y pago de sus cesantías por parte de la ESE Río Grande de la Magdalena del municipio de Magangué en la modalidad de retroactivas, teniendo en cuenta que fue trabajadora de la salud vinculada en 1976, y que fue transferida a la entidad demandada en el año 2001?» y si « hay lugar al pago de la sanción por mora a la demandante

cuenta que fue trabajadora de la salud vinculada en 1976, y que fue transferida a la entidad demandada en el año 2001?» y si « hay lugar al pago de la sanción por mora a la demandante por el no reconocimiento y pago de sus cesantías por parte de la demandada?».

1 Mediante auto de 27 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar, declaró la caducidad parcial de las pretensiones de la demanda, en lo que se refiere a las pretensiones encaminadas a obtener el reconocimiento de las prestaciones sociales, bonificación y pago de dotación de uniformes y rechazó parcialmente la demanda frente a las pretensiones mencionadas en el numeral primero.6

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Demandante: Marqueza Ricaurte Vanegas

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Indica que , la señora Marquesa Ricaurte Vanegas, al vincularse como empleada pública del sector salud en el nivel territorial con anteri oridad a la entrada en vigencia de las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, adquirió el derecho al régimen de cesantías retroactivas. Posteriormente, fue transferida del Departamento de Bolívar al Municipio de Magangué, a la ESE Rio Grande de la Magdalena, a partir del 1º de enero de 2003, en virtud de un convenio interadministrativo. Señala que no se probó que, al momento de dicha transferencia, la actora hubiese renunciado al régimen de cesantías retroactivas del cual era beneficiaria, ni que hubiera manife stado expresamente su voluntad de acogerse al régimen anualizado de cesantías para la liquidación y pago de

hubiese renunciado al régimen de cesantías retroactivas del cual era beneficiaria, ni que hubiera manife stado expresamente su voluntad de acogerse al régimen anualizado de cesantías para la liquidación y pago de dicha prestación. En consecuencia, se entiende que la señora Vanegas continuó amparada por el régimen de cesantías retroactivas. Tampoco se acreditó que hubiese optado voluntariamente por trasladarse al Fondo Nacional del Ahorro. En conclusión, declaró la nulidad del «acto administrativo ficto o presunto, producto del escrito petitorio del demandante radicado el día 6 de junio de 2018, por la cual se entendió negada la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías definitivas y sus intereses.» Seguidamente estudió la prescripción y expresó: « por lo que interrumpió, a los tres días de haberse hecho exigibles por la finalización del vínculo laboral, t eniendo en cuenta el lapso de tres años exigibles por finalización del vínculo laboral, teniendo en cuenta el lapso de tres años para presentar la demanda, sino le eran pagadas, como sucedió en este asunto, conforme lo dispone el artículo 41 del Decreto 31 35 de 1968, que determina que el simple reclamo del trabajador interrumpe la prescripción por un periodo por un periodo igual a tres años; en igual sentido, el artículo 102 establece lo mismo que el anterior.» Que la demandante tenía hasta el 5 de agosto d e 2017 para presentar la demanda, y cuando radicó las peticiones del 1° de diciembre de 2017 y 6 de junio de 2018, ya habían prescrito las cesantías. Finalmente, la pretensión: «de pago de la sanción moratoria por el no reconocimiento y

demanda, y cuando radicó las peticiones del 1° de diciembre de 2017 y 6 de junio de 2018, ya habían prescrito las cesantías. Finalmente, la pretensión: «de pago de la sanción moratoria por el no reconocimiento y pago de las cesantías de la demandante, la Sala debe recordar que el régimen reconocido a la demandante en esta providencia, es el régimen de cesantías, y a este tipo de prestaciones sociales, la jurisprudencia dispone: “(…) Esta Sala de Subsección ha señalado que los trabajadores vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, como es el caso de la demandante, que no se haya acogido de manera expresa y voluntaria al régimen7

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de liquidación anual de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, no tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías, consistente en el pago un día de salario por cada día de retardo, toda vez que dicha penalización fue consagrada para el régimen de liquidación anual (…)».

4. El recurso de apelación.

La demandante interpuso recurso de apelación, con el propósito que se revoque la anterior providencia, por cuanto: Precisa que, el material probatorio recaudado permite acoger las pretensiones de la demanda y restablecer sus derechos laborales , ordenando el pago de las acreencias laborales por la prestación del servicio del 15 de abril de 2003 al 30 de agosto de 2014. Que existen sendas certificaciones de la deuda de la entidad por conceptos

de la demanda y restablecer sus derechos laborales , ordenando el pago de las acreencias laborales por la prestación del servicio del 15 de abril de 2003 al 30 de agosto de 2014. Que existen sendas certificaciones de la deuda de la entidad por conceptos prestacionales y cesantías, configurando todos los presupuestos p ara el reconocimiento de la sanción moratoria y anota: «[…] cuando prestó sus servicios como AUXILIAR DEL AREA DE LA SALUD de la entidad por lo que corresponde a las cesantías definitivas como ex empleada de esta entidad y prestaciones sociales que debe la entidad y que están siendo reconocidas y certificadas como debidas de parte de la entidad a través de la liquidación definitiva que de las mismas hizo la entidad en fecha 1 de Octubre de 2014, certificación y liquidación esta que se aportó a esta demanda como prueba de que las mismas se deben de parte de la entidad y de la liquidación de la misma.» Asegura que: «[…] el tribunal contabiliza el término prescriptivo a partir del 4 de agosto de 2014, señalando que la actora tenía hasta el 5 de agosto de 2017 para demandar sus derechos, remata señalando que cuando se presentaron las reclamaciones en fecha 1 de diciembre de 2017 y 6 de junio de 2018, ya estaban los derechos de la actora prescritos.» Precisa los presupuestos para el pago de la sanción moratoria: «1. En fecha 4 de enero de 2016, el actor presento su solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, y de la sanción moratoria por el no pago de sus cesantías.

2. En fecha 4 de agosto de 2014, una vez más el actor requirió el pago de sus cesantías

sus cesantías definitivas, y de la sanción moratoria por el no pago de sus cesantías.

2. En fecha 4 de agosto de 2014, una vez más el actor requirió el pago de sus cesantías definitivas, de lo cual la entidad al igual que la primera vez guardo silencio al respecto pese a estar liquidadas, las mismas.

3. En vista de que la actora ya las había reclamado en dos oportunidades es cuando en fecha 1 de diciembre de 2017, presenta una reclamación en la que le manifiesta a la entidad que ha venido haciendo la reclamación de sus cesantías debidas, a lo cual la entidad guarda silencio.8

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4. Posteriormente radica un derecho de petición en el que reclama las mismas, y es cuando la entidad expide el acto administrativo expreso de fecha 25 de junio de 2018, en el que manifiesta que solo cancelara esta sanción moratoria por no pago de cesantías, si una autoridad judicial se lo ordena.

5. Transcurrieron 15 días hábiles sin que la entidad expidiera el acto administrativo de reconocimiento de cesantías definitivas.

6. Que han transcurrido los 45 días que gozaba la entidad para pagar las cesantías definitivas, los cuales están vencidos con creces.» Destaca que: «[…] deben contabilizarse 65 días hábiles siguientes a la presentación de la reclamación de cesantías definitivas, para que se genere la sanción moratoria, términos que fueron agotados por el actor, ya que 65 días hábiles contados desde la fecha de presentación

reclamación de cesantías definitivas, para que se genere la sanción moratoria, términos que fueron agotados por el actor, ya que 65 días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud de pago de cesantías definitivas vencieron por lo que se genera sanción moratoria por el no pago de cesantías hasta que se efectué el pago de las c esantías.» Finalmente, argumenta que : «[…] presento su reclamación en términos, y la demanda fue presentada en los términos legales, contabilizando el termino de exigibilidad de la sanción moratoria ves en firme el acto administrativo que reconoce y ordena el pago, en este evento se trata de un acto ficto o presunto de la entidad a no responda la reclamación de la sanción por no pago de las cesantías.»

5. Trámite de segunda instancia En auto de 22 de marzo de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 2, el

2 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.9

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juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 2.1. Cuestión previa. En el recurso de alzada el demandante pretende un pronunciamiento sobre el pago de las acreencias laborales surgidas por la prestación del servicio del 15 de abril de 2003 a 30 de agosto de 2014. De lo anterior se advierte que la demandante pretende que esta instancia se pronuncie sobre las acreencias reclamadas con la petición de 1° de diciembre de 2017 relativas al «reconocimiento y pago de los 52 días de salarios por bonificación para el ogro de la pensión de vejez, el pago de la dotación de uniformes del 1 de enero de 2013 a 1 de agosto de 2014, las vacaciones proporcionales del 1 de enero de 2013 a 1 de

para el ogro de la pensión de vejez, el pago de la dotación de uniformes del 1 de enero de 2013 a 1 de agosto de 2014, las vacaciones proporcionales del 1 de enero de 2013 a 1 de agosto de 2014, las primas de navidad del 1 de ener o de 2013 a 1 de agosto de 2014» . En igual sentido, presentó una nueva reclamación el 6 de junio de 2018. En virtud de lo anterior, es preciso señalar que, mediante providencia del 27 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar se pronunci ó sobre la solicitud de nulidad del acto ficto o presunto derivado de la petición elevada el 1° de diciembre de 2017, así como del acto expreso del 25 de junio de 2018, que resolvió la petición presentada el 6 de junio del mismo año. En dicha oportunidad, el a quo advirtió que la accionante prestó sus servicios a la ESE Río Grande de la Magdalena, del municipio de Magangué, entre el 15 de abril de 2003 y el 30 de julio de 2014, y que el 4 de agosto de ese año presentó solicitud de liquidación de sus prestac iones sociales, cesantías anualizadas, intereses a las cesantías y cesantías retroactivas. Así mismo, indicó que el 4 de agosto de 2016 presentó una nueva petición, reiterando las pretensiones iniciales y adicionando la reclamación por una bonificación por pensión y por el pago de dotación de uniformes, solicitud que no fue resuelta. El 1 de diciembre de 2017 , solicitó nuevamente a la ESE Río Grande de la Magdalena del municipio de Magangué el pago de los emolumentos antes

pensión y por el pago de dotación de uniformes, solicitud que no fue resuelta. El 1 de diciembre de 2017 , solicitó nuevamente a la ESE Río Grande de la Magdalena del municipio de Magangué el pago de los emolumentos antes mencionados, además, solicitó una explicación del no pago de las cesantías retroactivassanción moratoria; por la entidad empleadora, en respuesta del 10 enero de 2018, manifestó que : “la liquidación de la señora Marqueza Ricaurte y la

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».10

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dotación de uniforme se encuentran canceladas, consta ncia que anexo”. En esta oportunidad no se emitió ningún pronunciamiento sobre las cesantías retroactivas, sus intereses y la sanción moratoria. El 6 de junio de 2018, la accionante presentó nuevamente una petición ante la entidad demandada, en la que reit eró los mismos puntos de su solicitud anterior. Esta fue respondida mediante escrito del 25 de junio de 2018, en el cual se indicó que la entidad se encontraba en proceso de liquidación, que estaba gestionando los recursos necesarios para el pago de las ce santías retroactivas, pero negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de dichas cesantías. Advirtió que la reclamación realizada en escrito de 1 ° de diciembre de 2017,

retroactivas, pero negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de dichas cesantías. Advirtió que la reclamación realizada en escrito de 1 ° de diciembre de 2017, en cuanto al pago de las prestaciones sociales definitivas, s i fue contestada por la administración el 10 de enero de 2018, cuando se expuso que tanto a liquidación como la dotación de uniformes habían sido pagadas a la interesada, por lo que existe un acto expreso que negó lo solicitado por la actora. Conforme con el artículo 164 del CPACA, indicó el Tribunal que la señora Marqueza Ricaurte contaba con 4 meses para demandar la decisión de la ESE Rio Grande de la Magdalena del municipio de Magangué, los cuales vencían el 10 de mayo de 2018, pero la demanda solo la pr esentó el 6 diciembre de

2018. En ese orden , concluye que la pretensión que tenía por objeto el reconocimiento de las prestaciones sociales, bonificación por pensión y pago de dotación de uniformes se encuentra caduca.

Expresó que, esto no ocurre frente a la sanción moratoria ni de las cesantías retroactivas y sus intereses por cuanto no hubo pronunciamiento alguno en el acto de 10 de enero de 2018, resolviéndose solo en el mes de junio de 2018, siendo presentada la demanda a tiempo. En consideración a lo expuesto, encuentra la Sala que la providencia citada declaró la caducidad respecto de las pretensiones relacionadas con ciertas acreencias laborales. En ese sentido, no es posible emitir pronunciamiento alguno sobre dichas pretensiones, toda vez que el auto mencionado quedó en firme y ejecutoriado, y no fue objeto de controversia en la sentencia de11

acreencias laborales. En ese sentido, no es posible emitir pronunciamiento alguno sobre dichas pretensiones, toda vez que el auto mencionado quedó en firme y ejecutoriado, y no fue objeto de controversia en la sentencia de11

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segunda instancia. Por lo tanto, el análisis se limitará a la sanción moratoria reclamada, las cesantías retroactivas y los intereses correspondientes. Por otra parte, la Subsección considera necesario precisar que, si bien la sentencia de primera instancia declaró la